Tribuna de opinión 12 Febrero 2024

Después de conocerse la complicada y delicada situación de orden público en Tuluá, Valle del Cauca, que hasta el momento ha dejado dos atentados, capturas y fuertes disturbios en varias zonas de la ciudad, provocando hasta la quema de vehículos, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los continuos hechos de violencia ocurridos allí.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario colombiano dio a conocer que está en contexto de lo que pasó en la noche de este sábado en el municipio de Tuluá. Y es que, según las autoridades, los hechos de violencia ocurridos hasta ahora, son una presunta respuesta a los golpes criminales.

Así que, de esta manera, el presidente Petro señaló directamente a la banda criminal denominada como ‘La Inmaculada’, que tiene accionar delictivo bastante marcado en todo el territorio de Tuluá.

“La banda la inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje”, escribió el presidente en X.

Y es que justamente, como lo afirmó Petro, el pasado viernes 9 de febrero, las autoridades lograron la captura, en un operativo especial, de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, presunto miembro cabecilla de la organización criminal.

Según las autoridades, Marín Silva asumió las riendas de esa organización criminal, tras el encarcelamiento de su hermano mayor, alias Pipe Tuluá.

Por lo que la investigación en contra de este sujeto permitió establecer que Marín Silva instrumentalizaba menores de edad para que le sirvieran de “campaneros” y de esta manera evadir las acciones operativas en su contra.

Las autoridades locales tomaron cartas en el asunto

Dos atentados, la quema de varios vehículos y disturbios en diferentes sectores, llevaron a que la gobernación del Valle, liderada por Dilian Francisca Toro, tomara medidas drásticas en cuanto a la difícil situación.

“Los delincuentes están reaccionando violentamente en Tuluá por la captura de sus cabecillas y las medidas que hemos tomado”, sostuvo la gobernadora Toro.

Asimismo, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, anunció la militarización de la ciudad y la implementación de un toque de queda a partir de las 11:00 de la noche de este sábado, prohibió el parrillero hombre este fin de semana y esperan junto a las otras entidades controlar la situación.

“Hemos tenido el apoyo del Gobierno nacional, la gobernadora Dilian Francisco y las autoridades. Seguimos trabajando para superar estos obstáculos que nos generan intranquilidad. Necesitamos el apoyo de la gente, que denuncie cualquier hecho anómalo”, aseguró el alcalde Vélez.

Desde la Policía Metropolitana del Valle del Cauca continúan con el gran despliegue de las capacidades conjuntas entre Policía y Ejército, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos y todas las habitantes del departamento.

 

 

 

Tribuna de opinión 6 Febrero 2024

La Fiscalía tenía todo listo para escuchar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la mañana de este martes. Su misión era declarar en medio del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación a testigos. Sin embargo, la diligencia no se pudo realizar porque Mancuso se enfermó.

Las expectativas estaban sobre la mesa hasta que se conoció que el exjefe paramilitar tiene problemas con su salud desde la semana pasada, por lo que la entrevista que decretó el ente acusador como parte del material probatorio que se podría usar en contra del exmandatario se tendrá que reprogramar.

Lo que se sabe hasta el momento es que Mancuso está “bastante afectado” por la virosis que contrajo, por esa razón esta semana no ha asistido a ninguna diligencia judicial de su agenda.

La diligencia inicialmente estaba preparada para realizarla sin presencia de los abogados defensores de las víctimas.

En una carta conocida por EL COLOMBIANO, el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Deyanira Gómez, y el jurista Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, solicitaron ser “oportunamente informados” para participar de la diligencia.

“Hemos tenido conocimiento de que usted tiene previsto realizar diligencia de entrevista al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en una próxima fecha, en la actuación procesal de la referencia. Conforme a lo anterior, le solicitamos, de ser cierto esto, que las víctimas y representantes de víctima que actuamos en el proceso seamos oportunamente informados para hacer presencia y participar en dicha diligencia”.

“Al enterarnos de esa eventualidad, queremos que Salvatore Mancuso nos manifieste cuál fue la participación exacta de Álvaro Uribe Vélez con relación a la masacre de El Aro y al asesinato de Jesús María Valle. Es decir, que esa intervención y declaración se haga de manera integral”.

Para el jurista, la estrategia sería volver a pedir una nueva preclusión. Además, recordó que el caso ya ha pasado por cinco fiscales y Villareal, el nuevo funcionario encargado del caso, no haría una petición diferente a la preclusión.

Villarreal es el quinto fiscal que tiene en su despacho el expediente contra el expresidente Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal. El primero de ellos fue Gabriel Jaimes, superior jerárquico del investigador actual.

Jaimes pidió precluir el caso, algo que fue negado por una juez de Bogotá. El proceso pasó al fiscal Javier Cárdenas, quien solicitó lo mismo, pero otra jueza, en primera instancia, y el Tribunal de Bogotá, en segunda, rechazaron el recurso.

Andrés Palencia Fajardo fue el siguiente. Pero renunció a su cargo como fiscal, alegando motivos personales, y con ello se apartó de todas sus causas.

Víctor Salcedo fue el antecesor de Villarreal, pero se declaró impedido porque en el pasado escribió una columna de opinión sobre el caso, en la que aseguró que la Corte Suprema vulneró las garantías de Uribe.

La Fiscalía finalmente decidió citar a los abogados sin mayores inconvenientes, sin embargo, Del Río resaltó que era apenas lógica una citación teniendo en cuenta el tamaño de la declaración y la importancia de esta en el caso.

Tribuna de opinión 29 Enero 2024

La presión de la fuerza pública y de las autoridades indígenas permitió el rescate de seis comuneros que habían sido secuestrados por un grupo armado ilegal en Cauca. Entre las víctimas había dos menores de edad y se presumió que el raptó ocurrió para reclutarlos forzosamente.

“Se continuó con la búsqueda de las personas, las autoridades lograron ubicar el sitio y lograron hacer el rescate de las personas donde se encontraban. Ya ahorita ya están bajo el cuidado de la familia”, indicó Hember Cucuñame, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

El rescate ocurrió en la tarde de este 27 de enero en la vereda Buenavista del municipio de Tototó, en Cauca. El rapto de los comuneros había ocurrido sobre las 7:00 de la noche del 26 de enero. Un grupo de hombres armados llegó hasta el resguardo indígena de Paniquita y se llevó por la fuerza a los comuneros.

“Las autoridades continuarán las investigaciones. Fue un trabajo primero de las autoridades y la comunidad la Guardia Indígena y claro, también los de derechos humanos fue una acción coordinada allá de manera interna”, explicó Cucuñame sobre el rescate.

Los seis comuneros se reunieron con su familia y se les practicaron exámenes médicos para confirmar su estado de salud. La investigación continuará para determinar quiénes fueron los responsables de este acto criminal.

“Condenamos enérgicamente este nuevo acto de violencia que afecta directamente a la comunidad indígena de Totoró. Exigimos el respeto absoluto por la vida e integridad física de los comuneros que han sido víctimas de este repudiable secuestro”, había sido la insistencia del CRIC.

 

Tribuna de opinión 23 Enero 2024

Con el objeto de dar inicio al sexto ciclo de conversaciones con el Gobierno Nacional, la delegación del ELN viajó a La Habana, Cuba, país que acoge esta etapa de los diálogos y que en el pasado ya ha servido de garante.

De hecho, acogió la tercera ronda entre el 2 mayo y el 9 junio de 2023, fruto de la cual es el cese al fuego bilateral por seis meses y la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, que se está materializando por medio del Comité de Participación.

“Ya estamos en La Habana, Cuba. Arrancó el sexto ciclo con la expectativa de avanzar y acercarnos a las transformaciones que Colombia necesita. Concretar los cambios que el país exige, única posibilidad de construcción de paz”, fue el mensaje con el que este grupo armado dio a conocer que pisó territorio caribeño.

Y aunque se esperaba que esta ronda iniciara en horas de la mañana, Colprensa pudo confirmar que por ahora habrá una primera reunión de las delegaciones y posteriormente se evaluará si emiten un comunicado conjunto.

Quien sí se pronunció para dar a conocer sus expectativas fue el senador Iván Cepeda, uno de los líderes negociadores del Gobierno, quien por medio de un video manifestó: “En el quinto ciclo logramos resultados precisos, concretos, ahora hay que renovar el alto al fuego y hacer que su prórroga implique un cumplimiento de compromisos muy serios frente a suspender el secuestro”.

Y finalizó diciendo: “Es un ciclo que esperamos sea muy exitoso”.

¿Que se busca en este ciclo de negociación entre el Gobierno y el ELN?

Sobre este ciclo hay amplias esperanzas puestas, principalmente porque por parte del Gobierno se reforzó el pedido del fin del secuestro, lo que ha tenido eco en otras esferas. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, el representante especial para Colombia hizo hincapié en que la prohibición de esta práctica debe ser explícita.

También pesa el viaje del presidente Petro al Vaticano, donde le manifestó al Papa Francisco su deseo de que el próximo ciclo se desarrolle allí. “Ojalá fuese el paso final”, insistió.

Pero sin irse tan lejos, lo que con seguridad se busca en este punto es evaluar el cese al fuego en curso y fortalecer los mecanismos que lo verifican. Tal cual explica Camila Fernández, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este se ha cumplido, “aunque persisten ciertas victimizaciones” debido a que no abarca acciones como el secuestro, las extorsiones y el reclutamiento forzado.

Con esto en mente, se espera que se tomen decisiones frente a una eventual prórroga del cese, pues está vigente hasta el 29 de enero.

 

Tribuna de opinión 15 enero 2024

Un nuevo frente de controversia y discusión abrió el gobierno de Gustavo Petro contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Lo anterior, justo cuando resta poco más de un mes para que en el Congreso se reanude la discusión alrededor de la polémica reforma a la salud que, entre otras, plantea la eliminación de este tipo de entidades.

El Ministerio de Salud hizo pública una demanda contra 21 EPS señalándolas de vulnerar el derecho de acceso a la salud al incumplir, dice el despacho que lidera el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, con la obligatoriedad de “constituir y mantener las reservas técnicas para garantizar los pagos para la prestación de servicios salud”.

En la demanda, presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá, el Ministerio argumentó que –con base en un informe de la Superintendencia de Salud–, se evidenció el incumplimiento en las reservas técnicas por parte de EPS durante 2023 “calculado con la información enviada por ellas mismas”.

Comfenalco Valle EPS, Compensar EPS, Sanitas, Famisanar EPS, Capital Salud, Nueva EPS, la Alianza Medellín Antioquia EPS, Asmetsalud y Salud Total EPS son algunas de las entidades demandas.

Tras conocerse la acción judicial, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que congrega a las EPS, expresó su sorpresa y dejó entrever que, antes de acudir a estas instancias, el Ministerio debe agotar instancias de inspección, vigilancia y control.

De acuerdo con Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, las dificultades financieras se explicarían por supuestas insuficiencias en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema de Seguridad Social.

“La realidad es que el sistema de salud está en una crisis de sostenibilidad inédita y desde diferentes orillas, no solo las EPS se ha advertido que los recursos no alcanzan, que la UPC es insuficiente y esto además de deteriorar la situación financiera de las EPS, que desde luego se refleja en sus indicadores, está afectando a los pacientes”, dijo Vesga en declaraciones que recogió el diario El Tiempo.

En noviembre hubo polémica luego de que se denunció que la Supersalud habría manipulado datos para afectar la imagen de las EPS en los medios de comunicación. El organismo informó en ese entonces que 20 de las 24 EPS que hay en Colombia no contaban con los recursos para cumplir con la reserva técnica. Decían también que según la entidad, el hueco de esa reserva sumaba $12,4 billones.

Sin embargo, el diario El País de España reveló que la información era “inexacta y engañosa”. De acuerdo con los informes técnicos de la misma Superintendencia, eran 14 las EPS que incumplían con la reserva técnica y no 20, y el hueco era de $5,5 billones y no de $12 billones. Cifras que de igual forma muestran que en este aspecto la mayoría de las entidades se rajan, pero que distan de las que compartió el Gobierno.