La Fiscalía tenía todo listo para escuchar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la mañana de este martes. Su misión era declarar en medio del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación a testigos. Sin embargo, la diligencia no se pudo realizar porque Mancuso se enfermó.
Las expectativas estaban sobre la mesa hasta que se conoció que el exjefe paramilitar tiene problemas con su salud desde la semana pasada, por lo que la entrevista que decretó el ente acusador como parte del material probatorio que se podría usar en contra del exmandatario se tendrá que reprogramar.
Lo que se sabe hasta el momento es que Mancuso está “bastante afectado” por la virosis que contrajo, por esa razón esta semana no ha asistido a ninguna diligencia judicial de su agenda.
La diligencia inicialmente estaba preparada para realizarla sin presencia de los abogados defensores de las víctimas.
En una carta conocida por EL COLOMBIANO, el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Deyanira Gómez, y el jurista Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, solicitaron ser “oportunamente informados” para participar de la diligencia.
“Hemos tenido conocimiento de que usted tiene previsto realizar diligencia de entrevista al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en una próxima fecha, en la actuación procesal de la referencia. Conforme a lo anterior, le solicitamos, de ser cierto esto, que las víctimas y representantes de víctima que actuamos en el proceso seamos oportunamente informados para hacer presencia y participar en dicha diligencia”.
“Al enterarnos de esa eventualidad, queremos que Salvatore Mancuso nos manifieste cuál fue la participación exacta de Álvaro Uribe Vélez con relación a la masacre de El Aro y al asesinato de Jesús María Valle. Es decir, que esa intervención y declaración se haga de manera integral”.
Para el jurista, la estrategia sería volver a pedir una nueva preclusión. Además, recordó que el caso ya ha pasado por cinco fiscales y Villareal, el nuevo funcionario encargado del caso, no haría una petición diferente a la preclusión.
Villarreal es el quinto fiscal que tiene en su despacho el expediente contra el expresidente Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal. El primero de ellos fue Gabriel Jaimes, superior jerárquico del investigador actual.
Jaimes pidió precluir el caso, algo que fue negado por una juez de Bogotá. El proceso pasó al fiscal Javier Cárdenas, quien solicitó lo mismo, pero otra jueza, en primera instancia, y el Tribunal de Bogotá, en segunda, rechazaron el recurso.
Andrés Palencia Fajardo fue el siguiente. Pero renunció a su cargo como fiscal, alegando motivos personales, y con ello se apartó de todas sus causas.
Víctor Salcedo fue el antecesor de Villarreal, pero se declaró impedido porque en el pasado escribió una columna de opinión sobre el caso, en la que aseguró que la Corte Suprema vulneró las garantías de Uribe.
La Fiscalía finalmente decidió citar a los abogados sin mayores inconvenientes, sin embargo, Del Río resaltó que era apenas lógica una citación teniendo en cuenta el tamaño de la declaración y la importancia de esta en el caso.
La presión de la fuerza pública y de las autoridades indígenas permitió el rescate de seis comuneros que habían sido secuestrados por un grupo armado ilegal en Cauca. Entre las víctimas había dos menores de edad y se presumió que el raptó ocurrió para reclutarlos forzosamente.
“Se continuó con la búsqueda de las personas, las autoridades lograron ubicar el sitio y lograron hacer el rescate de las personas donde se encontraban. Ya ahorita ya están bajo el cuidado de la familia”, indicó Hember Cucuñame, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
El rescate ocurrió en la tarde de este 27 de enero en la vereda Buenavista del municipio de Tototó, en Cauca. El rapto de los comuneros había ocurrido sobre las 7:00 de la noche del 26 de enero. Un grupo de hombres armados llegó hasta el resguardo indígena de Paniquita y se llevó por la fuerza a los comuneros.
“Las autoridades continuarán las investigaciones. Fue un trabajo primero de las autoridades y la comunidad la Guardia Indígena y claro, también los de derechos humanos fue una acción coordinada allá de manera interna”, explicó Cucuñame sobre el rescate.
Los seis comuneros se reunieron con su familia y se les practicaron exámenes médicos para confirmar su estado de salud. La investigación continuará para determinar quiénes fueron los responsables de este acto criminal.
“Condenamos enérgicamente este nuevo acto de violencia que afecta directamente a la comunidad indígena de Totoró. Exigimos el respeto absoluto por la vida e integridad física de los comuneros que han sido víctimas de este repudiable secuestro”, había sido la insistencia del CRIC.
Con el objeto de dar inicio al sexto ciclo de conversaciones con el Gobierno Nacional, la delegación del ELN viajó a La Habana, Cuba, país que acoge esta etapa de los diálogos y que en el pasado ya ha servido de garante.
De hecho, acogió la tercera ronda entre el 2 mayo y el 9 junio de 2023, fruto de la cual es el cese al fuego bilateral por seis meses y la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, que se está materializando por medio del Comité de Participación.
“Ya estamos en La Habana, Cuba. Arrancó el sexto ciclo con la expectativa de avanzar y acercarnos a las transformaciones que Colombia necesita. Concretar los cambios que el país exige, única posibilidad de construcción de paz”, fue el mensaje con el que este grupo armado dio a conocer que pisó territorio caribeño.
Y aunque se esperaba que esta ronda iniciara en horas de la mañana, Colprensa pudo confirmar que por ahora habrá una primera reunión de las delegaciones y posteriormente se evaluará si emiten un comunicado conjunto.
Quien sí se pronunció para dar a conocer sus expectativas fue el senador Iván Cepeda, uno de los líderes negociadores del Gobierno, quien por medio de un video manifestó: “En el quinto ciclo logramos resultados precisos, concretos, ahora hay que renovar el alto al fuego y hacer que su prórroga implique un cumplimiento de compromisos muy serios frente a suspender el secuestro”.
Y finalizó diciendo: “Es un ciclo que esperamos sea muy exitoso”.
¿Que se busca en este ciclo de negociación entre el Gobierno y el ELN?
Sobre este ciclo hay amplias esperanzas puestas, principalmente porque por parte del Gobierno se reforzó el pedido del fin del secuestro, lo que ha tenido eco en otras esferas. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, el representante especial para Colombia hizo hincapié en que la prohibición de esta práctica debe ser explícita.
También pesa el viaje del presidente Petro al Vaticano, donde le manifestó al Papa Francisco su deseo de que el próximo ciclo se desarrolle allí. “Ojalá fuese el paso final”, insistió.
Pero sin irse tan lejos, lo que con seguridad se busca en este punto es evaluar el cese al fuego en curso y fortalecer los mecanismos que lo verifican. Tal cual explica Camila Fernández, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este se ha cumplido, “aunque persisten ciertas victimizaciones” debido a que no abarca acciones como el secuestro, las extorsiones y el reclutamiento forzado.
Con esto en mente, se espera que se tomen decisiones frente a una eventual prórroga del cese, pues está vigente hasta el 29 de enero.
Un nuevo frente de controversia y discusión abrió el gobierno de Gustavo Petro contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Lo anterior, justo cuando resta poco más de un mes para que en el Congreso se reanude la discusión alrededor de la polémica reforma a la salud que, entre otras, plantea la eliminación de este tipo de entidades.
El Ministerio de Salud hizo pública una demanda contra 21 EPS señalándolas de vulnerar el derecho de acceso a la salud al incumplir, dice el despacho que lidera el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, con la obligatoriedad de “constituir y mantener las reservas técnicas para garantizar los pagos para la prestación de servicios salud”.
En la demanda, presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá, el Ministerio argumentó que –con base en un informe de la Superintendencia de Salud–, se evidenció el incumplimiento en las reservas técnicas por parte de EPS durante 2023 “calculado con la información enviada por ellas mismas”.
Comfenalco Valle EPS, Compensar EPS, Sanitas, Famisanar EPS, Capital Salud, Nueva EPS, la Alianza Medellín Antioquia EPS, Asmetsalud y Salud Total EPS son algunas de las entidades demandas.
Tras conocerse la acción judicial, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que congrega a las EPS, expresó su sorpresa y dejó entrever que, antes de acudir a estas instancias, el Ministerio debe agotar instancias de inspección, vigilancia y control.
De acuerdo con Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, las dificultades financieras se explicarían por supuestas insuficiencias en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema de Seguridad Social.
“La realidad es que el sistema de salud está en una crisis de sostenibilidad inédita y desde diferentes orillas, no solo las EPS se ha advertido que los recursos no alcanzan, que la UPC es insuficiente y esto además de deteriorar la situación financiera de las EPS, que desde luego se refleja en sus indicadores, está afectando a los pacientes”, dijo Vesga en declaraciones que recogió el diario El Tiempo.
En noviembre hubo polémica luego de que se denunció que la Supersalud habría manipulado datos para afectar la imagen de las EPS en los medios de comunicación. El organismo informó en ese entonces que 20 de las 24 EPS que hay en Colombia no contaban con los recursos para cumplir con la reserva técnica. Decían también que según la entidad, el hueco de esa reserva sumaba $12,4 billones.
Sin embargo, el diario El País de España reveló que la información era “inexacta y engañosa”. De acuerdo con los informes técnicos de la misma Superintendencia, eran 14 las EPS que incumplían con la reserva técnica y no 20, y el hueco era de $5,5 billones y no de $12 billones. Cifras que de igual forma muestran que en este aspecto la mayoría de las entidades se rajan, pero que distan de las que compartió el Gobierno.
La primera semana en la que Gustavo Petro dirigió al país junto a los nuevos alcaldes y gobernadores fue retadora para el jefe de Estado. Por un lado, tuvo que hacer frente a los nuevos mandatarios, y a los salientes, que le reclaman más apoyo para desarrollar grandes proyectos de infraestructura en sus territorios; y, además, sorteó con la papa caliente de la realización –que está en vilo– de los Juegos Panamericanos de 2027.
El presidente priorizó en su agenda una serie de reuniones de planeación estratégica, para 2024, con miembros de su gabinete ministerial y altos funcionarios como el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca. Pero estos encuentros tuvieron varios recesos obligados para atender la contingencia de los Panamericanos y el lío con Panam Sports, tema que se abordará este martes en una reunión en el despacho presidencial.
En paralelo a la contención de esa crisis en materia deportiva, varios de los nuevos mandatarios regionales le hicieron insistentes llamados al jefe de Estado para dialogar sobre las prioridades de sus ciudades y departamentos, mientras que dirigentes salientes como el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, reclama que se sintió ignorado por parte del presidente y sus ministros, en el último año y medio.
Le piden cumplir compromisos
Una vez dejó su cargo en la alcaldía más importante del país, la de Bogotá, Claudia López le alzó aún más los taches al jefe de Estado, pese a que la primera línea de su equipo político lo apoyó en la segunda vuelta de las presidenciales de 2022. Ahora haciendo cálculos para 2026, López sigue perfilándose como una crítica de Petro y le exigió que deje de sabotear, por revanchismo, las obras clave de la capital.
Luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó la solicitud de licencia ambiental para la ampliación de la autopista Norte de Bogotá, López señaló que detrás hubo un interés político de Petro. “Su gobierno paró el Regiotram del Norte, acaba de frenar la ampliación de la Autonorte y anunció que se opondrá a la expansión de la avenida Boyacá. Pare ya el saboteo y la revancha. Usted que se dice demócrata, acepte las decisiones de las urnas y la voluntad popular. Salga del ni hace ni deja hacer”, dijo López.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió la decisión, para desacreditar las motivaciones políticas que alegaba la exalcaldesa, y expuso sus argumentos técnicos: “Pasar la avenida Boyacá por la reserva Van der Hammen es acabar la reserva por fragmentación. Licencia se archivó por no cumplir su propio Plan de Ordenamiento Territorial y no garantiza conexión hidráulica del humedal Torca y Guaymaral”, señaló la ministra.
Y esa no fue la única fricción de Petro relacionada con Bogotá, pues el alcalde Carlos Fernando Galán debutó chocando con el presidente. El nuevo Alcalde Mayor reconoció diferencias con Petro en temas como la construcción del Metro, cuya primera línea será elevada, e insistió en la necesidad de “construir sobre lo construido” para rescatar aciertos de alcaldes anteriores.
Pero ese discurso no caló en el jefe de Estado, que criticó la apuesta de Galán de rescatar lo hecho por sus antecesores, y respondió que “cuando dicen ‘construir sobre lo construido’ es hacer más troncales de Transmilenio. Hora de hacer rupturas tecnológicas y sociales. Veremos qué ciudad se le mide. La apoyaremos con toda”, dijo Petro en X.
Foco en las obras regionales
López y Galán no son los únicos que han hecho reclamos al presidente, pues también se unieron el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, quienes criticaron que el presidente frena proyectos en el departamento, como ocurrió con las autopistas 4G, como un mensaje de revancha con “sesgos ideológicos”. Petro respondió y negó alguna animadversión con Antioquia.
Otro que le dio un campanazo al presidente y al ministro de Transporte, William Camargo, para que respalden sus obras fue el nuevo alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien planteó que la ciudad “tiene un atraso de ocho años en movilidad. Obras como la Troncal Norte – Sur, el Par Vial de la 54, la doble calzada La Virgen – La Cemento, requieren de la intervención del Gobierno, porque dos de ellas son rutas nacionales”.
El saliente gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, fue crítico al igual que López y señaló que tuvo trabas en la Casa de Nariño para la atención de los ministros y la gestión de recursos. “El año y medio que goberné siendo Gustavo Petro el presidente fue un tiempo perdido, había muchas trabas en Bogotá y desatención a los proyectos. Incluso gestionar apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres era algo difícil”, cuestionó Zuluaga.
En otros territorios como en Rosas, Cauca, esperan una solución definitiva, que el mandatario prometió, a los problemas y deficiencias constantes que sufre la vía Panamericana, mientras siguen en el aire otras obras que fueron promesas de Petro como el ambicioso tren elevado de Buenaventura a Barranquilla.
Por lo pronto, en esta segunda semana del presidente junto a los nuevos alcaldes y gobernadores hay un reto claro, pues se dará en Bogotá una cita para lanzar un salvavidas para no perder definitivamente la sede (ver Para saber más) de los Juegos Panamericanos.
