Con profunda indignación vemos los caleños que se multiplican las noticias sobre la nefasta inseguridad que se viene apoderando de nuestra ciudad sin que muestre señales de respiro. Han pasado más de sesenta días del inicio del paro con la injustificable destrucción de casi todas las estaciones del MIO y muchos establecimiento de comercio y parece que las autoridades se resignan al apocalipsis, por ejemplo: el 15 de agosto se roban 1.500 metros de fibra óptica dejando sin internet a miles de ciudadanos; el día anterior vandalizaron 17 buses del transporte masivo, a los guardas de transito los desplazan de sus sitios de trabajo donde tratan de ordenar el trafico por la ausencia de semáforos; a dos agentes de la policía, una banda de atracadores, los despoja de sus armas de dotación en el cerro de las tres cruces y así sucesivamente encontramos hechos constitutivos de delitos que crecen como espuma a lo ancho del territorio local.
La anarquía o desgobierno se caracteriza por la ausencia de autoridad en un determinado país, Departamento, municipio o distrito, que se traduce en la famosa ley de “sálvese quien pueda”, es decir, que la población de un determinado territorio, no tiene donde acudir para resolver los temas inherentes a la seguridad ciudadana, que no es solamente el problema policivo, sino también el de subsistencia e inclusive de supervivencia, incluyendo todos los servicios públicos, la alimentación, y sobre todo la posibilidad de obtener ingresos lícitos para llevar una vida digna.
Corolario de lo anterior es que la corrupción, como madre de todos los males que padece el pueblo, hace inviable cualquier gestión gubernamental, lo que genera la anarquía que se vive actualmente, generando la desconfianza total en estas autoridades inescrupulosas con el manejo del erario. Es hora de ir pensando en cambiar el destino de nuestra ciudad.
Desde siempre algunos sectores minoritarios de la población plantean, sin argumento científico, que la pobreza es virtud para que la gente se resigne a padecerla sin chistar, lo mismo afirman frente al hecho del deceso, indicando que este llega el día en que se está planillado, y que no vale esfuerzo alguno para postergarla, desde luego que son frases que responden a una ideología predeterminada para justificar los permanentes abusos y actos de corrupción de la clase dirigente que transitoriamente administra los recursos públicos.
Empezando por la penuria, escases de recursos, hambre, es claro que en cualquiera de esos estados ningún ser humano experimenta placer y mucho menos felicidad, por el contrario, el espíritu se llena de rabia, resentimientos, odios, que nada tienen que ver con bondad o estados celestiales. En la actualidad se ha demostrado por parte de los órganos de control que anualmente los gobernantes se roban 50 billones de pesos del erario, suma de dinero que alcanzaría para sacar de la marginalidad a todos los colombianos.
El segundo asunto es el fallecimiento, que biológicamente es imparable, nacemos, nos reproducimos y morimos, es lo que nos enseñan desde la escuela, el tiempo de morir es otra cosa, hoy con la tecnología y los grandes avances en la medicina es posible retrasar el momento de la partida, existen tratamientos para enfermedades catastróficas, e inclusive en casos como en la actual pandemia podrían evitarse tantas muertes si tuviéramos un sistema público de salud que permitiera realizar las pruebas del covid para rastrear los contagios, contar con suficientes camas UCIS con insumos y personal que evitara la selección aleatoria de pacientes para que médicos no tuvieran que elegir quien vive y quien muere.
Resulta que en nuestra patria se incluyen en el presupuesto de la nación y de los entes territoriales más de 50 billones al año que no se ven reflejados ni en atención eficiente ni en infraestructura, esto sin mencionar que las EPS que administran el régimen contributivo disponen de varios billones de pesos que aportan empleadores y trabajadores que se pierden por pésimos manejos.
En conclusión, si se ataca de raíz la corrupción, la muerte y la miseria no son necesariamente circunstancias preestablecidas con modo, tiempo y lugar, se puede aplazar la primera y eliminar la segunda.
Se ha puesto de moda la expresión “primera línea” para referirse a las personas que se encuentran al frente de los puntos de “resistencia” en los distintos municipios y ciudades, como si se tratara de un campo de guerra entre enemigos, lo cual es consecuencia de la forma en que el gobierno nacional interpreta el derecho fundamental a la protesta social protegido en la constitución.
Es necesario empezar por decir que en una DEMOCRACIA el pueblo tiene derecho a escoger canales pacíficos para hacer visible su inconformidad con decisiones de las autoridades que los afectan, toda vez que, en países como el nuestro, el sistema de representación no funciona, los congresistas, diputados y concejales se han convertido en voceros de sus propios intereses, ignorando a sus electores. Para muestra tenemos el triste escenario de un grupo de senadores votando contra la matricula cero con argumentos falaces e inanes.
En este orden de ideas, la comunidad solo encuentra como camino para lograr sus reivindicaciones, la presencia física en las calles con carteles, pancartas, megáfonos, grafitis y otras herramientas validas que han demostrado eficacia, como es la caída de la reforma tributaria de Carrasquilla – Duque, pero la sordera y ceguera del gobierno, que se niega a aceptar la evidencia de los justos reclamos de un pueblo que no está dispuesto a dejarse morir de hambre, lleva a una radicalización extrema en cuyo desespero se llega al tema de los puntos de resistencia y bloqueos, que terminan siendo infiltrados por vándalos y terroristas con resultados adversos para los manifestantes.
Se puede afirmar que la represión violenta de la protesta social es causa primaria de la reacción errónea de bloqueos y puntos de resistencia, toda vez que si el gobierno hubiese escuchado y atendido oportunamente a los administrados, como es su obligación, Colombia y el mundo no lloraría hoy la vil muerte, mutilación y desaparición de cientos de jóvenes que solo reclamaban un futuro mejor.
El Exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en un articulo publicado el 23 de mayo de 2021, en una clásica salida en falso le solicita al presidente Iván Duque declare la conmoción interior en los términos del artículo 213 de la Constitución Nacional para suspender las leyes que garantizan las libertades ciudadanas y reprimir con la fuerza pública el derecho fundamental a la protesta social consagrado en el artículo 37 de la Carta magna.
Esta petición del señor Vargas Lleras es totalmente inoportuna, porque atiza más la hoguera, toda vez que está demostrado que el camino valido para resolver los reclamos que formula la ciudadanía es el dialogo sincero, abierto que lleve a una negociación cuyos puntos acordados se cumplan. En este momento crucial en que el comité del paro y los representantes del Gobierno están sentados en la mesa, propiciando un ambiente de mutua confianza, cae como un baldado de agua fría en un amanecer gélido.
La solicitud del exvicepresidente es igualmente insensata e irresponsable por recordar la nefasta fecha del 19 de abril de 1970 en que siendo presidente su abuelo Carlos Lleras Restrepo, decretó el toque de queda robándole las elecciones al general Rojas Pinilla, según versión del fallecido exministro Carlos Augusto Noriega, veinte años después del fraude.
Es que en la oposición ya se está hablando de un supuesto golpe de estado por parte de la extrema derecha para impedir las elecciones programadas para el año 2022, situación que si llegará a darse nos convertiría en una país paria ante la comunidad internacional, tal como acontece con Venezuela, Birmania, nicaragua, etc.
Vargas Lleras de feroz opositor en la prensa pasa a convertirse en una abyecto peor que los áulicos tradicionales, dejando la impresión de que su nueva postura obedece a los tres ministerios con que cuenta ahora o a la piedra que le dio por no haberse tramitado en el congreso la perversa reforma a la salud rechazada por todos los médicos, en razón a que solo buscaba acabar con el sistema público, convirtiendo a los pacientes en meros clientes y pauperizando más la profesión.
Es evidente que el ejercicio masivo del derecho fundamental a la protesta social produce efectos inmediatos en la agenda pública nacional, regional y local, prueba de ello es la caída de la reforma tributaria con los monstruos allí incubados como el IVA a los servicios públicos, a los alimentos, el impuestos a las pensiones; la reforma a la salud que pretendía arruinar el sistema público dando paso a los grandes oligopolios, convirtiendo al paciente en un mero cliente atendido por su capacidad de pago, la reculada en la compra de aviones de guerra por 14 billones de pesos; en el plano municipal se logró que el alcalde Ospina desistiera de alguna de sus mega obras como es la remodelación de la avenida sexta a la que hace poco le invirtieron miles de millones de pesos y seguramente las faranoicas construcciones proyectadas con el endeudamiento por $650.000 millones de pesos, alegremente aprobado por el concejo, solo pensando en las jugosas comisiones.
Faltan muchas cosas por hacer, entre ellas la implementación de un programa nacional de educación para las personas jóvenes que incluya mejoramiento de la calidad en todos los niveles, de prescolar hasta superior, acceso gratuito para todos los que demuestren sumariamente incapacidad de pago, el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa para generar empleos con salarios dignos.
Alguien preguntará sobre la forma de financiación a lo cual se pueden ofrecer varias respuestas, primero, si se implementa íntegramente el acuerdo de paz, tal como estaba previsto en los acuerdos ratificados en el teatro colon, tendríamos una reducción en el gasto militar de un 20% en el primer año, que significa aproximadamente 15 billones de pesos; segundo, el gobierno debe promover una política de incentivos y recompensas para quienes denuncien con pruebas hechos de corrupción, con el firme propósito de evitar futuros latrocinios y recuperar lo que reposa en manos de los bandidos. Es vital consagrar en la Constitución Nacional la prohibición de contratación directa y la celebración de contratos interadministrativos, que son la vena rota por donde se desangra el erario.
La contraloría General de la República habla de robo de recursos públicos al año en cuantía de 60 billones, si con las medidas anteriores logramos bajar el 50% de esta vergonzosa situación, contaríamos con 30 billones que, sumado a la cifra mencionada arriba, tenemos un dinero respetable para empezar a cumplirle a la juventud.
Podemos concluir que la corrupción es la madre de todos los males.
