Las últimas semanas han sido fatales para los pueblos originarios. Dos masacres y múltiples asesinatos selectivos, entre ellos el de la autoridad de un resguardo de Cauca, engrosan el funesto número de muertes en lo corrido del año. Desde la firma del Acuerdo de Paz la cifra de homicidios de nativos llega a cien.
Diversas autoridades indígenas en el país tenían una gran preocupación con la firma del Acuerdo de Final para la Terminación del Conflicto Armado, que supuso la desaparición de las Farc como grupo insurgente: que el denominado posconflicto fuera más duro que los propios tiempos de guerra. Y el paso de los meses parece darles razón, pues el vacío que dejó la otrora guerrilla más antigua del continente y la poca efectividad del Estado para coparlo, tienen sumidos a los nativos en nuevas espirales de violencia que los llena de luto y pánico.
Los hechos más recientes tienen como epicentro el departamento de Cauca, en donde fueron asesinadas cuatro personas entre el jueves y el domingo de la semana pasada. La primera víctima fue Soledad Ramírez, ultimada en la vía que conduce de El Palo a Caloto. Al día siguiente, en el municipio de Caloto, fueron asesinados Edwin Gregorio Dagua Ipia, autoridad tradicional del resguardo de Huellas, cargo que desde 2017 reemplazó la figura de gobernador; y Luis Prado, comunero del resguardo de San Francisco.
Y el pasado domingo falleció Víctor Hernández Chávez, de 19 años, quien sufrió un atentado con armas de fuego cuando estaba en la vereda El Tablón, de Corinto. La víctima alcanzó a ser trasladada a una clínica de Cali y falleció tras estar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, hay que adicionar tres asesinatos más que ocurrieron hace tres semanas en Toribío.
A esas muertes se suma la desaparición de los comuneros Alirio Quiguanás Cunda y Marcelo Dagua, quienes trabajaban en una finca de la verdad Santa Bárbara, en el resguardo de Cerro Tijeras, ubicado en el municipio de Suárez. La Guardia Indígena inició la búsqueda de ambos, pero solo encontró sus prendas de vestir.
Siete días después de la publicación de este reportaje, las amenazas contra el pueblo Nasa en el norte de Cauca subieron de tono y en un panfleto firmado a nombre de las ‘Águilas Negras’, se puso precio a la vida de sus líderes: ofrecen desde un millón de pesos por un alguacil asesinado, hasta cinco millones por un gobernador o su suplente. “Se invita al que esté en condiciones de dar de baja a estos… Se les da su arma de dotación, su respectivo entrenamiento y su pago por la limpieza anunciada”, así termina la amenaza.
Violencia paradójica
En medio de ese reciente panorama lleno de muerte y cuando en el país se registran los niveles más bajos de violencia, este lunes la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) emitió un informe sobre la situación de derechos humanos de los 102 pueblos que representa, en el que evaluó los hechos acontecidos entre la firma del Acuerdo Final y el pasado 8 de diciembre.
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