Cuando leí la noticia, casi que no podía creerlo. La Corte Suprema de Justicia, tan desprestigiada en los últimos meses, tan lenta en sus actuaciones, había abierto proceso a 230 congresistas que aprobaron en su momento el presupuesto nacional bajo la gabela de los auxilios parlamentarios, mal llamados ahora “ cupos indicativos”.
164 de esos congresistas llamados a indagatoria son actualmente senadores o representantes, como lo fueron hace 5 años cuando aprobaron el último presupuesto de la nación y se acomodaron sus cuotas de patrocinio. Los otros 66 ya no ejercen como padres de la patria, pero dado el paquidermismo que sufre la Corte Suprema, les tocará responder por igual. Por supuesto, esa determinación de la Corte y de sus cuestionados magistrados no ha sido fruto del afán de la máxima institución judicial del país sino de un ciudadano verraco y atrevido que presentó hace unos años la demanda y por fin fue tenida en cuenta por los primeros jueces de la república.
Si el asunto va en serio, estamos cerca del primer golpe de estado avisado puesto que el poder judicial se alistaría a derrocar al legislativo. Pero si se demoraron cinco años para darle curso a la demanda, acá podrán demorarse otros más mientras, con los métodos antiquísimos que usan, se llama a cada uno de los 230 congresistas implicados a rendir la indagatoria.
Quienes hemos batallado mostrando que esos “cupos indicativos” son la madre de la corrupción en Colombia, nos ilusionamos con la demostración de poder de la Corte, pero tenemos que quedarnos dudando porque entre el elefantismo de los magistrados y los trucos de los abogados de los implicados, tal golpe de estado tardará mucho.
@eljodario
