Como lo dijo la defensa, el Alcalde Fernando Muñoz no firmó ninguno de los contratos investigados, sin embargo esto no es la prueba reina de la Fiscalía en contra del burgomaestre; la evidencia fuerte es el testimonio de Jhon Fredy Aguirre, quien fue Secretario de Gobierno hasta enero de 2017.
El 27 de febrero de este año Aguirre rindió indagación ante la Fiscalía en Bogotá, donde dijo que para la vigencia de 2016 la contratación se manejaba de manera que el alcalde y sus asesores eran el grupo central que dominaba el poder para designar contratos, “no se movía una hoja sin que él dijera, ya venían amarrados por parte del alcalde, él daba directrices sobre para quién era el contrato”.
Investigación.
La Fiscalía empezó sustentando que en el 2016 había una “empresa criminal” conformada por servidores de la administración que realizaba convenios con personas para apropiarse de los recursos de la Alcaldía.
Desde el 2016 al 2018 se han realizado 9 convenios que han llevado al detrimento de los fondos de la administración, en el 2016 se realizaron 5, en el 2017 se llevaron a cabo 3 y en el 2018 un convenio que aún está en vigencia; todos estos suman 3 mil millones de pesos. Sin embargo La Fiscalía para esta imputación tuvo en cuenta solo 4 convenios, pues falta recoger pruebas que acrediten los demás.
Convenio 1
El primer convenio era de $412 millones, $106 millones era el aporte de la empresa contratada e iba desde el 11 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Este convenio se trataba del manejo y aprovechamiento de residuos especiales, es decir recoger las camas, los colchones, las neveras desechadas que necesitan hasta de un transporte especial. Para ello contrataron una de las empresas fachadas donde la representante legal era Rita y la administraba Julián Valencia, ambos capturados.
En este convenio intervinieron el alcalde que habría delegado a los secretarios para la contratación, en este caso a Jonathan Barrientos. El supervisor era Mauricio Arboleda Pérez. En este convenio se presentaron 2 cotizaciones falsas de otras empresas, aludiendo que la mejor propuesta era la de la empresa fachada de Rita. El detrimento en este convenio fue de $342 millones.
Convenio 2
Este era para el Transporte y disposición de residuos especiales y escombros; se refiere a las basuras que dejan las construcciones. El municipio tenía $350 millones y la empresa contratada aportaba $105 millones. Según la fiscalía Interviene el alcalde y delega a Julián Carrizosa para suscribirlo con la empresa fachada de Rita, administrada por Julián Valencia; el supervisor por parte de la Alcaldía era Luis Fernando López Mustafá. De las 6 certificaciones que esta empresa presentó para determinar que era idónea para el trabajo, 5 eran falsas y la otra no cumplía con los requisitos, además eran las mismas certificaciones presentadas en el primero.
Aquí para poder apropiarse de la plata utilizaron la escombrera la Gilma de Dosquebradas la cual está inhabilitada desde el 2014 por la Carder, se suponía que allí llegaban los escombros recogidos y aunque en el proyecto daban valores por parte de la escombrera La Gilma esto era imposible porque al no estar funcionando no tenía precios. La mentira más grande que dijeron para contratar a la empresa fachada fue que no había otra que pudiera hacer este trabajo. El detrimento fue de 338 millones de pesos, pues no tenían soportes de cómo se gastaron este dinero.
Convenio 3
El objeto era el manejo y cuidado de los pozos sépticos en el área rural. La Alcaldía tenía $170 millones y la empresa fachada $51.
Intervinieron el Alcalde y Julián Carrizosa; el supervisor fue Luis Fernando López Mustafá. Aquí cambia la persona jurídica de la empresa fachada, se trata de Jenny Tatiana Castro Duque, cuñada de Rita; el director seguía siendo, Julián Valencia. Las certificaciones eran todas falsas. Nunca se verificó si la empresa era apta para el trabajo. La empresa fachada subcontrató con otra para realizar el trabajo, la cual cobró $25 millones. Hubo un detrimento de 132 millones de pesos.
Convenio 4
En este convenio el objeto era realizar labores de esterilización y vacunación de animales callejeros para prevenir enfermedades. La alcaldía tenía un presupuesto de $375 millones y la empresa fachada $149 millones. Intervienen el alcalde y el exsecretario de gobierno Jhon Fredy Aguirre. Fue supervisado por Carlos Elías Márquez Valencia, la empresa fue dirigida por Yennifer Londoño, esposa del director Julián Valencia. La Fiscalía dice que este convenio debía ser ejecutado por una veterinaria con licencias para actividades con los animales, así que usaron el nombre de una clínica particular que nunca prestó el servicio. El detrimento fue de $308 millones.
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