Con la aprobación de este proyecto, Santa Rosa de Cabal contará con mayores recursos para incentivar, apoyar y fortalecer el deporte y la recreación en el municipio.
“Ganó el deporte santarrosano, estoy feliz con esta decisión tan acertada del Concejo Municipal, que de manera unánime aprobó este proyecto tan importante, de esta manera garantizamos recursos para fortalecer, fomentar y estimular el deporte y la recreación a través de proyectos claves en nuestro Plan de Desarrollo”, manifestó el Alcalde Rodrigo Toro.
El recaudo de la Tasa Pro Deporte será del 2,5% al valor total de contratos de obras, asesoría o consultorías – exceptuando contratos de prestación de servicios- que personas naturales o jurídicas firmen con la administración central y sus entidades descentralizadas, por lo que se proyecta aumentar en 193 millones de pesos, el presupuesto de deporte en el municipio.
Para Óscar Garcés, deportista de levantamiento de pesas, este tipo de propuestas son un gran aliciente para el esfuerzo de los deportistas. “Estoy muy agradecido con la Alcaldía Municipal por haber propuesto esta iniciativa que enaltece el nombre de Santa Rosa de Cabal dándonos el apoyo con la Tasa Prodeporte, esto será muy provechoso para todos los deportistas”, indicó Garcés.
El proyecto quedó listo para la respectiva sanción por parte del Alcalde y estará disponible, con todos los detalles para su consulta, en la páginas web del municipio de Santa Rosa de Cabal.
El Concejo respaldo de manera unánime el proyecto de acuerdo de la Tasa Prodeporte del 2,5% presentado por la Alcaldía.
Según una declaración firmada de dos altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, integrantes de una sala de interceptaciones, denunciaron que durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez »se efectuaron interceptaciones ilegales de los números celulares del senador Iván Cepeda, de la exsenadora Piedad Córdoba y Álvaro Leyva, y los resultados de los análisis de las interceptaciones ilegales eran entregadas al fiscal Néstor Humberto Martínez, a través del Brigadier general, Luis Alberto Pérez Alvarán, director del CTI».
Los altos funcionarios aclararon que »con el objetivo de esclarecer un homicidio por parte del Clan del Golfo, se aprovechó para controlar las comunicaciones del senador Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Álvaro Leyva, y los negociadores de paz, Diego Martínez, Enrique de Santiago (diputado español), y Humberto de la Calle, buscando elementos probatorios que permitiera vincularlos con las actividades criminales del Clan del Golfo, principalmente narcotráfico».
Con este objetivo delictivo, dicen los altos funcionarios de Fiscalía, el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira »recibía informes diarios de las diligencias adelantadas, entregadas directamente en su despacho», e interceptaron a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, que estaba aliado con la DEA, y fingieron llamadas esporádicas en las que el agente de la DEA se hacía pasar por un narco mexicano y Marín un colaborador suyo, intentando buscar alguna palabra clave de los exguerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez, que permitiera involucrarlos en narcotráfico, como así hicieron, incluso con una voz falsa de Márquez, asestándole así un golpe falseado y premeditado al proceso de paz.
En la declaración también se afirma que se habrían interceptado de manera ilegal desde la sala Oro, Diamante y Granate a varios asesores de los despachos del fiscal y de la vicefiscal general de los que se desconfiaba. Aseguran que desde esa sala también se chuzó ilegalmente a “abogados que actuaban en los procesos de interés como el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el exdirector del CTI Julián Quintana, ex magistrados señalados con el cartel de la toga y del abogado del general Montoya, mencionado en el caso Odebrecht”, así como otros implicados en el caso del que el propio Néstor Humberto Martínez tenía conflicto de interés, por haber sido abogado del Grupo AVAL.
Estos dos ex funcionarios, Gómez Góngora y Martínez Lugo fueron detenidos por el propio CTI de Fiscalía acusados de haber interceptado ilegalmente al presidente del sindicato de Avianca durante la huelga de 2017 y al presidente de la multinacional española Enel, la cual mantiene un pleito arbitral con la Empresa de Energía de Bogotá.
Ante este descubrimiento, Gustavo Petro, en la plenaria del Senado, dijo que »esto muestra el modus operandi de la Fiscalía. La capacidad y la manera como efectúan interceptaciones en casos de interés particular del Fiscal General Néstor Humberto Martínez».
A pagar entre 5 a 11 años de cárcel por broma ancianos y a niños de un influencer
Milton Andrés Domínguez, más conocido como «Jay Tomy», realizó un video donde le daba a personas de avanzada edad, jóvenes, entre otros, paletas de jabón cubiertas con chocolate.
Según el artículo 373 del #CódigoPenal, Jay Tomy podría pagar entre 5 y 11 años de prisión, y una multa entre $175.560.600 de pesos y $1.310.704.500 de pesos. (Entre 200 y 1500 Salarios Mínimos Legales Vigentes).
Artículo 373 del código penal: «Imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias.
El que con el fin de suministrar, distribuir o comercializar, imite o simule producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, incurrirá en prisión de cinco (5) a once (11) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad.».
Jay Tomy ya había sido arrestado por sus «bromas pesadas»
El 5 de noviembre de 2020 el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en el proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho adelantado por Alejandro Bueno Castro y CIA, contra el municipio de Santiago de Cali, dictó sentencia mediante la cual anuló las resoluciones expedidas en el año 2009 por el alcalde Jorge Iván Ospina, referentes a la distribución y asignación de forma individual de la contribución por beneficio general de los predios de los demandantes.
El argumento central de la providencia es que el municipio de Cali “omitió la explicación suficiente de los parámetros y criterios numéricos que se tuvieron en cuenta para fijar el tributo”, igualmente se dice que en ninguno de los trece predios se identificó el factor de ponderación según el tipo de predio y estrato, ni por área de propiedad en metros cuadrados.
Los anteriores razonamientos nos permiten concluir lo siguiente:
1.- La omisión de la administración que se predica para los predios de Alejandro Bueno castro, se presenta, salvo prueba en contrario, en todos los inmuebles de Cali, lo que Viola el artículo 338 de la Constitución Nacional que solo permite el cobro de valorización de forma individual.
2.- Al no realizar las ponderaciones individuales por predio y en consecuencia de ello no informar a los propietarios debidamente, estamos en presencia de un acto administrativo ineficaz, lo que obliga al alcalde a realizar nuevamente la notificación, indicando los nuevos términos para agotar la vía gubernativa.
En conclusión, si bien los ciudadanos no pueden solicitar la aplicación de extensión de jurisprudencia por tratarse de una sentencia que no reúne los requisitos establecidos en los artículos 10 y 102 del CPACA, si están facultados para pedir la notificación en debida forma, con la entrega de anexos individualizados, agotados los recursos, acudir al juez contencioso administrativo utilizando los argumentos de la sentencia de 5 de noviembre.
Fecode denunció que “los docentes estamos en riesgo, por culpa de difamaciones, montajes y mentiras”.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) denunció el domingo el asesinato de los docentes Douglas Cortés Mosquera y Bayron Revelo Insuasty, en hechos ocurridos en distintas localidades del país.
En varios mensajes colocados en su cuenta de Twitter, la Fecode indicó que el crimen de Cortés Mosquera, que laboraba en el municipio de Balboa, ocurrió en La Virginia, departamento de Risaralda, ubicado en el centro-oeste del país suramericano.
“Denunciamos y repudiamos también el asesinato del compañero docente Douglas Cortés Mosquera, ocurrido en La Virginia, en Risaralda. Nuestra solidaridad con su familia y comunidad educativa. ¡No más violencia contra los docentes! La escuela es territorio de paz”, externó la agrupación magisterial.
De acuerdo con medios locales de comunicación, el profesor de artes visuales murió a consecuencia de dos disparos hechos por un sicario la noche del sábado en el municipio de La Virginia.
El Sindicato del Magisterio del departamento de Nariño (Simana) emitió un comunicado en el cual lamentó el asesinato del profesor Revelo Insuasty, quien fue elegido como directivo departamental del Simana para el periodo 2017-2021. Era el secretario de Vivienda, Medio Ambiente y Bienestar Social de la gremial.
Relató que el pasado 12 de noviembre el docente se movilizó con otro directivo al municipio de Tumaco, para cumplir tareas sindicales, y el viernes 13 fueron retenidos.
“El otro compañero fue dejado en libertad el domingo 15. El día de hoy (22 de noviembre), recibimos, con profundo dolor, el hallazgo del cuerpo del maestro directivo”, indicó el comunicado del Simana.
En un tuit, la Fecode denunció que “los docentes estamos en riesgo, por culpa de difamaciones, montajes y mentiras, provenientes en gran parte desde el partido de gobierno”.
