CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDA CONTROL A LA GESTION DEL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL
MEDIANTE MODALIDAD DE RECAUDO EN EFECTIVO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
La CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDA culminó ejercicio de control al proceso de recaudo en efectivo del Municipio de Santa Rosa de Cabal durante la vigencia fiscal 2017. El ejercicio arrojó como resultado un total de 8 hallazgos administrativos, de los cuales uno fué establecido con presunto alcance disciplinario, 1 con presunto alcance penal y 1 con presunto alcance fiscal.
Las principales irregularidades detectadas corresponden a deficiencias en el esfuerzo fiscal eficiente y eficaz sobre el recaudo de los ingresos directos e indirectos, para la cual la Administración Municipal deberá estructurar y aplicar una política pública que mejore el recaudo, teniendo en cuenta que dentro del proceso auditor se detectó bajo recaudo y participación del impuesto predial unificado en el componente de los ingresos, máxime cuando se determinó una cartera morosa
incobrable que asciende a VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEITINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS ($23.650.729.903), la cual data desde el año 2004 hasta la fecha, tal como se detalla
a continuación…
Además, la administración carece de un censo real sobre los contribuyentes que recae el Impuesto de Industria y Comercio, es decir, la administración desconoce a ciencia cierta la totalidad de contribuyentes que deben liquidar, presentar las
respectivas liquidaciones y pagar.
De otra parte, la falta de actualización catastral impide que la administración cumpla la formulación de políticas públicas y la planeación del Municipio de manera adecuada, afectando el recaudo para la inversión que debe ejecutar en el plan de
desarrollo municipal, esto considerando que:
Del análisis de 22.172 avalúos registrados en el Sistema Aries.Net, se encontraron 220 predios que arrojaron una diferencia de CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS
($14.778.161.000), siendo mayor el valor de los avalúos reportados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.
De la misma manera, se encontraron 705 predios con avalúo total de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ PESOS ($3.261.222.110), avalúos que no aparecieron registrados en la base de datos del IGAG, por no existir sinergia entre IGAC y Municipio de Santa Rosa de Cabal al momento que se presentan mutaciones o cambios en los predios englobados.
Finalmente se encontraron 66 predios que figuran en las bases de datos del IGAC por valor de TRES MIL OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($3.082’738.000), pero el Municipio no los tiene registrados en
su sistema de información.
En relación a la denuncia realizada por el ente territorial a través de la Secretaría de Hacienda Municipal sobre un presunto peculado por apropiación, se logró confirmar en primera instancia un daño patrimonial de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($10.288.135) incluido los intereses, el cual fue resarcido por quien se desempeñaba como Auxiliar Administrativo de Taquilla para la fecha de los hechos durante la vigencia 2017. No
obstante, por nuevas reclamaciones de los contribuyentes, la administración tomó la decisión de aplicar notas crédito (NC) en el sistema Aries.Net a favor de los contribuyentes que soportaron sus pagos, para no seguir afectándoles sus finanzas
con intereses moratorios con la Administración Municipal, a partir de lo cual se determinó un presunto daño patrimonial de OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($8.211.839) por predial
y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.318.650) por industria y comercio, para un total de ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($11.530.489).
Sobre el particular se corrio traslado del Informe Final de Auditoría a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de laNación, por su parte, la Contraloría General de Risaralda ha dispuesto la apertura de los respectivos procesos de responsabilidad fiscal, en aras de lograr el resarcimeinto integral del presunto daño patrimonial establecido con ocasión del
ejercicio auditor.
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