Estas personas fueron judicializadas luego de haber obtenido información del ex secretario de gobierno de dicho municipio, Alfredo Castañeda Rodas, quien se encuentra privado de la libertad por estos mismos hechos.

Por solicitud de la Fiscalía a la cárcel fueron enviados Jhon Jairo Llanos Zapata, concejal de Dosquebradas (Risaralda) y Luz Mary Guerrero, excontratista, pues presuntamente se concertaron para defraudar el erario público.

La determinación fue tomada por un juzgado Penal Municipal de Dosquebradas, con función de garantías.

En la lucha contra la corrupción que emprendió la Fiscalía General de la Nación, a través del Plan Bolsillos de Cristal, se lograron revelar las irregularidades presentadas en los contratos 728 de 2015, 553 de 2017 y 848 de 2018. Entre ellas, que estos fueron direccionados por el concejal Llanos Zapata a través de exigencias al secretario de gobierno municipal, Alfredo Castañeda, quien debía adjudicarlos a Luz Mary Guerrero, y además como única proponente.

Los contratos tenían por objeto entrega de auxilios funerarios: cofres fúnebres, inhumación de cuerpos en bóvedas, celebraciones religiosas o traslado de cuerpos; siendo un requisito para ser beneficiarios pertenecer a estratos 1 y 2; ser víctima de desplazamiento o en situación de pobreza.

La fiscalía le imputo cargos a Llanos Zapata por interés concierto para delinquir, concusión, indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica y prevaricato por omisión en concurso homogéneo y sucesivo por tratarse de conductas que permanecieron en el tiempo.

Por su parte, la señora Guerrero se le imputó en calidad de interviniente los presuntos delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo.

En audiencias preliminares, la fiscal dio a conocer que Alfredo Castañeda rindió interrogatorio donde evidencio que el concejal fue quien le otorgó su cargo como secretario; y para mantenerlo en este le habría solicitado dinero de su salario. Pagos mensuales entre 500 mil y 600 mil pesos.

Además, exigió que sería el quien debía ejercer la supervisión de los contratos. De esta manera se omitió la vigilancia y control, firmando actas parciales de pagos que acreditan la realización de labores que no se ejecutaron. De este modo terminaron incumpliendo los principios de igualdad, transparencia, planeación y economía que rigen la contratación estatal.
Las decisiones de medida de aseguramiento fueron apeladas por la defensa.

La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.

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