Cuando se termina de leer el informe de la Contraloría General de la República sobre lo sucedido en Hidroituango, se comprueba que no exageramos nada las varias veces que cuestionamos desde aquí la manera como la construcción de esa obra se hizo por parte de EPM, pero de la misma manera, se descubre que las circunstancias que produjeron la emergencia fueron fruto no solo de la Ley del Avispado, de que habla el rector de Eafit, sino también del equivocado deseo de hacer todo a la brava, saltándose las normas cuando fuera necesario. Así sucedió, por ejemplo, con el acumulado de sobrantes vegetales que finalmente parecen haber precipitado la emergencia pues no fueron recogidos, como era de sentido común y de obligación contractual hacerlo.
Y ni qué decir cuando la Contraloría demuestra que el famoso tercer túnel fue empezado a construir en octubre de 2015 y solo en junio de 2016 solicitaron ante la ANLA la licencia para construirlo.O cuando anota la falla de no haber hecho las compuertas para los dos túneles de desviación y la de taponar los túneles sin que estuviesen terminados la presa y el vertedero. Por esas y muchas razones más descritas en el informe, la Contraloría llega a la conclusión que “ El cúmulo de fallas en los estudios, diseños y en las obras del sistema de túneles de desviación así como en las desacertadas decisiones por parte de los involucrados, posibilitaron la ocurrencia del desastre de hace tres meses, del que continúan sus efectos”.
Lamentablemente el estudio no puede llegar, por prescripción, a la madre de lo sucedido cuando los dueños de Hidroituango montan , el 27 de octubre del 2010, una empresa de papel ( en Medellín, no en Panamá),”EPM Ituango SA ESP”, la que realiza los contratos y actividades inherentes a la obra pero a dedo,escapándose de la ley 80 que rige las contrataciones, y actuando como empresa privada.
@eljodario
