Según una declaración firmada de dos altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, integrantes de una sala de interceptaciones, denunciaron que durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez »se efectuaron interceptaciones ilegales de los números celulares del senador Iván Cepeda, de la exsenadora Piedad Córdoba y Álvaro Leyva, y los resultados de los análisis de las interceptaciones ilegales eran entregadas al fiscal Néstor Humberto Martínez, a través del Brigadier general, Luis Alberto Pérez Alvarán, director del CTI».
Los altos funcionarios aclararon que »con el objetivo de esclarecer un homicidio por parte del Clan del Golfo, se aprovechó para controlar las comunicaciones del senador Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Álvaro Leyva, y los negociadores de paz, Diego Martínez, Enrique de Santiago (diputado español), y Humberto de la Calle, buscando elementos probatorios que permitiera vincularlos con las actividades criminales del Clan del Golfo, principalmente narcotráfico».
Con este objetivo delictivo, dicen los altos funcionarios de Fiscalía, el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira »recibía informes diarios de las diligencias adelantadas, entregadas directamente en su despacho», e interceptaron a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, que estaba aliado con la DEA, y fingieron llamadas esporádicas en las que el agente de la DEA se hacía pasar por un narco mexicano y Marín un colaborador suyo, intentando buscar alguna palabra clave de los exguerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez, que permitiera involucrarlos en narcotráfico, como así hicieron, incluso con una voz falsa de Márquez, asestándole así un golpe falseado y premeditado al proceso de paz.
En la declaración también se afirma que se habrían interceptado de manera ilegal desde la sala Oro, Diamante y Granate a varios asesores de los despachos del fiscal y de la vicefiscal general de los que se desconfiaba. Aseguran que desde esa sala también se chuzó ilegalmente a “abogados que actuaban en los procesos de interés como el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el exdirector del CTI Julián Quintana, ex magistrados señalados con el cartel de la toga y del abogado del general Montoya, mencionado en el caso Odebrecht”, así como otros implicados en el caso del que el propio Néstor Humberto Martínez tenía conflicto de interés, por haber sido abogado del Grupo AVAL.
Estos dos ex funcionarios, Gómez Góngora y Martínez Lugo fueron detenidos por el propio CTI de Fiscalía acusados de haber interceptado ilegalmente al presidente del sindicato de Avianca durante la huelga de 2017 y al presidente de la multinacional española Enel, la cual mantiene un pleito arbitral con la Empresa de Energía de Bogotá.
Ante este descubrimiento, Gustavo Petro, en la plenaria del Senado, dijo que »esto muestra el modus operandi de la Fiscalía. La capacidad y la manera como efectúan interceptaciones en casos de interés particular del Fiscal General Néstor Humberto Martínez».
