El 10 de diciembre de 1948, después de la barbarie de la segunda guerra Mundial, las Naciones Unidas proclamaron que: “la ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.
Después del genocidio de judíos en campos de concentración y el uso de bombas atómicas contra civiles en Japón, etc., la gente de ese entonces se aferró a la idea de que, con acuerdos entre dirigentes de todo el mundo, se podrían eliminar de tajo tales hechos abominables. No fue así, vinieron entre otras, las guerras de Corea, Vietnam, los genocidios en Ruanda, Uganda, Yugoslavia, Colombia, Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, con millones de muertos en estado de indefensión, lo que significa que las meras declaraciones no son suficientes para salvar a la población civil e inocentes de la crueldad de los amos de la guerra.
En 1961, Colombia ratificó los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 que forman la base del Derecho Internacional Humanitario y los dos protocolos adicionales de 1977 fueron ratificados en 1993 y 1995, sin embargo desde estas fechas se ha incrementado sustancialmente el abuso y violación de esos derechos, por parte de los actores del conflicto armado y las estructuras criminales.
El único responsable de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, es decir, el derecho a la vida, no reclutamiento de menores, no desplazamiento de personas, etc, es el estado, independientemente de quien sea el transgresor, obviamente con los gobernantes de turno. Las masacres que han acontecido en los últimos meses (55), el asesinato de lideres sociales y desmovilizados, de estudiantes, profesionales y trabajadores asesinados por participar en marchas, indica que el estado no está cumpliendo sus obligaciones. Los derechos humanos son para todas las personas, sin distingo de religión, raza, militancia política, genero, etc, nos incluye a todos.
