De acuerdo con las cifras reveladas por el ingeniero Rodolfo Hernández, los representantes del estado en todos sus niveles, entre robo, derroche y compras innecesarias, cada minuto desaparecen cien millones de pesos del erario, lo que arroja un total de 55 billones de pesos al año. De estas dilapidaciones hacen parte proyectos de autobiografías de primera dama, ferias virtuales, alumbrados móviles, publicidad pagada para auto elogiarse, compra de vehículos de alta gama y mueble para uso personal de diplomáticos, adquisición de armamento para la guerra sobre facturados, etc.
El gobierno nacional en lugar de tapar el hueco de la corrupción prefiere joder a los trabajadores clavándole más impuestos, inventándose una falsa frontera entre canasta familiar básica y de lujo, como si los pobres no pudieran consumir queso, nueces, salsa de tomate, entre otros, lo que demuestra el talante pseudo aristocrático de los ADMINISTRADORES de turno.
Se sabe que los mayores evasores de impuestos están ubicados en las zonas francas, a pesar de las recomendaciones de la comisión de expertos, el ministro carrasquilla llevando la contraria en este punto, decide bajar más la tasa impositiva a quienes se refugian en estos paraísos fiscales, que ciertamente no cumplen con el objetivo por la cual fueron creadas, cual es generar puestos de trabajo. Llama la atención que de las sugerencias formuladas por el grupo de sabios solo se acogen las que afectan a las personas de menores recursos.
Si el gobierno busca 25 billones en nuevos impuestos, así le cambien el nombre a la reforma, siempre será lo mismo en sus consecuencias negativas en la población, es mejor solución taponar con mejores materiales las venas rotas de la corrupción.
Los medios de comunicación abyectos al gobierno de turno han ignorado adrede los hechos sucedidos en la embajada de Colombia ante la ONU en Ginebra denunciados por el señor Nicolás Ávila, ex secretario de la misión diplomática, en la que la señora Adriana del Rosario Mendoza, abusando de su condición de jefe compró con recursos del erario lujosos bienes muebles para su residencia, costosas cuentas de actos no oficiales, una camioneta BMW para uso personal, entre otros.
La valentía del denunciante le fue recompensada con su destitución por parte del presidente Iván Duque y el ascenso a la funcionaria corrupta, lo que constituye un pésimo mensaje para la opinión pública que entiende que delinquir con dineros oficiales merece los aplausos de sus superiores y el repudio al “sapo”.
Precisamente ahora que el gobierno nacional anda desesperado buscando más dinero vía impuestos, vale la pena reflexionar si existe justicia en la propuesta de Carrasquilla de gravar pensiones, comida (huevos, carne, etc.), servicios públicos, entre otros, para tapar los huecos que deja la corrupción. En este escenario de hundir al pueblo en la miseria, simultáneamente presenciamos la permanente exoneración de impuestos a los más poderosos, la entrega de billones de pesos en subsidios aprovechando la pandemia, el derroche de lo dineros públicos en ferias virtuales, palcos en estadios, obras públicas abandonadas convertidas en elefantes blancos y muchos otros gastos que no responden a las necesidades colectivas.
Es importante recordar que existe una relación directa entre pobreza y apoderamiento de recursos públicos, toda vez que el dinero circulante que permite generar empleo, los corruptos lo “invierten” como la flamante embajadora, en bienes suntuarios para su exclusivo uso o en la adquisición de costosas residencias o haciendas, que los gobiernos de la corrupción nunca expropian.
El diccionario de la real academia española define el nepotismo como “preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza”.
Los constituyentes de 1991incorporaron en el artículo 126 la prohibición para todos los funcionarios públicos de nombrar o contratar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, con la firme convicción de que esas prácticas constituían corrupción por la concentración del poder en una sola familia y por la negación de los derechos de la ciudadanía a participar en igualdad de condiciones en el acceso de los cargos públicos.
En los debates se hizo énfasis en el peligro para la democracia que algunas personas, en claro abuso de poder, con disposición indebida de los recursos públicos, desequilibraran la balanza en la competencia por los cargos de elección popular.
A pesar de las buenas intenciones de los fundadores de la constitución, la norma inhabilitante se ha convertido en rey de burlas, basta con observar lo que se sucede en departamentos como Atlántico, Valle del cauca, entre otros, donde se está volviendo en costumbre el enroque, que se traduce tú me nombras mi pariente y yo hago lo propio con el tuyo, o peor todavía, con los recursos públicos hacen elegir gobernante de bolsillo para obtener el mismo propósito corrupto.
Tal como lo denuncia Shakira en video que está circulando en las redes, la miseria que padecen nuestros compatriotas atrapados en la trampa de la pobreza está directamente relacionada con estas repugnantes conductas, de tal manera que los departamentos y municipios donde prevalecen los comportamientos ilícitos enunciados, es donde más se muestra el cruel resultado: Niños y niñas sin ninguna oportunidad.
La gran tarea de los burgomaestres actuales y los que lleguen a futuro es poner a rodar nuevamente la economía para recuperar los millones de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia, que a nivel nacional se calculan en cinco millones de empleos formales y la gran mayoría de los informales.
Para empezar las autoridades municipales deben plantear una reducción sustancial de los impuestos locales como son predial, industria y comercio, entre otros para que los emprendedores tengan recursos para invertir y los consumidores para comprar. Se requiere audacia y visión de futuro que permita “sacrificar” gastos inútiles, con una política de austeridad al máximo, para disminuir la pesada carga burocrática de los entes territoriales alimentada por el apetito voraz de algunos “políticos”.
Igualmente, hoy más que nunca, se requiere actuar con plena transparencia para evitar sobrecostos en los contratos, aplicando sin excepciones, el estatuto de la contratación administrativa que establece como regla general la licitación pública y la subasta inversa para bienes de condiciones uniformes.
Es inaceptable en las actuales condiciones recurrir a los contratos interadministrativos para burlar la convocatoria de todos los posibles oferentes o proponentes, que como colombianos tienen un derecho fundamental a participar en la contratación estatal desde la óptica de la igualdad de oportunidades.
Logrando aliviar las cargas de los entes territoriales, no solamente es viable disminuir los impuestos sino realizar una exoneración temporal mientras se logra rescatar y recuperar la actividad de los comerciantes, empresarios, emprendedores en cualquier área, etc., que es soporte necesario de una convivencia pacífica.
En las circunstancias actuales es vital aplicar los principios de las naciones unidas en cuanto a la seguridad humana que incluye supervivencia con dignidad.
En estos días de euforia gubernamental por la llegada de cincuenta mil vacunas (0.01% del total que se necesita), algunos exalcaldes y exgobernadores andan desesperados negociando los supuestos votos que dicen tener, que sustentan en resultados obtenidos en pasadas contiendas electorales.
Se oye hablar de un millón, quinientos mil, trescientos mil sufragios, sin mencionar producto de que maniobras se obtuvieron en su momento (compraventa) y lo peor es que hablan de cifras, pero no de personas, como si éstas fueran borregos que no reflexionan sobre los temas que les conciernen, especialmente en esta época de calamidad en que la pandemia destapo las consecuencias de la insaciable voracidad de quienes se auto proclaman “dueños” de los recursos públicos.
Se sabe que la miseria que padecen los pueblos está relacionada directamente con el saqueo de los presupuestos estatales de tal manera que los países donde el porcentaje de bandidos es mayor el sufrimiento de la gente empeora a limites inimaginables.
En este orden de ideas, la ciudadanía ha tomado conciencia de lo nefasto que ha resultado dejarse manipular de los caciques que los cuentan como cosas o mercancías, ignorándolos adrede como pensadores que son capaces de tomar decisiones informadas y, sobre todo, dando por descontado que el pueblo acepta resignadamente su desgracia, lo que conducirá necesariamente al conocido refrán “salió el tiro por la culata”, aplicado a los mercantilistas de la política.
Cuando un pseudo político va a negociar sus intereses personales a nombre de personas anónimas, reseñadas en datos de la registraduría, se comporta como el más vil de todos los seres humanos y merece el rechazo total, por el bien de todos los colombianos.
