por Adolfo León Oliveros Tascón | Oct 1, 2020 | Opinion
UN ALCALDE SABOTEADOR
El señor Jorge Iván Ospina Gomez, obsesionado por el afán de conseguir plata, desconoce flagrantemente las disposiciones normativas expedidas por el señor presidente de la república tendientes a suavizar las consecuencias nefastas en la economía que ha producido el covid-19, traducidas en millones de puestos perdidos, hambre y miseria, en este sentido ha emprendido una campaña de embargos de cuentas bancarias contra propietarios y poseedores de predios en la ciudad de Cali y muchas veces contra personas que no tienen registrados inmuebles a su nombre.
El Decreto- Ley 678 de 20 de mayo de 2020 expedido por el Doctor Iván Duque Márquez, en el artículo 7º ofrece sustanciales rebajas, que incluyen cero intereses y rebaja de capital para las personas que adeuden al fisco municipal, estableciendo unos plazos para pagar, el primero se vence el 31 de octubre de 2020. En el parágrafo del articulo se consagra que deben terminarse todos los procesos judiciales y administrativos en donde se discuta el impuesto.
El alcalde de manera maquiavélica invoca la generosidad del gobierno nacional y anuncia por medios de comunicación y en la página del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, el llamado “super papayaso”, como una obra de su autoría, ignorando al verdadero autor, pero esto no es lo más grave, lo que causa mayor indignación es la hipocresía, y al tiempo que gana canonjías con obra ajena, contradice el espíritu del Decreto 678 de 2020, pues el fin que persigue la norma es conseguir recursos para los entes territoriales y al mismo tiempo socorrer a los millones de colombianos desempleados, sin ingresos.
Se trata de una motivación para que ciudadanos y ciudadanas, en actos de sacrificio decidan pagar sus deudas a las municipalidades y al mismo tiempo, evitar que municipios y Distritos, tengan que despedir al personal.
Los viejos decían, así paga el diablo al que bien le sirve.
por Adolfo León Oliveros Tascón | Sep 26, 2020 | Opinion
UN GOBIERNO DESAFIANTE
No se sabe si por ignorancia o soberbia, el gobierno de Iván Duque cae cada vez más en un laberinto sin salida, golpeándose todo el tiempo con el estado social de derecho que juro defender, pero cuya institucionalidad acata cuando le conviene e insulta y amedranta cuando no le satisfacen sus mezquinos intereses.
Para cualquier abogado o estudiante de derecho es triste ver y oír al presidente de la república, ministros y agentes de ese gobierno incurrir en hechos que ofenden la dignidad y la inteligencia. Muchos ejemplos encontramos, Luigi Echeverry, presidente de ECOPETROL prohibiéndole al periódico EL país de España que entreviste a un senador de la república, Ministro de defensa desconociendo una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia que ordena pedir perdón a las familias de las victimas de abuso policial del 21 de noviembre de 2019, muerte de Dylan Cruz, hijos de un ex presidente contratando por miles de millones de pesos una empresa extranjera para desacreditar la justicia colombiana ante el mundo, por imponer una medida en derecho a un intocable, que desde su lugar de detención instiga para que policía y ejercito utilicen tanques y metralletas contra ciudadanos inermes. Etc.
El origen de este desmadre está en la falta de autonomía de quien funge como jefe de estado y que, en lugar de actuar en nombre de todos los colombianos, prefiere ser súbdito de quien lo patrocino y llevo al cargo. Un movimiento caudillista que actúa como una fuerza centrifuga que repele con violencia lo que no comulgan con sus intereses y opiniones y absorbe despellejando, dejando sin personalidad ni carácter a los ingenuos que todavía creen que la gente cambia. Aquí encontramos respuesta a la suerte que han corrido funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Uribe, incluyendo el presente.
por Adolfo León Oliveros Tascón | Sep 17, 2020 | Opinion
SALIDAS EN FALSO DE MINDEFENSA
El Ministro de defensa en uso de la clásica “jugadita”, pretendió burlarse del Senado de la República quien lo tiene citado para un debate de control político con moción de censura para el día 29 de septiembre, valiéndose de sus amigos del Centro Democrático compareció con auto invitación, el 13 de septiembre, tratando de anticiparse a los duros cuestionamientos que se prevé se formulen por parte de aguerridos parlamentarios tanto de la oposición como de los independientes.
El eje central del debate gira en torno a la reacción guerrerista de muchos miembros de la policía que utilizan armas de fuego y otro tipo de artefactos contra indefensas personas que ejercitan el derecho fundamental de la protesta social, causando la muerte de jóvenes inermes (estudiantes, Trabajadores, desempleados, etc.) que enarbolan pancartas, y gritan consignas.
La gota que desbordo el vaso fue el miserable asesinato del abogado Javier Ordoñez, víctima de psicópatas de la peor calaña enquistados en la institución policial por los inexistentes filtros que permiten que delincuentes formen parte de las filas de la fuerza pública y utilicen armas compradas con los recursos públicos contra sus mismos compatriotas, sin la más mínima compasión.
Holmes, sin el mínimo recato, afirmo: Que la policía puede portar y accionar armas contra humanos en los siguientes eventos: 1.- Cuando el humano se resiste a la captura. 2.- Cuando el Humano se fuga y 3.- Cuando se trate de retener a una persona.
Trujillo demuestra que no se ha leído el protocolo de la misma policía para uso de armas de dotación oficial, que consagra que su empleo es excepcional, solo se autoriza en casos extremos, entre otras cosas al Juez no le interesa que le traigan un cadáver cuando expide una orden de captura.
El Mindefensa al manifestar que la policía puede disparar en caso de fuga revive los macabros procedimientos de la dictadura de Francisco Franco, cuando la guardia civil española, sacaba de la casa a los opositores del régimen, los trasladaban a cuarteles, una vez interrogados y torturados les anunciaban la “libertad”, estos corrían y eran masacrados por la espalda por los mismos esbirros, hecho conocido como “la ley de fuga”.
No se equivoque señor ministro, el derecho a la vida de cualquier persona está por encima de leguleyadas y alocuciones vacuas.
por Adolfo León Oliveros Tascón | Sep 15, 2020 | Opinion
El 10 de diciembre de 1948, después de la barbarie de la segunda guerra Mundial, las Naciones Unidas proclamaron que: “la ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.
Después del genocidio de judíos en campos de concentración y el uso de bombas atómicas contra civiles en Japón, etc., la gente de ese entonces se aferró a la idea de que, con acuerdos entre dirigentes de todo el mundo, se podrían eliminar de tajo tales hechos abominables. No fue así, vinieron entre otras, las guerras de Corea, Vietnam, los genocidios en Ruanda, Uganda, Yugoslavia, Colombia, Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, con millones de muertos en estado de indefensión, lo que significa que las meras declaraciones no son suficientes para salvar a la población civil e inocentes de la crueldad de los amos de la guerra.
En 1961, Colombia ratificó los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 que forman la base del Derecho Internacional Humanitario y los dos protocolos adicionales de 1977 fueron ratificados en 1993 y 1995, sin embargo desde estas fechas se ha incrementado sustancialmente el abuso y violación de esos derechos, por parte de los actores del conflicto armado y las estructuras criminales.
El único responsable de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, es decir, el derecho a la vida, no reclutamiento de menores, no desplazamiento de personas, etc, es el estado, independientemente de quien sea el transgresor, obviamente con los gobernantes de turno. Las masacres que han acontecido en los últimos meses (55), el asesinato de lideres sociales y desmovilizados, de estudiantes, profesionales y trabajadores asesinados por participar en marchas, indica que el estado no está cumpliendo sus obligaciones. Los derechos humanos son para todas las personas, sin distingo de religión, raza, militancia política, genero, etc, nos incluye a todos.
por Adolfo León Oliveros Tascón | Sep 3, 2020 | Opinion
FOTOMULTAS Y GRUAS
La ley 769 de 2002 artículo 10, entregó una participación del 10% del total de las multas recaudadas por los municipios a favor de una entelequia llamada “Fedemunicipios” que maneja el señor Gilberto Toro desde hace 30 años, lo que ha dado lugar a que se entreguen millonarios recursos públicos a esa entidad sin que se conozca la reciprocidad en obras de interés general.
En los últimos años nuestra ciudad de Cali ha transferido más de cuarenta mil millones de pesos del erario sin que se pueda mostrar alguna construcción u obra realizada por la Federación de Municipios. Lo más grave es que los entes territoriales son lo que colocan toda la infraestructura para hacer posible los comparendos que terminan en tragedia para los ciudadanos, que ven diezmar su patrimonio o perderlo del todo, por el afán de enriquecimiento ilícito de unos pocos.
Algunas personas han comentado que existe connivencia corrupta entre algunos alcaldes y funcionarios del ente para instalar abusivamente cámaras de foto multas sin cumplir los requisitos de ley que, aunado a la persecución implacable contra motociclistas, que en plena pandemia, observan impávidos como suben a grúas su único medio de sustento para depositarlas en improvisadas bodegas, propiedad de miembros de esta red de corruptos.
La victima de estos buitres al tratar de pagar lo que dicen sus victimarios, prefieren que se pudra en esas diabólicas instalaciones cuyas tarifas son arbitrarias, en algunos sitios cobran cuarenta mil pesos diarios, como si se tratara de un hotel. Una casona desvencijada de dos pisos ubicada en la autopista Cali- Yumbo, se convierte en fuente de riqueza, ocupada con motos en todos los resquicios, facturando a diario a los desvalijados ciudadanos y al mismo municipio, el mismo espectáculo se observa en la avenida 3 Norte por el antiguo DAS.
Lo que procede es derogar el mico contenido en el articulo 10 de la ley 769 para acabar con este engranaje de saqueo al pueblo.
