Desde mi trinchera 12 Noviembre 2020

por redacción | Nov 12, 2020 | Opinion

DERROCHE O CORRUPCION

En un país de miseria con gente padeciendo necesidades primarias resulta insólito ver gobernantes dilapidando los escasos recursos en obras no esenciales o por lo menos no atendiendo las aspiraciones elementales de la población orientadas a lograr un bienestar mínimo en esta época terrible de pandemia.

El coronavirus arrasó con miles de micro y medianas empresas dejando en la física calle a gran parte de los trabajadores, condenados a rebuscarse sin éxito, el ingreso diario para sobrevivir, lo que pone en primer orden del gasto público, la inversión social que se materializa, no con limosnas, sino con una política de capacitación para nuevas competencias, empleo masivo y permanente a través de la recuperación de las organizaciones productivas, con incentivos tributarios significativos y respaldo en la consecución de recursos frescos.

Nadie espera que en un escenario apocalíptico de personas desesperadas, aparezca un alcalde inyectando doce mil millones de pesos a un estadio que ya se tragó noventa mil millones de pesos recientemente, sin que se vean obras relevantes frente a la cifra, o invirtiendo otro tanto en una feria virtual  o en alumbrados ambulantes, en estos eventos el derroche y la corrupción pueden andar de la mano, confundiéndose incluso, pues es un crimen dilapidar el dinero de los impuestos en obras suntuarias- no prioritarias, solo para obtener provecho propio.

Es que los ingenieros se quejan de que alcaldes y gobernadores no están sacando a licitación las obras públicas con el cuento de la pandemia, cuentan algunos que varios gobernantes tienen asalariados a profesionales de la ingeniería, quienes reciben directamente los contratos comprometiéndose a entregar a sus “patrones” el 30% de la Utilidad esperada del contrato, y además el “jefe” se raponea otro tanto, quedando solo para la inversión el 40% del contrato.

Dicen que, con la figura de los contratos interadministrativos, que celebran con entidades bajo la órbita del mandatario, eluden de frente la obligación de licitación pública.

Vistas, así las cosas, desde esta nueva perspectiva, resultan entendibles los argumentos de estos gobernantes ligeros con el erario.

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