La Procuraduría General de la Nación exoneró al alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo.
Esto por la presunta mala designación y posesión del Secretario Privado, Mario Alberto Castaño.
La demanda había sido instaurada por el concejal del POLO Carlos Alfredo Croswhaite y el presidente del POLO en Risaralda, Daniel Silva.
Concluye la trascendental audiencia favorable al gobernante de Pereira…
LA DENUNCIA FUE PRESENTADA EN EL 2017
Daniel Silva encuentra motivos para demandar, esta vez al alcalde de Pereira, por posesionar sin los requisitos a uno de sus funcionarios.
Ante la Fiscalía General de la Nación, fue presentada una denuncia contra el alcalde Juan Pablo Gallo por una presunta falsedad ideológica en documento público.
La denuncia se debe a que en el año 2016 cuando posesionaron a Mario Castaño como asesor privado del Alcalde de Pereira, se aseguró en el acta que el funcionario contaba con tarjeta profesional como Ingeniero Industrial, sin embargo se conoció que ésta le fue entregada cuatro meses después de la posesión.
Según Daniel Silva, quien presentó la denuncia, en el manual de funciones de la Alcaldía de Pereira se explica que para el cargo de Asesoría Privada se debe contar con una experiencia profesional de dos años a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Los dos municipios de Risaralda con mayor presupuesto después de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, tienen a sus alcaldes detenidos por orden de la justicia. Las malas costumbres políticas y la pérdida de valores explican esa situación, según fuentes consultadas por EL TIEMPO.
Fernando José Muñoz Duque, gobernante de Dosquebradas, fue capturado por el CTI en agosto del año pasado, junto con algunos de sus secretarios y varios contratistas, en desarrollo de una investigación de la Fiscalía por un posible ‘carrusel’ de contratos en la celebración de cuatro convenios con tres fundaciones.
Desde entonces Muñoz permanece en la cárcel y recientemente su proceso vivió un sorpresivo episodio: en la audiencia preparatoria del juicio, el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira se declaró impedido para seguir con el caso porque, según él, le corresponde a un juez de Dosquebradas y no a uno de Pereira.
Ahora será el Tribunal Superior de Pereira el que resolverá el impedimento expuesto por el operador judicial. Mientras tanto el plazo que tiene la Fiscalía para presentar el escrito de acusación se agota, se podrían vencer los términos y las 11 personas detenidas podrían solicitar su libertad.
El llamado Municipio Industrial tiene como alcalde encargado a Leonardo Ramírez, secretario de Hacienda de Risaralda, pero el gobernador, Sigifredo Salazar, nombrará un alcalde encargado de la terna que le envió el partido Conservador.
El alcalde de Santa Rosa de Cabal, Henry Arias Mejía, tiene detención domiciliaria desde el miércoles pasado cuando compareció ante un juez de control de garantías por su presunta participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
En el 2008, los entonces alcalde de Santa Rosa de Cabal, Luis Alejandro Martínez Tabares, y secretario de Gobierno y Tránsito, Carlos Alberto Ramírez Morales, celebraron con Arias, quien era contratista del municipio, un contrato de prestación de servicios para el alojamiento y alimentación de 100 agentes de Policía que apoyarían la seguridad en el municipio de Santa Rosa durante diciembre de ese año.
Pero el objeto del contrato no se cumplió, según la Fiscalía. Los 100 policías nunca llegaron al municipio y el contrato solo se realizó para apropiarse de 10 millones 300 mil pesos. Fue un contrato de papel, según el ente investigador.
‘La gente se cansó de que la robaran’
Una primera impresión del director de la Corporación Vigía Cívica, James Fonseca, acerca de lo sucedido “es que si los dos alcaldes están encarcelados por investigaciones que se derivaron de quejas de ciudadanos, entonces se puede llegar a la conclusión de que buena parte de esto es la conciencia que se le ha despertado a la gente de cuidar lo público y que se cansó de que le robaran las cosas”.
En segundo lugar, el veedor señaló que estos dos casos “ponen de manifiesto que es muy fácil para un funcionario indelicado robar al Estado porque prácticamente los controles no existen.Mientras no haya posibilidades de que todas las operaciones del Estado sean revisadas por los organismos de control adecuados, ellos siempre van a tener una manera soslayada de llevarse las cosas del Estado”.
Pero es el caso del alcalde de Santa Rosa de Cabal el que más indigna a Fonseca. Aseveró que “en los seis meses en que Henry Arias Mejía estuvo de alcalde luego de que un juez, el año pasado, suspendió la medida de aseguramiento en su contra, firmó cerca de 140 contratos, que valieron unos 10 mil millones de pesos y entre esos ya identificamos dos que podrían ser unos contratos torcidos”.
Fonseca recalcó que la justicia no está protegiendo como debería a la comunidad cuando deja en el cargo a funcionarios que son cómplices en determinados delitos.
Y es que mientras los ya mencionados exalcalde Martínez Tabares y el secretario Ramírez Morales fueron condenados el año pasado por el caso del contrato mencionado, un juez dejó libre a Arias Mejía.
Para el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, lo sucedido con los alcaldes de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal es “preocupante y es una muestra de que estamos en crisis y que debemos trabajar muy fuertemente en temas de valores”.
Salazar precisó que los alcaldes deben tener sentido de pertenencia por su territorio, por la gente, además de honestidad y respeto. No obstante, advirtió que los alcaldes de marras no han sido condenados y se debe esperar que actúe la justicia.
Solo para que usted lector tenga en cuenta: los presupuestos actuales de Dosquebradas y de Santa Rosa de Cabal son aproximadamente de 264 mil millones de pesos y 50 mil millones de pesos, respectivamente.
Luego de 9 meses de trabajo continuo fueron concluidas las excavaciones en el proyecto Nuevo Egoyá, de esta manera, queda totalmente construido el túnel de 660 metros que albergará la tubería de 2 metros de diámetro para la conducción de las aguas de esta quebrada, mitigando así, un riesgo que por años ha estado latente en el centro de la ciudad.
Al respecto, Roberto Parra Flórez, Subgerente Técnico de Aguas y Aguas de Pereira, este es un día muy importante porque ya estamos ejecutando 660 metros lineales de tunnel linner, es decir desde el Éxito que es la calle 16, en diagonal hasta la carrera 12 y por ésta hasta la calle 22 con carrera 11 ya está conectado el 100% del túnel, referente a lo que tiene que ver con la excavación para proceder con la instalación de la tubería de 2 metros de diámetro GRP, puntualizó el funcionario.
La última excavación, llevada a cabo en la mañana de hoy, permitió conectar el pozo 1 (Éxito) y 1′ (C.C. Victoria), en adelante se trabajará en la culminación de los empalmes de los pozos de acceso, encole y descole, así como, los llenos de los accesos y el desvío de las aguas del Egoyá viejo al Nuevo Egoyá, actividad que se realizará en dos momentos, inicialmente en el tramo de la calle 19 a la 22 y posteriormente, de la calle 16 a la 19.
A la fecha, la primera fase del proyecto Nuevo Egoyá, registra un avance general del 84%, representados en 8 accesos construidos al 100%; 660 metros de tunnel liner instalado horizontalmente, es decir el total que contempla el proyecto; 555 metros de tubería GRP ubicada en el túnel, de los 660 metros que se deben instalar al culminar obras para un 84% de avance.
Durante la realización de este impactante proyecto de ingeniería se han extraído 7.100 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición, los cuales han sido llevados a sitios autorizados para su disposición final en 1.015 viajes de volqueta; a su vez se han generado 120 empleos directos y 80 indirectos, con lo que se convalida que el Nuevo Egoyá, también tiene alto sentido social y ambiental.
Al concluir la fase I del proyecto, se dará inicio a la fase II que contempla la intervención superficial para el cambio de las redes de acueducto y alcantarillado entre las calles 16 a la 22 con carrera 12 y con ello, la renovación total del asfalto, quedando una vía de 3 carriles, con ciclo ruta y andenes amplios, obras que hacen parte de la Avenida San Jerónimo.
Esta obra emblemática adelantada por la Administración Municipal del Alcalde Juan Pablo Gallo, a través de Aguas y Aguas de Pereira, va desde la calle 16 a la 22 sobre la carrera 12 y su costo total para ambas fases será de $21.534 millones de pesos.
“Impulso de la PLEC será fundamental en mi plan de gobierno”: Diego Naranjo
La continuidad del proyecto de la Plataforma Logística del Eje Cafetero, que lidera el actual Gobernador Sigifredo Salazar Osorio, y que se proyecta como una de las grandes apuestas para el desarrollo económico de Risaralda y el centro occidente del país, será incluida en el plan de gobierno del precandidato a la Gobernación de Risaralda por el Partido Conservador, Diego Naranjo.
“En mi experiencia al interior de la Cámara de Representantes tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Ordenamiento Territorial en el año 2013, por ello, temas como la Plataforma Logística del Eje Cafetero y en general, iniciativas que promuevan la integración regional y el desarrollo económico en Risaralda son de mi especial interés y parte de la gestión que seguiremos realizando en el sector público”, explicó el aspirante al primer cargo del departamento.
DIEGO NARANJO AUDIO
Además, agregó que “este es un proyecto que apunta a la proyección de un departamento en competitividad y sobre todo a que esa zona de La Virginia, pueda agrupar todo el occidente del departamento de Risaralda, los municipios de Caldas y todo el Eje Cafetero en torno a la plataforma que nos va a permitir que se instalen allí universidades, empresas de investigación, de tecnología, de innovación y sobre todo empresas que permitan agroindustrialmente desarrollar ese sector agropecuario del occidente del departamento”.
Indicó de igual forma, que es de su interés continuar con las grandes iniciativas y proyectos que se vienen liderando por la actual administración departamental, como la PLEC y la integración regional a través de la RAP Eje Cafetero. “Es un proyecto que está visualizado a largo plazo, nosotros tenemos la intención de continuar con ese proyecto para que se logre culminar con todo el proceso de planeación en su ejecución final y así poder posicionar a Risaralda como un territorio competitivo y de oportunidades para los ciudadanos, pero lo primero es prepararnos para una integración regional que nos permita tener calidad de vida”, puntualizó el precandidato.
El inmueble, requerido para la construcción de una pilona del cable aéreo, estaba en manos de la propiedad horizontal La Alquería y sus ocupantes habían entablado una tutela contra el Municipio para impedir su recuperación.
El Juzgado Primero Penal del Circuito falló en favor del Municipio de Pereira una acción de tutela que pretendía impedir la recuperación de un predio de uso público ocupado por particulares, para la construcción del cable aéreo.
La decisión fue tomada por la autoridad jurisdiccional para dirimir la impugnación a un fallo de tutela proferido en diciembre 21 de 2018 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, alegando violación al debido proceso, derecho esencial al agua, a la vida en condiciones dignas, y derecho a la propiedad privada y vivienda digna, los que el accionante, edificio La Alquería, consideraba vulnerados con la aplicación de la decisión proferida el 1 de agosto de 2018 por la Inspección 21 Municipal de Policía dentro del proceso radicado 092-2018 y la Resolución 9656 del 15 de octubre de 2018.
Con este fallo de segunda instancia, queda en firme la decisión impugnada y se declara, contraventor, responsable de ocupación ilegal del espacio público, de intervenir y construir sobre el mismo, al edificio La Alquería, ubicado en la carrera 22, número 23-16. Así mismo, se ordenó la demolición de un kiosco, una zona de BBQ, juegos infantiles, tres postes de energía y el retiro o demolición de la malla de cerramiento que se encuentra en esta área, así como un tanque de reserva de agua subterráneo que ocupa un área aproximada de 338.4 metros cuadrados.
Lo autoridad judicial no acogió los argumentos del accionante, según el cual la determinación de la Administración Municipal condenaría a los ciudadanos residentes en la propiedad horizontal a ser excluidos de los servicios públicos (agua-energía), siendo en este sentido la acción de tutela esencialmente preventiva con el fin de evitar esta vulneración. Así mismo, insistía en que el proceso policivo no se desarrolló con apego al debido proceso, siendo un notorio abuso de la función pública en cabeza de los accionantes.
Según el fallador, el juez de primera instancia decidió no tutelar los derechos fundamentales del accionante, al considerar que este tipo de asuntos corresponde dirimirlos al juez natural, y porque además no se evidenciaba vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante.
En el caso concreto, y ante la insistencia de los propietarios de La Alquería, el juez tuvo en cuenta que no es del interés de la Administración Municipal privar a los residentes en La Alquería de los servicios públicos, como se prueba en el hecho de que han adelantado las gestiones pertinentes ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y la Empresa de Energía de Pereira, con el propósito de que emitan los correspondientes conceptos técnicos para el traslado o modificación del tanque de agua y la reubicación de los postes de energía, todo ello con el fin de garantizar el acceso a estos servicios.
A conocer el fallo, el gerente del proyecto Juan Guillermo Ángel Mejía reiteró el acatamiento al mandato judicial y destacó que ha quedado en claro que los bienes públicos son imprescriptibles, y ningún particular puede apoderarse de ellos.
Procuraduría abrió indagación preliminar contra el alcalde y concejales de Armenia (Quindío) por viaje a Turquía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de Armenia (Quindío), Óscar Castellanos Tabares, y 12 concejales, por establecer, por presuntas irregularidades en la autorización y aprobación de un viaje a Turquía.
La Procuraduría Regional de Quindío busca establecer si hubo faltas disciplinarias en la asignación de los gastos del viaje, y en la autorización dada para que Castellanos Tabares y algunos cabildantes viajaran en la semana comprendida entre el 6 y el 13 de febrero de 2019.
De igual manera, se espera determinar si el concejo municipal valoró la importancia, pertinencia y beneficio que traía para el desarrollo de la ciudad el desplazamiento a Turquía.
El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas tendientes a verificar la ocurrencia de la conducta, sus autores y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
El alcalde y los concejales podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
