Desde siempre algunos sectores minoritarios de la población plantean, sin argumento científico, que la pobreza es virtud para que la gente se resigne a padecerla sin chistar, lo mismo afirman frente al hecho del deceso, indicando que este llega el día en que se está planillado, y que no vale esfuerzo alguno para postergarla, desde luego que son frases que responden a una ideología predeterminada para justificar los permanentes abusos y actos de corrupción de la clase dirigente que transitoriamente administra los recursos públicos.
Empezando por la penuria, escases de recursos, hambre, es claro que en cualquiera de esos estados ningún ser humano experimenta placer y mucho menos felicidad, por el contrario, el espíritu se llena de rabia, resentimientos, odios, que nada tienen que ver con bondad o estados celestiales. En la actualidad se ha demostrado por parte de los órganos de control que anualmente los gobernantes se roban 50 billones de pesos del erario, suma de dinero que alcanzaría para sacar de la marginalidad a todos los colombianos.
El segundo asunto es el fallecimiento, que biológicamente es imparable, nacemos, nos reproducimos y morimos, es lo que nos enseñan desde la escuela, el tiempo de morir es otra cosa, hoy con la tecnología y los grandes avances en la medicina es posible retrasar el momento de la partida, existen tratamientos para enfermedades catastróficas, e inclusive en casos como en la actual pandemia podrían evitarse tantas muertes si tuviéramos un sistema público de salud que permitiera realizar las pruebas del covid para rastrear los contagios, contar con suficientes camas UCIS con insumos y personal que evitara la selección aleatoria de pacientes para que médicos no tuvieran que elegir quien vive y quien muere.
Resulta que en nuestra patria se incluyen en el presupuesto de la nación y de los entes territoriales más de 50 billones al año que no se ven reflejados ni en atención eficiente ni en infraestructura, esto sin mencionar que las EPS que administran el régimen contributivo disponen de varios billones de pesos que aportan empleadores y trabajadores que se pierden por pésimos manejos.
En conclusión, si se ataca de raíz la corrupción, la muerte y la miseria no son necesariamente circunstancias preestablecidas con modo, tiempo y lugar, se puede aplazar la primera y eliminar la segunda.
Se ha puesto de moda la expresión “primera línea” para referirse a las personas que se encuentran al frente de los puntos de “resistencia” en los distintos municipios y ciudades, como si se tratara de un campo de guerra entre enemigos, lo cual es consecuencia de la forma en que el gobierno nacional interpreta el derecho fundamental a la protesta social protegido en la constitución.
Es necesario empezar por decir que en una DEMOCRACIA el pueblo tiene derecho a escoger canales pacíficos para hacer visible su inconformidad con decisiones de las autoridades que los afectan, toda vez que, en países como el nuestro, el sistema de representación no funciona, los congresistas, diputados y concejales se han convertido en voceros de sus propios intereses, ignorando a sus electores. Para muestra tenemos el triste escenario de un grupo de senadores votando contra la matricula cero con argumentos falaces e inanes.
En este orden de ideas, la comunidad solo encuentra como camino para lograr sus reivindicaciones, la presencia física en las calles con carteles, pancartas, megáfonos, grafitis y otras herramientas validas que han demostrado eficacia, como es la caída de la reforma tributaria de Carrasquilla – Duque, pero la sordera y ceguera del gobierno, que se niega a aceptar la evidencia de los justos reclamos de un pueblo que no está dispuesto a dejarse morir de hambre, lleva a una radicalización extrema en cuyo desespero se llega al tema de los puntos de resistencia y bloqueos, que terminan siendo infiltrados por vándalos y terroristas con resultados adversos para los manifestantes.
Se puede afirmar que la represión violenta de la protesta social es causa primaria de la reacción errónea de bloqueos y puntos de resistencia, toda vez que si el gobierno hubiese escuchado y atendido oportunamente a los administrados, como es su obligación, Colombia y el mundo no lloraría hoy la vil muerte, mutilación y desaparición de cientos de jóvenes que solo reclamaban un futuro mejor.
El Exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en un articulo publicado el 23 de mayo de 2021, en una clásica salida en falso le solicita al presidente Iván Duque declare la conmoción interior en los términos del artículo 213 de la Constitución Nacional para suspender las leyes que garantizan las libertades ciudadanas y reprimir con la fuerza pública el derecho fundamental a la protesta social consagrado en el artículo 37 de la Carta magna.
Esta petición del señor Vargas Lleras es totalmente inoportuna, porque atiza más la hoguera, toda vez que está demostrado que el camino valido para resolver los reclamos que formula la ciudadanía es el dialogo sincero, abierto que lleve a una negociación cuyos puntos acordados se cumplan. En este momento crucial en que el comité del paro y los representantes del Gobierno están sentados en la mesa, propiciando un ambiente de mutua confianza, cae como un baldado de agua fría en un amanecer gélido.
La solicitud del exvicepresidente es igualmente insensata e irresponsable por recordar la nefasta fecha del 19 de abril de 1970 en que siendo presidente su abuelo Carlos Lleras Restrepo, decretó el toque de queda robándole las elecciones al general Rojas Pinilla, según versión del fallecido exministro Carlos Augusto Noriega, veinte años después del fraude.
Es que en la oposición ya se está hablando de un supuesto golpe de estado por parte de la extrema derecha para impedir las elecciones programadas para el año 2022, situación que si llegará a darse nos convertiría en una país paria ante la comunidad internacional, tal como acontece con Venezuela, Birmania, nicaragua, etc.
Vargas Lleras de feroz opositor en la prensa pasa a convertirse en una abyecto peor que los áulicos tradicionales, dejando la impresión de que su nueva postura obedece a los tres ministerios con que cuenta ahora o a la piedra que le dio por no haberse tramitado en el congreso la perversa reforma a la salud rechazada por todos los médicos, en razón a que solo buscaba acabar con el sistema público, convirtiendo a los pacientes en meros clientes y pauperizando más la profesión.
Es evidente que el ejercicio masivo del derecho fundamental a la protesta social produce efectos inmediatos en la agenda pública nacional, regional y local, prueba de ello es la caída de la reforma tributaria con los monstruos allí incubados como el IVA a los servicios públicos, a los alimentos, el impuestos a las pensiones; la reforma a la salud que pretendía arruinar el sistema público dando paso a los grandes oligopolios, convirtiendo al paciente en un mero cliente atendido por su capacidad de pago, la reculada en la compra de aviones de guerra por 14 billones de pesos; en el plano municipal se logró que el alcalde Ospina desistiera de alguna de sus mega obras como es la remodelación de la avenida sexta a la que hace poco le invirtieron miles de millones de pesos y seguramente las faranoicas construcciones proyectadas con el endeudamiento por $650.000 millones de pesos, alegremente aprobado por el concejo, solo pensando en las jugosas comisiones.
Faltan muchas cosas por hacer, entre ellas la implementación de un programa nacional de educación para las personas jóvenes que incluya mejoramiento de la calidad en todos los niveles, de prescolar hasta superior, acceso gratuito para todos los que demuestren sumariamente incapacidad de pago, el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa para generar empleos con salarios dignos.
Alguien preguntará sobre la forma de financiación a lo cual se pueden ofrecer varias respuestas, primero, si se implementa íntegramente el acuerdo de paz, tal como estaba previsto en los acuerdos ratificados en el teatro colon, tendríamos una reducción en el gasto militar de un 20% en el primer año, que significa aproximadamente 15 billones de pesos; segundo, el gobierno debe promover una política de incentivos y recompensas para quienes denuncien con pruebas hechos de corrupción, con el firme propósito de evitar futuros latrocinios y recuperar lo que reposa en manos de los bandidos. Es vital consagrar en la Constitución Nacional la prohibición de contratación directa y la celebración de contratos interadministrativos, que son la vena rota por donde se desangra el erario.
La contraloría General de la República habla de robo de recursos públicos al año en cuantía de 60 billones, si con las medidas anteriores logramos bajar el 50% de esta vergonzosa situación, contaríamos con 30 billones que, sumado a la cifra mencionada arriba, tenemos un dinero respetable para empezar a cumplirle a la juventud.
Podemos concluir que la corrupción es la madre de todos los males.
Debo empezar por expresar mi profundo rechazo a la reacción violenta de algunos miembros de la fuerza pública contra muchas personas inermes que pacíficamente protestan por múltiples causas que tienen al pueblo agobiado, sin perspectivas hacia el futuro, padeciendo todo tipo de necesidades en sus hogares, incluyendo la inaplazable hambre. No desconozco que se han detectado casos gravísimos de vandalismo, unos propiciados o ejecutados por infiltrados de sectores que quieren ignorar las reivindicaciones populares, otros por personas que se dejan provocar por agitadores profesionales y muchos que no pueden atajar la rabia que produce la corrupción, hechos repudiables en razón a que la violencia no es el camino correcto.
Se sabe desde mucho tiempo atrás, especialmente a partir de los encierros ordenados por autoridades gubernamentales, que la ausencia de ingresos y la consiguiente hambruna, no garantizaba disciplina “social” y mucho menos de convivencia pacífica, toda vez que como verdad de “perogrullo” es imposible tener contenta a una sociedad sin posibilidades de supervivencia.
Las autoridades conocen, mejor que nadie lo anterior, sin embargo, haciendo alarde de actos de derroche, malversación (ferias virtuales, alumbrados ambulantes, contratos multimillonarios en la gobernación del Valle, en la EPSA, y otras entidades estatales, incluyendo la presidencia de la república), desafían a un pueblo angustiado, que se dan cuenta directamente de todos estos latrocinios que se hacen con el presupuesto público y que con impotencia contemplan como estos impostores compran inmuebles de tres mil millones de pesos en zonas exclusivas de Cali con el dinero que está destinado para garantizar la salud, educación y bienestar de las comunidades.
Corolario de lo anterior es que el gran responsable de la critica situación que estamos viviendo son los mismos gobernantes que se apropian indebidamente de los recursos públicos para su propio beneficio y con insolencia plantean seguir exprimiendo a un pueblo que ya no aguanta más, coyuntura igual a la que se vivió en la época de la revolución de los comuneros con José Antonio Galán, Manuela Beltrán, entre otros.
Nos toco vivir una de las épocas de mayor incertidumbre en la historia de la humanidad, donde todos los días las noticias son cifras de muertos que parecen no parar, curvas geométricas de contagiados, amagos de guerras internacionales, Colombia- Venezuela, Rusia con Ucrania y a nivel nacional, el regreso a la destrucción de pueblos (corinto- Argelia), bombardeos, etc, fumigaciones con glifosato y muchos eventos que generan depresión y angustia en el pueblo.
Para rematar las autoridades nacionales, regionales y locales han actuado con torpeza y sevicia contra la gente; por un lado presentan una reforma tributaria que afecta gravemente a los trabajadores que nos pone al borde la miseria (IVA servicios públicos, alimentos, entierros y demás) y simultáneamente hacen alarde de derroche y malversación (gasto de 14 de billones en maquinaria para matar, publicidad para exaltar vanidades de gobernantes, ferias virtuales, contratos sin licitación pública, lujos en embajadas y consulados, etc), todo para desafiar a la opinión pública pensando que la ciudadana no va a reaccionar.
Alcaldes y gobernadores convertidos en dictadorzuelos toman decisiones al calor de las encuestas y de los catastróficos resultados de medidas incorrectas, tal como ha pasado en Bogotá con las instalaciones de Corferias, en Cali con la famosa adecuación de SaludCoop, donde se “invirtieron” cuantiosas sumas del erario y hoy por hoy, no muestran utilidad frente a la ampliación de camas UCI.
Lo que vemos en la actualidad son gobernantes descargando toda la responsabilidad en la sociedad alegando una mal llamada “indisciplina social”, cuando se sabe que transcurridos 14 meses del inicio de la peste, no se incrementaron significativamente las salas de cuidados intensivos ,siendo uno de los países que tiene el menor de los porcentajes de la región comparado con la población; igualmente no distribuyeron ingresos en dinero a las personas que perdieron sus ingresos, obligándolos a encerrarse para morirse de hambre; sumado a las improvisaciones en todo el manejo de las vacunas, con anuncios no ajustados a la realidad, demora en autorizar a particulares, entre otras falencias.
Ante este panorama es triste concluir que vamos como el cangrejo, un paso adelante y dos atrás.
