El Senado de la República ha dado luz verde a la reforma pensional, en la noche de este martes 23 de abril, propuesta por el Gobierno Petro. Esta decisión implica que el articulado será debatido ahora en la Cámara de Representantes.
Durante la plenaria, se aprobaron varios artículos controversiales como el funcionamiento del régimen de transición. Según lo aprobado por el Senado, las mujeres que cuenten con 750 semanas de cotización y los hombres con 900 semanas podrían pensionarse bajo las condiciones establecidas en la Ley 100.
De acuerdo con el abogado Kevin Hartmann, experto en temas pensionales, el régimen de transición funciona como una excepción a la nueva ley para aquellos cotizantes próximos a pensionarse. Esto significa que no estarían sujetos a los parámetros de la nueva reforma pensional.
Además, el Senado ha establecido que la reforma entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025, siempre y cuando sea aprobada en su totalidad por el Legislativo.
A pesar de las diferentes propuestas que sugerían los años 2027 y 2026, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha insistido en que el Gobierno estará preparado para que el proyecto pueda comenzar a implementarse a mediados del próximo año.
La jornada estuvo marcada por tensiones entre María José Pizarro, de la mesa directiva del Senado, y congresistas de la Oposición, como Paloma Valencia.
Esto se da en medio de cifras del sistema pensional precarias, por ejemplo, actualmente, solo 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 8 mujeres se pensiona.
les presenta los diferentes artículos cruciales la nueva reforma, aprobada anoche por el Senado:
Régimen de transición: Establecido para aquellos cotizantes cercanos a la edad de pensión, quienes conservarán las reglas del sistema anterior (Ley 100). Para acceder a este beneficio, las mujeres deben tener 750 semanas cotizadas y los hombres 900.
Fecha de entrada en vigencia: Se definió el 1 de julio de 2025 como la fecha inicial para la aplicación de la reforma, siempre y cuando esta sea aprobada en su totalidad por el Congreso.
Pilar solidario: Este pilar busca garantizar una renta básica para la población vulnerable que no logró cumplir con los requisitos para pensionarse.
Montos de cotización: Se fijó una cotización total del 16% del Ingreso Base de Cotización, dividida entre el empleador (75%) y el trabajador (25%). Se mantuvo igual al regimen actual.
Junta directiva de Colpensiones: Se establecieron las reglas para la conformación de la junta directiva de Colpensiones, la entidad encargada de administrar el régimen público de pensiones.
Traslados: Se definió un plazo de dos años a partir de la promulgación de la ley para que las personas con 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 semanas (hombres) y a menos de 10 años de la edad de pensión, puedan trasladarse de régimen si así lo desean.
Polémica por régimen de transición y entrada en vigencia
A Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, no le parece buena noticia tres puntos de la pensional: el umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones, el fondo de ahorro que lo administraría el Banco de la República y la entrada en vigencia del articulado a partir del 1 de julio de 2025.
“No son buenas noticias para el país… Difícil que la Cámara ajuste para bien la reforma que sale del Senado”.
Asimismo, expertos como el abogado Andrés Izquierdo sugieren 2027 como fecha ideal, considerando el tiempo necesario para la implementación y la pedagogía hacia la población. Otros analistas señalaron que el tiempo de respuesta dependerá de la rapidez del Gobierno en regular las disposiciones del Congreso y de la capacidad de Colpensiones para adaptarse al nuevo sistema.
En definitiva, la aprobación del proyecto en el Senado representa un avance, pero aún queda camino por recorrer.
La iniciativa deberá ser debatida y aprobada en la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley. De aprobarse en su totalidad, la reforma pensional colombiana entraría en vigencia el 1 de julio de 2025, marcando un cambio fundamental en el sistema de seguridad social del país.
El último informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia le hizo un jalón de orejas al Gobierno por el que sería un incumplimiento del Acuerdo de Paz: las garantías de acceso a una vivienda propia para los reincorporados de la extinta guerrilla de las Farc.
“La falta de viviendas para excombatientes siguió siendo uno de los desafíos más importantes del Gobierno”, apuntó António Guterres, secretario general de la ONU, durante la presentación del informe trimestral (enero-marzo de 2024) que le hace seguimiento al Acuerdo de Paz.
En efecto, desde el gobierno del expresidente Iván Duque se planteó la posibilidad de que los predios –en los que se ubicaban los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)– fueran comprados y adecuados para las viviendas de los excombatientes.
Ese anunció ocurrió el 9 de marzo de 2022. La Universidad Nacional había hecho un estudio de prefactibilidad en el que indicó que los ETCR de Llano Grande y Mutatá (Antioquia), La Fila (Tolima) y Los Monos (Cauca) eran viables para la implementación del proyecto de vivienda.
El plan implicaba la construcción de 521 viviendas para los excombatientes y una inversión de 50.000 millones de pesos en esos cuatro departamentos.
El gobierno de Duque terminó y asumió el presidente Gustavo Petro. Entre ambas gestiones solo han podido construir 37 viviendas –todas en Cauca–, advirtió la ONU.
Desde que se hizo la promesa han pasado 768 días.
“La mayoría de la población ya estaba ubicada fuera de los espacios territoriales y, además, hubo muchas dificultades en los acuerdos sobre quienes debían ser los priorizados para vivienda en los ETCR. El gobierno pasado finalizó sin una sola vivienda entregada en esos Espacios Territoriales”, señaló Laura Vega, delegada de los reincorporados ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
El CNR es una instancia que reúne a delegados del Estado y de los excombatientes para discutir las necesidades que han surgido con la implementación del Acuerdo. Allí, justamente, se le planteó al Gobierno pasado, nuevamente, que la necesidad de vivienda de los excombatientes persistía.
Entonces, el expresidente Iván Duque firmó el decreto 650 del 27 de abril de 2022. El articulado le otorgó un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes a las personas en proceso de reincorporación que, además, cumplieran con los requisitos para ser aceptados en el programa de Mi Casa Ya.
“Esta iniciativa solo aplica para los reincorporados que están en la ciudad, porque Mi Casa Ya no tiene proyectos en municipios pequeños. Además, son para vivienda nueva. Eso implica que el firmante deba adquirir una deuda con el banco y, muchas veces, esta población no tiene la capacidad de endeudamiento. Por eso son muy pocos los que han podido acceder a ese subsidio”, añadió Vega.
La cifras entregadas por la Misión de Verificación indican que hasta ahora se han entregado 31 subsidios de vivienda para una población que alcanza las 10.500 personas. Solo el 0,3% de los excombatientes, que viven fuera de los ETCR, ha logrado acceder a una vivienda propia.
Este 11 de abril el CNR sesionó y acordó citar a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, para tratar de encontrar alternativas a las dificultades de acceso a la propiedad que tienen los firmantes del Acuerdo. Tarea que, dicen, será difícil.
“Ha sido complejo el relacionamiento con MinVivienda. Se le ha solicitado reuniones y la respuesta siempre es que no hay recursos. Pero la idea es encontrar salidas a este tema tan complejo”, puntualizó Vega.
De momento, no hay fecha confirmada para que la ministra escuche las necesidades de los excombatientes en materia de vivienda. Eso sí, el llamado de la ONU fue claro: “Es crucial que el Ministerio de Vivienda actúe para resolver esta situación. Sería beneficioso implementar soluciones como los programas de autoconstrucción y facilitar el acceso a los subsidios de vivienda”.
Desde este 9 de abril está en vigencia la medida de instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar el sistema actual de salud. Esta acción se dio por orden del presidente Gustavo Petro, en reunión con diferentes entidades. Además, será liderado por el Ministerio de Salud, en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
“El Gobierno instalará un Puesto de Mando Unificado para garantizar el derecho a la salud en todo el territorio nacional”, añadieron desde la Presidencia.
“Teniendo en cuenta el propósito de poner en marcha un modelo preventivo y predictivo, este Centro de Monitoreo en Salud, liderado por el @MinSaludCol, buscará velar y garantizar que ninguna EPS deje de prestar sus servicios, evitar que otras EPS entren en liquidación y asegurar que las personas tengan un servicio adecuado”.
Esto se realiza luego de una reunión entre las EPS y el presidente Petro, donde acordaron buscar la “apertura a entes de control para que hagan veeduría, la vigilancia de los recursos y el goce efectivo de los derechos de los usuarios”.
También, se pretende garantizar que las Entidades Promotoras de Salud no dejen de prestar el servicio a los usuarios para que “no se repita la historia de las EPS intervenidas”.
Este miércoles en la tarde, el presidente Gustavo Petro convocó una reunión en Casa de Nariño con el fin de discutir la problemática de las altas tarifas de energía en el Caribe.
A la reunión fue convocado el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, pero no el sector privado.
Esta reunión se da en medio de las quejas que cientos de habitantes de la Costa Caribe han expresado al Gobierno Nacional sobre el incremento en las tarifas de energía. Con facturan en mano, denuncian precios elevados en la tarifa del servicio.
¿Riesgo de apagón?
En una comunicación dirigida al Gobierno Nacional, XM, la empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN), encendió las alarmas ante el bajo nivel de los embalses e instó a que se tomen medidas urgentes para alejar al país del fantasma de un apagón.
Según advirtió la compañía, dado que el volumen útil en promedio del sistema alcanzó un 31,86% este fin de semana, una cifra que ya está por debajo de los mínimos históricos de los últimos 20 años, las autoridades deberían iniciar cuanto antes una campaña masiva para que se reduzca el consumo de energía, recortar las exportaciones a Ecuador y poner a las térmicas a funcionar al máximo.
Precio de energía sube en bolsa
De hecho, este miércoles el mercado amaneció con un precio de energía en bolsa de $1.021,60 por kilovatio/hora (KWh). Una noticia que no es nada buena para el bolsillo de los ciudadanos colombianos, ya que en el próximo recibo de la luz podrían verse incrementos en la tarifa.
Así lo ha venido manifestando Codisgen, gremio que reúne a los comercializadores y distribuidores de energía en Colombia.
Esta situación se da en medio de la sequía que trajo el fenómeno de El Niño ya está pasando factura y la alerta reciente por el bajo nivel de agua en los embalses está moviendo el mercado bursátil.
En su más reciente revisión de la macroeconomía colombiana, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro para mantener una estabilidad y recuperación de la economía en medio de un panorama desafiante.
Para el fondo, es importante resaltar que 2023 fue un año cargado de complejidades, caracterizadas por el sobrecalentamiento de la economía (alta inflación) tras el impacto de la pandemia. Esto influyó para que el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano experimentara una marcada desaceleración.
Superado este episodio, las expectativas apuntan a que el país continúe su transición hacia niveles más sostenibles de demanda y actividad económica, así como en la reducción de desequilibrios económicos.
Las previsiones del FMI para el país es que cierre el año con un repunte en su PIB del 1,1 %, así como una inflación del 5 %, siempre y cuando se continúe con políticas macroeconómicas prudentes. Mientras tanto, se proyecta que el déficit en cuenta corriente se estabilice en torno al 3.0 por ciento del PIB este año.
No obstante, hay que decir que estas cifras siguen siendo tímidas frente a lo que sería una economía vigorosa, pues hay que recordar que en el pasado el país ha logrado consolidar crecimientos en su PIB más significativos, y niveles de inflación más bajos (de hecho, la actual carestía aún está lejos de la meta del 3 % que se ha trazado el Banco de la República) pero, como bien lo destaca el FMI, el contexto macroeconómico por el que atraviesa el país (y gran parte de las economías del mundo) no es sencillo, por lo que se resaltan los esfuerzos para mantener los niveles que got tiene la economía nacional.
“Aunque los riesgos para las perspectivas permanecen elevados e inclinados hacia el posible deterioro de la economía, los fundamentos económicos, las políticas y los marcos de política de Colombia son sumamente fuertes y respaldan la resiliencia del país. En el frente externo, los riesgos provienen de una intensificación de las tensiones geopolíticas, condiciones financieras mundiales más restrictivas y perturbaciones en las cadenas de suministro, que podrían impactar negativamente en el crecimiento y la inflación del país”.
En cuanto a desafíos más locales, el FMI detalló que el fenómeno de El Niño alcanzó a generar un impacto en la economía nacional, a la par de que la demanda privada fue más débil (por la alta inflación y elevadas tasas de interés).
El fondo también emitió un concepto sobre las reformas, al decir que una calibración inadecuada de las mismas, amén de la incertidumbre que puedan generar, podrían conducir a escenarios de mayor inflación.
Sobre esto también han alertado voces de gremios y expertos a nivel nacional, quienes si bien no niegan la necesidad de que Colombia adopte reforman en el componente pensional, laboral y de salud, las mismas deben estar bien sustentadas, así como demostrar sostenibilidad a largo plazo.
Los directores ejecutivos del FMI felicitaron a las autoridades económicas del país por “la gran solidez de sus políticas macroeconómicas y marcos de política, que ha contribuido a una marcada reducción de los desequilibrios internos y externos a pesar de un entorno desafiante. Los directores destacaron que la Línea de Crédito Flexible (LCF) contribuye a afianzar aún más la resiliencia al aportar colchones externos adicionales contra riesgos extremos y al apuntalar la confianza de los mercados. Tras observar que los riesgos se inclinan hacia el posible deterioro de la situación económica, los directores destacaron la importancia de seguir calibrando cuidadosamente las políticas macroeconómicas a fin de reducir de forma duradera los desequilibrios remanentes, además de promover la agenda social de Colombia”.
El FMI también considera importante implementar reformas estructurales que impulsen la productividad, así como fomentar la transición energética.
Los elogios al gobierno de Petro también se concentraron en la consolidación fiscal de los últimos dos años, así como en la promoción por reducir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (FEPC) por el alza que se ha registrado en el precio de la gasolina. A esto se suma el compromiso que se ha demostrado por respetar la regla fiscal (aunque este año el comité autónomo de esta ha alertado sobre posible incumplimientos por errores en las cuentas que el Gobierno incluyó en el Presupuesto General).
También mereció un reconocimiento los esfuerzos que ha hecho el Banco de la República en su misión por reducir la inflación mediante el alza en las tasas de interés, las cuales ya empezaron a descolgarse ante la senda de desaceleración que ha manifestado la carestía.
“Los directores también estuvieron de acuerdo en que el régimen cambiario flexible de Colombia debe seguir facilitando los ajustes externos, y acogieron con satisfacción el plan del banco central de acumular más reservas internacionales de manera proactiva. Los directores estuvieron de acuerdo con que el sector financiero continúa siendo resiliente y recomendaron que se sigan vigilando con atención los riesgos, debido también al aumento de los préstamos en mora, y alentaron a seguir avanzando en la implementación de las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) de 2022. Los directores hicieron hincapié en que gestionar los potenciales riesgos para la estabilidad financiera derivados de la propuesta de reforma de las pensiones sería importante”, añade el documento.
En pro de mejorar los indicadores macroeconómicos del país, el FMI recomendó implementar reformas que favorezcan la productividad y la inversión privada en el país. En cuanto a los actuales proyectos de reforma que cursan en el Congreso, sugieren que estos estén enmarcados en la política existente, así como en la preservación de la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera y equilibrando las consideraciones de equidad y eficiencia.
Finalmente resaltaron los esfuerzos por reducir la dependencia del petróleo y del carbón (la mencionada transición energética), así como en la diversificación de las exportaciones colombianas.
“Asimismo, animaron a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para seguir fortaleciendo la gobernanza y la transparencia, así como mitigar los riesgos de corrupción”, concluye el reporte.
