por Antonio Claros | Jul 9, 2026 | Tribuna de opinion
Colombia terminó 2025 como el país con el mayor déficit primario de América Latina. El hecho da cuenta del deterioro de las finanzas públicas que heredará el próximo Gobierno que asumirá la riendas del país el 7 de agosto.
Para contexto, este indicador mide la diferencia entre los ingresos y los gastos de las cuentas estatales, pero excluyendo el pago de intereses de la deuda. Ese hueco pasó de 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a 3,6% en 2025, es decir un repunte de 1,2 puntos porcentuales en tan solo un año.
En plata blanca, el desfase representa un hueco cercano a $66 billones, lo que refleja un mayor desequilibrio entre los recursos que recauda el Estado y el costo de su funcionamiento e inversión pública.
¿Qué explica el deterioro de las finanzas públicas?
Así las cosas, a ojos de los analistas económicos, el panorama de las finanzas públicas es crítico y requiere de decisiones rápidas, de austeridad en el gasto, recortes e, incluso, centros de pensamiento como Anif recomiendan apostar por una reforma tributaria.
En concepto de Luis Fernando Ramírez, profesor e investigador económico, sostuvo que equilibrar las finanzas públicas solo es posible mediante un aumento de los ingresos, una reducción del gasto o una combinación de ambas estrategias.
El académico considera que el actual esquema tributario ha concentrado el esfuerzo fiscal sobre el patrimonio y otros activos, en lugar de gravar actividades que generan valor económico. “Lo que realmente debería gravarse son los flujos dinámicos, básicamente la renta, las transacciones, las operaciones y el comercio internacional, que es donde realmente hay agregación de valor”, señaló.
Ramírez comentó que una reforma tributaria orientada hacia impuestos asociados a las ganancias efectivas de personas y empresas contribuiría a mejorar el recaudo sin depender principalmente de gravámenes sobre los activos.
En materia de gasto público, advirtió que será inevitable realizar ajustes. Según señaló, será necesario revisar la estructura operativa del Estado, el número de entidades y funcionarios, además de identificar focos de despilfarro y problemas en la asignación de recursos públicos.
De hecho, el presidente electo Abelardo de la Espriella contemplaría la fusión de algunos ministerios durante su mandato para reducir el gasto.
Frente a otros países
La premisa de los expertos es que los datos dan cuenta que el problema es tan grave que ya supera a sus pares en la región. La cuestión es que hasta 2021 Colombia registró uno de los menores déficits primarios entre las principales economías de América Latina e, incluso, ocupó esa posición durante cuatro años consecutivos, según datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
En ese periodo, las diferencias frente a países como Brasil obedecían principalmente al mayor pago de intereses de la deuda brasileña, mientras Chile y Perú mantenían déficits fiscales más contenidos.
Sin embargo, la pandemia modificó ese panorama. En 2020 todos los países registraron elevados déficits primarios, pero posteriormente comenzaron a seguir trayectorias diferentes.
Hacia 2023, Chile, Perú y Brasil lograron reducir nuevamente sus déficits primarios, mientras Colombia mantuvo un desbalance significativamente superior al de sus pares regionales.
Hoy, según datos del informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2025, Colombia registra el déficit primario más elevado de Latam
Crecimiento más débil y mayor endeudamiento
El análisis del Observatorio también advierte que Colombia perdió una de las principales fortalezas que durante años justificó un mayor nivel de endeudamiento: crecer por encima del promedio regional.
Entre 2013 y 2019, así como durante la recuperación económica de 2021 y 2022, el país registró un mejor desempeño económico frente a otras economías latinoamericanas. Sin embargo, esa ventaja se ha reducido hasta ubicarse entre los crecimientos más débiles del grupo.
Al mismo tiempo, el nivel de endeudamiento aumentó de forma estructural. Colombia dejó de pertenecer al grupo de países con menor deuda pública y ahora enfrenta una mayor vulnerabilidad frente a cambios en las tasas de interés y en el comportamiento del tipo de cambio.
Concluye que el argumento del Gobierno Petro de justificar un mayor endeudamiento porque impulsaría el crecimiento económico ya no encuentra respaldo en las cifras recientes, pues el país no está creciendo por encima de sus vecinos.
Diego Montañez, analista económico, anotó que a mayo de 2026 la deuda bruta del Gobierno Nacional asciende a $1.169 billones, equivalente a cerca del 61% del PIB, uno de los niveles más elevados registrados para la Nación.
El analista aseguró que el principal desafío no es únicamente el tamaño de la deuda, sino su sostenibilidad. En un contexto de elevados déficits fiscales, un mayor endeudamiento incrementa las necesidades de financiamiento y reduce la capacidad del próximo Gobierno para destinar recursos a inversión pública o al desarrollo de nuevos programas sociales.
A evaluar
Los expertos consultados advierten que el debate fiscal no debería limitarse únicamente al cumplimiento de una meta de déficit. En su lugar, considera que será necesario evaluar de manera conjunta la evolución del crecimiento económico, el endeudamiento y el balance fiscal.
Según el análisis, Colombia enfrenta dos caminos posibles: acercarse a modelos como los de Chile y Perú, caracterizados por déficits más controlados y mayor margen de maniobra fiscal, o continuar aproximándose al escenario de Brasil, donde altos niveles de deuda y déficits persistentes han reducido la capacidad de respuesta frente a choques económicos.
El Observatorio concluye que mantener una combinación de bajo crecimiento, elevada deuda y un déficit superior al de los demás países andinos terminaría obligando a realizar un ajuste fiscal en condiciones más complejas y con menos espacio para implementar políticas económicas.
por Antonio Claros | Jul 3, 2026 | Tribuna de opinion
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que una de sus primeras medidas económicas será buscar la refinanciación de la deuda pública colombiana para aliviar la presión sobre las finanzas estatales y recuperar la confianza de los mercados.
A través de una publicación en X, De la Espriella aseguró que la deuda neta del país se encuentra en niveles históricamente altos y afirmó que ya dio instrucciones al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, para iniciar una agenda de reuniones en Washington con representantes de la banca internacional y organismos financieros multilaterales.
“La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”, señaló el mandatario que asumirá el próximo 7 de agosto.
Asimismo, indicó que el objetivo de esos acercamientos será negociar mejores plazos y tasas para la deuda pública. Según explicó, la estrategia busca darle “oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro”.
¿Cuál es el reto de la deuda que enfrentará el próximo Gobierno?
La iniciativa se plantea en un escenario en el que las finanzas públicas enfrentarán una fuerte presión durante los próximos años. Según cifras recopiladas por La República, entre 2026 y 2030 el Gobierno deberá atender compromisos por cerca de $716,5 billones, cifra que incluye $442 billones en amortizaciones, $230 billones en intereses de la deuda interna y otros $43,8 billones correspondientes a la deuda externa. Solo en 2026 los vencimientos por amortizaciones llegarán a $135,3 billones; posteriormente se ubicarán en $88,6 billones en 2027, $57,2 billones en 2028, $81,1 billones en 2029 y $79,3 billones en 2030.
Aunque parte de estos compromisos podría reestructurarse mediante operaciones de manejo de deuda para extender los plazos de pago, analistas coinciden en que el margen para hacerlo dependerá de la confianza que genere el programa fiscal de la próxima administración.
¿Por qué refinanciar la deuda es cada vez más complejo?
Más allá del volumen de vencimientos, uno de los mayores desafíos es el incremento en el costo del endeudamiento del Estado. Un informe de la Universidad Eafit señala que Colombia ha sufrido un deterioro sostenido en su calificación crediticia en el Gobierno Petro.
Según ese reporte, Moody’s redujo la calificación del país a Baa3 en junio de 2025. Posteriormente, DBRS la rebajó a BB high en septiembre del mismo año, mientras que Standard & Poor’s realizó dos recortes hasta ubicar la nota en BB- el pasado 8 de abril.
El documento también advierte que el rendimiento de los Títulos de Tesorería (TES) a 10 años en pesos ha superado el 13%, niveles que no se observaban desde hace varios años, mientras la curva de rendimientos permanece invertida, reflejando una elevada prima de riesgo.
Durante 2025 las colocaciones de TES de largo plazo alcanzaron $66 billones, la cifra más alta desde 2009. Además, el servicio total de la deuda podría llegar a un récord de $190 billones en 2026, año en el que únicamente el pago de intereses absorbería uno de cada tres pesos del recaudo tributario.
El análisis académico también alerta sobre un posible “efecto bola de nieve”, en el que la menor confianza de los inversionistas eleva las tasas de interés, incrementa el costo del servicio de la deuda y obliga al Estado a realizar nuevas emisiones de títulos. A esto se suma que Colombia presenta rendimientos superiores a los de otros países de la región: mientras los bonos colombianos a 10 años rondan el 12,71%, México paga cerca del 9%, Perú alrededor del 6% y Chile aproximadamente 5,4%.
El Gobierno ya realizó una operación para aliviar vencimientos
Como parte de la estrategia de manejo de deuda, el Ministerio de Hacienda efectuó recientemente una operación para reducir la presión de los pagos previstos para 2027.
La entidad intercambió TES UVR con vencimientos en 2027 y 2029 por títulos con plazos más largos, que vencen en 2031 y 2061, respectivamente. Con esta operación busca mejorar el perfil de pagos de la deuda y disminuir el riesgo de refinanciación en los próximos años.
por Antonio Claros | Jun 26, 2026 | Tribuna de opinion
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó la disposición de la organización para colaborar con el Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, luego de las elecciones presidenciales celebradas el 21 de junio.
A través de una declaración divulgada por su portavoz, la ONU destacó el desarrollo pacífico de la segunda vuelta, reconoció la participación de los ciudadanos y reiteró su compromiso de continuar apoyando los esfuerzos nacionales en materia de paz, seguridad, desarrollo sostenible y prosperidad.
El pronunciamiento fue conocido el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó la credencial que acredita a De La Espriella como presidente electo de Colombia.
ONU destaca la jornada electoral y hace un llamado al diálogo
Durante una rueda de prensa, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, señaló que Guterres valoró la participación ciudadana y el desarrollo del proceso electoral.
“(Guterres) acoge con satisfacción la amplia participación de los votantes en la segunda vuelta celebrada el 21 de junio, que reafirma la solidez de la democracia colombiana. Reconoce los esfuerzos decididos y coordinados de las autoridades que hicieron posible un proceso seguro y ordenado”, aseguró el portavoz.
La declaración también resalta el trabajo de las autoridades encargadas de la organización y seguridad de la jornada electoral, al considerar que las acciones coordinadas permitieron que el proceso se desarrollara de forma ordenada.
Además, el secretario general hizo un llamado para que las distintas fuerzas políticas continúen trabajando de manera conjunta.
“El secretario general espera que todos los actores políticos trabajen juntos para seguir fortaleciendo la confianza en todo el país”, añadió el portavoz.
Compromiso de cooperación con la administración entrante
En su mensaje, Naciones Unidas reiteró que mantendrá la cooperación histórica con Colombia, basada en el respeto por la soberanía del país, y manifestó su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno y los demás actores involucrados.
“Asimismo, destaca la disposición de las Naciones Unidas para colaborar con la administración entrante y con todos los socios, y para continuar apoyando los esfuerzos liderados a nivel nacional para promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos los colombianos”, concluye el mensaje.
¿Qué dijo la ONU sobre el triunfo de Abelardo De La Espriella?
El secretario general de la ONU, António Guterres, saludó la jornada electoral, destacó la solidez democrática de Colombia y manifestó su total disposición para articular esfuerzos institucionales con el mandatario electo en temas de paz y seguridad.¿Cuándo se celebraron las elecciones presidenciales en Colombia?
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia se llevó a cabo el domingo 21 de junio de 2026, jornada en la que resultó ganador el abogado penalista Abelardo De La Espriella frente al candidato Iván Cepeda.
¿En qué áreas ofrecerá apoyo la ONU al nuevo gobierno colombiano?
Las Naciones Unidas mantendrán la cooperación internacional enfocada en tres pilares fundamentales acordados históricamente: la seguridad nacional, el desarrollo sostenible de las regiones y la prosperidad socioeconómica de la población.
por Antonio Claros | Jun 19, 2026 | Tribuna de opinion
La senadora del partido MAIS, Martha Peralta Epieyú, rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia este 18 de junio, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.
Entre los principales señalamientos que hoy tienen bajo investigación a la senadora Peralta Epieyú está la presunta intervención para favorecer un contrato cercano a los $2.170 millones relacionado con maquinaria amarilla y volquetas destinadas a Riohacha.
Hasta ahora, la senadora no se ha pronunciado con respecto a la definición de la fecha, y se encuentra en su departamento natal, La Guajira, haciendo campaña por Iván Cepeda. Además, fue reelegida para el periodo 2026-2030, pese al proceso y los cuestionamientos.
La Fiscalía y la Corte Suprema buscan establecer si hubo injerencia indebida en ese proceso contractual ligado a la Unidad de Gestión del Riesgo. El expediente también menciona a Peralta como una posible “articuladora política” dentro del presunto esquema de cupos indicativos que habría operado en la entidad.
Según la hipótesis de los investigadores, se habrían utilizado contratos y recursos públicos para asegurar apoyos políticos y votos en el Congreso a favor de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.
Dentro de esa línea investigativa, la Fiscalía sostiene que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría dado instrucciones a Olmedo López para respaldar a Martha Peralta mediante contratos y proyectos regionales.
El objetivo, según las declaraciones conocidas en el proceso, era consolidar apoyos legislativos para la reforma pensional y otras reformas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los testimonios entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla hace meses también mencionan presuntas reuniones entre la congresista y funcionarios o contratistas vinculados a la empresa Inversiones IRL S.A.S.
De acuerdo con esas declaraciones, dichos encuentros habrían estado relacionados con la gestión de negocios jurídicos y contratos públicos asociados a la UNGRD.
Es por eso que la Corte Suprema citó a esta indagatoria a Martha Peralta luego de las declaraciones entregadas por Olmedo López y por María Alejandra Benavides, quienes hablaron de supuestos acuerdos políticos, direccionamiento contractual y reparto de proyectos dentro del entramado investigado.
La negación inicial de Peralta Epieyú
Cuando se supo de la apertura formal de la investigación a mediados de mayo, Peralta Epieyú dijo que no había sido notificada al respecto. De hecho, criticó a los medios de comunicación.
“No he sido notificada de ninguna investigación formal ni de apertura de proceso alguno en mi contra por el caso UNGRD. Por eso resulta muy grave que ciertos medios y bodegas tengan primero información que, además, debería estar amparada por la reserva del proceso”, dijo.
Y agregó “Exijo garantías. Aquí hay una evidente falta de garantías y una violación al debido proceso. ¿Por qué se filtran versiones interesadas antes de informar oficialmente a la persona involucrada? ¿Por qué otra vez intentan instalar rumores y ataques políticos desde titulares y redes sociales?
Finalmente, habló de una supuesta campaña de “mentiras” en su contra. “Llevo meses siendo blanco de una campaña sistemática de mentiras y estigmatización por defender las reformas del cambio desde el Congreso. No me van a intimidar ni voy a retroceder. Seguiré trabajando y dando las peleas que el país necesita”.
Se reitera que la indagatoria contra la senadora Peralta Epieyú está programada para este jueves 18 de junio. Queda por verse qué se tratará en este espacio.
por Antonio Claros | Jun 12, 2026 | Tribuna de opinion
Si hay un escenario en el que ha habido debate entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, son los estrados, las autoridades judiciales e instancias internacionales. Mientras ambos —y sus fórmulas vicepresidenciales— se escudan en condiciones y asteriscos para hacer un debate antes de la segunda vuelta (domingo 21 de junio), la batalla jurídica está que arde.
Contra Abelardo han fallado dos tutelas (la de la camiseta de la Selección y la de no usar la palabra “patria”), se divulgó una carta con firmas de exmagistrados hablando de una supuesta incompatibilidad de De la Espriella por tener ciudadanía de EE.UU. y, ayer, Cepeda anunció denuncia ante la Fiscalía y la CPI. Todo eso en apenas cinco días.
Y por el lado de Abelardo, enfiló su arsenal a denunciar a cerca de 35 políticos como supuestos compradores de votos en favor de Cepeda y pidió al “quitavisas”, subsecretario de Estado de EE.UU., Chris Landau, no quitarles el ojo de encima.
Cepeda denuncia a Abelardo en Fiscalía y la CPI
El aspirante del continuismo del gobierno Petro anunció ayer que interpondrá dos denuncias contra su rival en las elecciones ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Señaló que el abogado “habría incurrido presuntamente” en delitos como enriquecimiento ilícito, financiación del terrorismo y concierto para delinquir agravado, según dijo en una rueda de prensa en Bogotá. Cepeda se centró en el funcionamiento de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), una organización no gubernamental creada a principios de los 2000, que fue presidida en su momento por De la Espriella. “Fipaz fue financiada por las AUC, pero al mismo tiempo entregó recursos y financió a AUC”. Según Cepeda, De la Espriella habría jugado el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares.
También mencionó que “Salvatore Mancuso (excomandante paramilitar) ha afirmado en distintas declaraciones que De la Espriella fue amigo y conocido desde la infancia, y aunque atribuyó el manejo operativo de Fipaz a ‘Ernesto Báez’, reconoce que tuvo financiación de las AUC, puesto que en una declaración hecha ante la JEP en 2024 detalló como funcionó esa relación entre Fipaz y las AUC”.
Cabe anotar que la fundación la creó Abelardo de la Espriella en 2004, en plena negociación del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, para, según ha dicho, ayudar en dicho proceso. La Fiscalía archivó en 2009 una investigación de supuestos nexos de Abelardo con las Auc.A El candidato rechazó ayer las acusaciones y las calificó como “cortinas de humo”, señalando que son una respuesta a su carta al subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, en la que denunció supuestas votaciones atípicas a favor de Cepeda en Cauca, Chocó y Nariño.
Revocan orden de la camiseta de la Selección
El candidato De la Espriella salió victorioso de una disputa judicial por el uso de la camiseta de la Selección Colombia de fútbol en su campaña. Ayer una juez de Bogotá revocó la orden que le prohibió al candidato utilizarla en eventos políticos. La determinación fue tomada por la jueza María Isabel Ferrer Rodríguez, del Juzgado 62 de Conocimiento de Bogotá, quien dejó sin efectos una medida provisional que había sido decretada previamente por otro juzgado.
El origen del caso se remonta a una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilmar Bocanegra, quien argumentó que el uso de la camiseta de la Selección por parte de Abelardo y de integrantes del movimiento “Defensores de la Patria” vulneraba derechos ciudadanos al asociar un símbolo reconocido con una candidatura específica.
Tras esa decisión, otra persona, Juan Carlos Núñez, presentó una nueva acción de tutela al considerar que la decisión afectaba derechos como la igualdad, la libertad de expresión y la participación política. En la revisión del caso, la segunda juez concedió una medida provisional para suspender la restricción mientras se analiza el caso y encontró vacíos en la orden emitida por el primer despacho judicial. Entre los aspectos señalados, indicó que la tutela inicial no explicó de manera concreta cómo el uso de la camiseta generaba vulneración de derechos ni identificó normas que prohibieran su uso en contextos políticos. Vale recordar que Iván Cepeda —después de los resultados de primera vuelta en los que quedó de segundo— se quejó de que su contrincante la usara y hasta la Federación Colombiana de Fútbol le pidió a las campañas abstenerse del uso partidista. Sin embargo, ninguna campaña atendió el llamado y hasta el presidente Petro, varios de sus ministros y congresistas del Pacto Histórico empezaron a usarla. Incluso, grupos de barristas que apoyaron al senador le dieron esa prenda para manifestar su respaldo.
”El Tigre” no está inhabilitado para ser presidente
Un grupo de exmagistrados y docentes universitarios firmaron un documento diciendo que la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella “plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”. En sus argumentos, juristas y docentes dicen que el juramento que se presenta al momento de volverse ciudadano de EE.UU. tiene “efectos jurídicos”. El candidato también es ciudadano italiano, pero el documento hace énfasis en el “peso jurídico” que tiene el juramento que hace una persona para convertirse en ciudadano gringo.
“Renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito y ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales”, dice el juramento. Los juristas cercanos al Gobierno —algunos con contratos— dicen que “la persona renuncia en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia”. Pero hacen referencia a que no hay “inhabilidad” para ser presidente de la República, sino “incompatibilidad”.
Otro grupo de abogados —entre los que hay exmagistrados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado— analizaron el caso y concluyeron que “no existe, en derecho colombiano, inhabilidad para que un ciudadano colombiano sea elegido ni tampoco existe incompatibilidad para que se posesione como Presidente de la República, pese a tener más nacionalidades”.
Mencionaron que “la única restricción legal por pluralidad de nacionalidad recae sobre nacionales por adopción” y que las implicaciones del juramento para ser ciudadano americano “solo tienen relevancia para la relación entre ese Gobierno extranjero y su ciudadano”.
La denuncia por compra de votos para Cepeda
El pasado 9 de junio De la Espriella publicó una lista de 29 políticos que denunció por, supuestamente, hacer parte de una red de compra de votos para favorecer a Iván Cepeda. Entre los señalados están los congresistas Pedro Flórez, Martha Peralta, Felipe Hernández, Alexandra Pineda, Fernando Niño, Carlos Andrés Trujillo y Antonio Correa, así como las legisladoras electas Patricia Caicedo y Johana Osorio y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.
También están los políticos antioqueños Isabel Zuleta, Julián, María Eugenia Lopera y Daniel Quintero.
La campaña de Abelardo remitió su denuncia al subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, quien aseguró días atrás que el Gobierno estadounidense está siguiendo las acusaciones presentadas por el candidato presidencial. Según dijo el funcionario, las autoridades evaluarán cada caso para determinar si procede o no la cancelación de visas a las personas eventualmentes involucradas. “Por algo me dicen el ‘quita visas’”, afirmó en su cuenta de X el diplomático norteamericano.
¿Chao al “firmes por la Patria” de Abelardo?
El pasado martes el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a “El Tigre” y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, retirar de su propaganda política la bandera de Colombia y el uso de las expresiones “firmes por la Patria” y “defensores de la Patria”. La campaña tampoco podrá usar el escudo del país, símbolos patrios e imágenes alusivas a instituciones militares y de policía. Como medida provisional, el despacho sostuvo que el uso de símbolos nacionales para promover una candidatura política puede afectar la libertad de elección de los votantes. Según el magistrado Rafael Chavarro Poveda, presentar una propuesta electoral asociada a emblemas patrios podría generar la percepción de que quienes no la respaldan actúan en contra de los intereses nacionales.
Autoatentados a la orden en las campañas
El pasado fin de semana ambos aspirantes presidenciales se acusaron de que estarían planeando un autoatentado. “En la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección” y “a nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado” fueron los señalamientos de Cepeda y De la Espriella, respectivamente.
EL COLOMBIANO consultó fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales respondieron de manera extraoficial que aún no hay información oficial que sustente presuntos planes de autoatentados.
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
Si hay un escenario en el que ha habido debate entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, son los estrados, las autoridades judiciales e instancias internacionales. Mientras ambos —y sus fórmulas vicepresidenciales— se escudan en condiciones y asteriscos para hacer un debate antes de la segunda vuelta (domingo 21 de junio), la batalla jurídica está que arde.
Contra Abelardo han fallado dos tutelas (la de la camiseta de la Selección y la de no usar la palabra “patria”), se divulgó una carta con firmas de exmagistrados hablando de una supuesta incompatibilidad de De la Espriella por tener ciudadanía de EE.UU. y, ayer, Cepeda anunció denuncia ante la Fiscalía y la CPI. Todo eso en apenas cinco días.
Y por el lado de Abelardo, enfiló su arsenal a denunciar a cerca de 35 políticos como supuestos compradores de votos en favor de Cepeda y pidió al “quitavisas”, subsecretario de Estado de EE.UU., Chris Landau, no quitarles el ojo de encima.
El aspirante del continuismo del gobierno Petro anunció ayer que interpondrá dos denuncias contra su rival en las elecciones ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Señaló que el abogado “habría incurrido presuntamente” en delitos como enriquecimiento ilícito, financiación del terrorismo y concierto para delinquir agravado, según dijo en una rueda de prensa en Bogotá. Cepeda se centró en el funcionamiento de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), una organización no gubernamental creada a principios de los 2000, que fue presidida en su momento por De la Espriella. “Fipaz fue financiada por las AUC, pero al mismo tiempo entregó recursos y financió a AUC”. Según Cepeda, De la Espriella habría jugado el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares.
También mencionó que “Salvatore Mancuso (excomandante paramilitar) ha afirmado en distintas declaraciones que De la Espriella fue amigo y conocido desde la infancia, y aunque atribuyó el manejo operativo de Fipaz a ‘Ernesto Báez’, reconoce que tuvo financiación de las AUC, puesto que en una declaración hecha ante la JEP en 2024 detalló como funcionó esa relación entre Fipaz y las AUC”.
Cabe anotar que la fundación la creó Abelardo de la Espriella en 2004, en plena negociación del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, para, según ha dicho, ayudar en dicho proceso. La Fiscalía archivó en 2009 una investigación de supuestos nexos de Abelardo con las Auc.A El candidato rechazó ayer las acusaciones y las calificó como “cortinas de humo”, señalando que son una respuesta a su carta al subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, en la que denunció supuestas votaciones atípicas a favor de Cepeda en Cauca, Chocó y Nariño.
El candidato De la Espriella salió victorioso de una disputa judicial por el uso de la camiseta de la Selección Colombia de fútbol en su campaña. Ayer una juez de Bogotá revocó la orden que le prohibió al candidato utilizarla en eventos políticos. La determinación fue tomada por la jueza María Isabel Ferrer Rodríguez, del Juzgado 62 de Conocimiento de Bogotá, quien dejó sin efectos una medida provisional que había sido decretada previamente por otro juzgado.
El origen del caso se remonta a una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilmar Bocanegra, quien argumentó que el uso de la camiseta de la Selección por parte de Abelardo y de integrantes del movimiento “Defensores de la Patria” vulneraba derechos ciudadanos al asociar un símbolo reconocido con una candidatura específica.
Tras esa decisión, otra persona, Juan Carlos Núñez, presentó una nueva acción de tutela al considerar que la decisión afectaba derechos como la igualdad, la libertad de expresión y la participación política. En la revisión del caso, la segunda juez concedió una medida provisional para suspender la restricción mientras se analiza el caso y encontró vacíos en la orden emitida por el primer despacho judicial. Entre los aspectos señalados, indicó que la tutela inicial no explicó de manera concreta cómo el uso de la camiseta generaba vulneración de derechos ni identificó normas que prohibieran su uso en contextos políticos. Vale recordar que Iván Cepeda —después de los resultados de primera vuelta en los que quedó de segundo— se quejó de que su contrincante la usara y hasta la Federación Colombiana de Fútbol le pidió a las campañas abstenerse del uso partidista. Sin embargo, ninguna campaña atendió el llamado y hasta el presidente Petro, varios de sus ministros y congresistas del Pacto Histórico empezaron a usarla. Incluso, grupos de barristas que apoyaron al senador le dieron esa prenda para manifestar su respaldo.
Un grupo de exmagistrados y docentes universitarios firmaron un documento diciendo que la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella “plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”. En sus argumentos, juristas y docentes dicen que el juramento que se presenta al momento de volverse ciudadano de EE.UU. tiene “efectos jurídicos”. El candidato también es ciudadano italiano, pero el documento hace énfasis en el “peso jurídico” que tiene el juramento que hace una persona para convertirse en ciudadano gringo.
“Renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito y ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales”, dice el juramento. Los juristas cercanos al Gobierno —algunos con contratos— dicen que “la persona renuncia en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia”. Pero hacen referencia a que no hay “inhabilidad” para ser presidente de la República, sino “incompatibilidad”.
Otro grupo de abogados —entre los que hay exmagistrados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado— analizaron el caso y concluyeron que “no existe, en derecho colombiano, inhabilidad para que un ciudadano colombiano sea elegido ni tampoco existe incompatibilidad para que se posesione como Presidente de la República, pese a tener más nacionalidades”.
Mencionaron que “la única restricción legal por pluralidad de nacionalidad recae sobre nacionales por adopción” y que las implicaciones del juramento para ser ciudadano americano “solo tienen relevancia para la relación entre ese Gobierno extranjero y su ciudadano”.
El pasado 9 de junio De la Espriella publicó una lista de 29 políticos que denunció por, supuestamente, hacer parte de una red de compra de votos para favorecer a Iván Cepeda. Entre los señalados están los congresistas Pedro Flórez, Martha Peralta, Felipe Hernández, Alexandra Pineda, Fernando Niño, Carlos Andrés Trujillo y Antonio Correa, así como las legisladoras electas Patricia Caicedo y Johana Osorio y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.
También están los políticos antioqueños Isabel Zuleta, Julián, María Eugenia Lopera y Daniel Quintero.
La campaña de Abelardo remitió su denuncia al subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, quien aseguró días atrás que el Gobierno estadounidense está siguiendo las acusaciones presentadas por el candidato presidencial. Según dijo el funcionario, las autoridades evaluarán cada caso para determinar si procede o no la cancelación de visas a las personas eventualmentes involucradas. “Por algo me dicen el ‘quita visas’”, afirmó en su cuenta de X el diplomático norteamericano.
El pasado martes el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a “El Tigre” y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, retirar de su propaganda política la bandera de Colombia y el uso de las expresiones “firmes por la Patria” y “defensores de la Patria”. La campaña tampoco podrá usar el escudo del país, símbolos patrios e imágenes alusivas a instituciones militares y de policía. Como medida provisional, el despacho sostuvo que el uso de símbolos nacionales para promover una candidatura política puede afectar la libertad de elección de los votantes. Según el magistrado Rafael Chavarro Poveda, presentar una propuesta electoral asociada a emblemas patrios podría generar la percepción de que quienes no la respaldan actúan en contra de los intereses nacionales.
El pasado fin de semana ambos aspirantes presidenciales se acusaron de que estarían planeando un autoatentado. “En la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección” y “a nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado” fueron los señalamientos de Cepeda y De la Espriella, respectivamente.
EL COLOMBIANO consultó fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales respondieron de manera extraoficial que aún no hay información oficial que sustente presuntos planes de autoatentados.
