por Adolfo León Oliveros Tascón | Feb 26, 2021 | Opinion
DESDE MI TRINCHERA
ADOLFO LEÓN OLIVEROS TASCON
REACTIVACION ECONOMICA DE CALI
La gran tarea de los burgomaestres actuales y los que lleguen a futuro es poner a rodar nuevamente la economía para recuperar los millones de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia, que a nivel nacional se calculan en cinco millones de empleos formales y la gran mayoría de los informales.
Para empezar las autoridades municipales deben plantear una reducción sustancial de los impuestos locales como son predial, industria y comercio, entre otros para que los emprendedores tengan recursos para invertir y los consumidores para comprar. Se requiere audacia y visión de futuro que permita “sacrificar” gastos inútiles, con una política de austeridad al máximo, para disminuir la pesada carga burocrática de los entes territoriales alimentada por el apetito voraz de algunos “políticos”.
Igualmente, hoy más que nunca, se requiere actuar con plena transparencia para evitar sobrecostos en los contratos, aplicando sin excepciones, el estatuto de la contratación administrativa que establece como regla general la licitación pública y la subasta inversa para bienes de condiciones uniformes.
Es inaceptable en las actuales condiciones recurrir a los contratos interadministrativos para burlar la convocatoria de todos los posibles oferentes o proponentes, que como colombianos tienen un derecho fundamental a participar en la contratación estatal desde la óptica de la igualdad de oportunidades.
Logrando aliviar las cargas de los entes territoriales, no solamente es viable disminuir los impuestos sino realizar una exoneración temporal mientras se logra rescatar y recuperar la actividad de los comerciantes, empresarios, emprendedores en cualquier área, etc., que es soporte necesario de una convivencia pacífica.
En las circunstancias actuales es vital aplicar los principios de las naciones unidas en cuanto a la seguridad humana que incluye supervivencia con dignidad.
por Adolfo León Oliveros Tascón | Feb 17, 2021 | Opinion
DESDE MI TRINCHERA
POR ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
POLITIQUERIA A LA LATA
En estos días de euforia gubernamental por la llegada de cincuenta mil vacunas (0.01% del total que se necesita), algunos exalcaldes y exgobernadores andan desesperados negociando los supuestos votos que dicen tener, que sustentan en resultados obtenidos en pasadas contiendas electorales.
Se oye hablar de un millón, quinientos mil, trescientos mil sufragios, sin mencionar producto de que maniobras se obtuvieron en su momento (compraventa) y lo peor es que hablan de cifras, pero no de personas, como si éstas fueran borregos que no reflexionan sobre los temas que les conciernen, especialmente en esta época de calamidad en que la pandemia destapo las consecuencias de la insaciable voracidad de quienes se auto proclaman “dueños” de los recursos públicos.
Se sabe que la miseria que padecen los pueblos está relacionada directamente con el saqueo de los presupuestos estatales de tal manera que los países donde el porcentaje de bandidos es mayor el sufrimiento de la gente empeora a limites inimaginables.
En este orden de ideas, la ciudadanía ha tomado conciencia de lo nefasto que ha resultado dejarse manipular de los caciques que los cuentan como cosas o mercancías, ignorándolos adrede como pensadores que son capaces de tomar decisiones informadas y, sobre todo, dando por descontado que el pueblo acepta resignadamente su desgracia, lo que conducirá necesariamente al conocido refrán “salió el tiro por la culata”, aplicado a los mercantilistas de la política.
Cuando un pseudo político va a negociar sus intereses personales a nombre de personas anónimas, reseñadas en datos de la registraduría, se comporta como el más vil de todos los seres humanos y merece el rechazo total, por el bien de todos los colombianos.
por Adolfo León Oliveros Tascón | Feb 7, 2021 | Opinion
DESDE MI TRINCHERA
POR: ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
NEXO CAUSAL ENTRE CORRUPCION, POBREZA Y MARGINAMIENTO
La pandemia ha puesto al desnudo las terribles consecuencias que deja la corrupción administrativa en los pueblos que son victimas de los depredadores del erario, de tal manera que los países que lideran la lista de miseria es donde los burócratas más roban.
Somalia, Sudan del Sur, Venezuela, Colombia, encabezan esta vergonzosa lista elaborada por transparencia internacional, donde prácticamente la gente se muere de hambre en las calles, la población vive en pésimas condiciones sanitarias y la carencia de oportunidades de subsistencia y de ascenso social, se han ido a pique por la deserción escolar en todos los niveles.
En Colombia la gente contempla horrorizada como algunos gobernantes (alcaldes, gobernadores, etc.), en plena calamidad pública, utilizando los vacíos y rendijas que dejan las leyes de contratación pública, acudieron a la contratación directa para despilfarrar miles de millones de pesos en obras no relacionadas con la atención a las víctimas del coronavirus.
La mayoría de estos funcionarios acudieron a la figura del contrato interadministrativo para burlar la licitación pública entregando cuantiosos recursos a sus amigos y financiadores de campañas políticas, desvirtuando la razón de ser de esa figura que consiste en la colaboración sin ánimo de lucro entre entes estatales.
Algunos alcaldes decidieron cambiar el objeto social del ente escogido como contratista para acomodar sus pérfidas intenciones, logrando defraudar los dineros de todos los colombianos, sumiendo en la ruina a los ya empobrecidos ciudadanos.
Es importante que los lectores entiendan que las penurias que sufren están conectadas directamente con la corrupción. El hecho de sustraer los recursos para los cuales están destinados por mandato constitucional genera escases (No hay UCIS, Subsidios para desempleados, ayudas para microempresarios, elementos hospitalarios, tabletas y computadores para estudiantes, entre otros), lo que necesariamente se traduce en marginamiento, muertes y contagios masivos.
Conociendo la causa del daño la opinión pública puede tomar decisiones a futuro.
por Raul Novoa | Dic 1, 2020 | Nacional, Opinion
La FLIP expresa su preocupación por el exilio del periodista de Noticias Caracol Arlex Piedrahita tras recibir nuevas amenazas y ante la falta de garantías para salvaguardar su vida y continuar ejerciendo su labor en el país.
El 16 de octubre de este año Piedrahita recibió un mensaje de texto a su celular en el que lo declaran objetivo militar y lo amenazan de muerte a él y a su familia. Esta es la más reciente de una serie de amenazas y hostigamientos que el periodista ha recibido desde el 2019 y que estarían relacionadas con el cubrimiento de temas judiciales, orden público y narcotráfico en los departamentos de Valle del Cauca y el norte del Cauca.
Las constantes intimidaciones y la falta de una respuesta efectiva y atención oportuna por parte de las autoridades obligaron a Piedrahita a abandonar el país a mediados de noviembre de este año buscando salvaguardar su integridad y la de su familia.
Es la segunda vez que el reportero se ve obligado a dejar de hacer su trabajo periodístico como consecuencia de la falta de garantías frente a su seguridad. A finales de 2019, luego de recibir amenazas en su contra junto con otros cuatro periodistas ,
Miguel Ángel Palta
Eduardo Manzano y Fransuá Martínez , Piedrahita estuvo por fuera de los medios un par de semanas y un día después de reintegrarse a su trabajo recibió una nueva intimidación en la que le advertían que tenía que renunciar al noticiero.
Cuando Piedrahita recibió nuevamente una amenaza en octubre de este año sintió que ya no tenía muchas opciones, no encontró una respuesta diligente y oportuna por parte de las autoridades: no había garantías de seguridad para él y su familia. Además, dos de los periodistas que habían sido amenazados con él en agosto de 2019 se vieron obligados a salir del país por encontrarse en las mismas condiciones. Así, con el apoyo de su medio de comunicación, el periodista abandonó el país.
En noviembre de 2019, la FLIP advirtió que Piedrahita se encontraba en un alto riesgo y era urgente implementar medidas idóneas. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tardó un año en volver a evaluar la situación de riesgo del periodista y la FLIP aún no conoce de ningún avance en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por estos hechos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha resaltado que los Estado no sólo tienen la obligación de proteger a periodistas en riesgo, sino que deben garantizar que las medidas de protección adoptadas sean efectivas y adecuadas.
La Fundación hace un llamado urgente a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que investiguen con celeridad, seriedad e imparcialidad, las amenazas y hostigamientos reportados por los tres periodistas con el fin de identificar y sancionar a los responsables. El exilio de periodistas trae consecuencias devastadoras para la libertad de prensa. Además de tener una afectación psicológica, económica, social y familiar en quienes lo padecen, genera un ambiente de miedo y autocensura entre los periodistas que están alrededor.
por Raul Novoa | Nov 27, 2020 | Nacional, Opinion
Según una declaración firmada de dos altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, integrantes de una sala de interceptaciones, denunciaron que durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez »se efectuaron interceptaciones ilegales de los números celulares del senador Iván Cepeda, de la exsenadora Piedad Córdoba y Álvaro Leyva, y los resultados de los análisis de las interceptaciones ilegales eran entregadas al fiscal Néstor Humberto Martínez, a través del Brigadier general, Luis Alberto Pérez Alvarán, director del CTI».
Los altos funcionarios aclararon que »con el objetivo de esclarecer un homicidio por parte del Clan del Golfo, se aprovechó para controlar las comunicaciones del senador Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Álvaro Leyva, y los negociadores de paz, Diego Martínez, Enrique de Santiago (diputado español), y Humberto de la Calle, buscando elementos probatorios que permitiera vincularlos con las actividades criminales del Clan del Golfo, principalmente narcotráfico».
Con este objetivo delictivo, dicen los altos funcionarios de Fiscalía, el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira »recibía informes diarios de las diligencias adelantadas, entregadas directamente en su despacho», e interceptaron a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, que estaba aliado con la DEA, y fingieron llamadas esporádicas en las que el agente de la DEA se hacía pasar por un narco mexicano y Marín un colaborador suyo, intentando buscar alguna palabra clave de los exguerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez, que permitiera involucrarlos en narcotráfico, como así hicieron, incluso con una voz falsa de Márquez, asestándole así un golpe falseado y premeditado al proceso de paz.
En la declaración también se afirma que se habrían interceptado de manera ilegal desde la sala Oro, Diamante y Granate a varios asesores de los despachos del fiscal y de la vicefiscal general de los que se desconfiaba. Aseguran que desde esa sala también se chuzó ilegalmente a “abogados que actuaban en los procesos de interés como el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el exdirector del CTI Julián Quintana, ex magistrados señalados con el cartel de la toga y del abogado del general Montoya, mencionado en el caso Odebrecht”, así como otros implicados en el caso del que el propio Néstor Humberto Martínez tenía conflicto de interés, por haber sido abogado del Grupo AVAL.
Estos dos ex funcionarios, Gómez Góngora y Martínez Lugo fueron detenidos por el propio CTI de Fiscalía acusados de haber interceptado ilegalmente al presidente del sindicato de Avianca durante la huelga de 2017 y al presidente de la multinacional española Enel, la cual mantiene un pleito arbitral con la Empresa de Energía de Bogotá.
Ante este descubrimiento, Gustavo Petro, en la plenaria del Senado, dijo que »esto muestra el modus operandi de la Fiscalía. La capacidad y la manera como efectúan interceptaciones en casos de interés particular del Fiscal General Néstor Humberto Martínez».
por Adolfo León Oliveros Tascón | Nov 25, 2020 | Opinion
MEGAOBRAS Y FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO.
El 5 de noviembre de 2020 el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en el proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho adelantado por Alejandro Bueno Castro y CIA, contra el municipio de Santiago de Cali, dictó sentencia mediante la cual anuló las resoluciones expedidas en el año 2009 por el alcalde Jorge Iván Ospina, referentes a la distribución y asignación de forma individual de la contribución por beneficio general de los predios de los demandantes.
El argumento central de la providencia es que el municipio de Cali “omitió la explicación suficiente de los parámetros y criterios numéricos que se tuvieron en cuenta para fijar el tributo”, igualmente se dice que en ninguno de los trece predios se identificó el factor de ponderación según el tipo de predio y estrato, ni por área de propiedad en metros cuadrados.
Los anteriores razonamientos nos permiten concluir lo siguiente:
1.- La omisión de la administración que se predica para los predios de Alejandro Bueno castro, se presenta, salvo prueba en contrario, en todos los inmuebles de Cali, lo que Viola el artículo 338 de la Constitución Nacional que solo permite el cobro de valorización de forma individual.
2.- Al no realizar las ponderaciones individuales por predio y en consecuencia de ello no informar a los propietarios debidamente, estamos en presencia de un acto administrativo ineficaz, lo que obliga al alcalde a realizar nuevamente la notificación, indicando los nuevos términos para agotar la vía gubernativa.
En conclusión, si bien los ciudadanos no pueden solicitar la aplicación de extensión de jurisprudencia por tratarse de una sentencia que no reúne los requisitos establecidos en los artículos 10 y 102 del CPACA, si están facultados para pedir la notificación en debida forma, con la entrega de anexos individualizados, agotados los recursos, acudir al juez contencioso administrativo utilizando los argumentos de la sentencia de 5 de noviembre.
