La controversia en el fútbol colombiano se intensifica nuevamente. Tras el enfrentamiento entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, realizado el pasado jueves en el estadio Atanasio Girardot, que dejó un rastro de violencia y preocupación. Este martes todos los ojos estaban puestos en la Dimayor, la entidad encargada de las decisiones disciplinarias, que había prometido aclarar la situación . Sin embargo, las expectativas se desvanecieron al nuevamente aplazar la resolución definitiva sobre las sanciones que se desprenden de este lamentable episodio.
Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le confirmó a este diario que la decisión había sido aplazada y dijo que este miércoles sí se darán a conocer las sanciones. En horas de la mañana, algunos periodistas se aventuraron a divulgar las supuestas penas. Se hablaba de una posible entrega de puntos a Junior, una severa sanción de seis fechas a puerta cerrada para Nacional y, además, el mismo castigo sin entrar al estadio de Barranquilla para la barra juniorista “Los Cuervos”, que fue la que inició el pleito en el Atanasio. Esta filtración fue recibida con polémica, ya que conceder los puntos a Junior sería interpretado como un “premio” a la violencia.
Desde el club verde, la preocupación se tornó palpable. Nacional está haciendo esfuerzos significativos para que las sanciones sean lo menos severas posible. Una suspensión de seis partidos sin público no solo afectaría su desempeño deportivo, sino que también implicaría una pérdida económica devastadora, estimada entre 10 mil y 15 mil millones de pesos solo en taquilla.
El presidente verdolaga, Sebastián Arango Botero, ha estado en el centro de las negociaciones, buscando mitigar el impacto de las sanciones. En conversaciones con la Dimayor, subrayó que otorgar los puntos a Junior sentaría un precedente peligroso, enviando un mensaje equivocado de que la violencia podría influir en los resultados de los partidos. La integridad del deporte está en juego, y la posibilidad de que los violentos puedan manipular los resultados es un tema que preocupa a todos los involucrados.
Y es que el impacto de estas sanciones va más allá del terreno de juego. Los vendedores del estadio, quienes dependen económicamente de los partidos, se verían gravemente afectados. Nubia Cuesta, una de las vendedoras de la zona, expresó su frustración: “¿Uno sin público a quién le va a vender?”. Ese es el sentir de cerca de 400 familias que sobreviven gracias a la actividad alrededor del escenario deportivo. Elbert Restrepo, presidente de la Asociación de Venteros del Estadio, complementó el análisis al mencionar que la falta de ingresos representa un golpe devastador para su sustento diario.
Es posible que la Comisión Disciplinaria de la Dimayor inicialmente contemplara las sanciones que fueron filtradas por los medios, pero la reacción pública y el debate en torno a estas decisiones parecen haber llevado a un replanteamiento. La Dimayor prefiere tomarse un tiempo adicional para garantizar que la resolución sea lo más justa posible, enfocándose en que las verdaderas consecuencias recaigan sobre los responsables de la violencia, en lugar de castigar exageradamente a los clubes y a quienes dependen de ellos.
La Dimayor tiene la responsabilidad de actuar con firmeza, pero también con justicia, para salvaguardar no solo la integridad del deporte, sino también el bienestar de aquellos que viven de él. Mientras la espera por la resolución continúa, la tensión crece y las miradas siguen fijas en el ente rector del fútbol colombiano, esperando que la justicia prevalezca y que las decisiones tomadas no perpetúen la violencia en los estadios.
