DESDE MI TRINCHERA

ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON

EFECTIVIDAD DE LA PROTESTA SOCIAL

 

Es evidente que el ejercicio masivo del derecho fundamental a la protesta social produce efectos inmediatos en la agenda pública nacional, regional y local, prueba de ello es la caída de la reforma tributaria con los monstruos allí incubados como el IVA a los servicios públicos, a los alimentos, el impuestos a las pensiones; la reforma a la salud que pretendía arruinar el sistema público dando paso a los grandes oligopolios, convirtiendo al paciente en un mero cliente  atendido por su capacidad de pago, la reculada en la compra de aviones de guerra por 14 billones de pesos;  en el plano municipal se logró que el alcalde Ospina desistiera de alguna de sus mega obras como es la remodelación de la avenida sexta a la que hace poco le invirtieron miles de millones de pesos y seguramente las faranoicas construcciones proyectadas con el endeudamiento por $650.000 millones de pesos, alegremente aprobado por el concejo, solo pensando en las jugosas comisiones.

 

Faltan muchas cosas por hacer, entre ellas la implementación de un programa nacional de educación para las personas jóvenes que incluya mejoramiento de la calidad en todos los niveles, de prescolar hasta superior, acceso gratuito para todos los que demuestren sumariamente incapacidad de pago, el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa para generar empleos con salarios dignos.

Alguien preguntará sobre la forma de financiación a lo cual se pueden ofrecer varias respuestas, primero, si se implementa íntegramente el acuerdo de paz, tal como estaba previsto en los acuerdos ratificados en el teatro colon, tendríamos una reducción en el gasto militar de un 20% en el primer año, que significa aproximadamente 15 billones de pesos; segundo, el gobierno debe promover una política de incentivos y recompensas para quienes denuncien con pruebas hechos de corrupción, con el firme propósito de evitar futuros latrocinios y recuperar lo que reposa en manos de los bandidos. Es vital consagrar en la Constitución Nacional la prohibición de contratación directa y la celebración de contratos interadministrativos, que son la vena rota por donde se desangra el erario.

La contraloría General de la República habla de robo de recursos públicos al año en cuantía de 60 billones, si con las medidas anteriores logramos bajar el 50% de esta vergonzosa situación, contaríamos con 30 billones que, sumado a la cifra mencionada arriba, tenemos un dinero respetable para empezar a cumplirle a la juventud.

Podemos concluir que la corrupción es la madre de todos los males.

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