Un nuevo frente de controversia y discusión abrió el gobierno de Gustavo Petro contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Lo anterior, justo cuando resta poco más de un mes para que en el Congreso se reanude la discusión alrededor de la polémica reforma a la salud que, entre otras, plantea la eliminación de este tipo de entidades.

El Ministerio de Salud hizo pública una demanda contra 21 EPS señalándolas de vulnerar el derecho de acceso a la salud al incumplir, dice el despacho que lidera el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, con la obligatoriedad de “constituir y mantener las reservas técnicas para garantizar los pagos para la prestación de servicios salud”.

En la demanda, presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá, el Ministerio argumentó que –con base en un informe de la Superintendencia de Salud–, se evidenció el incumplimiento en las reservas técnicas por parte de EPS durante 2023 “calculado con la información enviada por ellas mismas”.

Comfenalco Valle EPS, Compensar EPS, Sanitas, Famisanar EPS, Capital Salud, Nueva EPS, la Alianza Medellín Antioquia EPS, Asmetsalud y Salud Total EPS son algunas de las entidades demandas.

Tras conocerse la acción judicial, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que congrega a las EPS, expresó su sorpresa y dejó entrever que, antes de acudir a estas instancias, el Ministerio debe agotar instancias de inspección, vigilancia y control.

De acuerdo con Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, las dificultades financieras se explicarían por supuestas insuficiencias en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema de Seguridad Social.

“La realidad es que el sistema de salud está en una crisis de sostenibilidad inédita y desde diferentes orillas, no solo las EPS se ha advertido que los recursos no alcanzan, que la UPC es insuficiente y esto además de deteriorar la situación financiera de las EPS, que desde luego se refleja en sus indicadores, está afectando a los pacientes”, dijo Vesga en declaraciones que recogió el diario El Tiempo.

En noviembre hubo polémica luego de que se denunció que la Supersalud habría manipulado datos para afectar la imagen de las EPS en los medios de comunicación. El organismo informó en ese entonces que 20 de las 24 EPS que hay en Colombia no contaban con los recursos para cumplir con la reserva técnica. Decían también que según la entidad, el hueco de esa reserva sumaba $12,4 billones.

Sin embargo, el diario El País de España reveló que la información era “inexacta y engañosa”. De acuerdo con los informes técnicos de la misma Superintendencia, eran 14 las EPS que incumplían con la reserva técnica y no 20, y el hueco era de $5,5 billones y no de $12 billones. Cifras que de igual forma muestran que en este aspecto la mayoría de las entidades se rajan, pero que distan de las que compartió el Gobierno.

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