Será cuestión de horas para que la Fiscalía radique las solicitudes de imputación de cargos contra 10 personas que estarían relacionadas con delitos cometidos en el caso de Odebrecht. Entre las personas que el ente acusador pretende enjuiciar se encuentra el exfiscal que investigaba el caso.
“Se encontraron méritos suficientes para vincular formalmente a otros presuntos involucrados en las distintas maniobras usadas para intentar ocultar y darle apariencia de legalidad a los dineros que la constructora habría destinado para pagar dádivas”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, al exfiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, se le imputarán los delitos de prevaricato y amenazas a testigo. Esto, luego de que se lograra establecer que el 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo del juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción.
Sin embargo, Hernández habría realizado presuntamente una solicitud defectuosa de dichas órdenes de captura y omitió darles trámite legal, lo que quiere decir que no se hicieron efectivas.
A todo esto se le suma que no pidió inmediatamente la expedición de una notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a los involucrados en el entramado de corrupción de Odebrecht, los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.
Además, el pasado 22 de junio, Hernández Martínez, en su condición de fiscal adscrito al CTI, habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le reprochó por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odebrecht.
Pero a este nuevo episodio de uno de los más grandes escándalos de corrupción, se le suma otra pieza. Y es que la Fiscalía también va a radicar solicitudes de imputación contra tres brasileños, dos españoles y un uruguayo, en cinco líneas distintas de investigación que se lograron establecer.
La primera está relacionada con el direccionamiento en la adjudicación del famoso contrato de concesión Ruta del Sol II. En este punto, la Fiscalía imputará, ante un juez de control de garantías, al ex subgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), David Eduardo Villalba, y a los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Sobre el exfuncionario Villalba se logró establecer que, durante el segundo semestre de 2009, presuntamente direccionó los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto vial Ruta del Sol II. Posteriormente, el 14 de enero de 2010, celebró el contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que hacía parte Odebrecht.
La firma constructora habría pagado 6,5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales. Esto quiere decir que Villalba usó su cargo y función para favorecer a la concesionaria.
La segunda línea de investigación tiene que ver con los dineros destinados a esa coima en el contrato de adjudicación. En este caso, serán imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos a los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia; y a los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. – DCS Management.
En la investigación se estableció que Odebrecht suscribió un contrato ficticio con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato. Además, se logró evidenciar que la multinacional brasileña hizo giros por 10’890.000 dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta de una sociedad española en una banca privada.
El material de prueba indica que el 94% del dinero recibido por DCS Management fue transferido a la empresa Klienfeld, que hacía parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil, pero no estaba declarada ni reportada en los balances de la constructora. La Fiscalía estableció que este movimiento de recursos tendría como propósito que la multinacional brasileña recuperara o reembolsara a sus cuentas los 6,5 millones de dólares que pagó al ex viceministro de transporte y exdirector del INCO, Gabriel Ignacio García Morales.
A todo esto se le suma una solicitud de imputación contra el ciudadano uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Al parecer, Sanguinetti habría diseñado el modelo de pago de la coima entregada por la constructora para la adjudicación del contrato Ruta del Sol II, y después permitió poner una millonaria suma en dólares a la cuenta de la sociedad española DCS Management y su posterior traslado a la empresa Klienfeld, que pertenecía a la multinacional brasileña.
La Fiscalía también logró determinar que el 2 de enero de 2014, Luis Eduardo Gómez Martínez, representante legal de la empresa Aldepósitos Zona Franca SAS, suscribió un contrato ficticio de servicios logísticos con el representante legal del Consultores Unidos Colombia – Panamá, y emitió facturas por actividades que nunca se realizaron. Por esta actividad habría recibido transferencias por 2’515.635 dólares, que posteriormente entregó mediante endosos o títulos abiertos a Eduardo Zambrano Caicedo.
Luego esos dineros se direccionaron a Federico Gaviria y Otto Nicolás Bula, para cumplir con la dádiva que Odebrecht se comprometió a entregarles por gestionar a su favor la adición del tramo Ocaña – Gamarra al contrato Ruta del Sol II.
De otra parte, será imputada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares la señora Adriana Milena Alzate Arango, quien fue subcontratada el 15 de agosto de 2010 por el Consorcio Ruta del Sol, del que hizo parte Odebrecht, para realizar mantenimiento y drenaje a varios tramos del proyecto Ruta del Sol II.
Sin embargo, Alzate no tendría experiencia en la materia, pero recibió pagos por más de 490 millones de pesos, por actividades que no se habrían ejecutado.
