De cada $1.000 que el Gobierno Nacional recauda por concepto de ingresos corrientes, solo $238 se destinan a municipios, distritos y departamentos. Es decir, apenas un 23,8 %. Esa destinación –según analistas–, no solo contribuye al centralismo que persiste en Colombia, sino que explica parte de la desigualdad que se arraiga en ciertos territorios y que, en la mayoría, se traduce en pobreza y violencia.
Por ello, un grupo de congresistas –en cabeza del partido En Marcha, del hoy ministro Juan Fernando Cristo– tramita desde hace varios meses un proyecto de acto legislativo –es decir, que implica modificar la Constitución–, para aumentar las transferencias que desde el Gobierno central se le dan a los territorios a través del Sistema General de Participaciones (SGP).
La reforma llegó ayer a la plenaria del Senado –en el sexto de sus ocho debates– y desató un rifirrafe incluso dentro del Ejecutivo. Por un lado, Cristo defiende la iniciativa y destaca que lo que se busca es “tener un Estado menos obeso, menos grasoso, con menos burocracia”. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegura que la iniciativa no es viable fiscalmente y afectaría las finanzas de la Nación.
La nuez del asunto es el porcentaje que se pretende transferir a los territorios. Inicialmente, el proyecto proponía aumentar la partida de transferencias hasta el 46,5 % en un periodo de 10 años. Sin embargo, en medio de la controversia y las posturas de lado y lado, ayer se acordó un porcentaje que podría viabilizar la reforma: transferir hasta el 39,5 % de forma gradual durante 12 años.
Aunque el proyecto no es de iniciativa del Gobierno, el presidente Gustavo Petro tomó partido y le dio su espaldarazo. El mandatario condicionó su respaldo a la reforma siempre y cuando 1) el aumento sea gradual; 2) se complemente con una ley de competencias para fortalecer la autonomía de los entes territoriales; 3) que se privilegie a “las regiones más excluidas”; 4) que haya más competencias para el manejo de recursos de salud y educación, y 5) que se fortalezca a la ciudadanía para dar trámite a sus necesidades y que la nueva plata no termine en poder de “las mafias locales”.
Con todo, la reforma sigue generando preocupación en un sector de la sociedad. Justo ayer se conoció una carta firmada por una docena de exministros y exviceministros de Hacienda, en la que alertan que la iniciativa conduciría a un sobreendeudamiento de la Nación para cubrir gastos de funcionamiento.
“La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se amenaza de manera grave, puesto que haría imposible cumplir con el ancla de la deuda del 55 % del PIB y podríamos llegar en pocos años al tope de la deuda del 71 % del PIB, establecidos en la ley”, explicaron.
Por su parte, desde la oposición, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) advirtió que en la última década se han transferido $109 billones a los territorios, pero no se han traducido en desarrollo regional. “Se han convertido en mucho efectivo para campañas políticas corruptas”, indicó, asegurando que no solo se necesitaría una reforma tributaria.
Para algunos, aunque es viable la reforma y nadie se opone a la descentralización, primero se debe definir en detalle las nuevas competencias que asumirían los municipios y departamentos, y luego fijar de qué porcentaje será la transferencia. Es decir, invertir el orden de los proyectos. Se prevé que este martes se vote la iniciativa y continúe su tránsito en el Congreso. Ya goza de amplias mayorías, sumado al guiño del Gobierno.
En medio del debate, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, concurrió al Congreso y dio su opinión sobre el proyecto.
El gobernador –quien promueve un referendo para lograr mayor autonomía fiscal–, señaló que la iniciativa implica que el Gobierno central reduzca su tamaño y transferir competencias. “Este acto legislativo allana un terreno y le hace una gran avanzada al referendo”, explicó Rendón.
