Aunque Verónica Alcocer, según Gustavo Petro, lleva “años” separada del expresidente —quien es el padre biológico de sus dos hijas y padre putativo de su hijo mayor—, los líos mediáticos y judiciales que le quedaron tras ser la primera dama entre 2022 y 2026 la siguen persiguiendo. Sobre todo porque este año quien fuera su amiga, la española Eva Ferrer, la ha señalado de la presunta comisión de delitos, entre los que hay hasta tráfico de armas y negocios con Venezuela. La Fiscalía investiga, mientras se siguen conociendo contratos de los familiares de Alcocer con el Estado.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación en la que aparece mencionada Verónica Alcocer por esos señalamientos.
De hecho, la también exasesora presidencial ha sido citada tres veces a esa entidad para que amplíe su denuncia y presente pruebas. Aunque incumplió la más reciente citación —este miércoles 14 de octubre—, su abogado asegura que Ferrer se mantendrá en lo que ha denunciado.
Por su parte, la exprimera dama, por medio de su apoderado, manifestó que volvió a acudir a la Fiscalía para reiterar su disposición de colaborar con la justicia. También sostuvo que se pretende vincularla con hechos que habrían ocurrido en Venezuela a partir de versiones de terceros y no de información que provenga de su conocimiento directo. Alcocer confirmó que fue informada sobre la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción
Vale recordar que los señalamientos de Eva Ferrer hablaron de que Alcocer era la jefa de una “banda” y que tenía varios familiares que, presuntamente, le servían de “testaferros”. En ese sentido, formuló acusaciones sobre posible malversación de recursos públicos, cobros relacionados con nombramientos en el Gobierno y supuestas operaciones financieras. Sin embargo, hasta el momento, la veracidad de estas afirmaciones debe ser esclarecida ante las autoridades.
Uno de los familiares mencionados es el diputado de Sucre, Mario Fernández Alcocer, quien negó haber tenido negocios con el empresario catalán Manel Grau, pese a reconocer que se reunió con él y con su prima. Así mismo, rechazó las versiones que relacionan su fallida aspiración a la Gobernación de Sucre con recursos provenientes de Caracas y anunció que prepara un pronunciamiento con sus abogados.
Los registros expuestos también incluyen un contrato de Country Motors con el Sena, Regional La Guajira, por $849 millones, suscrito en diciembre de 2025, para adquirir vehículos destinados a un proyecto relacionado con la restauración de aerobombas en comunidades wayúu. La empresa también celebró contratos con la Gobernación de Bolívar y otras entidades para la adquisición o el mantenimiento de automotores.
Alcocer Vélez aseguró a ese medio de comunicación que su compañía no contrató directamente con la UNGRD, sino que suministró camiones a proveedores de esa entidad. Añadió que colaboró con la Fiscalía para esclarecer los hechos y defendió la legalidad de su participación en procesos de contratación pública mediante SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) II.
El empresario negó tener propiedades o residencia en Miami y afirmó que no dispone de información sobre las acusaciones formuladas por Ferrer. También sostuvo que ninguna autoridad lo ha citado y defendió la trayectoria comercial de su empresa.
