por Antonio Claros | Jun 5, 2026 | Tribuna de opinion
Esta semana, delegados de la Procuraduría General de la Nación realizaron una inspección a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La finalidad de la visita fue revisar el estado de las investigaciones y procesos contra el presidente de la República, Gustavo Petro.
Vale recordar que recientemente el procurador Gregorio Eljach había solicitado el avance de esos casos, pero la respuesta que encontró fue más bien poca.
Sin embargo, la respuesta que encontraron fue un cuadro de Excel. En ese documento estaba reseñada toda la lista de radicados contra el jefe de Estado, en los que estaba relacionado quiénes son los representantes que investigan los casos y cuál es el motivo de la denuncia.
Ante esto, en la Comisión de Acusación quedaron de enviarles a los delegados por correo el resto de la información sobre esos procesos.
Actualmente, en esa corporación duermen el sueño de los justos un total de 290 proceso contra el presidente Petro, las cuales han llegado allá desde que se posesionó en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022. De estas, 15 son por la presunta indebida participación en política, que son las últimas que han llegado a esa instancia.
Hay que mencionar que hay ocho funcionarios del Gobierno Nacional que están investigados o suspendidos por la Procuraduría por participar en política, que está prohibido. Se trata de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez; el embajador en Brasil, Alfredo Saade; el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo y los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; del Interior, Armando Benedetti, y de Transporte, María Fernanda Rojas.
Actualmente, en esa corporación duermen el sueño de los justos un total de 290 proceso contra el presidente Petro, las cuales han llegado allá desde que se posesionó en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022. De estas, 15 son por la presunta indebida participación en política, que son las últimas que han llegado a esa instancia.
Hay que mencionar que hay ocho funcionarios del Gobierno Nacional que están investigados o suspendidos por la Procuraduría por participar en política, que está prohibido. Se trata de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez; el embajador en Brasil, Alfredo Saade; el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo y los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; del Interior, Armando Benedetti, y de Transporte, María Fernanda Rojas.
También fueron suspendidas la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, por portar un poncho a favor del candidato Iván Cepeda el día de las elecciones de primera vuelta, y la alcaldesa de San Onofre, Sucre.
Ha sido tal la interferencia de Petro en política que, desde su cuenta de X (antiguo Twitter) y después de la derrota de su candidato en la primera vuelta, dijo que “aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. En el mismo mensaje, en donde criticó al candidato Abelardo de la Espriella propuso “tomar sus propias decisiones” para que gane Iván Cepeda.
por Antonio Claros | May 29, 2026 | Tribuna de opinion
El presidente Gustavo Petro ha chocado constantemente con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en Bogotá. El episodio más reciente es por cuenta de un laboratorio de robótica, inexistente todavía, en el colegio Sierra Morena de Ciudad Bolívar.
La polémica inició cuando la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, denunció públicamente que la administración distrital le había cerrado las puertas del plantel educativo.
El propósito de su visita era instalar una mesa de diálogo para implementar un laboratorio de robótica. Según la funcionaria, la actividad tuvo que ser cancelada, afectando incluso las raciones del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y la jornada de los estudiantes.
A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro atacó fuertemente la decisión del Distrito con el siguiente mensaje:
“¿Por qué el alcalde Luis Carlos Galán no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi gobierno al Colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar? No entiendo ¿por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la política de educación pública si es en beneficio de la juventud de bajos recursos de sus ciudades?”.
El mandatario nacional generó burlas y revuelo en redes sociales al sufrir un lapsus histórico, llamando al alcalde por el nombre de su fallecido padre, el líder político Luis Carlos Galán, en lugar de su nombre real, Carlos Fernando Galán.
A ese mensaje, el alcalde mayor de Bogotá reaccionó desmintiendo que se estuviera bloqueando la llegada de tecnología a los jóvenes y aclaró los motivos de la restricción bajo dos argumentos principales.
Galán y la Secretaría de Educación explicaron que la infraestructura del laboratorio no estaba construida ni lista. Denunciaron que el Gobierno nacional no iba a entregar herramientas reales en ese momento, sino a montar un “simple anuncio institucional”.
El evento estaba programado para este jueves, justo antes de las elecciones presidenciales y contemplaba el ingreso de entre 1.000 y 1.500 personas externas al colegio.
Galán enfatizó: “ni conveniente ni necesario en la última semana antes de las elecciones” usar una escuela pública para un evento con claros tintes políticos y masivos que alteraba la seguridad y las clases de los niños.
”Los colegios de Bogotá están siempre abiertos para recibir laboratorios y herramientas pedagógicas, pero nunca deben ser usados para hacer política”, puntualizó el alcalde en su réplica.
En un mensaje más reciente, Galán escribió en X: “Presidente, tal vez aún no lo han informado los miembros de su gobierno. El Ministerio de Ciencias y la Secretaría de Educación acordaron que la entrega del laboratorio será en julio, cuando esté listo para ser entregado”.
Posteriormente, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se confirmó que la instalación del laboratorio STEAM comenzará el 1.° de junio
“Embaucador”: Briceño a Petro
Desde sectores de la oposición y el Concejo de Bogotá se respaldó al alcalde. Figuras políticas señalaron que el Ministerio de Ciencias pretendía realizar un acto de campaña encubierto aprovechando la coyuntura electoral.
Una de las críticas llegó de la mano de Daniel Briceño, elegido representante a la Cámara por el Centro Democrático. El exconcejal, a través de X, publicó una imagen del contrato del laboratorio de robótica en cuestión que llevó a una diferencia a Petro y Galán.
“El ataque de Petro a Galán es mentiroso. Revisé el contrato de Colombia Robótica y el @MincienciasCo no tuvo en cuenta a Bogotá para sus laboratorios Ayer en Ciudad Bolívar quisieron hacer un evento político para anunciar algo que no existe a 4 días de elecciones. Embaucador”, afirmó Briceño.
¿Por qué Carlos Fernando Galán frenó el laboratorio de Petro en Bogotá?
La Alcaldía de Bogotá aseguró que el laboratorio de robótica del colegio Sierra Morena aún no estaba listo para ser entregado y que el evento planteado por el Gobierno implicaba el ingreso masivo de personas en plena semana electoral, lo que consideró inconveniente para un colegio público.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Carlos Fernando Galán por el laboratorio de robótica?
El presidente Gustavo Petro criticó públicamente al alcalde de Bogotá tras denunciar que se había impedido el ingreso del laboratorio al colegio Sierra Morena, en Ciudad Bolívar. En su mensaje cuestionó a administraciones locales “de oposición” por, según él, obstaculizar proyectos de educación pública. La publicación generó revuelo porque confundió el nombre del alcalde y lo llamó “Luis Carlos Galán”, en referencia a su padre.
¿Por qué el choque entre Petro y Galán ocurrió antes de las elecciones?
La polémica surgió porque el evento estaba programado para realizarse en la última semana previa a elecciones presidenciales y contemplaba una convocatoria masiva dentro de un colegio público. Desde el Distrito y sectores de oposición se cuestionó si la actividad podía interpretarse como un acto de visibilidad política del Gobierno Nacional, mientras el Ejecutivo defendió que se trataba de una iniciativa educativa.
por Antonio Claros | May 21, 2026 | Tribuna de opinion
En medio de la recta final de las campañas presidenciales, a solo 11 días de las elecciones del próximo 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a ocupar el centro del debate público con dos apariciones consecutivas. Primero en su Consejo de Ministros y luego en una extensa entrevista con Caracol Radio, la primera que concede a un medio colombiano tras varios meses. Habló de todo.
En ambos espacios se refirió a temas sensibles para su Gobierno, desde el ELN, hasta la tensión diplomática con Bolivia por mensajes que ha publicado en sus redes sociales, que ocasionaron la expulsión de la embajadora de Colombia en ese país.
Inicialmente, en la noche del martes, el mandatario protagonizó un nuevo Consejo de Ministros que dejó varias declaraciones que resonaron en la opinión pública. La más comentada fue su retractación por el comentario que hizo tiempo atrás contra las periodistas colombianas, a quienes llamó “muñecas de la mafia”.
Petro llamó al Eln “Grupo de Liberación del Narcotráfico”
En ese mismo espacio, el jefe de Estado también habló sobre la relación del Gobierno con el grupo armado terrorista del ELN. Incluso, aseguró que esa guerrilla ya no debería llamarse así, pues, según dijo, hace años perdió cualquier propósito político y hoy actúa al servicio del narcotráfico.
“El ELN se expresa en un comunicado, yo le llamo GLN, que es Grupo de Liberación del Narcotráfico. El Ejército de Liberación Nacional murió hace tiempo. Aunque sea la misma bandera, no es el mismo propósito”, afirmó el mandatario.
La declaración se produjo en medio de la escalada violenta en varias regiones del país y del fracaso de las mesas de negociación con ese grupo criminal.
por Antonio Claros | May 14, 2026 | Tribuna de opinion
La campaña presidencial en Colombia está siendo dominada por el temor generalizado a un atentado, en especial después del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, lo que ha implicado la utilización de complejos y costosos anillos de seguridad
Uno de los funcionarios que le puso la lupa al tema recientemente fue el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout.
En un mensaje publicado en su perfil de X, señaló: “He acompañado a Abelardo de la Espriella en más de 20 eventos por toda Colombia, pero lo vivido en el Parque de Belén en Medellín me dejó una profunda reflexión. Ver a un candidato presidencial ante miles de personas protegido por escudos, mantas balísticas, chalecos, antidrones, una tarima con vidrios blindados y un despliegue de más de 30 hombres con fusiles, es una imagen que cuestiona nuestra realidad. ¿En qué momento se volvió tan peligroso querer liderar a Colombia?”.
Agregó que “da miedo ver que, para querer salvar a Colombia, Abelardo tenga que estar dejando su vida y su tranquilidad en cada lugar. Es doloroso que la esperanza deba estar blindada de esta manera; esta imagen nos obliga a preguntarnos hasta cuándo el ejercicio de la democracia en nuestra Colombia seguirá siendo una actividad de altísimo riesgo”.
Los esquemas de seguridad de los candidatos y otros altos dignatarios en Colombia están conformados por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y patrullas de la Policía; en algunos casos, el anillo se robustece con personal del Ejército.
Además de esto, De la Espriella cuenta con un equipo de seguridad privada, pagado de su propio bolsillo, según fuentes cercanas a la campaña.
En una reunión efectuada hace un mes por las diferentes entidades encargadas de la seguridad de los aspirantes presidenciales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso que “gracias al trabajo articulado de la Comisión de Seguimiento Electoral (CORMPE), a la fecha, se ha dispuesto de 107 integrantes de la UNP, 160 efectivos de la Policía, 29 vehículos convencionales, 39 blindados y 29 chalecos de protección, entre otras medidas”.
Según el ministro, cada desplazamiento de los candidatos o de sus fórmulas vicepresidenciales cuenta con un mínimo de 40 funcionarios de seguridad, con sus respectivos medios logísticos, lo que implica un gasto que supera los $1.000 millones mensuales.
Las amenazas y estigmatizaciones constantes
En Colombia, el ambiente electoral está al rojo vivo después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, a quien un sicario adolescente le disparó en un acto de proselitismo en un parque de Bogotá, el 7 de junio de 2025.
El mes pasado, la Misión de Observación Electoral (MOE) informó que van 35 amenazas documentadas contra campañas electorales en 2026.
En similar sentido se pronunció el programa Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia, una iniciativa en la que participan la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE), la Conferencia Episcopal, delegados de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Entre el 13 de marzo y el 15 de abril del presente año esas instituciones registraron múltiples agresiones a los candidatos, por parte de los seguidores de sus oponentes y hasta de ellos mismos.
“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia”, comentó al respecto la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Dijo que “se registró una alta recurrencia de violencia contra las mujeres en política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientación sexual diversa y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”.
De acuerdo con el análisis del programa, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins, aspirantes al primer cargo de la Nación y a la Vicepresidencia, “han sido objeto de violencia contra las mujeres en política, violencias por prejuicio, estigmatización y difamación”.
En el caso de la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, “han enfrentado situaciones de difamación”; es el mismo fenómeno que afecta a la pareja de Iván Cepeda y Aida Quilcué, a la cual le suman una “alta recurrencia de estigmatización”.
Sobre el candidato afrodescendiente Luis Gilberto Murillo, y la de origen indígena Aida Quilcué, la Defensoría estimó que “han sido objeto de afirmaciones racistas”. Y en cuanto a la campaña de Sergio Fajardo, que “ha recibido lenguaje ofensivo”.
“Estas violencias son amplificadas en entornos digitales y, en algunos casos, por voces con alta visibilidad pública, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves, propicia escenarios de autocensura y silenciamiento, y afecta de forma especial la relación de las juventudes con la democracia y la confianza institucional”, sentenció Marín.
La situación ya generó alertas en el exterior. El 16 de abril, Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, señaló que “tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador Uribe. Hemos hablado con las autoridades colombianas, particularmente la Policía, que puso a más personas en eso. Para las personas que están pensando en dañarlos, enfrentarán una retribución terrible si se atreven a intentarlo”.
En el caso de Valencia se presentó una controversia, pues el ministro de Defensa y el director de la Policía la alertaron de un complot para asesinarla, pero a las 24 horas se retractaron y el presidente Gustavo Petro indicó que había sido una falsa alarma.
“Nadie tiene garantizada la seguridad en Colombia, ni yo que tengo un gran esquema de seguridad”, afirmó la aspirante del Centro Democrático durante un evento en Cauca, el pasado 28 de abril.
por Antonio Claros | May 11, 2026 | Tribuna de opinion
TRIBUNA DE OPINIÓN mayo-2026
por Antonio Claros | May 8, 2026 | Tribuna de opinion
El procurador, Gregorio Eljach, lanzó este miércoles la segunda fase de la estrategia ‘Paz Electoral’, denominada ‘No a la indebida participación en política’, con la que el Ministerio Público fijó seis conductas prohibidas a los servidores públicos del país de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, y advirtió que su transgresión puede acarrear desde una multa hasta la destitución del cargo y, eventualmente, un proceso penal por el delito de intervención en política.
El jefe del Ministerio Público explicó que se trata de “una actividad pedagógica con soporte constitucional, legal y jurisprudencial”, dirigida a funcionarios de cualquier nivel y territorio, con el objetivo de marcar el punto en el que los derechos políticos y electorales de un servidor del Estado se convierten en una conducta sancionable.
“Queremos prevenir a todos los servidores públicos para que sepan cuál es la línea roja que no pueden transgredir, que no pueden pasar; hasta dónde van sus derechos en materia política y electoral y dónde empiezan las conductas prohibidas”, señaló Eljach durante la presentación de la directiva.
El Procurador agregó que el propósito es evitar que los funcionarios “utilicen su cargo o los recursos públicos o el poder que ostentan para alterar la voluntad de los electores”, y que la contratación pública, las obras estatales o la jerarquía dentro del Estado no se conviertan en herramientas para “dañar la pureza del voto, que es lo más sagrado que tiene una democracia como la colombiana”.
¿Cuáles son las líneas rojas que no deben pasar los funcionarios?
Según la directiva, los servidores públicos no pueden hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionarios del Estado; presionar o favorecer a subalternos para apoyar candidatos; usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas; difundir propaganda electoral; inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido; ni usar información reservada de la entidad con fines políticos.
El Ministerio Público también precisó las conductas que sí están permitidas: difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo ajenos a la contienda electoral; ejercer el derecho al sufragio, salvo los miembros de la Fuerza Pública; e inscribirse como miembros de los partidos, en los términos del artículo 39 de la Ley 996 de 2005. Las restricciones aplican con limitaciones diferenciadas para congresistas, diputados, concejales y ediles.
Las consecuencias del incumplimiento son disciplinarias y penales. En el ámbito disciplinario, dependiendo de la calificación de la falta, las sanciones pueden llegar a la destitución y la inhabilidad. En el penal, el artículo 422 del Código Penal contempla el delito de intervención en política, que acarrea multa y destitución del cargo público.
Por otro lado, el procurador Eljach no se refirió sobre si la invitación que hizo el presidente Gustavo Petro para que su proyecto político continúe cuatro años más configure una indebida participación en política.
“La calificación la tiene que hacer la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que tiene competencia integral para mirar las conductas del Presidente. El Procurador está por fuera de esa competencia”, dijo.
El jefe del Ministerio Público sostuvo, además, que las dudas que el mandatario ha expresado de manera reiterada sobre el proceso electoral están protegidas por la libertad de expresión mientras no impliquen una acusación de delito ni “afirmaciones sin fundamento”, y agregó que la calidad presidencial “no le inhibe el uso que se haga de esa libertad”.
