por Antonio Claros | Oct 16, 2026 | Tribuna de opinion
Aunque Verónica Alcocer, según Gustavo Petro, lleva “años” separada del expresidente —quien es el padre biológico de sus dos hijas y padre putativo de su hijo mayor—, los líos mediáticos y judiciales que le quedaron tras ser la primera dama entre 2022 y 2026 la siguen persiguiendo. Sobre todo porque este año quien fuera su amiga, la española Eva Ferrer, la ha señalado de la presunta comisión de delitos, entre los que hay hasta tráfico de armas y negocios con Venezuela. La Fiscalía investiga, mientras se siguen conociendo contratos de los familiares de Alcocer con el Estado.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación en la que aparece mencionada Verónica Alcocer por esos señalamientos.
De hecho, la también exasesora presidencial ha sido citada tres veces a esa entidad para que amplíe su denuncia y presente pruebas. Aunque incumplió la más reciente citación —este miércoles 14 de octubre—, su abogado asegura que Ferrer se mantendrá en lo que ha denunciado.
Por su parte, la exprimera dama, por medio de su apoderado, manifestó que volvió a acudir a la Fiscalía para reiterar su disposición de colaborar con la justicia. También sostuvo que se pretende vincularla con hechos que habrían ocurrido en Venezuela a partir de versiones de terceros y no de información que provenga de su conocimiento directo. Alcocer confirmó que fue informada sobre la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción
Vale recordar que los señalamientos de Eva Ferrer hablaron de que Alcocer era la jefa de una “banda” y que tenía varios familiares que, presuntamente, le servían de “testaferros”. En ese sentido, formuló acusaciones sobre posible malversación de recursos públicos, cobros relacionados con nombramientos en el Gobierno y supuestas operaciones financieras. Sin embargo, hasta el momento, la veracidad de estas afirmaciones debe ser esclarecida ante las autoridades.
Uno de los familiares mencionados es el diputado de Sucre, Mario Fernández Alcocer, quien negó haber tenido negocios con el empresario catalán Manel Grau, pese a reconocer que se reunió con él y con su prima. Así mismo, rechazó las versiones que relacionan su fallida aspiración a la Gobernación de Sucre con recursos provenientes de Caracas y anunció que prepara un pronunciamiento con sus abogados.
Los registros expuestos también incluyen un contrato de Country Motors con el Sena, Regional La Guajira, por $849 millones, suscrito en diciembre de 2025, para adquirir vehículos destinados a un proyecto relacionado con la restauración de aerobombas en comunidades wayúu. La empresa también celebró contratos con la Gobernación de Bolívar y otras entidades para la adquisición o el mantenimiento de automotores.
Alcocer Vélez aseguró a ese medio de comunicación que su compañía no contrató directamente con la UNGRD, sino que suministró camiones a proveedores de esa entidad. Añadió que colaboró con la Fiscalía para esclarecer los hechos y defendió la legalidad de su participación en procesos de contratación pública mediante SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) II.
El empresario negó tener propiedades o residencia en Miami y afirmó que no dispone de información sobre las acusaciones formuladas por Ferrer. También sostuvo que ninguna autoridad lo ha citado y defendió la trayectoria comercial de su empresa.
por Antonio Claros | Oct 6, 2026 | Tribuna de opinion
En algún punto durante el primer año de Gustavo Petro como presidente, al Centro Democrático ―que desde el inicio se declaró de oposición― le llegó una especie de “reclamo”: Enrique Gómez, según cuentan en esa colectividad, le habría hecho saber al expresidente Álvaro Uribe que aspiraba a ser el líder de esa oposición: había sido candidato presidencial en 2022 y obtuvo entonces el 0,23 % de los votos.
La propuesta no prosperó. Gómez no hacía parte del Centro Democrático (CD) que ya llevaba un rato como el único partido de oposición en ese momento. Por eso, dentro de la colectividad, la idea de que pudiera asumir su liderazgo no encontró espacio. O al menos así lo ven en el uribismo.
“Pasan estos años y él encuentra un vehículo en la campaña de Abelardo de la Espriella, y empieza una actitud de hostilidad hacia el Centro Democrático”, dice a este medio una fuente enterada.
Hoy el CD parece haber quedado en una posición incómoda. De un lado está su apoyo público al Gobierno, el mismo respaldo que le ha servido al Ejecutivo, hasta ahora, para sacar adelante el presupuesto en primer debate o para frenar las mociones de censura contra sus ministros.
Del otro está el esfuerzo por no ceder terreno en sus bases frente a esa “nueva” derecha con la mirada puesta en 2027.
Las lecturas del “desorden”
Por eso, dentro del partido hay quienes creen que si es que hay algún tipo de “desorden”, este sería consecuencia de las presiones externas heredadas de la campaña presidencial.
Otros, como el representante antioqueño Juan David Zuluaga, señalan que hay que “pasar la página y no enfrascarse en peleas que no le sirven al país” con los otros partidos de la coalición de Gobierno.
También hay quienes se niegan a reconocer que existan rupturas dentro del partido. “El Centro Democrático tiene matices y María Fernanda Cabal era uno de esos, uno que yo respeto y admiro”, dijo a medios el representante José Jaime Uscátegui a propósito del último capítulo de tensiones que se han hecho visibles en la derecha: la renuncia de Cabal al CD. “El Centro Democrático es un partido más vivo que nunca”, agregó.
Aunque la de Cabal era una decisión que ya estaba casi cantada, para algunos militantes es señal de que algo no anda del todo bien dentro de la colectividad. Y eso ocurre en un partido que, pese a todo, vota con disciplina y recuperó curules con respecto a hace cuatro años.
“El partido tiene hoy tres retos: el primero, traer gente nueva; el segundo, mantener a la que está, y el tercero, aceptar que hay gente que se fue. Mucha gente se distanció del partido, y a esa gente no hay que maltratarla, hay que volverla a atraer”, dijo el representante Daniel Briceño
por Antonio Claros | Sep 29, 2026 | Tribuna de opinion
Alias ‘Tasmania’, es señalado por las autoridades de integrar el grupo delincuencial ‘Los Costeños’ y de estar relacionado con varios hechos delictivos en el Atlántico, fue capturado en el municipio de Turbaco, Bolívar, durante un operativo coordinado entre la Armada Nacional y la Policía.
La captura se produjo en medio de un procedimiento adelantado por unidades del Gaula Militar Bolívar, adscrito a la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de la Fuerza Naval del Caribe, en coordinación con integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional del Atlántico.
Según la información suministrada por la Armada Nacional, alias ‘Tasmania’ figuraba en el cartel de los más buscados del Atlántico y tenía tres órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y hurto agravado.
De acuerdo con las investigaciones citadas por las autoridades, alias ‘Tasmania’ estaría presuntamente relacionado con siete homicidios ocurridos en el departamento del Atlántico.
La Armada también lo señala como uno de los presuntos responsables de dinamizar actividades de extorsión en esa zona del país. No obstante, su responsabilidad en los homicidios y demás hechos que se le atribuyen deberá ser determinada por las autoridades judiciales dentro de los procesos correspondientes.
Las autoridades también indicaron que el hombre habría llegado a Bolívar con el propósito de establecer alianzas delictivas con otras estructuras criminales que operan en la región.
El operativo permitió ubicar a alias ‘Tasmania’ en Turbaco, donde finalmente se materializó su captura. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola traumática y un teléfono celular.
Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con el capturado, quien fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso de judicialización.
La operación fue resultado de la coordinación entre unidades militares y de la Policía, en el marco de las acciones que adelantan las autoridades contra estructuras señaladas de participar en actividades como extorsiones, homicidios y otros delitos en el Caribe colombiano.
por Antonio Claros | Sep 20, 2026 | Tribuna de opinion
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, en el Latam Fintech Market 2026, reveló que 3 millones de colombianos quedaron fuera del crédito formal y el 79% de los colombianos sigue usando efectivo. Por eso, dijo que estas personas “son invisibles” para el sistema financiero y terminan presas de los prestamistas, como el “gota a gota”. Y las tasas de intereses son exorbitantes, por ejemplo, cerca de 382% para personas y 666% para empresas.
¿Qué hace falta para que se destraben las barreras que de la industria fintech en Colombia?
“Hicimos unos esfuerzos grandes en el Gobierno pasado, con quien no tenía un interés genuino en que esto saliera bien, no desde la malicia, sino desde el desconocimiento. Creo que el cambio sustancial con lo que estamos viendo en este Gobierno es que ahora hay una voluntad decidida de la clase política de incentivar esta industria, porque han entendido que incentivarla significa promover la competencia, la innovación y la inclusión”.
Insistió en la necesidad de revisar la tasa de usura. ¿Por qué no se acaba el “gota a gota” que afecta a esos colombianos que no pueden acceder al sistema financiero formal?
“Tristemente, es un fenómeno que solo crece en los últimos años. En la medida en que lo continuemos ignorando, seguirá mostrando la cara más violenta de Colombia, la que más excluye a los ciudadanos menos favorecidos. Y eso es algo que tiene que acabar. El gota a gota es una realidad ineludible para millones de colombianos hoy. Es la única forma de acceder a un financiamiento que necesitan.
Y el Estado colombiano, de manera histórica, tomó la decisión de permitir de manera subrepticia que ese mecanismo de financiación existiera. Estamos viendo colombianos exportar este modelo a países de la región como Ecuador y México. Es tan grave, tan rentable para los bandidos lavar activos a través de este medio. Y eso no va a cambiar por una decisión de la banca o de las fintech, ni cambiará simplemente por una decisión de financiar. Esto empieza si los políticos cambian, deben tener la valentía de dar discusiones difíciles, de acompañar en educación financiera a los ciudadanos y explicarles que la tasa de usura da créditos más baratos, pero da muchos menos créditos. Tenemos que pensar no en quién hoy tiene, sino en el que no estamos viendo, el que está preso del gota a gota”.
Es una barrera para las personas que quieren entrar al sistema financiero, pero no pueden acceder a un crédito. ¿Cómo se explica esa exclusión?
“Sí, también hay ahí una barrera porque a veces la persona quiere entrar al sistema financiero y no puede. Y la gente no entiende por qué no puede. Por ejemplo, que un reporte en una central de riesgo significa casi que la exclusión financiera. Y creen que ahí básicamente hay detrás un tipo con un sombrero de monopolio diciendo: ‘No le quiero prestar a estos’. Pero el sistema está diseñado para que no puedan prestarles.
Tenemos una tasa de usura que no se acomoda a la mayoría de los colombianos, que tristemente viven en la pobreza, son informales y no tienen bienes o activos, pues son esas personas a las que les estamos poniendo una condición extrema de vulnerabilidad”.
También plantearon el desmonte del 4×1.000. ¿Pudieron hablar con el ministro de Hacienda sobre eso?
“Hemos tenido unas conversaciones fructíferas con el Gobierno para desmontar esta barbairdad del 4×1.000. El Congreso también está promoviendo proyectos de ley en este sentido, y creemos que el momento es positivo.
Tenemos un Gobierno decidido a simplificar el laberinto kafkiano (absurdo) tributario en el que hemos quedado en Colombia y, en la medida en que tengamos esa voluntad, las discusiones que antes le fueron vedadas, como el desmonte gradual y progresivo del 4×1.000, se verán operativizadas”.
por Antonio Claros | Sep 9, 2026 | Tribuna de opinion
Colombia amaneció hoy bajo una nueva etapa de su política de armas. El presidente Abelardo De la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, con el que levanta la suspensión general del porte de armas de fuego que regía en todo el territorio nacional.
La medida reabre un debate más amplio sobre la llamada justicia por mano propia bajo el contexto de inseguridad urbana y rural que azota a varias regiones del país.
“Me complace firmar este decreto. Por supuesto, los requisitos para portar el arma los requisitos siguen siendo muy estrictos; las personas tienen que reunir unas condiciones físicas, psíquicas y emocionales, no tener antecedentes ni problemas (…) ya era hora de devolverle a nuestros ciudadanos de bien que puedan defenderse”, dijo el mandatario este martes.
El jefe de Estado dijo que entre enero y septiembre de 2026 las autoridades decomisaron unas 15.700 armas de fuego en todo el país, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
La decisión del mandatario pone fin a un modelo de restricción que comenzó en 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que fue prorrogado sucesivamente por las administraciones posteriores.
El Ejecutivo presenta el cambio como un regreso a la eficacia de los permisos individuales y como una herramienta para que quienes están legalmente autorizados puedan ejercer su derecho a la legítima defensa en un escenario marcado por el avance de la delincuencia organizada. Pero la decisión está lejos de ser un asunto meramente administrativo.
Detrás del decreto hay una discusión de fondo sobre el papel del Estado, la seguridad ciudadana y los límites de la defensa individual en una sociedad donde circulan millones de armas. Y ahí comienza la controversia.
Uno de los primeros puntos que el Gobierno ha tenido que aclarar es que levantar la suspensión general del porte no significa que Colombia haya adoptado un modelo de libre adquisición de armas como el que existe en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, país que protege el derecho de los civiles a portar armas a través de la Segunda Enmienda de su Constitución, la cual fue aprobada en 1791, Siglo XVIII.
El Decreto no elimina los controles establecidos por la legislación colombiana ni modifica el monopolio estatal sobre las armas de fuego. El artículo 223 de la Constitución continúa vigente y establece que solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos, mientras que el porte por parte de particulares sigue sometido a autorización estatal.
Quienes ya tienen un permiso de porte vigente no tendrán que solicitar, además, un permiso especial para poder llevar consigo el arma.
Ese requisito adicional, que se había convertido en una pieza habitual del esquema de suspensión general adoptado desde 2014, desaparece con la nueva norma.
Una cosa es tener autorización para portar un arma y otra muy distinta tener autorización únicamente para conservarla en un inmueble. Los permisos de tenencia no quedan cobijados por la medida. Tampoco los salvoconductos vencidos, suspendidos individualmente, cancelados o revocados, ni aquellas armas que tengan medidas judiciales o de decomiso vigentes.
Para quien quiera adquirir un arma por primera vez, tampoco hay un camino nuevo. Continúan vigentes los requisitos previstos en el Decreto Ley 2535 de 1993, es decir, que la adquisición legal de un arma de fuego en Colombia se realiza exclusivamente a través de la Industria Militar (Indumil), previa autorización del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares.
De hecho, tras el anuncio de ayer la página web de Indumil presentó fallas al ser consultada en varios momentos por este diario, aunque expertos no descartan un ataque cibernético. Al cierre de esta edición la entidad no había emitido un pronunciamiento.
El Decreto tampoco no significa libre venta ni que cualquier persona pueda comprar un arma sin controles. Se mantienen las normas vigentes desde hace 33 años que dicen que los ciudadanos interesados deben demostrar idoneidad física y mental, carecer de antecedentes judiciales y pasar evaluaciones rigurosas. La medida permite que vuelvan a operar y tramitarse los permisos de porte bajo la supervisión estricta de las autoridades competentes.
Un modelo conocido
La decisión de De la Espriella también supone un regreso, al menos parcial, a la manera como Colombia administraba las restricciones al porte antes de 2014. Durante años, la prohibición no funcionó como una regla nacional permanente.
El esquema permitía que alcaldes y gobernadores solicitaran a las autoridades militares restricciones temporales al porte en sus territorios, de acuerdo con las circunstancias de seguridad de cada región. La decisión final estaba en manos de los comandantes militares con jurisdicción correspondiente. Ese modelo permitió que las restricciones se aplicaran de manera diferenciada.
Bogotá, por ejemplo, recurrió en distintas ocasiones a prohibiciones temporales durante administraciones como las de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa.
También era habitual que las autoridades adoptaran medidas especiales durante elecciones, festividades y otras fechas consideradas de mayor riesgo.
La lógica era territorial: donde hubiera mayores riesgos, podían establecerse mayores restricciones. Ese esquema comenzó a cambiar en 2014. Durante el gobierno Santos se impuso una suspensión general del porte en todo el país, que posteriormente fue prorrogada por los gobiernos siguientes.
Entre las normas que mantuvieron ese modelo estuvieron el Decreto 2362 de 2018 y, más recientemente, el Decreto 1482 de 2025. Ahora, el péndulo vuelve a moverse. Con el Decreto 1368, el gobierno De la Espriella deroga las disposiciones que sostenían la suspensión general y restablece el funcionamiento ordinario de los permisos de porte que se encuentren vigentes.
por Antonio Claros | Sep 3, 2026 | Tribuna de opinion
El presidente Abelardo de la Espriella informó que el Ejército Nacional neutralizó una “posible acción terrorista del ELN” en Agua Clara, zona rural de Cúcuta. Según comentó, se localizó un vehículo robado que dio positivo para tener material explosivo.
“¡Neutralizamos una posible acción terrorista del ELN en Cúcuta! Esta noche, en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos”, expuso el primer mandatario.
Y agregó que los ocupantes huyeron en moto al darse cuenta de la presencia del Ejército. “Al advertir la presencia de nuestras tropas, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron en una motocicleta. De inmediato se aseguró el sector y se coordinó con la Policía Nacional el ingreso de técnicos antiexplosivos para verificar y neutralizar la amenaza”.
ELN sería el responsable del carro bomba frustrado
Según la información preliminar, expuso el presidente, el ELN sería el “posible responsable”. Ante eso, dijo De la Espriella, “la reacción oportuna de nuestra Fuerza Pública frustró lo que podría tratarse de una acción terrorista con carro bomba y evitó una posible tragedia”.
Finalmente, De la Espriella envió una advertencia a los grupos armados. “A los terroristas se lo advertimos: no vamos a permitir que conviertan a Cúcuta ni a ninguna región de Colombia en escenario para sembrar muerte y terror. Los vamos a perseguir y combatir con toda la fuerza legítima del Estado”.
Atentados terroristas e inseguridad en Norte de Santander
El presidente acaba de estar en Cúcuta tras la explosión de un carrobomba contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, también en Norte de Santander, a las 11:15 p.m. de este lunes 31 de agosto.
Con ese atentado, siete bases de la Policía y el Ejército ha sido blancos de atentados terroristas en las primeras tres semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella, atribuidos por las autoridades al ELN y las disidencias de las Farc.
El estallido dejó un ciudadano muerto, Jhon Endry Sandoval, y once heridos. Entre los lesionados hay dos policías, uno de los cuales sufrió la amputación de un miembro inferior.
¿Qué medidas se tomaron en el Consejo de Seguridad en Cúcuta?
Por esta situación, el jefe de Estado convocó a un consejo de seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública, para analizar las respuestas a lo sucedido y evaluar los daños.
Sin embargo, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, llegó tarde, y el alcalde de Los Patios no llegó, ya que estaba en Bogotá.
Pero De la Espriella se mostró indignado. Incluso, insinuó que en la región habría nexos entre las autoridades y los grupos armados y dijo que volverá en unos días para hacer seguimiento.
“Aquí nadie se acobarda. Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el Gobierno, y no vamos a permitir que mandatarios regionales terminen asociados con esos bandidos. Aquí voy a estar en quince días revisando los avances”, aseguró.
Por su parte, el alcalde dijo que se instaló un Puesto de Mando Unificado y se tomaron decisiones como la declaratoria de emergencia, la relación de víctimas y daños, el manejo de la vía principal, entre otras.
