Hay la sensación en la opinión que los entes de control están siendo selectivos a la hora de sancionar a gobernadores y alcaldes por el sobrecosto de los mercados, a pesar de las denuncias documentadas en las grandes capitales del país, el procurador Carrillo ha escogido para el castigo a alcaldes de pueblitos, seguramente sin ningún padrino poderoso que los defienda en las altas esferas del poder; la justicia siempre ha operado así, selectiva y politizada, basta recordar el proceso 8.000 que sacudió tan fuerte la política en el Valle, solo fueron condenados: Mauricio guzmán, Gustavo Álvarez, Kiko becerra y dos o tres más, aunque todo mundo sabía que la mayoría de dirigentes políticos en la región recibían ayuda de los hermanos Rodríguez Orejuela, cuando los capturaron les encontraron las colillas de los cheques girados a nombre de ellos, las investigaciones fueron engavetadas esperando el vencimiento de términos; por las oficinas de los jefes del cartel eran asiduos visitantes Carlos Holguín Sardi y German Villegas pero nunca fueron condenados.
El fiscal general Barbosa, sacado del cubilete Uribista como el conejo del sombrero del mago, se emplea en nimiedades, viajó hasta Cali para investigar la salud del león júpiter, insiste en judicializar a Claudia López y Angelica lozano por salir a mercar, pero elude las investigaciones que afectan a su partido como la “ñeñe política” o las denuncias de Aida Merlano que salpican a Uribe y al propio presidente Duque. Con razón la justicia es ciega.
