por Antonio Claros | Sep 18, 2023 | Tribuna de opinion
Desde hace tres meses, la Marina de Guerra del Perú lidera una operación militar conjunta con la Policía para erradicar cultivos de coca, los cuales, según datos oficiales, superan las 12.000 hectáreas repartidas a los largo de la frontera con Colombia, una línea que se extiende por 1.626 kilómetros.
Los operativos de erradicación se han concentrado en las comunidades de Nueva Esperanza, Urco Miraños, Anguzilla, Iparanga, Puerto Argelia, Yaricaya, Puerto Vélez, Puerto Victoria y El Espejo, y se han vuelto tan tensos que hasta los ranchos de los indígenas han sido quemados por los erradicadores peruanos, como señalan desde las mismas comunidades indígenas.
“Nosotros somos conscientes de que la siembra es ilícita, pero cuestionamos al Gobierno Nacional que desconoce la autonomía de los pueblos originarios sobre usos y costumbres, porque nos han tenido abandonados toda la vida y la erradicación no ha sido consultada, por eso quiero que ustedes vean cómo está conformada una chacra (palabra Kichwa que significa cultivo) del indígena Kichwa, donde hay plátano, yuca, caña y ahí en medio está la coca”, explicó Jaime Conde Chiguango.
Tras la llegada de las intervenciones y los erradicadores, los indígenas de los pueblos Kichwa y Secoya, ubicados a orillas del río Putumayo, al otro lado de la frontera colombiana, denuncian ser víctimas de atropellos y violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública del Perú.
Agobiado por lo que sucede con sus comunidades, Jaime Rolando Conde Chiguango, cacique del pueblo originario Kichwa, de la comunidad de Nueva Esperanza, ubicada en el Distrito de teniente Manuel Clavero a orillas del río Putumayo, explicó la situación que afrontan los comuneros y campesinos que cultivan coca en esa región.
Cuenta el líder indígena que el aterrizaje de los helicópteros afecta los cultivos de plátano, además de otras acciones que lo único que hacen es perjudicar a las comunidades, sus sembrados y sus vidas.
“Los erradicadores, que son más de 600 hombres, consumen sin permiso lo que hay en la chacra, han quemado ranchos con animales adentro como perros y gatos; menajes de cocina y herramientas de trabajo como motosierras, guadañas y motores fuera de borda; se comen las gallinas, y lo peor, dinamitaron las cochas (lagunas) para matar pescado y gran parte de esos pescados se perdió ahí en las cochas”, aseguró.
Cansados de los atropellos, 300 indígenas, incluidos menores de edad, tomaron una bandera de su país como queriendo gritarles que también son peruanos, y se acercaron a los erradicadores para expresarles que deben parar la erradicación, y crear una mesa de diálogo en la zona, que cuente con delegados del Gobierno.
Según los indígenas, los erradicadores están acabando con la madre tierra y afectando su nivel de vida, y por esta razón, en la mesa se buscaría que el Gobierno de Perú se comprometa con proyectos de desarrollo viables como el pago de una bonificación económica para no deforestar la selva y, además, satisfacer las necesidades básicas que los saque del abandono al que han sido sometidos durante toda la historia.
Abandono estatal
Los indígenas de las comunidades que hoy padecen los abusos de los erradicadores y las consecuencias de la erradicación que afecta sus cultivos y su estilo de vida, aseveran que nunca han tenido el apoyo del Estado peruano.
Para moverse o comercializar sus productos, la única vía con que cuentan es el río Putumayo y el pueblo más cercano en caso de alguna urgencia médica es Puerto Leguízamo, en Colombia. El trayecto de sus comunidades dura ocho horas en una canoa en la que se movilizan 10 personas; pero ese mismo trayecto puede durar hasta dos días si la embarcación va cargada de plátano o de maíz.
Todos ellos, campesinos e indígenas, prefieren ese trayecto y llegar a este municipio del Putumayo porque allá en Soplin Vargas, el pueblo peruano en el que viven, no cuentan con un hospital de primer nivel básico en salud.
La educación también se ha quedado rezagada. Para las comunidades solo hay una escuela y un colegio construido con techo de hojas de palma y piso en tierra hasta donde llegan los niños de la comunidad Secoya descalzos, vestidos con túnicas y en medio de un calor infernal de 33 grados centígrados bajo una selva húmeda.
Sin acueducto, los comuneros se surten del agua del río Putumayo, y en cuanto a las comunicaciones, están casi aislados por la falta de infraestructura. No hay proyectos productivos, la comercialización de sus productos es casi nula y paradójicamente no se ve el sol, hablando del dinero peruano, sino que circulan los billetes de Colombia.
Con este panorama, el pasado 23 de agosto arribó a este territorio en medio de la selva de la Amazonía peruana Luis Celis, asesor del congresista peruano Juan Mori, y se reunió con varios líderes de los indígenas y campesinos.
Los habitantes de esta región fronteriza con Colombia le entregaron un documento dirigido a la presidenta del Perú, Dina Boluarte Zegarra, en el que denuncian el abandono estatal, rechazan la erradicación forzada y piden una negociación directa en la zona.
“¿Por qué gastamos en balas y represión social y no en seguridad alimentaria del más desprotegido e indefenso?”, cuestiona la misiva que esperan llegue a manos de Boluarte y sea atendida para sentirse escuchados y dejar de lado siglos de abandono y represión.
Riesgo de desplazamiento
Entre los cultivadores de coca en la frontera colombo-peruana hay por lo menos unos 4.000 campesinos colombianos, ubicados en la zona de Güepí y Soplin Vargas.
Las acciones de erradicación los predispone a un desplazamiento hasta el municipio de Leguízamo, Putumayo, generando una crisis humanitaria y el municipio colombiano no tiene la capacidad para atender tanta gente.
Puerto Leguízamo también adolece de falta de servicios básicos como salud, y el hospital María Argelines no cuenta con equipos biomédicos ni el personal suficiente para atender una inminente confrontación entre campesinos y Fuerza Pública peruana por la erradicación.
Previendo esa situación, el 7 de septiembre pasado la asociación de juntas comunales de Leguízamo, Asojuntas, le entregó un documento al gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero, en la que advierte la amenaza de desplazamiento masivo, no solo de colombianos, sino también peruanos que llegarían a esta localidad fronteriza. Le piden que se dé a conocer al gobierno colombiano, para que las instituciones del orden nacional hagan presencia inmediata en Leguízamo.
La situación amerita una atención oportuna de todos los niveles, y ojalá entre los dos países, para evitar una crisis humanitaria en la que los que pierden son los indígenas y los campesinos.
Cultivos han crecido en Perú
En el último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, UNODC, el representante para Perú y Ecuador de esa oficina, Antonino De Leo, “resaltó los niveles récord de producción de cocaína y el aumento de su consumo. Aunque la superficie de cultivo de hoja de coca se mantuvo estable, la producción de cocaína aumentó un 11% entre 2019 y 2020 alcanzando un máximo histórico de 1982 toneladas en 2020. El tráfico en vía marítima está en aumento y casi 90% de la cocaína incautada a nivel mundial en 2021 fue traficada en contenedores y/o por mar”, como reseñó UNODC.
por Antonio Claros | Sep 11, 2023 | Tribuna de opinion
El miedo se tomó este domingo el municipio de Jambaló, Cauca, luego de que las disidencias de las Farc saquearan del Banco Agrario de la localidad al norte del departamento.
Los guerrilleros dejaron la sede de la entidad financiera del Estado totalmente destruida, además, se llevaron el cajero automático y todo el dinero alojado en el banco.
“Rechazamos y condenamos el ataque contra las instalaciones del Banco Agrario en Jambaló, Cauca, en la madrugada de este domingo. Delincuentes explotaron la oficina y el cajero automático, instalaciones al servicio de la ciudadanía. No se reportan víctimas, afortunadamente”, fue el primer reporte lanzado por el banco a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Horas después, la entidad bancaria aseguró que estaban “en verificación si pudieron extraer más dinero, que pertenece a los ciudadanos y son los mas afectados por este lamentable hecho”.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mujica, fue la primera integrante del Gobierno de Gustavo Petro que se pronunció sobre el saqueo que le atribuyó a la columna Dagoberto Ramos de las disidencias.
“Rechazamos y condenamos el ataque a esta población civil, y a la Policía, que resistieron este feroz ataque. Exigimos reforzar seguridad y nos solidarizamos con el personal del banco y con la comunidad, evaluamos alternativas para restablecer servicios”, expresó la funcionaria.
Medios locales señalan que el ataque contra el banco se presentó en medio de un enfrentamiento entre la estructura y las Fuerzas Militares, que habría iniciado a las 4:30 de la mañana de este domingo.
Al parecer, decenas de integrantes de las disidencias se tomaron las calles de Jambaló, afectando comercios, viviendas y la sede del banco. Extraoficialmente se conoció que la estación de Policía del municipio también fue hostigada; sin embargo, la institución no se ha referido al respecto.
El brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, sostuvo al diario El País de Cali que el ataque habría sido en respuesta a la retoma del Cañón del Micay por parte de las Fuerzas Militares, las cuales vienen realizando una ofensiva militar en el departamento.
Entre tanto, la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, rechazó el ataque y aseguró que los usuarios que reciben la Renta Ciudadana se verán afectados por el saqueo de la entidad que entrega dicho subsidio.
“Total repudio al ataque al Banco Agrario en Jambaló. Varios usuarios de Renta Ciudadana se están viendo afectados por esta situación, en este momento estamos evaluando con Banco Agrario una caja extendida para dar solución lo más pronto”, indicó la directora del DPS.
Hasta el momento continúa el despliegue de operaciones militares por parte de tropas del Ejército en la zona urbana y rural de Jambaló luego del ataque armado.
por Antonio Claros | Sep 4, 2023 | Tribuna de opinion
Una “pequeña cuota” que se cargaría al recibo del servicio de energía para ofrecer transporte gratuito en el país, fue la iniciativa que planteó este fin de semana el presidente, Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X.
“Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas”, anotó el mandatario.
Igualmente, sostuvo que las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. Y que no moriría gente evadiendo los controles. No habría déficit monumentales en las finanzas del transporte público.
Aunque no especificó el monto de la cuota ni qué pasaría con los contratos que actualmente están en vigor con los operadores de los sistemas de transporte, el mensaje señaló que se podría establecer un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente y se acabaría con la evasión. “Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes”, agregó.
En cuatro horas la propuesta contabilizó más de 4.100 respuestas a favor y en contra, 3.100 reposteos y 7.890 “me gusta”. Pero, ¿qué viabilidad tiene?
Ligereza
Camilo García, director de la Comisión de Transporte de Pasajeros de la Cámara Interamericana de Transportes, manifestó que esta es una posibilidad que se ha debatido en la academia por años, y que existen ciudades pequeñas e intermedias en el mundo que cuentan con un servicio de transporte gratuito, que no son comparables con Bogotá, Medellín o Bucaramanga.
No obstante, explicó que la sostenibilidad de la idea es compleja y atarla a la prestación del servicio de energía en la actual coyuntura, cuando el costo está subiendo (13,87% es la inflación de la electricidad anualizada), dificulta más su viabilidad.
Para García tampoco hay claridad sobre la política energética del Gobierno y reina la incertidumbre sobre qué va a pasar con Ecopetrol y el sistema energético o los problemas que hay con respecto a los prestadores, las hidroeléctricas y generadoras térmicas que no han sido resueltos. “Esta idea lo que hace es meterle más presión a un sector (energético) que en este momento está amenazado y puede sufrir un colapso”.
La nueva cuota en el recibo de la luz se sumaría al cobro que se inició el mes pasado en virtud de los decretos expedidos por el Gobierno para resolver la emergencia social y económica en La Guajira, y que aplica en todo el país para usuarios de estratos 4, 5 y 6 ($1.000 por factura) y para los usuarios comerciales e industriales ($5.000).
Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, considera que estar sería otra carga que sumada a la del decreto “aporte para la Guajira” empeora la situación de los usuarios. Y si ese recurso va a financiar proyectos de transporte público masivo, ¿cuál sería la gratuidad del pasaje en los buses? “De otra parte consideramos que es una decisión ilegal, pues de acuerdo con la Ley 142 de 1994, la factura de energía eléctrica se elabora con una medición del consumo para que el elemento principal del precio que pagamos por el servicio sea ese consumo. Es decir que con esa idea del Gobierno se facturaría un elemento ajeno al consumo”, dijo Gaviria.
por Antonio Claros | Ago 22, 2023 | Tribuna de opinion
Tras la polémica por la cantidad de “impresentables” que se registraron como candidatos para las próximas elecciones regionales, la Procuraduría General de la Nación publicó un informe con las cifras de sancionados que, según la legislación colombiana, deberían estar inhabilitados para presentarse a cargos de elección popular.
Dentro de las cifras más preocupantes, el Ministerio Público reveló que 14 candidatos a las alcaldías del país presentan inhabilidades por mala ejecución y hasta líos de corrupción.
Sumado a eso, también se encontraron sanciones para “19 candidatos a diputados, 560 en concejo, 3 para gobernación, 55 para Juntas Administradoras Locales y 25 inscritos con aspiraciones para edil en Bogotá”.
El informe se suma también a las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez, en las que aseguró que los sancionados por la Procuraduría definitivamente no podrían aspirar a ningún cargo elegido por voto popular.
Pese a que el magistrado Rodríguez hizo énfasis en que esa es su opinión y que habrá que esperar que decide el pleno de los magistrados del Consejo de Estado, lo cierto es que es muy probable que ese alto tribunal termine por opinar lo mismo que el presidente y decida eliminar de la carrera política a todos aquellos que tengan sanciones previas.
Mientras tanto, el ente de control detalló que ese listado de sancionados fue enviado al Consejo Nacional Electoral, CNE, para que se realice la correspondiente investigación y verifique si hay lugar a la revocatoria de inscripción, lo que pondría a peligrar candidaturas de alta talla, como la del actual candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández
De hecho la procuradora general, Margarita Cabello, ha hecho especial énfasis en que el excandidato presidencial no debería poder aspirar a dicho cargo luego de haber recibido una destitución e inhabilidad por parte de dicho Ministerio tras comprobarse su responsabilidad en un líos de corrupción durante su paso por la Alcaldía de Bucaramanga.
En cuanto al panorama general, la Procuraduría anunció que el mayor número de candidatos con posibles inhabilidades se encuentra en Antioquia, donde se reportaron un total de 81 anotaciones.
Le siguen Santander, con 66; Cundinamarca, con 63; Tolima, con 43 y Valle del Cauca con 43 aspirantes inscritos, quienes presentan anotaciones relacionadas con inhabilidades para el desempeño del cargo al cual se inscribieron.
Finalmente, por municipio, Bogotá D. C. presenta 30 posibles inhabilitados; Bucaramanga, Ibagué y Piedecuesta, registra 8, y cierra el listado Barrancabermeja con 7 candidatos.
