por Antonio Claros | Sep 4, 2023 | Tribuna de opinion
Una “pequeña cuota” que se cargaría al recibo del servicio de energía para ofrecer transporte gratuito en el país, fue la iniciativa que planteó este fin de semana el presidente, Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X.
“Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas”, anotó el mandatario.
Igualmente, sostuvo que las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. Y que no moriría gente evadiendo los controles. No habría déficit monumentales en las finanzas del transporte público.
Aunque no especificó el monto de la cuota ni qué pasaría con los contratos que actualmente están en vigor con los operadores de los sistemas de transporte, el mensaje señaló que se podría establecer un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente y se acabaría con la evasión. “Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes”, agregó.
En cuatro horas la propuesta contabilizó más de 4.100 respuestas a favor y en contra, 3.100 reposteos y 7.890 “me gusta”. Pero, ¿qué viabilidad tiene?
Ligereza
Camilo García, director de la Comisión de Transporte de Pasajeros de la Cámara Interamericana de Transportes, manifestó que esta es una posibilidad que se ha debatido en la academia por años, y que existen ciudades pequeñas e intermedias en el mundo que cuentan con un servicio de transporte gratuito, que no son comparables con Bogotá, Medellín o Bucaramanga.
No obstante, explicó que la sostenibilidad de la idea es compleja y atarla a la prestación del servicio de energía en la actual coyuntura, cuando el costo está subiendo (13,87% es la inflación de la electricidad anualizada), dificulta más su viabilidad.
Para García tampoco hay claridad sobre la política energética del Gobierno y reina la incertidumbre sobre qué va a pasar con Ecopetrol y el sistema energético o los problemas que hay con respecto a los prestadores, las hidroeléctricas y generadoras térmicas que no han sido resueltos. “Esta idea lo que hace es meterle más presión a un sector (energético) que en este momento está amenazado y puede sufrir un colapso”.
La nueva cuota en el recibo de la luz se sumaría al cobro que se inició el mes pasado en virtud de los decretos expedidos por el Gobierno para resolver la emergencia social y económica en La Guajira, y que aplica en todo el país para usuarios de estratos 4, 5 y 6 ($1.000 por factura) y para los usuarios comerciales e industriales ($5.000).
Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, considera que estar sería otra carga que sumada a la del decreto “aporte para la Guajira” empeora la situación de los usuarios. Y si ese recurso va a financiar proyectos de transporte público masivo, ¿cuál sería la gratuidad del pasaje en los buses? “De otra parte consideramos que es una decisión ilegal, pues de acuerdo con la Ley 142 de 1994, la factura de energía eléctrica se elabora con una medición del consumo para que el elemento principal del precio que pagamos por el servicio sea ese consumo. Es decir que con esa idea del Gobierno se facturaría un elemento ajeno al consumo”, dijo Gaviria.
por Antonio Claros | Ago 24, 2023 | Noticias
TRIBUNA DE OPINIÓN ago-2023
por Antonio Claros | Ago 22, 2023 | Tribuna de opinion
Tras la polémica por la cantidad de “impresentables” que se registraron como candidatos para las próximas elecciones regionales, la Procuraduría General de la Nación publicó un informe con las cifras de sancionados que, según la legislación colombiana, deberían estar inhabilitados para presentarse a cargos de elección popular.
Dentro de las cifras más preocupantes, el Ministerio Público reveló que 14 candidatos a las alcaldías del país presentan inhabilidades por mala ejecución y hasta líos de corrupción.
Sumado a eso, también se encontraron sanciones para “19 candidatos a diputados, 560 en concejo, 3 para gobernación, 55 para Juntas Administradoras Locales y 25 inscritos con aspiraciones para edil en Bogotá”.
El informe se suma también a las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez, en las que aseguró que los sancionados por la Procuraduría definitivamente no podrían aspirar a ningún cargo elegido por voto popular.
Pese a que el magistrado Rodríguez hizo énfasis en que esa es su opinión y que habrá que esperar que decide el pleno de los magistrados del Consejo de Estado, lo cierto es que es muy probable que ese alto tribunal termine por opinar lo mismo que el presidente y decida eliminar de la carrera política a todos aquellos que tengan sanciones previas.
Mientras tanto, el ente de control detalló que ese listado de sancionados fue enviado al Consejo Nacional Electoral, CNE, para que se realice la correspondiente investigación y verifique si hay lugar a la revocatoria de inscripción, lo que pondría a peligrar candidaturas de alta talla, como la del actual candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández
De hecho la procuradora general, Margarita Cabello, ha hecho especial énfasis en que el excandidato presidencial no debería poder aspirar a dicho cargo luego de haber recibido una destitución e inhabilidad por parte de dicho Ministerio tras comprobarse su responsabilidad en un líos de corrupción durante su paso por la Alcaldía de Bucaramanga.
En cuanto al panorama general, la Procuraduría anunció que el mayor número de candidatos con posibles inhabilidades se encuentra en Antioquia, donde se reportaron un total de 81 anotaciones.
Le siguen Santander, con 66; Cundinamarca, con 63; Tolima, con 43 y Valle del Cauca con 43 aspirantes inscritos, quienes presentan anotaciones relacionadas con inhabilidades para el desempeño del cargo al cual se inscribieron.
Finalmente, por municipio, Bogotá D. C. presenta 30 posibles inhabilitados; Bucaramanga, Ibagué y Piedecuesta, registra 8, y cierra el listado Barrancabermeja con 7 candidatos.
por Antonio Claros | Ago 15, 2023 | Tribuna de opinion
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso entró a engrosar la lista de gestores de paz del Gobierno después de que el presidente Gustavo Petro firmara la resolución 244 con fecha del 14 de agosto que confirmó esa designación para el extraditado exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Ya Petro habría anunciado que Mancuso sería uno de sus gestores de paz y con el documento quedó oficializado que el exjefe paramilitar entró a la lista de figuras cuestionadas, como quienes encabezaron el Paro Nacional, que tendrán un puesto dentro de la paz total de Gobierno.
El objetivo de esa tarea para Mancuso es que desde su asiento “contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos criminales que actúen en el territorio nacional”. Una tarea en la que, en todo caso, tiene experiencia tras haber sido el cabecilla de un grupo desmovilizado.
Mancuso esa designación le trae beneficios, pues los gestores de paz reciben un pago de un millón de pesos mensuales y a partir de la firma de la resolución el Gobierno podrá pedir “la suspensión de las medidas judiciales vigentes en contra de Mancuso”.
Actualmente, el exjefe paramilitar está detenido en Estados Unidos y el Gobierno ya había iniciado los trámites para solicitar su extradición a Colombia, donde tiene pendientes con la justicia y está intentando acogerse a la JEP.
¿Qué pasará con Salvatore Mancuso?
Una vez esté en el país, Mancuso firmará un acta ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz donde se comprometerá a asistir a las diligencias judiciales en Colombia y a rendir informe sobre las actividades que desarrolle como gestor de paz.
“El incumplimiento de los compromisos adquiridos dará lugar a la revocatoria de la designación como gestor de paz y, en consecuencia, la reactivación de las medidas penales”, se determina en la resolución.
Mancuso y otros gestores de paz cuestionados
El decreto 2422 de 2022 se contemplaba el nombramiento de varios miembros de la denominada Primera Línea como gestores de paz.
Entre estos estaba Sergio Andrés Pastor, alias 19, quien fue condenado por tortura y concierto para delinquir por sus acciones durante el paro nacional y sirvió como líder del grupo ‘Resistencia Portal Américas’. Sin embargo, el Gobierno tuvo que echarse para atrás en esa designación porque él no cumplía los requisitos.
Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada empresaria Enilce López, alias ‘la Gata’, había sido designado como facilitador de paz del Gobierno. De cuenta de esa designación, su defensa había pedido que lo dejaran en libertad, pero al final el Gobierno también desistió de tenerlo entre sus voceros de la paz total.
La Ley 0418 de 1997 contemplaba la suspensión de órdenes de captura en contra de miembros de grupos armados que adelanten tareas propias de procesos de paz, que sean acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas.
por Antonio Claros | Ago 9, 2023 | Tribuna de opinion
La justicia de Estados Unidos condenó este martes a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel a 45 años de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico. Pese a que al capo del Clan del Golfo le espera una larga temporada en la celdas de Estados Unidos, expresó su deseo de regresar a Colombia, cooperar con la justicia y participar en procesos de reparación de víctimas.
“Acepto responsabilidad por los delitos cometidos. Pido disculpas a las familias de las víctimas y a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por el daño causado. Espero volver a Colombia después de cumplir mi sentencia”, fueron las palabras que se le escucharon a Otoniel antes de que la jueza Dora Irizarry, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, impusiera la condena.
Es que el cabecilla del Clan del Golfo se declaró culpable de enviar, al menos, 96,8 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Lo juzgaban por los delitos de empresa criminal continuada, de conspirar para importar droga y de tráfico marítimo de drogas.
Otoniel tiene 51 años y terminaría de purgar su pena a los 96 años. Pese a ello, aseguró que esta dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales colombianas para, dice él, abrir el telón sobre la verdad en el conflicto.
“Sigo con la firme intención de colaborar con la justicia de mi país, para que la sociedad colombiana sepa la verdad del conflicto armado. Para que de alguna forma, pueda reparar a las víctimas del país y, en especial, para lograr contribuir al cambio y aportar en la construcción de la verdad y de un nuevo país”, dijo Otoniel en una carta enviada al presidente Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leyva.
Antes de su extradición, Otoniel alcanzó a acudir a una versión libre a la Justicia Especial de Paz. El hombre tendría entre su información, datos de uniformados oficiales que también prestaban sus servicios al Clan del Golfo.
“Quiero que, por medio de la verdad, pueda redimir y buscar el perdón por mi accionar. Y de esta forma brille la justicia y se pueda demostrar que el conflicto colombiano va más allá de lo que la sociedad y el mundo saben”, puntualizó el condenado.
La vida delincuencial de Otoniel comenzó en el frente cinco de las Farc como miliciano, luego saltó a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el Urabá. Después dio pasó al paramilitarismo e ingresó al Bloque Centauros de las Autodefensas. Su vida criminal terminó en el Clan del Golfo.
El capo permanecerá en una celda del centro de detención de Brooklyn mientras se conoce en qué prisión cumplirá su sentencia. En ese lugar permanece aislado y solo puede ver la luz del sol una hora al día.
