por Antonio Claros | Jul 31, 2023 | Tribuna de opinion
La persona más cercana al presidente Gustavo Petro ya no es Laura Sarabia, quien era su jefa de gabinete hasta antes del “niñera gate” y el escándalo de los audios del exembajador Armando Benedetti.
Tampoco lo es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien es el encargado de manejar la agenda política del Gobierno y de conversar con los partidos. El puesto más próximo al mandatario lo tiene Carlos Ramón González, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
A él lo conocen como Carlos Ramón y es uno de los cuatro copresidentes de la Alianza Verde, el partido que tiene la Presidencia del Congreso para esta segunda legislatura con el senador Iván Name y que le puede poner unos 24 votos al Gobierno en esa corporación cuando se suman los escaños de toda la coalición verde.
Petro lo nombró como director del Dapre en abril en medio de su segundo remezón ministerial y como reemplazo de Mauricio Lizcano, un político que militó en el Partido de la U y quien pasó al Ministerio de las TIC.
Carlos Ramón fue militante del M-19 y había sido cercano al Gobierno desde antes de ocupar un asiento en el piso 3 de la Casa de Nariño, pero su designación en el Dapre le dio una cercanía mayor al presidente y la posibilidad de administrar un presupuesto de 6 billones de pesos.
Los primeros dos meses como director del Dapre tuvo que aplicar la misma fórmula de los otros funcionarios de Palacio, la de supeditarse a la agenda que gestionaba Laura Sarabia, hasta que con la salida de la exjefa de gabinete del Gobierno todo cambió.
El revolcón interno de junio desencadenado por los escándalos del presunto uso irregular del polígrafo de la Presidencia y la posible financiación irregular que habría entrado a la campaña de Petro en las elecciones presidenciales de 2022, los 150.000 millones de pesos de los que habla el exembajador Benedetti, desataron toda una guerra interna entre los altos funcionarios de Palacio para tener más poder. Esa puja la ganó Carlos Ramón.
Como director del Dapre Carlos Ramón ya tenía relevancia en las cuestiones administrativas, pero sin Laura Sarabia el presidente amplió momentáneamente el círculo de consejeros entre el propio Carlos Ramón, el secretario jurídico Vladimir Fernández y el director de la UNP Augusto Rodríguez.
Al final se terminó imponiendo la voz del copresidente de la Alianza Verde, quien según La Silla Vacía estaría ocupando el mismo despacho que tuvo Sarabia durante los primeros diez meses del Gobierno: la oficina que está junto al despacho del presidente.
Carlos Ramón llevó hasta la Presidencia a la exdirectora administrativa de la Alianza Verde, Zamira González, una designación que muestra el poder en ascenso de los verdes en Palacio.
Incluso, hay quienes lo vinculan con la elección de Iván Name como presidente del Senado, pues aseguran que Name y Carlos Ramón son tan cercanos que este podría terminar influyendo en la agenda del Congreso. Mejor dicho: ejercer tareas de ministro del Interior sin la necesidad de ocupar esa cartera.
por Antonio Claros | Jul 24, 2023 | Tribuna de opinion
Por cerca de 15 años –casi desde el mismo momento en que fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008–, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió pista para recibir el rótulo de gestor de paz. En términos prácticos, ello implica su libertad a cambio de gestionar e implementar acuerdos, en este caso, con las Autodefensas. Su insistencia al fin tuvo eco y el presidente Gustavo Petro anunció este domingo que el cabecilla será nombrado gestor de paz. ¿Qué implicaciones tiene?
“El proceso de paz entre el gobierno de (Álvaro) Uribe y los paramilitares aún no ha terminado. Aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas, en parte, se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, explicó el mandatario en una decisión que ha sido cuestionada por diferentes sectores.
La primera claridad para entender la discusión, que tiene tanto de jurídico como de político, es entender qué es un gestor de paz. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se trata de una nominación que únicamente puede hacer el Jefe de Estado y le permite designar a miembros de grupos armados para que gestionen e implementen “acuerdos humanitarios”. Eso sí, durante la fase de diálogos de paz con el grupo armado.
En términos judiciales, este rótulo permite que el Gobierno les solicite a las autoridades judiciales suspender una pena o solicitar una pena alternativa. En todo caso, ello no implica que sus procesos judiciales se archiven, pues deberá seguir respondiendo por sus deudas con la justicia. “La designación no se trata de una amnistía o un indulto”, explicó la Oficina.
Así las cosas, Mancuso haría las veces de gestor de paz –según Petro– para el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, en opinión del presidente, sigue incompleto y hay carencias en materia de verdad y reparación material. No obstante, se abren interrogantes sobre qué tipo de “acuerdos humanitarios” podría gestionar Mancuso, ni la fase de diálogos en la que se enmarcaría el proceso, pues las AUC como grupo formal ya no existen y han mutado en diversidad de grupos armados y narcotraficantes.
Interrogantes de ese calibre, para darle sustento jurídico a la nominación del exjefe paramilitar, deberán ser respondidos en el decreto presidencial que formalice la designación, que hoy no deja de ser incierto. En el entretanto, el anuncio levantó polvareda y dividió opiniones en sectores políticos. No es para menos.
Si bien hace cerca de 3 años Mancuso cumplió la condena por narcotráfico que purgaba en una cárcel de Estados Unidos, su futuro judicial no está claro y en Colombia aún tiene pendientes dos condenas por delitos en el marco del conflicto, como homicidios, masacres, despojos de tierras y desplazamientos forzados. Por estos hechos, el mismo gobierno Petro ha pedido en extradición al excabecilla para que responda judicialmente, mientras que Mancuso –como reveló El Tiempo– ha buscado frenar el proceso y que lo envíen a Italia, de donde son sus antepasados.
En paralelo, Mancuso ha intentado sin éxito ser aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues –como explicó el organismo–, “carece de competencia para admitir la comparecencia de exmiembros de organizaciones paramilitares ante la justicia transicional”. Sin embargo, la JEP evalúa aceptar su ingreso en caso de determinar que “actuó como punto de conexión entre los paramilitares y la Fuerza Pública”.
Por ello, en mayo pasado, desde Georgia (Estados Unidos), Mancuso compareció de manera virtual ante magistrados y víctimas para aportar información adicional sobre la cruda simbiosis entre paras y Fuerza Pública. La JEP evalúa la calidad de la información y su contribución a la verdad para decidir si lo admite o lo rechaza una vez más.
En medio de todos estos escenarios es que Mancuso recibe el anuncio de su designación como gestor, un escenario que le serviría para retornar al país sin ser extraditado, sin el supuesto riesgo de quedar preso y a la espera de lo que determine la JEP.
De acuerdo con el abogado Michel Pineda, quien fue abogado de Mancuso y ahora representa la Corporación Compromiso Colombia –dedicada a la búsqueda de salidas negociadas al conflicto–, será necesario ahora que la Cancillería logre la implementación de un protocolo de trabajo inicialmente desde el exterior.
“Colombia tiene más de 10 mil extraditados en EE. UU. y no cuenta con un tratado de repatriación con ese país. Por lo tanto, la forma de permitir su participación y ayuda en pro de la paz partirá de la decisión autorizada y el apoyo de EE. UU.”, explicó el jurista en diálogo con este diario, instando a que haya otros gestores de paz como Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” o Simón Trinidad, de las Farc.
Opiniones divididas
Excomisionados de Paz como Juan Camilo Restrepo Gómez y Camilo Gómez criticaron la determinación, reclamaron que distorsiona la figura de los gestores de paz y hasta la excede.
El expresidente Álvaro Uribe, que se negó a darle ese rótulo a Mancuso, señaló que “no importa” que el exparamilitar sea gestor de paz, pues “lo grave es que mienta y que haya discriminación”, por lo que instó a darle el mismo estatus a otros excomandantes como Rodrigo Tovar, alias Jorge 40. “Mancuso ha dicho mucha verdad, pero le falta lo de paraeconomía”, dijo el senador Ariel Ávila (Alianza Verde). Mientras que el senador Jota Pe Hernández, también del Verde, criticó: “El Gobierno que premia a los bandidos”.
El senador del Pacto Histórico Wilson Arias añadió: “Mancuso será nombrado para que se conozca la verdad del paramilitarismo. Noto a toda la derecha asustada, ¿por qué será? La verdad les corre pierna arriba”. Mientras que Rodrigo Londoño dijo: “Si su gestión es verdaderamente de paz, reivindicará los derechos de las víctimas”.
En 2009, Mancuso pidió ser gestor
A finales de 2009, al cierre del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Salvatore Mancuso pidió ser gestor de paz. En ese entonces, el Gobierno dijo que debía acabar su proceso penal en Estados Unidos y cumplir con la justicia en Colombia. “Soy el espejo donde se miran los ‘Cano’, los ‘Jojoy’, las Farc, el Eln, las bandas emergentes, los ‘don Mario’. Yo podría mediar y dialogar políticamente con todos ellos”, dijo en ese entonces.
En octubre de 2022, Mancuso le envió una carta al presidente Petro en la que defendió que la “verdad tiene que ir por delante. Negó tener impedimento alguno para asumir las tareas que “correspondan en el objetivo compartido de lograr la paz total para Colombia”.
por Antonio Claros | Jul 17, 2023 | Tribuna de opinion
Por primera vez en la historia, el uso de efectivo apenas representó el 37% de las transacciones formales del comercio en América Latina. Así lo resaltó un estudio llamado “Tendencias de Pago Digitales 2023”, elaborado por Kushki, una empresa tecnológica enfocada, precisamente, en facilitar pagos electrónicos.
De acuerdo con las cifras recolectadas en ese documento, al cierre del año pasado, el 44% de las transacciones registradas en el comercio se hicieron con tarjetas.
“Hoy, las tarjetas de crédito son el medio de pago electrónico líder en América Latina, representando el 50% del comercio electrónico y el 20% de los pagos presenciales”, se lee en el informe.
Además, los otros mecanismos de pago digital se quedaron con el 20% de la torta, siendo especialmente relevantes las billeteras digitales y las transferencias bancarias (ver gráfico). Aunque se debe dejar claro que el comportamiento de Brasil es el que más pesa en este balance.
por Antonio Claros | Jul 10, 2023 | Tribuna de opinion
En medio de la controversia por la propuesta lanzada el pasado viernes por el presidente Gustavo Petro en Buenaventura, quien les dijo a los jóvenes que “les vamos a pagar por no matar”, este lunes el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reveló que en el programa les pagarán a los beneficiarios alrededor de $1 millón.
El viernes, durante un consejo de seguridad en el puerto, el Jefe de Estado instó a los jóvenes que integran grupos delincuenciales –en particular los Shottas y los Espartanos–, a estudiar y acceder a cupos para la educación superior. Desde allí, reveló que les van a pagar “por no matar”.
“Ese programa se va a complementar con el programa Jóvenes en Paz, serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar, les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena (…) hay un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad”, explicó.
El ministro del Interior explicó los pormenores del programa, defendió que no se pueden quedar “cruzados de brazos” ante los hechos de violencia y declaró que la expresión de “pagar por no matar” que usó el Presidente es solo una metáfora.
“El no matar es una metáfora. Los jóvenes en Colombia cuando no tienen oportunidades terminan siendo cooptados por quienes, desde la ilegalidad, les generan unas oportunidades terribles: entrar a bandas, donde su lógica es la violencia y terminan enfrentándose jóvenes con jóvenes matándose”, explicó el ministro en diálogo con la emisora Blu Radio.
Velasco aseguró que el objetivo es promover “mecanismos para crear oportunidades” y reveló que mensualmente los jóvenes recibirían casi un salario mínimo: alrededor de $1 millón. “Es cercano a $1 millón. No es para toda la vida, es mientras los sacamos y logramos que ingresen a alguna actividad académica, algo que los aleje de espacios delincuenciales. Inicialmente, planteamos un año y vamos evaluando el desarrollo del programa”.
Además de un seguimiento constante para verificar que los jóvenes cumplan con las directrices del programa y no sigan delinquiendo, el ministro del Interior agregó que la selección de los beneficiarios dependerá del nivel del riesgo que enfrentan de ser reclutados por organizaciones criminales.
El pasado viernes, Petro defendió que aquellos jóvenes que no tienen acceso a la educación son más vulnerables a las economías ilícitas: “Por eso es que hay jóvenes armados en las calles. Si dejaron al 80 % de los jóvenes por fuera de la educación, pues entonces se ponen al servicio del traqueto”, expresó, invitando a los integrantes de las bandas criminales a unirse a iniciativas que les devuelven las oportunidades: “Les puedo asegurar que en el libro encontrarán más riqueza que en el fusil”.
“A los jóvenes que andan por allí, en los Shottas, en los Espartanos, en los no sé qué de Jalisco, los invitamos a que vengan a estudiar”, dijo y reiteró que “es mejor cargar un libro que un fusil”.
por Antonio Claros | Jul 7, 2023 | Tribuna de opinion
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1117 del 5 de julio de 2023, con el que se deja en firme la orden a la fuerza pública para suspender operaciones militares contra integrantes del ELN que hagan parte del proceso de paz.
En el documento se argumenta que estas decisiones se toman con la finalidad de “mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios. Igualmente, las acciones específicas acordadas entre las partes tienen el propósito de generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los más vulnerables, entre ellos, los liderazgos sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de edad; así como evitar incidentes que pongan en riesgo el cumplimiento del cese al fuego, incluyendo el desarrollo de misiones médicas, de salud pública y humanitarias y la atención de enfermos y heridos de la población civil y de los integrantes de las Fuerzas Militares y Policía y del ELN”.
Según se argumenta en el decreto, esta decisión “está condicionada al cumplimiento de acuerdos y protocolos aprobados para tal efecto por la Mesa de Diálogos de Paz y podrá ser prorrogado previa valoración de la Mesa de Diálogos de Paz de los informes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y conforme con lo acordado por las partes”.
Este documento firmado por el gobierno Petro se hace oficial luego que se conociera el secuestro de la sargento Gihislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad, en momentos en que se movilizaban en un vehículo hacia el municipio de Arauca, Arauca.
A este se suma el asesinato de tres policías en Norte de Santander. Dos hechos perpetrados por esta misma organización criminal.
