por Antonio Claros | Jun 26, 2023 | Tribuna de opinion
Arrancó en el departamento de Córdoba el proyecto piloto de planta solar flotante para la generación de energía. La iniciativa se denomina “Aquasol”, se ubica en el municipio de Tierraalta (Córdoba), y su desarrollo y montaje corrió por cuenta de la empresa Urrá.
El complejo fue ensamblado en el embalse de la Central Hidroeléctrica URRÁ y cuenta con 3.248 módulos fotovoltaicos. La generación estimada de la planta es de 2400 MWh/Año (Megavatios hora año) y es en la actualidad el sistema “flotovoltaico” más grande de Latinoamérica.
“Este es un proyecto muy importante que se suma a otras iniciativas que ya marcan la ruta de la transición energética en Colombia por parte de las empresas. Una hidroeléctrica que le apuesta a energías limpias y renovables para adelantar parte de su operación es un gran mensaje del cambio que adelanta Colombia en materia de generación de energía renovable”, afirmó Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
La capacidad instalada del proyecto es de 1.52 MWp (megavatios pico), incluyendo planta en tierra, y una capacidad en inversores de 1.35 MWac (megavatios nominal) en corriente alterna, incluyendo planta en tierra.
La empresa adelanta una gestión voluntaria encaminada a la protección, conservación, mejoramiento de los recursos naturales y del ambiente, además de apoyar proyectos en comunidades vecinas del área de influencia directa de la Central.
Además de suplir en las horas de sol el consumo de energía de los servicios auxiliares de la Central Hidroeléctrica, Aquasol será un piloto que permitirá una investigación con rigor científico que definirá las ventajas de implementar los sistemas fotovoltaicos convencionales de estructura fija en suelo firme.
Para ello, la empresa Urrá firmó convenios con la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería, y la Universidad del Norte, de Barranquilla. Además, se están realizando acercamientos para firmar convenios de investigación y desarrollo con otras universidades nacionales y extranjeras.
por Antonio Claros | Jun 20, 2023 | Tribuna de opinion
A través de un comunicado, el gobierno estadounidense manifestó que todavía no sabe si apoyará directamente los diálogos de paz de Colombia con el ELN; sin embargo, continuará siguiendo de cerca el proceso hasta que tome su decisión final.
Según señalaron en el documento, su interés es que los grupos armados ilegales y terroristas que existen en el país sean procesados por la justicia, por ese motivo no cree pertinente proporcionar algún recurso económico que pueda respaldas las actuales conversaciones.
“Estados Unidos no tiene planes actuales de unirse a las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN. Sin embargo, continuamos monitoreando de cerca estas discusiones. El gobierno de los EE. UU. mantiene un gran interés en garantizar que los terroristas y otros grupos armados ilegales enfrenten la justicia y no queden impunes”, explica la misiva.
Además, destacó Estados Unidos, para su gobierno el ELN continua siendo una organización terrorista designada y un terrorista global, por lo que no cree que este grupo quiera reivindicarse, sino que continua violando los derechos humanos dentro y fuera de su país.
“Estados Unidos no tiene ningún plan para proporcionar al ELN ningún tipo de asistencia o recursos. Lo remitimos a los departamentos de Hacienda y Justicia por las implicaciones del contacto con un designado Organización Terrorista Extranjera”, explica el país norteamericano.
Esta no sería la primera vez que Estados Unidos es invitado como país, para que participe en alguna de las negociaciones que ha adelantado el gobierno durante los últimos años con los grupos armados ilegales, que perpetúan el conflicto armado interno en Colombia. En 2016 fue uno de los países garantes en la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc-Ep. Su aporte económico fue de $1.500 dólares.
También vale señalar, que su postura llega tras el reciente cese al fuego con el ELN de manera bilateral, pero además, el anuncio del presidente Gustavo Petro, de recurrir a la cooperación internacional para el sostenimiento de esta guerrilla, con el fin de que el grupo al margen de la ley deje de delinquir.
Hasta el momento, según ha dicho el ELN al gobierno, la manutención mensual de sus cerca de 4.000 a 5.000 integrantes, estaría en los $3.000 millones.
por Antonio Claros | Jun 13, 2023 | Tribuna de opinion
En medio de las investigaciones por la prueba de polígrafo y las interceptaciones telefónicas a las que habría sido sometida de manera irregular Marelbys Meza –quien fuera niñera de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia–, este martes la Fiscalía General de la Nación divulgó el listado de personas que serán llamadas a declarar alrededor del caso.
Por un lado, la propia Sarabia fue citada a entrevista por parte del fiscal que investiga al pérdida de un dinero de su vivienda para el próximo jueves 22 de junio. Por otro lado, el aún embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fue citado un día después, el 23 de junio, para que explique las denuncias sobre presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro.
Adicionalmente, tras el hallazgo en Bogotá del cuerpo sin vida del coronel Óscar Dávila –un uniformado de la Policía que trabajaba en Presidencia–, la Fiscalía anunció que citó a declarar al abogado Miguel Ángel del Río, con quien habló el policía horas antes de los hechos y quien aseguró, sin tener el resultado de la investigación, que se trató de un suicidio producto de supuestas presiones por parte del ente investigador.
Por estos mismos hechos también fue citado el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de Casa Militar de la Presidencia: “Las diligencias se realizarán el próximo 15 de junio y hacen parte de los actos de indagación definidos por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres, ocurrida el pasado 9 de junio”, señaló el organismo.
Por el supuesto uso irregular del polígrafo, la Fiscalía también abrió dos líneas de investigación distintas para establecer si hubo lugar a los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso, entre otros. En el marco de ese proceso, fueron citados a interrogatorio el capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de oficina de polígrafo; el intendente Jhon Alexander Sacristán, poligrafista; y el coronel Carlos Alberto Feria. Deberán comparecer el 21 de junio.
Además, Harold Rondón, quien fuera conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado a la exjefe de gabinete; Andrés Fernando Parra, esposo de Laura Sarabia, y la subintendente Luisa Calle, quien hacía parte del esquema de seguridad de Sarabia. Están llamados a declarar el próximo martes 20 de junio.
Finalmente, ante el caso de las chuzadas contra Marelbys Meza, el ente acusador indaga la posible configuración de delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y violación ilícita de comunicaciones. Por ello, fue citado a interrogatorio el 15 de junio el capitán Carlos Andrés Correa.
En otra serie de determinaciones, el organismo designó nuevos fiscales para adelantar las pesquisas. Según determinó el ente investigador en una resolución fechada el 6 de junio, será Islen Baquero Ortiz, fiscal 40 delegado ante los jueces municipales y promiscuos, adscrito al Grupo de Trabajo de Investigación de Corrupción en Administración de Justicia (CAJ), el encargado de continuar con el caso.
dicionalmente, de acuerdo con el Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales, fue designada como fiscal de apoyo Nidia del Pilar Rojas Pedraza, fiscal 87 delegada ante los jueces penales del circuito, quien es coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Investigación adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción.
A ella se suma Herlinda María Rojas Pizarro, fiscal 74 delegada ante los jueces penales del circuito especializado, adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
por Antonio Claros | Jun 5, 2023 | Tribuna de opinion
Las actividades financieras fueron las que impulsaron la economía colombiana en el primer trimestre de este año al observar un crecimiento del 22,8%, mientras que la industria y el comercio tuvieron un desempeño positivo aunque de menor magnitud, 0,7% y 0,5%, respectivamente.
Como un todo, el aparato productivo nacional creció un 3% entre enero y marzo según las cifras del Dane, lo que para los analistas económicos representó un freno frente a la dinámica que se observó en el mismo lapso de 2022, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una variación del 8,2%.
Con freno y todo, una mirada a los resultados de las 20 compañías de origen paisa más relevantes y Ecopetrol, en los tres primeros meses de este año, permite evidenciar que en su gran mayoría aumentaron sus ingresos, llevando la sumatoria a $92,1 billones, número superior en 22,4% a los $75,2 billones logrados a marzo del año anterior.
En línea con los datos del Dane, sobresalen los incrementos que en ingresos reportaron los grupos Sura (38,5%) y Bancolombia (6,9%), así como las holding de alimentos Nutresa (35,6%), de infraestructura Argos (24,5%), y de comercio al por menor como Grupo Éxito (18,5%).
Un caso aparte lo constituyen las compañías asociadas al sector textilero, ya que Fabricato contabilizó menores ingresos, y Coltejer, que hace meses suspendió sus operaciones, apreció un aumento, producto de la comercialización de algunas referencias de telas importadas provenientes de México, según consta en los estados financieros de la textilera.
A su turno, Enka también anotó una disminución en sus ingresos operaciones del 6,3%, como consecuencia de un menor volumen de ventas (cayeron 5%) y unos menores precios internacionales.
Grande, pero no repunta
A marzo, el desempeño operacional de Ecopetrol fue destacable, con unos ingresos de $38,8 billones, dinamizados por la estabilidad en la producción y un desempeño positivo del segmento de refinación.
Sin embargo, los analistas de Davivienda Corredores señalaron que la utilidad se vio impactada por el incremento en la tasa impositiva, la cual subió hasta 45%, ubicándose en $5,7 billones.
Si bien el desempeño operativo de la empresa es calificado como saludable, ante el cambio de presidente, y los comentarios de diferentes miembros del gobierno respecto al futuro del sector de petróleo y gas, surgen muchas dudas sobre el rumbo que tomará la compañía.
Muestra de esa incertidumbre se refleja en el precio de la acción en la Bolsa de valores de Colombia (BVC), donde cerró la semana pasada en $2.116, cifra inferior en $1.153 a los $3.269 que tenía hace un año, antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Para expertos bursátiles la especie debería estar alrededor de los $2.900.
Servicios públicos
EPM fue otro de los grupos empresariales que contabilizó un mayor volumen de ingresos en los primeros tres meses de este año, contabilizando utilidades por $1,58 billones, resultado que impactado favorablemente por un ingreso neto de diferencia en cambio acumulado por $139.783 millones, producto de la revaluación acumulada en Colombia del 3,8 %; en Chile del 8,04 %, en Guatemala del 0,62 % y en México de 6,8 %, y a las estrategias de cobertura establecidas por la empresa para contrarrestar las fluctuaciones de la tasa de cambio.
Para los meses próximos las miradas estarán centradas en el efecto que tendrá sobre los resultados de la compañía la anunciada “estabilización de las tarifas del servicio de energía”, que favorecerá a más de 7 millones de personas en los municipios de Antioquia y El Carmen de Atrato (Chocó).
De otro lado, hay expectativa frente a las decisiones que se tomarán sobre el futuro de Une EPM Telecomunicaciones (Tigo), ya que sus accionistas (EPM y Millicom) deberán reanudar el 30 de junio una asamblea extraordinaria.
Para esa sesión se espera contar con información suficiente que les permita revisar las distintas alternativas y tomar las decisiones pertinentes que garanticen la sostenibilidad del operador de servicios de telecomunicaciones.
A marzo de este año, Tigo sumó ingresos por $1,35 billones, y pérdidas por $148.387 millones, que se suman a las cifras negativas observadas entre 2020 y 2022. Millicom plantea como fórmula un crédito y una inyección de capital, que EPM no estaría dispuesta a ejecutar.
GEA y entendimientos
A marzo, los conglomerados del llamado Sindicato Antioqueño (Sura, Argos y Nutresa) resaltaron los aumentos obtenidos en cuanto a ingresos, cifras que se conocieron antes de revelarse el memorando de entendimiento suscrito con representantes del fondo árabe IHC y el Grupo Gilinski.
Conociéndose solo el eje del texto, según el cual Sura y Argos dejarán de ser accionistas de Nutresa y esta, a su vez, saldrá de la participación que tiene en las otras dos holding, son aún inciertos los efectos de esta transacción en las cuentas de las empresas, en su estructura accionaria y hasta en el mercado bursátil.
por Antonio Claros | May 29, 2023 | Tribuna de opinion
La liberación de los jóvenes de la Primera Línea enfrentó una vez más al presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.
Tras su reiterada frustración por no poder excarcelar a esos jóvenes que fueron capturados por presuntos desmanes durante las protestas, el jefe de Estado responsabilizó a la Fiscalía y la Procuraduría por, según él, dilatar los procesos y tratarlos como terroristas.
En palabras textuales, el presidente dijo que Colombia “tiene más o menos 305 muchachos y muchachas presos por la movilización popular. Se vengó el Estado en ellos. La Fiscalía los trató de terroristas, generó una comunicación en el conjunto de los fiscales en todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes a cualquier lugar ya el fiscal del caso estaba diciendo terrorismo”.
Así mismo, dejó ver que está viendo la derrota en ese tema, pues sugirió que no podrá sacarlos de las cárceles como ha prometido desde su campaña presidencial.
“Y siguen en la cárcel, a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría. Bueno, ¿y los vamos a dejar en la cárcel?, ese es un mensaje de la oligarquía colombiana, es: jóvenes ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar, y los coloca como un trofeo, miren tenemos 300 jóvenes presos”, aseveró el mandatario.
Pero los comentarios –como se ha vuelto costumbre entre ambos– no cayeron bien en el ente acusador. De inmediato, el fiscal Barbosa le respondió ante los medios de comunicación recordándole que el presidente no es el jefe ni del fiscal ni de los jueces de la Nación.
Esto último recordando la más reciente pelea entre ambos luego de que Petro sugiriera que era el jefe de Estado y que, por ende, también era el jefe del fiscal general de la Nación.
“Pues es que el presidente, como cree que es el Fiscal General de la Nación, entonces estamos ante un problema de fondo; él no hace parte de la rama judicial. Cómo hacemos para explicarle que primero no es mi jefe y segundo él no es la Fiscalía ni los jueces”, dijo.
Y no solo eso. Barbosa también respondió directamente a los señalamientos por, supuestamente, no liberar a la Primera Línea.
“Los jueces de la república son autónomos en este país. La Fiscalía no tiene nada que ver con la liberación de los llamados jóvenes de la Primera Línea. Es ante jueces de la República que se presenta la solicitud y los jueces de la República cuando llegan ante un juez de control de garantías, miran su código y verifican si hay alguna condición o alguna razón para poder ordenar la libertad de esas personas, si no la encuentran niegan la salida y la libertad”, concluyó el fiscal.
Con todo esto, Petro ve cada vez más difícil cumplir la promesa de liberar a los jóvenes que protestaron en el paro nacional. Si no lo hace, el mandatario se siente en deuda con el sector juvenil que lo ayudó a ganar la Presidencia.
De hecho, este mismo fin de semana propuso ante el Consejo Nacional de Juventud que esa herramienta tenga más poder y sea de carácter vinculante, una estrategia con la que el jefe de Estado podría calmar los humos mientras busca más salidas jurídicas para la Primera Línea.
En todo caso, las peleas entre Petro y el fiscal ya se han convertido en “el pan de cada día”. En medio de esta pelea por liberaciones, Barbosa también opinó en el escándalo de la jefa de gabinete, Laura Sarabia, y aseguró que pruebas como la del polígrafo solo están a cargo del ente acusador.
