por Antonio Claros | Dic 12, 2022 | Tribuna de opinion
Podría ser cuestión de horas para que los miembros de la Primera Línea –detenidos por su posible participación en los desmanes de las protestas sociales– recobren su libertad tras la firma del decreto que los convertiría en gestores de paz del gobierno de Gustavo Petro.
La estampa de la firma presidencial se hizo pública en la noche de este domingo 11 de diciembre y contempla que los que podrían recobrar su libertad serían, únicamente, las personas sindicadas, es decir, los condenados seguirán purgando sus penas.
De momento, el documento reposa en la oficina jurídica de la Presidencia y solo hasta la publicación en el diario oficial, la medida puede entrar en vigencia. Los liberados deberán acompañar procesos de reconciliación en los territorios y serán supervisados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, había explicado que esta medida no significa un “perdón judicial” y que serían alrededor de 230 las personas que pueden salir de su lugar de detención para adelantar los procesos de la denominada política de la “paz total”.
“Acá no existe amnistía, indulto o perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de las protestas continuarán en manos de los jueces (…) Es una medida transitoria que nos permitirá utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”, había señalado el ministro Prada.
En todo caso, será el presidente Petro quien determine cuáles serán los jóvenes que podrán retornar a la libertad. El decreto también contempla el retorno a los centros de detención para aquellos que incumplan con las labores que se les será asignada.
El artículo 5 de la reforma a la ley de orden público –la que le da el marco jurídico a la paz total– ya había establecido la modalidad de gestores de paz para las personas capturadas en el marco de la protesta social.
por Antonio Claros | Dic 5, 2022 | Tribuna de opinion
A la primera línea le llegó el perdón social del “gobierno del cambio”. El presidente Gustavo Petro va a liberar a los jóvenes que fueron detenidos por los desmanes ocurridos en las protestas del paro nacional para que estos salgan de la cárcel antes de Noche Buena.
El Ejecutivo le dará a 230 manifestantes la libertad como regalo de Navidad, a pesar de que muchos de ellos están señalados por conductas como terrorismo, tortura y daños a la infraestructura pública en hechos que se presentaron en el marco de las movilizaciones de 2021.
“Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar Navidad con sus familias”, dijo el mandatario el sábado desde Pasto.
El pretexto de esas liberaciones es que estas personas sean declaradas como gestores de paz en sus comunidades. Aún no está claro que tareas cumplirán, y para conocerlas es necesario esperar hasta que se expida un decreto presidencial para ese fin. Su liberación, en todo caso, se da gracias a la maquinaria del Pacto Histórico en el Congreso.
La bancada del Gobierno está moviendo una ley para darle el indulto a los manifestantes. Mientras esa norma termina su trámite, estas liberaciones se van a dar gracias a la normativa para la paz total que aprobó el Capitolio en noviembre.
Se trata de la Ley de Orden Público, o la 418, que fue reformada con el respaldo de las maquinarias petristas y que sentó las bases para la paz total que quiere conseguir el gobierno con los grupos armados y las bandas del narcotráfico.
En esas bases también estaba el respaldo a los jóvenes de la primera línea, a quienes la administración anterior calificaba como “vándalos”, pero que fueron respaldados por Petro desde sus tiempos como senador de la República. Incluso Petro y los congresistas del Pacto participaron en esas movilizaciones.
“Los gobiernos que ordenan a su policía matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos y este es el gobierno del cambio”, sentenció el mandatario al anunciar la multitudinaria liberación.
Su decisión es tan polémica que ya la oposición anunció que demandará ante el Consejo de Estado la medida, una vez se publique el decreto que la ratifica.
“Es ilegítimo e ilegal que el gobierno quiera hacer eso (…) La figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no a personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales, tortura, entre otros, como están procesados los miembros de la primera línea”, cuestionó el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid.
Perdón social, mas no judicial
Los artífices de esa medida son el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el encargado de la cartera de Justicia, Néstor Osuna. Incluso en octubre el viceministro del Interior, Gustavo García, había intervenido en un proceso policial para liberar a manifestantes que estaban retenidos en un vehículo de la Fuerza Pública por su accionar durante marchas en Bogotá.
“Quiero dejar muy en claro que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta continuarán en manos de los jueces hasta su terminación”, puntualizó Alfonso Prada.
El ministro también asegura que los casos se van a estudiar de forma individual. Para cada liberación será un equipo conformado por el Gobierno y por los jueces que llevan el proceso el que defina si un preso cumple, o no, las condiciones para recibir el perdón social de Navidad.
Es más, la Casa de Nariño ya está moviendo sus fichas en la Fiscalía para ponerle el acelerador a esas diligencias. Este lunes el presidente se reunirá con el fiscal Francisco Barbosa, a quien le pondrá en la agenda la cuestión de las liberaciones de los presuntos vándalos. ¿Le copiará Barbosa a esa iniciativa?
Otro punto que está por resolverse es si personajes como Andrés Pastor González, más conocido como alias 19, entrarán en la lista del perdón de noche buena para los de la primera línea, pues en su prontuario criminal se registraron crímenes de posible tortura que habrían ocurrido en el Portal Américas, en la capital.
La liberación de los manifestantes fue una promesa que hizo Petro el 19 de junio, cuando ganó las elecciones presidenciales en las que contó con el respaldo de quienes promovieron las manifestaciones. ¿La libertad era la moneda de cambio de los votos?
por Antonio Claros | Nov 28, 2022 | Tribuna de opinion
El debate que por años ha enfrentado al país sobre las funciones de la Procuraduría para destituir a funcionarios electos por voto popular podría llegar a su fin en las salas de la Corte Constitucional, quien deberá pronunciarse de fondo sobre si ese ente de control debería tener, o no, esa habilidad dentro de sus funciones.
El tema viene debatiéndose desde 2013, cuando el entonces procurador general, Alejandro Ordoñez, destituyó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años.
Desde ese entonces Petro –que ahora es el jefe de Estado– demandó la decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que el tribunal internacional tumbara el fallo y estableciera que una entidad administrativa, como la Procuraduría, no puede destituir a funcionarios que han sido elegidos popularmente como lo era entonces Petro.
Ahora, la controversia está de nuevo sobre la mesa, pues el Congreso, que hace un par de años reformó la Procuraduría para que la entidad pudiera tomar decisiones judiciales como destituir a funcionarios de elección popular, busca todo lo contrario, que a la entidad le quede prohibido hacerlo.
Por supuesto, es el mismo Congreso, pero las mayorías piensan ahora de manera completamente opuesta y están guiadas por un aliciente adicional: que el presidente Petro quiere eliminar el rol de la Procuraduría.
Esta controversia, que pareciera no tener fin, podría quedar saldada con una decisión que tiene en sus manos la Corte Constitucional y que podría ser proferida en las próximas semanas.
La Corte estudia actualmente una demanda contra la Ley 1952 de 2019, la norma que le dio a la Procuraduría competencias judiciales.
Lo que tendrá que determinar la Corte es si la Procuraduría puede cumplir funciones de juez y, en general, si puede investigar o no a funcionarios que hayan sido elegidos popularmente.
Según los argumentos de los demandantes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la reforma va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos debido a que “desconoce que los funcionarios públicos de elección popular solo pueden ser retirados de su cargo, según el estándar convencional, por condena de un juez competente en el marco de un proceso penal”.
Además, de acuerdo con la demanda, la reforma desnaturalizó el papel de la Procuraduría porque concentró en ella funciones disciplinarias y judiciales, lo que vulnera además el principio de separación de poderes.
Lo que se busca evitar es que las investigaciones disciplinarias sean utilizados como un mecanismo para perseguir políticamente a opositores, como en ese momento lo hizo Ordoñez con Petro, de acuerdo con la CIDH.
Defensa de la Procuraduría
En este trámite, tanto la procuradora Margarita Cabello como el viceprocurador general encargado, Silvano Gómez Strauch, tuvieron que declararse impedidos porque participaron en la creación de la norma. Finalmente, el concepto quedó a cargo del procurador auxiliar para asuntos constitucionales, Juan Sebastián Vega, quien pidió a la Corte desestimar los argumentos de la demanda.
Gómez aseguró que el control disciplinario es un elemento esencial para luchar contra la corrupción en los servidores públicos y que así como Colombia está vinculada a la red interamericana de derechos humanos, “también se ha comprometido a nivel internacional a sancionar las prácticas más graves contrarias a la ética pública y a establecer medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que las transgreda”
por Antonio Claros | Nov 21, 2022 | Tribuna de opinion
Falta poco menos de un año para las elecciones regionales en las que se eligen alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, y el Pacto Histórico –coalición de Gustavo Petro– ya tuvo su primera fisura por cuenta de la puja por la Alcaldía de Bogotá.
La pelea al interior del petrismo la desató el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien pertenece al Pacto Histórico, después de plantear que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras podría ser un buen candidato a la alcaldía de la capital del país.
“Podría ser un gran alcalde para Bogotá. La objetividad y el equilibrio en los juicios debe primar sobre las antipatías”, planteó Barreras en una publicación que desató el malestar de varios de sus compañeros de colectividad.
El planteamiento del senador Barreras no cayó para nada bien en compañeros suyos del Pacto Histórico como David Racero, presidente de la Cámara, quien le pidió calma a su colega en el Senado para reprocharle su apoyo tácito a Vargas Lleras.
“Estoy seguro de que el Pacto Histórico tendrá uno o una candidata propia a la Alcaldía de Bogotá que retomará la agenda progresista en coherencia con la del Gobierno Nacional”, le respondió Racero a Barreras.
Tras esta discusión que se desató, Roy Barreras hizo un llamado a sus compañeros del petrismo a convivir con la diferencia política y reconoció que su declaración inicial desató pelea al interior de la bancada del Pacto Histórico.
“Entiendo que muchos compañeros del Pacto ven con horror acompañar una candidatura que está en el otro extremo ideológico. Pero los invito a aprender del presidente Petro, que llamó nada menos que a Lafaurie, en aras de la paz total”, planteó Barreras en Blu.
Este anticipado respaldo del presidente del Senado a una eventual candidatura de Vargas Lleras a la Alcaldía de Bogotá sorprendió especialmente porque el exvicepresidente cuestionó al Congreso asegurando que hay una “dictadura” tras la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Además, Barreras le aseguró recientemente que nunca ha sido cercano a Vargas Lleras, a pesar de haber apoyado su frustrada candidatura presidencial en 2018, y además lo cuestionó por no apoyar con Cambio Radical la reforma tributaria de Petro.
“Lo que ha hecho imposible, a mi juicio, que Cambio Radical haya aceptado la agenda del cambio es que Vargas Lleras responde, y siempre ha respondido, a unos intereses muy privilegiados de unos sectores económicos”, señaló Barreras.
por Antonio Claros | Nov 15, 2022 | Opinion
Será cuestión de horas para que la Fiscalía radique las solicitudes de imputación de cargos contra 10 personas que estarían relacionadas con delitos cometidos en el caso de Odebrecht. Entre las personas que el ente acusador pretende enjuiciar se encuentra el exfiscal que investigaba el caso.
“Se encontraron méritos suficientes para vincular formalmente a otros presuntos involucrados en las distintas maniobras usadas para intentar ocultar y darle apariencia de legalidad a los dineros que la constructora habría destinado para pagar dádivas”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, al exfiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, se le imputarán los delitos de prevaricato y amenazas a testigo. Esto, luego de que se lograra establecer que el 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo del juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción.
Sin embargo, Hernández habría realizado presuntamente una solicitud defectuosa de dichas órdenes de captura y omitió darles trámite legal, lo que quiere decir que no se hicieron efectivas.
A todo esto se le suma que no pidió inmediatamente la expedición de una notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a los involucrados en el entramado de corrupción de Odebrecht, los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.
Además, el pasado 22 de junio, Hernández Martínez, en su condición de fiscal adscrito al CTI, habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le reprochó por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odebrecht.
Pero a este nuevo episodio de uno de los más grandes escándalos de corrupción, se le suma otra pieza. Y es que la Fiscalía también va a radicar solicitudes de imputación contra tres brasileños, dos españoles y un uruguayo, en cinco líneas distintas de investigación que se lograron establecer.
La primera está relacionada con el direccionamiento en la adjudicación del famoso contrato de concesión Ruta del Sol II. En este punto, la Fiscalía imputará, ante un juez de control de garantías, al ex subgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), David Eduardo Villalba, y a los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Sobre el exfuncionario Villalba se logró establecer que, durante el segundo semestre de 2009, presuntamente direccionó los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto vial Ruta del Sol II. Posteriormente, el 14 de enero de 2010, celebró el contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que hacía parte Odebrecht.
La firma constructora habría pagado 6,5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales. Esto quiere decir que Villalba usó su cargo y función para favorecer a la concesionaria.
La segunda línea de investigación tiene que ver con los dineros destinados a esa coima en el contrato de adjudicación. En este caso, serán imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos a los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia; y a los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. – DCS Management.
En la investigación se estableció que Odebrecht suscribió un contrato ficticio con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato. Además, se logró evidenciar que la multinacional brasileña hizo giros por 10’890.000 dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta de una sociedad española en una banca privada.
El material de prueba indica que el 94% del dinero recibido por DCS Management fue transferido a la empresa Klienfeld, que hacía parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil, pero no estaba declarada ni reportada en los balances de la constructora. La Fiscalía estableció que este movimiento de recursos tendría como propósito que la multinacional brasileña recuperara o reembolsara a sus cuentas los 6,5 millones de dólares que pagó al ex viceministro de transporte y exdirector del INCO, Gabriel Ignacio García Morales.
A todo esto se le suma una solicitud de imputación contra el ciudadano uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Al parecer, Sanguinetti habría diseñado el modelo de pago de la coima entregada por la constructora para la adjudicación del contrato Ruta del Sol II, y después permitió poner una millonaria suma en dólares a la cuenta de la sociedad española DCS Management y su posterior traslado a la empresa Klienfeld, que pertenecía a la multinacional brasileña.
La Fiscalía también logró determinar que el 2 de enero de 2014, Luis Eduardo Gómez Martínez, representante legal de la empresa Aldepósitos Zona Franca SAS, suscribió un contrato ficticio de servicios logísticos con el representante legal del Consultores Unidos Colombia – Panamá, y emitió facturas por actividades que nunca se realizaron. Por esta actividad habría recibido transferencias por 2’515.635 dólares, que posteriormente entregó mediante endosos o títulos abiertos a Eduardo Zambrano Caicedo.
Luego esos dineros se direccionaron a Federico Gaviria y Otto Nicolás Bula, para cumplir con la dádiva que Odebrecht se comprometió a entregarles por gestionar a su favor la adición del tramo Ocaña – Gamarra al contrato Ruta del Sol II.
De otra parte, será imputada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares la señora Adriana Milena Alzate Arango, quien fue subcontratada el 15 de agosto de 2010 por el Consorcio Ruta del Sol, del que hizo parte Odebrecht, para realizar mantenimiento y drenaje a varios tramos del proyecto Ruta del Sol II.
Sin embargo, Alzate no tendría experiencia en la materia, pero recibió pagos por más de 490 millones de pesos, por actividades que no se habrían ejecutado.
