por Antonio Claros | Ago 22, 2022 | Tribuna de opinion
La Contraloría General de la República emitió un informe en el que alerta sobre los riesgos de desfinanciamiento que estaría corriendo la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en el Teatro Colón a finales de 2016.
El ente de control comenzó detallando que en 2021 se registró una ejecución de 14,24 billones de pesos, lo que es en últimas un aumento de 2,3 veces más a lo registrado entre 2017 y 2020.
Uno de los riesgos advertidos por la institución tiene que ver con las denominadas Bolsas de Paz como vehículo de implementación. Advierten que el 95 % de la contratación es directa y que esa modalidad no es competitiva.
En materia de recaudo, señalan que hay una disminución en el impuesto al carbono, lo que no es saludable para subcuentas como la Sustitución.
En cuanto a los Ocad Paz, señala que los recursos no tienen una ejecución eficiente, consecuencia de no tener una planeación eficiente.
«Estas deficiencias van desde aprobaciones de proyectos en regiones no priorizadas en el Acuerdo, hasta aquellas que se presentan en la estructuración de pliegos, lo mismo que construcciones deficientes y detrimentos patrimoniales, entre otros riesgos», puntualizan.
Además, se observa una desproporción en la disposición regional de los recursos para el proceso de implementación. Son siete los departamentos en los que se concentra solo el 71 % de los recursos aprobados a través del mecanismo de Obras por Impuestos ($641.177 millones): Antioquia, Arauca, Cauca, Casanare, Caquetá, Tolima y Norte de Santander.
Factores como los mencionados hacen que la implementación del Acuerdo tome 20 y no 15 años, como se tenía previsto.
Para una implementación segura y eficiente se proyecta la inversión de 154,9 billones de pesos entre 2017 y 2031.
Los puntos de Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto Armado, e Implementación y Verificación y Refrendación son los que recibirán progresivamente el financiamiento El Enfoque Étnico y al Transversal de Género será también objeto de desembolso.
Hay que anotar que durante los primeros meses del año la principal fuente de financiación de la implementación ha sido el Presupuesto General de la Nación, de donde ha salido el 67 % de los recursos. Luego vienen Cooperación Internacional, con un 17 %, y el Sistema General de Regalías con un 10 %.
Otra de las observaciones del ente de control tiene que ver con que el «16 % de los recursos del Presupuesto General de la Nación se ejecuta a través del Fondo Colombia en Paz, que ha administrado desde sus inicios hasta marzo 31 de 2022 alrededor de 5 billones de pesos, el 91 % de los cuales han provenido del Presupuesto, 2 % de cooperación y el restante 7 % de otras fuentes».
La Contraloría observó también que al 31 de marzo de 2022 se habían aprobado 820 proyectos de inversión por 7,5 billones de pesos, de los cuales 341 por valor de 4,4 billones se aprobaron en 2021.
«La Contraloría considera que es evidente el reto asociado a la focalización de los recursos del OCAD Paz hacia los municipios más necesitados, para lo cual es necesario revisar la priorización y asignación de los recursos con criterios de equidad», sugieren.
En cuanto a las Obras por Impuestos, se afirma que se han convertido en una fuente de recursos para la ejecución de inversiones en proyectos, que se distribuyen en: infraestructura de transporte (51 %), educación (33 %) y agua y saneamiento básico (15 %) en zonas PDTED.
«A través de este mecanismo, a marzo 31 de 2022, de 138 proyectos aprobados por un valor total de 903.897 millones de pesos, se registran 90 terminados por 537.211 millones, 43 en ejecución por 344.070 millones y 5 estructurados y financiados que suman 22.615 millones», apuntan.
por Antonio Claros | Ago 19, 2022 | Tribuna de opinion
Este sábado la ministra alemana de Cooperación y Desarrollo, Svenja Schulze, iniciará un viaje por Colombia y Bolivia, países donde se reunirá con representantes de los respectivos gobiernos y de la sociedad civil.
“La protección de los bosques y del clima, así como la reducción de las desigualdades sociales y el fomento de la paz son los temas centrales del primer viaje de la ministra a América Latina”, señaló una portavoz del ministerio en una rueda de prensa ordinaria.
En Colombia, Schulze se reunirá con representantes del nuevo gobierno. Las conversaciones se centrarán en el apoyo de Alemania al proceso de paz en Colombia y en la cooperación para la protección del clima.
En Bogotá visitará los proyectos de protección del medio ambiente y de apoyo a los refugiados venezolanos.
Por su parte, en la capital boliviana, La Paz, la ministra se reunirá con representantes del gobierno y de la sociedad civil para abordar temas como los derechos de la mujer y el desarrollo urbano sostenible.
El viaje, que se prolongará hasta el viernes de la próxima semana, concluirá con una visita al Parque Nacional Madidi (ubicado al noroeste de La Paz), zona protegida que el Ministerio de Cooperación y Desarrollo alemán apoya a través del Legacy Landscapes Fund, una fundación conjunta para la protección de la biodiversidad y los parajes naturales.
por Antonio Claros | Ago 9, 2022 | Tribuna de opinion
Un día después de la posesión presidencial de Gustavo Petro, algunos de sus ministros iniciaron su camino en el Gobierno manifestando las ideas que quieren implementar en el próximo cuatrienio. Este es el caso de la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien mostró su intención de retomar el recargo nocturno desde las 6:00 p.m.; además, calificó de “tacaños” a las clases empresariales del país.
“Hemos tenido una clase empresarial tacaña, que no ha sido generosa y me decían ahora: ‘Es que los trabajadores piden mucho’, y le dije yo: ‘Es que los patronos dan muy poco”, manifestó Ramírez.
En ese sentido, uno de los propósitos de la jefe de cartera en sus primeros 100 días en el cargo es lograr que en Colombia se vuelva a retomar el recargo nocturno desde las 6:00 p.m., y no de las 9:00 p.m. como se estaba implementando desde el gobierno de Álvaro Uribe.
Al respecto, la Ministra explicó que lo que el gobierno del presidente Petro quiere es que tanto la jornada diurna como la nocturna sean de 12 horas, por lo cual, la primera iría de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y la segunda de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., esto teniendo en cuenta que actualmente la jornada de la noche solo cubre el periodo de 9:00 de la noche a 6:00 de la mañana.
Así entonces, la propuesta de la Ministra consistiría en que desde las 6:00 p.m. los empleados recibirán un recargo nocturno y si, además, trabajan horas extras después de ese periodo, entonces les tendrían que pagar con las tarifas de la jornada nocturna.
“Si las empresas tienen que pagar horas extras, pues que las pagan. Pero no podemos, en aras de un proceso económico, ir quitando derechos laborales fundamentales a los trabajadores, como derecho al descanso y al estudio”, sostuvo Ramírez en una entrevista.
La ministra del Trabajo señaló además que la próxima semana convocará a una mesa técnica para elaborar una reforma al estatuto del trabajo que llegaría al Congreso en febrero de 2023.
por Antonio Claros | Ago 1, 2022 | Tribuna de opinion
Uno de los temas más álgidos en lo que respecta al nuevo gobierno tiene que ver con los cambios en materia de impuestos que se vienen para el país con la reforma tributaria de Gustavo Petro, la cual promete recaudar más de 50 billones de pesos anuales
“La reforma tributaria que estoy proponiendo es de 50 billones de pesos anuales, que irá sobre las 4.000 personas, naturales y jurídicas, más ricas del país. Lo cual implica un cobro promedio de $ 12.000 millones para esas personas”, indicó en mayo pasado.
José Antonio Ocampo, que fue designado recientemente como nuevo ministro de Hacienda, confirmó este viernes que el proyecto tributario del líder del Pacto Histórico llegará al Congreso de la República en menos de dos semanas.
Igualmente, el economista aseguró que el impuesto a ganancias ocasionales —ingresos por la venta ocasional o esporádica de un bien— podría ser uno de los pagos que suba con la reforma tributaria.
“Nos han pedido presentar el proyecto lo más pronto posible, esperamos radicarla oficialmente el próximo 8 de agosto, un día después de la posesión del presidente Petro”, expresó inicialmente.
Luego, en una entrevista con Blu Radio añadió: “Los sectores de más altos ingresos aparecen con unas ganancias ocasionales con impuestos del 10 % y eso no puede ser. Estamos viendo hasta dónde lo subimos. Originalmente, al 35 %”.
Ante la polémica que se generó en las redes sociales por estas declaraciones, el nuevo Ministro de Hacienda rompió el silencio y precisó que no ha hecho ningún anuncio oficial con respecto a ese tributo, ya que siguen analizando algunos puntos de la iniciativa.
“Que quede claro: yo NO he anunciado ese impuesto”, puntualizó Ocampo este domingo en su cuenta personal de Twitter, donde comparte eventualmente algunas de sus opiniones sobre la situación financiera actual del país.
Cabe recodar que el experimentado economista colombiano manifestó hace unos días que sí iban a aumentar el impuesto de ganancias ocasionales.
“Cuando uno mira el estudio de la Ocde de tributación en Colombia, encuentra que los sectores de más altos ingresos, gran parte de los recursos vienen como ganancia ocasional. La valorización de empresas o de la propiedad raíz no se capta como ingreso y es un ingreso. Hoy está en 10 %”, explicó el funcionario en aquel momento.
El impuesto a las ganancias ocasionales tiene una tarifa actualmente del 10 %, cuando se trata de la ganancia o la utilidad, mientras que en el caso de loterías, rifas, sorteos, apuestas y premios, el tributo a pagar es del 20 %.
“Aquellos que tienen ingresos de más de diez millones de pesos tendrán que pagar más impuestos. Las responsabilidades son proporcionales al nivel de ingreso y patrimonio de cada uno de ellos” ,enfatizó.
por Antonio Claros | Jul 25, 2022 | Tribuna de opinion
A $20.514 millones ascienden las sanciones que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Organización Roa Florhuila por “incumplir instrucciones y requerimientos de información”.
La máxima autoridad nacional de competencia señala a la empresa arrocera, cuyo gerente general es Hernando Rodríguez, de “obstruir la visita” de inspección realizada a su planta en Villanueva, Casanare.
La SIC asegura que encontró instrucciones y directrices para “incumplir las órdenes y requerimientos de información efectuados por la autoridad” y que la empresa agroindustrial adujo que “la información no podía ser suministrada sin autorización de sus superiores”. Esto a través de correos electrónicos institucionales.
Concretamente, Roa Florhuila negó la entrega de documentos requeridos por funcionarios de la SIC argumentando que se debía solicitar por escrito. Y según la autoridades, la renuencia de la compañía “provino de instrucciones impartidas por la gerente administrativa y financiera desde la sede administrativa de la empresa en Bogotá. Estas situaciones obstaculizaron injustificadamente el ejercicio de las funciones de la autoridad”.
Las multas incluyen a tres personas naturales: el gerente (Pedro Peña) y el jefe de la planta (Ángel Riveros), y la gerente administrativa y financiera de la organización (Lucy Gallo Losada).
Arroz Florhuila es una empresa colombiana que nació en Campoalegre, Huila, en 1971 con unos inversionistas arroceros. Reconocida por marcas como Arroz Roa, hoy tiene nueve plantas en Campoalegre, Neiva, Espinal, Chicoral, Ibagué, Villavicencio, Granada, Villanueva y Pore, en Casanare.
Previamente, en 2015, la Superindustria ya había multado a la Organización Roa Florhuila. En ese entonces le impuso una sanción por $33.800 millones por violación del régimen de libre competencia. Según la autoridad, influenció los precios de venta de arroz blanco al consumidor final.
por Antonio Claros | Jul 18, 2022 | Tribuna de opinion
Pasar del pánico y la incertidumbre, a las pérdidas millonarias en el gremio de mineros y carboneros, por cuenta del paro de transporte de este mineral que ordenó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado 27 de junio, en Norte de Santander, se convirtió en la mayor preocupación de este sector comercial.
Según se conoció, al menos 12.300 toneladas diarias de carbón se están quedando estancadas en las minas de la región, por el temor que infundieron integrantes de este grupo armado ilegal, que prohibieron el transporte desde las minas hacia los centros de acopio, para que luego sea trasladado a los puertos.
“Muchos mineros siguieron trabajando y acopiando hasta donde pudieron. Otros pararon muchos contratos y solo siguieron con los más importantes. La mayoría incurrió en gastos adicionales acopiando en potreros cercanos a sus minas, para después levantar el carbón y trasladarlo a los acopios.
Esos son gastos que no se contemplan en una operación normal. Esos sobrecostos pueden ser de 15 mil pesos por tonelada, aproximadamente, los cuales no se recuperan”, explicó uno de los afectados.
Los coquizadores (derivado del carbón y de alto costo), también resultaron afectados con el paro que impuso el ELN. Se presume que en Norte de Santander, aproximadamente 900 hornos coquizadores tuvieron que parar la producción. “Prender cada horno cuesta alrededor de 2.5 millones de pesos”, expresó una fuente que prefirió reservar su identidad.
¿Cómo empezó?
Desde el 27 de junio, dos hombres armados con revólver y que se movilizaban en una motocicleta han sido los encargados de infundir el terror entre los conductores de volquetas que se encargan de llevar el carbón desde las minas hasta los centros de acopio de este mineral.
“La orden que les dieron es que no pueden sacar carbón de las minas. Solo permiten el transporte entre los centros de acopio. Además, ordenaron que desde ahora el carbón se debe comprar a $550.000 la tonelada”, dijo uno de los afectados.
Esta situación perjudica enormemente a los carboneros, pues una tonelada del mineral puede llegar a costar $800 mil.
Los autores del hecho, hace diez días, marcaron con grafitis dos volquetas que estaban circulando por el sector Las Cascadas, a pocos kilómetros de la vereda Astilleros, zona rural de El Zulia, con un mensaje que decía “por no hacer caso” y las dejaron estacionadas a un costado de la vía, para que los demás transportadores se percataran de la medida.
Sin embargo, según se conoció, luego de la publicación que hizo este medio, el fin de semana, sobre la orden del paro por el ELN, las volquetas fueron retiradas del lugar.
Hasta el momento, los carboneros no han visto una acción contundente por parte de las autoridades para frenar el accionar del ELN contra este gremio.
