por Antonio Claros | Dic 12, 2022 | Tribuna de opinion
Podría ser cuestión de horas para que los miembros de la Primera Línea –detenidos por su posible participación en los desmanes de las protestas sociales– recobren su libertad tras la firma del decreto que los convertiría en gestores de paz del gobierno de Gustavo Petro.
La estampa de la firma presidencial se hizo pública en la noche de este domingo 11 de diciembre y contempla que los que podrían recobrar su libertad serían, únicamente, las personas sindicadas, es decir, los condenados seguirán purgando sus penas.
De momento, el documento reposa en la oficina jurídica de la Presidencia y solo hasta la publicación en el diario oficial, la medida puede entrar en vigencia. Los liberados deberán acompañar procesos de reconciliación en los territorios y serán supervisados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, había explicado que esta medida no significa un “perdón judicial” y que serían alrededor de 230 las personas que pueden salir de su lugar de detención para adelantar los procesos de la denominada política de la “paz total”.
“Acá no existe amnistía, indulto o perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de las protestas continuarán en manos de los jueces (…) Es una medida transitoria que nos permitirá utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”, había señalado el ministro Prada.
En todo caso, será el presidente Petro quien determine cuáles serán los jóvenes que podrán retornar a la libertad. El decreto también contempla el retorno a los centros de detención para aquellos que incumplan con las labores que se les será asignada.
El artículo 5 de la reforma a la ley de orden público –la que le da el marco jurídico a la paz total– ya había establecido la modalidad de gestores de paz para las personas capturadas en el marco de la protesta social.
por Antonio Claros | Dic 5, 2022 | Tribuna de opinion
A la primera línea le llegó el perdón social del “gobierno del cambio”. El presidente Gustavo Petro va a liberar a los jóvenes que fueron detenidos por los desmanes ocurridos en las protestas del paro nacional para que estos salgan de la cárcel antes de Noche Buena.
El Ejecutivo le dará a 230 manifestantes la libertad como regalo de Navidad, a pesar de que muchos de ellos están señalados por conductas como terrorismo, tortura y daños a la infraestructura pública en hechos que se presentaron en el marco de las movilizaciones de 2021.
“Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar Navidad con sus familias”, dijo el mandatario el sábado desde Pasto.
El pretexto de esas liberaciones es que estas personas sean declaradas como gestores de paz en sus comunidades. Aún no está claro que tareas cumplirán, y para conocerlas es necesario esperar hasta que se expida un decreto presidencial para ese fin. Su liberación, en todo caso, se da gracias a la maquinaria del Pacto Histórico en el Congreso.
La bancada del Gobierno está moviendo una ley para darle el indulto a los manifestantes. Mientras esa norma termina su trámite, estas liberaciones se van a dar gracias a la normativa para la paz total que aprobó el Capitolio en noviembre.
Se trata de la Ley de Orden Público, o la 418, que fue reformada con el respaldo de las maquinarias petristas y que sentó las bases para la paz total que quiere conseguir el gobierno con los grupos armados y las bandas del narcotráfico.
En esas bases también estaba el respaldo a los jóvenes de la primera línea, a quienes la administración anterior calificaba como “vándalos”, pero que fueron respaldados por Petro desde sus tiempos como senador de la República. Incluso Petro y los congresistas del Pacto participaron en esas movilizaciones.
“Los gobiernos que ordenan a su policía matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos y este es el gobierno del cambio”, sentenció el mandatario al anunciar la multitudinaria liberación.
Su decisión es tan polémica que ya la oposición anunció que demandará ante el Consejo de Estado la medida, una vez se publique el decreto que la ratifica.
“Es ilegítimo e ilegal que el gobierno quiera hacer eso (…) La figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no a personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales, tortura, entre otros, como están procesados los miembros de la primera línea”, cuestionó el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid.
Perdón social, mas no judicial
Los artífices de esa medida son el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el encargado de la cartera de Justicia, Néstor Osuna. Incluso en octubre el viceministro del Interior, Gustavo García, había intervenido en un proceso policial para liberar a manifestantes que estaban retenidos en un vehículo de la Fuerza Pública por su accionar durante marchas en Bogotá.
“Quiero dejar muy en claro que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta continuarán en manos de los jueces hasta su terminación”, puntualizó Alfonso Prada.
El ministro también asegura que los casos se van a estudiar de forma individual. Para cada liberación será un equipo conformado por el Gobierno y por los jueces que llevan el proceso el que defina si un preso cumple, o no, las condiciones para recibir el perdón social de Navidad.
Es más, la Casa de Nariño ya está moviendo sus fichas en la Fiscalía para ponerle el acelerador a esas diligencias. Este lunes el presidente se reunirá con el fiscal Francisco Barbosa, a quien le pondrá en la agenda la cuestión de las liberaciones de los presuntos vándalos. ¿Le copiará Barbosa a esa iniciativa?
Otro punto que está por resolverse es si personajes como Andrés Pastor González, más conocido como alias 19, entrarán en la lista del perdón de noche buena para los de la primera línea, pues en su prontuario criminal se registraron crímenes de posible tortura que habrían ocurrido en el Portal Américas, en la capital.
La liberación de los manifestantes fue una promesa que hizo Petro el 19 de junio, cuando ganó las elecciones presidenciales en las que contó con el respaldo de quienes promovieron las manifestaciones. ¿La libertad era la moneda de cambio de los votos?
por Antonio Claros | Nov 28, 2022 | Tribuna de opinion
El debate que por años ha enfrentado al país sobre las funciones de la Procuraduría para destituir a funcionarios electos por voto popular podría llegar a su fin en las salas de la Corte Constitucional, quien deberá pronunciarse de fondo sobre si ese ente de control debería tener, o no, esa habilidad dentro de sus funciones.
El tema viene debatiéndose desde 2013, cuando el entonces procurador general, Alejandro Ordoñez, destituyó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años.
Desde ese entonces Petro –que ahora es el jefe de Estado– demandó la decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que el tribunal internacional tumbara el fallo y estableciera que una entidad administrativa, como la Procuraduría, no puede destituir a funcionarios que han sido elegidos popularmente como lo era entonces Petro.
Ahora, la controversia está de nuevo sobre la mesa, pues el Congreso, que hace un par de años reformó la Procuraduría para que la entidad pudiera tomar decisiones judiciales como destituir a funcionarios de elección popular, busca todo lo contrario, que a la entidad le quede prohibido hacerlo.
Por supuesto, es el mismo Congreso, pero las mayorías piensan ahora de manera completamente opuesta y están guiadas por un aliciente adicional: que el presidente Petro quiere eliminar el rol de la Procuraduría.
Esta controversia, que pareciera no tener fin, podría quedar saldada con una decisión que tiene en sus manos la Corte Constitucional y que podría ser proferida en las próximas semanas.
La Corte estudia actualmente una demanda contra la Ley 1952 de 2019, la norma que le dio a la Procuraduría competencias judiciales.
Lo que tendrá que determinar la Corte es si la Procuraduría puede cumplir funciones de juez y, en general, si puede investigar o no a funcionarios que hayan sido elegidos popularmente.
Según los argumentos de los demandantes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la reforma va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos debido a que “desconoce que los funcionarios públicos de elección popular solo pueden ser retirados de su cargo, según el estándar convencional, por condena de un juez competente en el marco de un proceso penal”.
Además, de acuerdo con la demanda, la reforma desnaturalizó el papel de la Procuraduría porque concentró en ella funciones disciplinarias y judiciales, lo que vulnera además el principio de separación de poderes.
Lo que se busca evitar es que las investigaciones disciplinarias sean utilizados como un mecanismo para perseguir políticamente a opositores, como en ese momento lo hizo Ordoñez con Petro, de acuerdo con la CIDH.
Defensa de la Procuraduría
En este trámite, tanto la procuradora Margarita Cabello como el viceprocurador general encargado, Silvano Gómez Strauch, tuvieron que declararse impedidos porque participaron en la creación de la norma. Finalmente, el concepto quedó a cargo del procurador auxiliar para asuntos constitucionales, Juan Sebastián Vega, quien pidió a la Corte desestimar los argumentos de la demanda.
Gómez aseguró que el control disciplinario es un elemento esencial para luchar contra la corrupción en los servidores públicos y que así como Colombia está vinculada a la red interamericana de derechos humanos, “también se ha comprometido a nivel internacional a sancionar las prácticas más graves contrarias a la ética pública y a establecer medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que las transgreda”
por Antonio Claros | Nov 21, 2022 | Tribuna de opinion
Falta poco menos de un año para las elecciones regionales en las que se eligen alcaldes, concejales, gobernadores y diputados, y el Pacto Histórico –coalición de Gustavo Petro– ya tuvo su primera fisura por cuenta de la puja por la Alcaldía de Bogotá.
La pelea al interior del petrismo la desató el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien pertenece al Pacto Histórico, después de plantear que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras podría ser un buen candidato a la alcaldía de la capital del país.
“Podría ser un gran alcalde para Bogotá. La objetividad y el equilibrio en los juicios debe primar sobre las antipatías”, planteó Barreras en una publicación que desató el malestar de varios de sus compañeros de colectividad.
El planteamiento del senador Barreras no cayó para nada bien en compañeros suyos del Pacto Histórico como David Racero, presidente de la Cámara, quien le pidió calma a su colega en el Senado para reprocharle su apoyo tácito a Vargas Lleras.
“Estoy seguro de que el Pacto Histórico tendrá uno o una candidata propia a la Alcaldía de Bogotá que retomará la agenda progresista en coherencia con la del Gobierno Nacional”, le respondió Racero a Barreras.
Tras esta discusión que se desató, Roy Barreras hizo un llamado a sus compañeros del petrismo a convivir con la diferencia política y reconoció que su declaración inicial desató pelea al interior de la bancada del Pacto Histórico.
“Entiendo que muchos compañeros del Pacto ven con horror acompañar una candidatura que está en el otro extremo ideológico. Pero los invito a aprender del presidente Petro, que llamó nada menos que a Lafaurie, en aras de la paz total”, planteó Barreras en Blu.
Este anticipado respaldo del presidente del Senado a una eventual candidatura de Vargas Lleras a la Alcaldía de Bogotá sorprendió especialmente porque el exvicepresidente cuestionó al Congreso asegurando que hay una “dictadura” tras la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Además, Barreras le aseguró recientemente que nunca ha sido cercano a Vargas Lleras, a pesar de haber apoyado su frustrada candidatura presidencial en 2018, y además lo cuestionó por no apoyar con Cambio Radical la reforma tributaria de Petro.
“Lo que ha hecho imposible, a mi juicio, que Cambio Radical haya aceptado la agenda del cambio es que Vargas Lleras responde, y siempre ha respondido, a unos intereses muy privilegiados de unos sectores económicos”, señaló Barreras.
por Antonio Claros | Nov 8, 2022 | Tribuna de opinion
Desde El Cairo (Egipto), en el debate general de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), el presidente Gustavo Petro afirmó que ya se recibió la primera donación que tendrá como prioridad cubrir la emergencia de una ola invernal que derivó en declaración de desastre natural.
“Se ha destinado los recursos. Hubo una transferencia que debe sumar 2.1 billones de pesos para atender lo urgente que es comida, salud para las personas afectadas y lugares en donde reubicarse en la zona de inundación”, afirmó Petro.
Según el mandatario, este invierno por el que atraviesa el país, es el más grande en los últimos cuarenta años y es probable que las lluvias se extiendan hasta principios del 2023. Además, explicó que cualquier aguacero está provocando daños como deslizamientos o inundaciones, por lo que primero se atenderán situaciones vitales para luego reconstruir vías y demás.
“Hay algo que es fundamental. Tiene que ver con la prevención que no se ha hecho en Colombia, que hoy podría generar que no hayan víctimas. Tiene que ver con el ordenamiento del territorio al rededor del agua, es decir, con una política en donde el riesgo sea el determinante de la ubicación, tanto en las ciudades como en los campos”, explicó.
Los datos que reporta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a septiembre, indican que en estos primeros 9 meses del 2022 se han registrado 2.058 eventos críticos como consecuencia de la temporada de lluvias, los cuales han causado la muerte de 184 personas, 255 heridos y 28 desaparecidos.
Y es que las intensas lluvias que azotan actualmente el país —junto con la influencia del fenómeno de La Niña— ya golpearon a más de 90.000 familias en 665 municipios de todo el territorio nacional.
Según los pronósticos, hay un 91% de probabilidad e intensidad entre débil y moderada en lo que resta de 2022, pero que ese ítem baja a 54% entre enero a marzo de 2023. Sin embargo, se espera que siga lloviendo con fuerza.
por Antonio Claros | Oct 31, 2022 | Tribuna de opinion
El presidente Gustavo Petro no solo espera que la educación superior pública mejore las oportunidades de los jóvenes colombianos, sino que les arrebate combatientes a los grupos armados ilegales dedicados a actividades como el narcotráfico.
Así lo manifestó en una intervención que hizo en Putumayo. “En lugar de ser obreros del narcotráfico, los que hacen el trabajo sucio, jóvenes matando jóvenes, pueden entrar a las universidades que se tienen que abrir aquí”, aseguró.
El Mandatario se refería a una de las apuestas de su Gobierno en materia educativa: construir universidades públicas que les permitan a los jóvenes estudiar en sus municipios y no tener que ir a otras ciudades para educarse.
La idea es descentralizar la presencia de universidades públicas. Según datos del Sistema Nacional de Educación Superior, de los 2.448.271 estudiantes matriculados en 2021 en el país, el 34 % estaban en Bogotá, el 13 % en Antioquia y el 6,9 % en el Valle del Cauca.
Es decir, más de la mitad de los estudiantes matriculados en todo el país se encuentran en la capital y en dos departamentos. Un panorama similar se da con los docentes de educación superior, pues de los 155.700 que hay en toda Colombia, 63.707 se encontraban en la capital de la República.
Pero para Hami Gómez, representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional, las cosas no se resolverían con la apertura de más sedes universitarias públicas en zonas apartadas.
“No estamos de acuerdo con la ampliación de cobertura sin la ampliación de recursos”, señaló Gómez.
Y advirtió que esto aplica tanto nuevas sedes como para nuevos cupos. Su argumento es que el Estado debería cumplirles unas condiciones mínimas de calidad a las universidades públicas y a los estudiantes que ya existen hoy.
Por eso, para varios congresistas, la comunidad universitaria e incluso para el Gobierno mismo, está claro cuál es el primer paso para pensar en una reforma a la educación superior: cambiar la forma como se distribuye hoy la plata.
Presentarán una reforma
De cada $100 que les entran a las universidades públicas, casi $50 los consiguen por sus medios. Para cambiar esto, el Ministerio de Educación creó una Comisión de Reforma a la Ley 30 de 1992, que es la norma que regula la educación superior en Colombia.
La idea es centrarse en dos proyectos de ley que ya establecieron las bases para meterle el diente a la financiación. El Ministerio de Educación ha señalado que después de sopesar las propuestas de distintos sectores, en diciembre de este año presentará un borrador de proyecto de ley.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, una de las congresistas que quieren cambiar la Ley 30, explicó que el dinero que les entra hoy a las universidades públicas se calcula con base en la inflación, que es el incremento en el costo de la canasta básica (ver Para Saber Más).
Este dinero hoy no les alcanza a las universidades para cubrir sus gastos, por lo cual la propuesta es ajustar sus presupuestos a partir de un indicador que calcula el Dane y se llama Índice de Costos de la Educación Superior – ICES. Advirtió que de conseguir más recursos –se calcula que unos $2,5 billones– podrían mejorar su infraestructura, los programas de bienestar universitario y los protocolos para atender violencias basadas en género.
¿Y de dónde saldrá la plata? “Sabemos que es un impacto fiscal alto, pero eso también lo vamos a discutir con el Gobierno Nacional, toda vez que el presidente Gustavo Petro prometió en campaña invertir $18 billones en educación superior pública y nuestra meta está por debajo de esa proyección”, indicó la congresista.
