Hace tiempo se viene hablando de la judicialización de la política en Colombia, que no es otra cosa que utilizar a los jueces y fiscales para enredarle el camino a alguien con una posibilidad cierta de triunfo electoral, es vox populi la frase “que una medida de aseguramiento no se le niega a nadie” , son muchos los casos de personas a quienes valiéndose de fallos judiciales les han truncado el camino, para facilitárselo a otro, esa combinación política y justicia es siniestra, se unen para “joder a alguien” y alcanzar el poder , los perjudicados demandan por lo absurdo e injusto de los fallos y esas condenas las pagamos todos, cuando lo ideal sería que la pagara el funcionario prevaricador que impartió justicia de manera sesgada.
El caso de JORGE IVAN OSPINA pareciera ser uno de ellos, lo llaman a imputación de cargos a dos semanas de las elecciones, cuando tuvieron más de diez años para investigarlo y condenarlo, el contrato por el que lo investigan no fue firmado por él, sino por el secretario general de la alcaldía Pedro Luis barco en quien el alcalde había delegado funciones de contratación, cuando surgieron dudas sobre la selección objetiva del contratista fue el mismo Ospina el que pidió se investigara lo actuado , la fiscal del caso le sugirió a barco que responsabilizara a Jorge ivan por dicha contratación, a lo que este se negó asumiendo plenamente su responsabilidad en esa decisión.
