por Antonio Claros | Ene 28, 2026 | Tribuna de opinion
Ya se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, en las cuales se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. Este proceso democrático se realiza en todo el país y cuenta con varios puntos de votación, los cuales cada persona puede elegir para seleccionar a su candidato de preferencia, independientemente de su ideología política: izquierda, centro o derecha.
Para garantizar el orden y la transparencia en la elección popular, la Registraduría Nacional del Estado Civil selecciona a un grupo de personas en cada región para que reciban, separen, clasifiquen y custodien la seguridad de los tarjetones, que serán contabilizados por estas personas, quienes reciben el nombre de jurados de votación.
Esta labor se realiza en todo tipo de elecciones populares, ya sean presidenciales (mayo), legislativas (marzo), de alcaldes o de gobernadores (marzo). Por tal motivo, es indispensable saber con anticipación si uno es seleccionado como garante de la democracia en Colombia.
Los beneficios de ser jurado de votación son varios. Entre ellos se encuentra la exoneración laboral o académica, que permite al trabajador o estudiante ausentarse de sus labores o clases para cumplir con la tarea asignada por la Registraduría.
El jurado de votación tendrá derecho a un certificado o constancia que acredita su cumplimiento en la tarea establecida. Este documento puede servir como constancia para presentarlo en universidades, así como para postular a concursos, becas, convocatorias o realizar trámites relacionados con la Registraduría.
Otros beneficios
Además, la persona designada como jurado tiene derecho a un día de descanso remunerado, que puede tomarse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral. Esto aplica para todo tipo de elección popular en Colombia.
Si se trata de elecciones de Consejos de Juventud, el menor de edad que haya sido jurado de votación deberá presentar la constancia correspondiente con el fin de obtener 20 horas de servicio social estudiantil obligatorio, lo que contribuirá a cumplir los requisitos para graduarse como bachiller académico.
Cabe recordar que los garantes de la democracia (jurados de votación) deben asistir a las capacitaciones; de lo contrario, estarán expuestos a sanciones económicas de hasta 10 salarios mínimos si no hay una justificación válida, así como a la pérdida de beneficios y limitaciones para futuras elecciones.
Por esta razón, se recomienda ingresar a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil para verificar si fue seleccionado y cumplir con lo asignado, que se realiza desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el puesto de votación correspondiente.
por Antonio Claros | Ene 22, 2026 | Tribuna de opinion
“Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, fue la frase que dijo el presidente Daniel Noboa cuando anunció este miércoles, en horas de la tarde, que impondría una tasa del 30% a las importaciones colombianas. Así, un conflicto político y de seguridad terminó teniendo consecuencias económicas. Pero, ¿qué pasa en la frontera?
Son 586 kilómetros compartidos entre ambas naciones. Es una de las fronteras más cortas de Colombia, ubicándose únicamente tras Panamá, con quienes compartimos apenas 266 kilómetros. Sin embargo, aquel espacio ha sido suficiente para crear rencillas.
La violencia en Nariño
Los departamentos que colindan con Ecuador son Nariño y Putumayo: dos regiones que viven en carne propia y en primera fila las acciones y consecuencias del actuar ilícito de varios grupos armados. Así lo señalan recientes alertas de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Fundación Ideas Para la Paz (FIP) y Human Rights Watch (HRW).
En septiembre, la violencia recrudeció, sobre todo en el municipio costero de El Charco, en el Pacífico nariñense. Allí, en menos de un mes, 1.900 familias tuvieron que huir del territorio en medio de enfrentamientos por tierras, minería ilegal, contrabando y control de cultivos ilícitos.
Aquello ya había sido advertido en 2024 por la Defensoría del Pueblo, ente que emitió una alerta temprana sobre la situación. Mientras tanto, quienes se quedaron en el territorio lo hicieron en medio del control y del miedo.
“Hay viviendas y escuelas ocupadas por actores armados, lo que implica una transformación total de la cotidianidad de la comunidad además de que es una clara violación del Derecho Internacional Humanitario. La crisis se agrava por la falta de acceso a servicios esenciales: la violencia ha interrumpido suministro de agua, salud y educación, mientras que la comunicación quedó seriamente limitada por el aislamiento de la zona”, narra el último informe de Pares, donde registraron testimonios que datan la situación en El Charco.
La situación es tan crítica que se han reportado enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública que duran varios días. La misma situación se presenta en otros municipios nariñenses como El Peñol, donde localizaron una motocicleta bomba cerca de pasos que utiliza el Ejército Nacional.
Y aunque El Charco no queda cerca a la frontera, las olas migratorias se han dirigido, en parte, hacia allí. Las familias que deben huir de la violencia acuden a otras ciudades del departamento, como Ipiales, justo al lado de Ecuador. Allí, el municipio enfrenta otros retos, como el tráfico de armas con destino a la frontera, el tráfico de drogas y el tráfico de personas.
Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2025, la Policía de Ipiales —con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Agencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USS)— capturó en flagrancia a un hombre en el sector de Rumichaca, zona urbana del municipio de Ipiales (Nariño), por los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.
Durante el procedimiento se logró la incautación de 754.700 dólares estadounidenses falsos, cuyo destino final era la ciudad de Quito (Ecuador), donde pretendían ser introducidos en el sistema financiero.
Sin embargo, el casco urbano de Ipiales no es el único afectado por la delincuencia. En zonas rurales aledañas, el grupo armado conocido como “Comuneros del Sur” no ha dado tregua, a pesar de encontrarse inmerso en el proceso de Paz Total del Gobierno Nacional.
La mesa de conversación con ellos aún sobrevive, pero el 22 de septiembre, en zona rural de Cumbal (Nariño), el Ejército Nacional tuvo que iniciar un operativo en su contra. Y es que, según los reportes, el grupo ilegal estaba intimidando comunidades indígenas de la frontera, además de adelantar actividades relacionadas con la minería ilegal, tráfico de estupefacientes, extorsión y secuestro.
Como resultado de aquel operativo no se reportaron miembros de la fuerza pública heridos. Además, las autoridades incautaron armas y equipos de comunicación y capturaron a 4 personas.
En aquella ocasión, el teniente coronel Alexandre Da Silveira, comandante del grupo Mecanizado N° 3 General José María Cabal de Ipiales resaltó que los operativos se llevaban a cabo con ayuda de Ecuador, con una estrategia que denominó “espejo”.
“Son operaciones que venimos adelantando en la zona fronteriza. Esto fue una operación coordinada con el Ejército del Ecuador dentro del marco de cooperación nacional en seguridad, es una operación conjunta o tipo espejo, donde veníamos haciendo seguimiento a esta estructura”, explicó.
La lista de casos es larguísima, e involucra no solo a miembros de los grupos ilegales, sino también a civiles y autoridades. Solo en 2025, en Ipiales, cinco policías fueron capturados por colaborar con una red de trata de migrantes entre Ecuador y Colombia. Además, el 11 de septiembre, un grupo de civiles ejecutó un intento de asonada contra policías que intentaban hacer operativos anticontrabando, también en Ipiales.
En la zona se ha registrado presencia de grupos como Comuneros del Sur, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencias de Iván Mordisco, ELN, Autodefensas Unidas de Nariño y Comandos de la Frontera, un grupo armado que también tiene amplia influencia en el Putumayo.
por Antonio Claros | Ene 13, 2026 | Tribuna de opinion
Con una carta de 29 páginas, el Consejo Gremial Nacional radicó este 13 de enero de 2026, en Bogotá, una solicitud formal para que se suspendan provisionalmente los efectos del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica.
El documento fue dirigido al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y busca que la Sala Plena evalúe, desde ya, un freno temporal a la norma mientras se decide su constitucionalidad de fondo.
Decreto 1390 de 2025, el centro del debate jurídico y económico
El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 es la base jurídica que habilita al Gobierno para expedir decretos legislativos con fuerza de ley, bajo el argumento de atender una situación extraordinaria.
Sin embargo, para el Consejo Gremial, esta declaratoria no solo amerita control posterior, sino una suspensión inmediata, pues podría derivar en un uso abusivo de los poderes de excepción que termine socavando el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes.
La petición fue presentada por Camilo Armando Sánchez Ortega, actuando como presidente y representante legal del Consejo Gremial Nacional.
En la comunicación oficial, Sánchez Ortega solicita al magistrado Ibáñez que proponga a la Sala Plena la suspensión provisional del decreto, cumpliendo así los requisitos formales exigidos por la jurisprudencia constitucional.
Uno de los puntos clave del documento es que la solicitud no se limita solo al Decreto 1390 de 2025. El Consejo Gremial pide expresamente que, si se suspende la declaratoria de emergencia, también se suspendan provisionalmente todos los decretos legislativos que el Gobierno expida con fundamento en esa norma.
La razón es que si se mantiene vigente el decreto madre, los actos derivados seguirían produciendo efectos jurídicos y económicos, incluso si más adelante la Corte declara su inexequibilidad.
Argumento central: evitar el abuso de poderes de excepción
El escrito insiste en que la suspensión provisional es necesaria para “impedir que el uso abusivo de los poderes excepcionales termine afectando pilares básicos del Estado de derecho”.
Según el Consejo Gremial, mantener vigente el Decreto 1390 sin una revisión previa podría dejar sin contenido real el control constitucional, permitir atajos legislativos y abrir la puerta a decisiones que alteren el equilibrio institucional.
Uno de los apartados más extensos del documento se concentra en el principio de proporcionalidad en sentido estricto, criterio que la Corte Constitucional exige para decretar suspensiones provisionales.
El Consejo Gremial sostiene que “no existe ninguna desventaja real para el principio democrático si se suspende temporalmente el decreto”.
Por el contrario, afirma que la medida garantiza la supremacía de la Constitución, protege la separación de poderes, respeta los principios de legalidad tributaria y reserva de ley tributaria; y evita la elusión del control de constitucionalidad.
Además, advierte que la emergencia económica, tal como está planteada, puede generar distorsiones económicas e inseguridad jurídica, factores que suelen desestimular la inversión y alterar el normal funcionamiento del sistema económico.
por Antonio Claros | Ene 6, 2026 | Tribuna de opinion
Este martes el ELN secuestró a cinco patrulleros de la Policía en el sector La Llana, Norte de Santander, luego de obligarlos a bajar de un bus de servicio público donde se transportaban tras finalizar su turno navideño de receso con sus familias.
La institución informó que fueron interceptados por personas armadas que los obligaron a descender del vehículo y los llevaron con rumbo desconocido en este sector del municipio de Tibú.
El coronel Jorge Bernal, comandante de Policía en Norte de Santander, confirmó que el hecho ocurrió sobre las 4:30 a.m. de este martes en la vía que conduce al corregimiento de Petrolia cuando tres personas, en motocicletas, detuvieron el bus y obligaron a los uniformados a bajar del mismo.
Lo que se sabe hasta el momento
De los hechos trascendió también que los policías estaban de civil tras su descanso familiar y que fueron despojados de sus celulares y documentos de identificación por parte de los guerrilleros del ELN.
Los guerrilleros subieron a los policías a una camioneta gris que minutos antes habían hurtado en el sitio, confirmó el comandante de la Policía en esa región. De momento se desconoce la identidad de los funcionarios.
¿En qué estado se encontraban los policías al ser retenidos?
Los uniformados estaban fuera de servicio (de civil) y regresaban de sus hogares tras finalizar su turno de receso navideño para retomar sus labores.
¿Se conocen las identidades de los policías secuestrados en Tibú?
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha revelado los nombres de los cinco patrulleros. La institución mantiene reserva para proteger la integridad de los uniformados y avanzar en la comunicación oficial con sus familiares tras el incidente en Petrolia.
¿Qué riesgos de seguridad existen actualmente en el Catatumbo?
La región enfrenta una situación crítica por la presencia del ELN y disidencias de las Farc. El corredor entre Tibú y el corregimiento de Petrolia es considerado zona de alta peligrosidad para el tránsito de miembros de la fuerza pública.
por Antonio Claros | Dic 29, 2025 | Tribuna de opinion
Si bien este lunes se tenía previsto que todos los ministros del Gobierno de Gustavo Petro acudieran al Senado para responder por el controvertido decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que no acudirán al debate de control político. La determinación desde ya levantó ampolla en diversos sectores políticos que buscaban que el Ejecutivo rindiera cuentas al filo de 2025.
El pasado viernes, en una atípica sesión citada fuera del periodo ordinario del Congreso, la plenaria del Senado aprobó una proposición para que todos los ministros acudieran hoy y rindieran informe sobre los alcances del decreto de emergencia económica.
Se trata de una medida excepcional que le permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley para enfrentar una crisis fiscal que, según el documento, ya no se puede solucionar con las herramientas normales del Estado. Con esta emergencia, el Gobierno buscará crear nuevos tributos o modificar los existentes (de forma transitoria) y realizar operaciones presupuestales para evitar que el país caiga en una parálisis económica y social.
Entre otras, el Congreso buscaba que el Gobierno respondiera por los “hechos específicos, verificables y objetivamente constatables” para justificar la perturbación del orden económico y social; precisar las razones para argumentar que se trató de un recurso estrictamente excepcional; por qué el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de emergencia en este momento específico y no antes, y cuál es el impacto fiscal estimado de los decretos legislativos.
Sin embargo, el ministro encargado de la política aseguró que, según el artículo 155 de la Constitución, los ministros tienen cinco días para contestar ese cuestionario. “La citación da a los tres días, luego, por Constitución, por la ley, hasta que no se den los cinco días y yo responda, es que se hace el debate, entonces no tendríamos por qué asistir hoy”, dijo en diálogo con la emisora W Radio.
Benedetti manifestó que la decisión ya fue notificada a los ministros “para que no vayan, porque no vamos a ir”. El funcionario señaló además que la determinación fue comunicada al presidente del Senado, Lidio García. “Él está de acuerdo conmigo en el tema de la ley, pero me imagino que hoy se suscitará una controversia con base en lo que le estoy diciendo”, agregó.
El ministro insistió en que el Congreso se puede reunir para hacer control político aún en receso, pero para este tema específico advirtió que es necesario que pasen los cinco días para contestar el cuestionario.
En ello pareció coincidir el senador García, quien sostuvo que la citación, en efecto, se podrá hacer una vez el Gobierno presente el informe de la emergencia. “Ellos tienen 30 días y después 10 días más. Me imagino que lo irán a presentar en el día 40. No entiendo la molestia porque sea un control político y que el país sepa qué es lo que hay detrás de la emergencia económica”,
Sin embargo, García ratificó que desde este mismo lunes el Senado estudiará y ejercerá control político al decreto, pese a que el primer punto de la agenda es la discusión de los ascensos militares. “Vamos a empezar el control político de la emergencia económica. Si el Gobierno va, perfecto. Si no, esperaremos los cinco días que dice la ley”, indicó.
Por su parte, el autor de la proposición para citar a debate de control político, el senador opositor Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), reclamó por la “cobardía” del Gobierno y los acusó de acudir a un “formalismo” para evadir la discusión.
“Queda en evidencia la cobardía del Gobierno Nacional: el mismo que quiso imponer la consulta, la ‘consulta 2.0’, el decretazo y una Reforma Pensional a los trancazos, hoy se esconde detrás de un formalismo para huir del debate de control político. No lo voy a permitir. Insistiré ante la Mesa Directiva y la Plenaria del Senado para que los ministros den la cara, rindan cuentas y le expliquen al país qué pretenden realmente con esa supuesta ‘emergencia’ económica. ¡Dejen de evadir y den los argumentos!”, precisó.
