por Antonio Claros | May 14, 2026 | Tribuna de opinion
La campaña presidencial en Colombia está siendo dominada por el temor generalizado a un atentado, en especial después del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, lo que ha implicado la utilización de complejos y costosos anillos de seguridad
Uno de los funcionarios que le puso la lupa al tema recientemente fue el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout.
En un mensaje publicado en su perfil de X, señaló: “He acompañado a Abelardo de la Espriella en más de 20 eventos por toda Colombia, pero lo vivido en el Parque de Belén en Medellín me dejó una profunda reflexión. Ver a un candidato presidencial ante miles de personas protegido por escudos, mantas balísticas, chalecos, antidrones, una tarima con vidrios blindados y un despliegue de más de 30 hombres con fusiles, es una imagen que cuestiona nuestra realidad. ¿En qué momento se volvió tan peligroso querer liderar a Colombia?”.
Agregó que “da miedo ver que, para querer salvar a Colombia, Abelardo tenga que estar dejando su vida y su tranquilidad en cada lugar. Es doloroso que la esperanza deba estar blindada de esta manera; esta imagen nos obliga a preguntarnos hasta cuándo el ejercicio de la democracia en nuestra Colombia seguirá siendo una actividad de altísimo riesgo”.
Los esquemas de seguridad de los candidatos y otros altos dignatarios en Colombia están conformados por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y patrullas de la Policía; en algunos casos, el anillo se robustece con personal del Ejército.
Además de esto, De la Espriella cuenta con un equipo de seguridad privada, pagado de su propio bolsillo, según fuentes cercanas a la campaña.
En una reunión efectuada hace un mes por las diferentes entidades encargadas de la seguridad de los aspirantes presidenciales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso que “gracias al trabajo articulado de la Comisión de Seguimiento Electoral (CORMPE), a la fecha, se ha dispuesto de 107 integrantes de la UNP, 160 efectivos de la Policía, 29 vehículos convencionales, 39 blindados y 29 chalecos de protección, entre otras medidas”.
Según el ministro, cada desplazamiento de los candidatos o de sus fórmulas vicepresidenciales cuenta con un mínimo de 40 funcionarios de seguridad, con sus respectivos medios logísticos, lo que implica un gasto que supera los $1.000 millones mensuales.
Las amenazas y estigmatizaciones constantes
En Colombia, el ambiente electoral está al rojo vivo después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, a quien un sicario adolescente le disparó en un acto de proselitismo en un parque de Bogotá, el 7 de junio de 2025.
El mes pasado, la Misión de Observación Electoral (MOE) informó que van 35 amenazas documentadas contra campañas electorales en 2026.
En similar sentido se pronunció el programa Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia, una iniciativa en la que participan la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE), la Conferencia Episcopal, delegados de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Entre el 13 de marzo y el 15 de abril del presente año esas instituciones registraron múltiples agresiones a los candidatos, por parte de los seguidores de sus oponentes y hasta de ellos mismos.
“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia”, comentó al respecto la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Dijo que “se registró una alta recurrencia de violencia contra las mujeres en política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientación sexual diversa y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”.
De acuerdo con el análisis del programa, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins, aspirantes al primer cargo de la Nación y a la Vicepresidencia, “han sido objeto de violencia contra las mujeres en política, violencias por prejuicio, estigmatización y difamación”.
En el caso de la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, “han enfrentado situaciones de difamación”; es el mismo fenómeno que afecta a la pareja de Iván Cepeda y Aida Quilcué, a la cual le suman una “alta recurrencia de estigmatización”.
Sobre el candidato afrodescendiente Luis Gilberto Murillo, y la de origen indígena Aida Quilcué, la Defensoría estimó que “han sido objeto de afirmaciones racistas”. Y en cuanto a la campaña de Sergio Fajardo, que “ha recibido lenguaje ofensivo”.
“Estas violencias son amplificadas en entornos digitales y, en algunos casos, por voces con alta visibilidad pública, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves, propicia escenarios de autocensura y silenciamiento, y afecta de forma especial la relación de las juventudes con la democracia y la confianza institucional”, sentenció Marín.
La situación ya generó alertas en el exterior. El 16 de abril, Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, señaló que “tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador Uribe. Hemos hablado con las autoridades colombianas, particularmente la Policía, que puso a más personas en eso. Para las personas que están pensando en dañarlos, enfrentarán una retribución terrible si se atreven a intentarlo”.
En el caso de Valencia se presentó una controversia, pues el ministro de Defensa y el director de la Policía la alertaron de un complot para asesinarla, pero a las 24 horas se retractaron y el presidente Gustavo Petro indicó que había sido una falsa alarma.
“Nadie tiene garantizada la seguridad en Colombia, ni yo que tengo un gran esquema de seguridad”, afirmó la aspirante del Centro Democrático durante un evento en Cauca, el pasado 28 de abril.
por Antonio Claros | May 11, 2026 | Tribuna de opinion
TRIBUNA DE OPINIÓN mayo-2026
por Antonio Claros | May 8, 2026 | Tribuna de opinion
El procurador, Gregorio Eljach, lanzó este miércoles la segunda fase de la estrategia ‘Paz Electoral’, denominada ‘No a la indebida participación en política’, con la que el Ministerio Público fijó seis conductas prohibidas a los servidores públicos del país de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, y advirtió que su transgresión puede acarrear desde una multa hasta la destitución del cargo y, eventualmente, un proceso penal por el delito de intervención en política.
El jefe del Ministerio Público explicó que se trata de “una actividad pedagógica con soporte constitucional, legal y jurisprudencial”, dirigida a funcionarios de cualquier nivel y territorio, con el objetivo de marcar el punto en el que los derechos políticos y electorales de un servidor del Estado se convierten en una conducta sancionable.
“Queremos prevenir a todos los servidores públicos para que sepan cuál es la línea roja que no pueden transgredir, que no pueden pasar; hasta dónde van sus derechos en materia política y electoral y dónde empiezan las conductas prohibidas”, señaló Eljach durante la presentación de la directiva.
El Procurador agregó que el propósito es evitar que los funcionarios “utilicen su cargo o los recursos públicos o el poder que ostentan para alterar la voluntad de los electores”, y que la contratación pública, las obras estatales o la jerarquía dentro del Estado no se conviertan en herramientas para “dañar la pureza del voto, que es lo más sagrado que tiene una democracia como la colombiana”.
¿Cuáles son las líneas rojas que no deben pasar los funcionarios?
Según la directiva, los servidores públicos no pueden hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionarios del Estado; presionar o favorecer a subalternos para apoyar candidatos; usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas; difundir propaganda electoral; inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido; ni usar información reservada de la entidad con fines políticos.
El Ministerio Público también precisó las conductas que sí están permitidas: difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo ajenos a la contienda electoral; ejercer el derecho al sufragio, salvo los miembros de la Fuerza Pública; e inscribirse como miembros de los partidos, en los términos del artículo 39 de la Ley 996 de 2005. Las restricciones aplican con limitaciones diferenciadas para congresistas, diputados, concejales y ediles.
Las consecuencias del incumplimiento son disciplinarias y penales. En el ámbito disciplinario, dependiendo de la calificación de la falta, las sanciones pueden llegar a la destitución y la inhabilidad. En el penal, el artículo 422 del Código Penal contempla el delito de intervención en política, que acarrea multa y destitución del cargo público.
Por otro lado, el procurador Eljach no se refirió sobre si la invitación que hizo el presidente Gustavo Petro para que su proyecto político continúe cuatro años más configure una indebida participación en política.
“La calificación la tiene que hacer la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que tiene competencia integral para mirar las conductas del Presidente. El Procurador está por fuera de esa competencia”, dijo.
El jefe del Ministerio Público sostuvo, además, que las dudas que el mandatario ha expresado de manera reiterada sobre el proceso electoral están protegidas por la libertad de expresión mientras no impliquen una acusación de delito ni “afirmaciones sin fundamento”, y agregó que la calidad presidencial “no le inhibe el uso que se haga de esa libertad”.
por Antonio Claros | Abr 29, 2026 | Tribuna de opinion
Ante la ausencia de Iván Cepeda en debates de los medios de comunicación, los candidatos han optado por decirse las cosas por otros medios. En el caso de Cepeda y Paloma Valencia, han tomado el Congreso como un escenario para enfrentarse, pero también por redes sociales o en ruedas de prensa.
Esta vez, la polémica se dio porque, el pasado fin de semana, Valencia propuso al expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa.
La propuesta fue realizada por Valencia en Santa Rosa de Osos, Antioquia, cuando estaba de gira por municipios con el expresidente:
“Yo le tengo una misión a Antioquia. Yo tengo visto un ministro, yo necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática (…)”.
La respuesta de Iván Cepeda y las nuevas cifras de la JEP
Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, respondió a través de sus redes y de unas declaraciones a medios. Esto generó un choque de palabras entre ambos cuando estos también le preguntaron a Valencia por las declaraciones del candidato oficialista.
Cepeda le respondió a Valencia con base en una revelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de este 28 de abril. En una audiencia del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, el magistrado Pedro Díaz informó que el número de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, aumentó de 6.402 a 7.837 casos en el país.
Tras esto, Cepeda hizo referencia a la propuesta de Valencia: “7.837 ‘falsos positivos’ ¿Y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, candidato a Ministro de Defensa?”
Cepeda también dio declaraciones a los medios en el mismo tono: “es una cifra monstruosa que debe sacudir la memoria y la conciencia de Colombia. Y también seguramente pesa sobre la conciencia de quien ha sido postulado para ser, supuestamente, en un gobierno hipotético, ministro de Defensa: el señor Álvaro Uribe Vélez”.
Y agregó: “Yo de una vez señalo, como víctima de la violencia de Estado, que Uribe antes de ser ministro o aspirar a cualquier cargo público debe responder ante la Justicia por los miles de ‘falsos positivos’ que se perpetraron bajo sus dos gobiernos”.
Paloma Valencia contraataca: acusaciones por la “Paz Total”
Más tarde, en otra rueda de prensa, a Paloma Valencia se le preguntó, precisamente, qué pensaba de estas declaraciones de Cepeda, ante lo que respondió hablando de Cepeda:
“El que no puede ser presidente de Colombia es el senador Cepeda, que tiene que responder por (alias) ‘Marlon’, que lo nombraron gestor de paz y cogió la gente del Cauca, los tapó con unas volquetas y los dinamitaron”.
Luego, siguió en la misma línea: “el que no puede ser presidente es Iván Cepeda, que le entregó este país con la ‘paz total’ a los violentos, y hoy tenemos 102 % más de secuestros, 40.000 asesinatos de los cuales 21.000 son jóvenes que mataron los grupos ilegales. Son más de 3 mil que en el gobierno anterior. Y hablemos de los atentados terroristas, que son cifras históricas que han sembrado miedo entre los colombianos”.
La senadora del Centro Democrático finalizó diciendo “Cepeda se ha dedicado a tomarse fotos con los asesinos de Miguel Uribe. Tiene que responderle a la historia de Colombia por ese beneplácito de los violentos, que le ha costado la vida y la seguridad a los colombianos”.
¿Cuál fue la propuesta de Paloma Valencia sobre Álvaro Uribe?
Durante una gira por Santa Rosa de Osos (Antioquia), la senadora Valencia propuso que el expresidente Álvaro Uribe repitiera la política de Seguridad Democrática, pero esta vez desde el cargo de Ministro de Defensa en un eventual gobierno.
¿Qué reveló la JEP sobre los falsos positivos recientemente?
La JEP actualizó la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (Caso 03), pasando de 6.402 a 7.837 casos documentados en Colombia, dato que fue utilizado por Iván Cepeda para cuestionar la propuesta de Valencia.
¿Qué críticas lanzó Paloma Valencia contra Iván Cepeda?
Valencia cuestionó la idoneidad de Cepeda para ser presidente, señalando el aumento del 102% en secuestros bajo la “Paz Total” y recordándole presuntos vínculos con alias ‘Marlon’ y otros grupos ilegales.
por Antonio Claros | Abr 24, 2026 | Tribuna de opinion
Este jueves el Gobierno Nacional expidió el decreto que ordena trasladar $25 billones de fondos de pensiones a Colpensiones, hecho que generó suspicacias durante el Congreso de Asofondos, que se realiza en Cartagena, pues a los empresarios del sector les resultó curioso el timing del Ejecutivo para publicar la norma en medio del evento más importante que reúne a las AFP.
Estos recursos pertenecen a un subfondo de perfil conservador, es decir, es plata del ahorro de personas que están a menos de 10 años de pensionarse o que por incluso ya tienen ese derecho adquirido.
Según Asofondos, cerca del 70% de estos recursos están invertidos en deuda pública (TES), lo cual hace complejo su traslado.
¿Cuándo se pasarán los $25 billones de fondos a Colpensiones?
El nuevo decreto impone una marcha forzada para el traslado de recursos. Para los afiliados activos, las AFP dispondrán de solo 20 días para girar la primera mitad de los fondos y 10 días adicionales para el saldo restante.
En el caso de quienes ya están pensionados, el plazo es aún más corto: 15 días tras la vigencia de la norma.
La meta del Gobierno es solucionar el “descalce” del sistema: evitar que el Estado siga pagando pensiones mientras el ahorro de esos trabajadores permanece invertido en el sector privado.
¿La plata de fondos a Colpensiones se liquida o se traslada?
Miguel Largacha, presidente del fondo de pensiones y cesantías Porvenir explicó, que finalmente los recursos que no tendrán que ser “liquidados” sino “trasladados”.
“La diferencia es que, si yo tengo un título y solo puedo entregar dinero, tengo que salir a venderlo; si lo puedo trasladar es que lo cojo, a precios de mercado, y lo entrego, lo endoso, y no lo liquido”, dijo Largacha.
Según él, se trata de una “enorme diferencia”, en tanto si se tuviese que salir a liquidar $25 billones –la mayoría invertida en deuda pública–, los precios se hubieran caídos de una forma “gigante, dañando los instrumentos de deuda pública y el mercado de deuda que tiene Colombia”.
Con este cambio, simplemente la plata se tendrá que traspasar, lo cual pasará con el 70% de los recursos, mientras que el restante 30% sí deberá liquidarse.
Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, dijo que “a pesar de todas las advertencias jurídicas, el Gobierno firmó el decreto de traslado de recursos pensionales”.
Según el líder de Anif, “estos recursos, que ahora son ahorros de los pensionados, se convertirán en recursos para pagar pensiones y le abrirán espacio fiscal al Gobierno para mayor gasto. La medida no solo va en contravía del marco jurídico, sino del espíritu de la propia reforma pensional del Gobierno, donde estos recursos deben ahorrarse para respaldar el pago futuro de pensiones”.
