por Antonio Claros | Ago 6, 2026 | Tribuna de opinion
En la tarde del 5 de febrero de 2025, un día después del primer Consejo de Ministros televisado, Gustavo Petro se encerró algunas horas en su despacho ubicado en el tercer piso de “ese lugar helado con pasillos fríos diseñado para asustar, donde el presidente se queda solo”, según sus propias palabras. No estaba completamente solo, pero quiso estarlo. Canceló algunos compromisos, tuiteó apenas cinco veces –pocas para él— y al final del día lo arropó un sentimiento de enojo y tristeza. En una reunión privada con funcionarios que prefieren no revelar su identidad, al presidente se le cayeron un par de lágrimas de impotencia. Quiso volver a estar solo. Pero el poder estaba ahí.
El país vio ese día en vivo y en directo las heridas de su gabinete en llamas. Dicen que Petro no volvió a ser el mismo desde entonces, pues se sintió traicionado, irrespetado y hasta humillado. Tomó la decisión de apartar a algunos funcionarios que eran “del proyecto” o “sectarios”, como los nombró, y en cambio acercó a otros que asumieron más poder como algo que se presta sin términos ni condiciones.
Quizá no hay un presidente de Colombia que haya renegado públicamente tanto del poder como Gustavo Petro y, al mismo tiempo, haya aprovechado ese poder para moldear su realidad y la de millones de personas a su antojo. Pero sobre todo: que haya permitido que con ese poder aquellos a su alrededor saquen provecho del cuarto de hora para sus intereses particulares.
Mañana viernes 7 de agosto terminan cuatro años de mandato del autodenominado “primer gobierno de izquierda” en el país y la sensación que deja el mandatario saliente es que nunca se sintió cómodo al ejercer todas las funciones que implica ser jefe de Estado. Ya no solo por esas frases que tanto repitió en extensos discursos como “ganamos el gobierno, no el poder”, “el verdadero poder lo tiene el pueblo” o, al revés, que “el poder en Colombia lo tiene el gran capital”, sino porque tuvo una relación que parece “tóxica” con la responsabilidad de ejercer su cargo.
Lo suyo fue el poder a imagen y semejanza: llegar tarde a la mayoría de citas y eventos; romper protocolos de todo tipo, empezando por su vestimenta; escaparse de su propio equipo más cercano –como en tantos viajes al exterior–; tomar decisiones improvisadas en todos los frentes; imponer símbolos –la espada de Bolívar, la bandera de Guerra a Muerte, el sombrero de Pizarro, la sotana de Camilo Torres–; tuitear frenéticamente –con mala ortografía y al filo de la noche y de la madrugada—; rotar ministros hasta cuatro y cinco veces por cartera; firmar sobre mármol (literalmente) una promesa, como la de no hacer una Constituyente, y luego hacer todo lo posible para incumplirla.
Son apenas algunas de las acciones negativas que vimos estos cuatro años en los que Petro ejerció el poder creyendo que era suyo y por eso nunca aceptó los resultados en los que perdió su candidato Iván Cepeda —que parece, a su vez, no haber querido realmente estar en Palacio–. Pero el poder, dicen los teóricos, no se puede tener sino que se ejerce. Y Petro, a tientas, lo ejerció como quiso: caótico. Y como pudo: peleando y atacando a la oposición, a las altas cortes y los jueces y a la prensa.
Pero también luchando contra él mismo. “No estoy pensando en cómo perpetuarme en el poder. Me aburre el poder. Por ahí andan: ‘Es que no llegan a todas las citas’, es que a mí me harta el poder. Yo no quiero ser un viejo adicto al poder y aquí hay muchos. Yo quiero escribir, otras cosas”, dijo en octubre de 2023 cuando apenas llevaba un año de mandato.
Alejandro Gaviria, ministro de Educación de Petro apenas en los primeros meses, definió esa doble condición como una puja “entre el consensualista y el radical”, es decir, un mandatario que al principio quiso tender puentes, hacer acuerdos, matizar posiciones. Pero luego se estrelló con su faceta extremista cuando alguien o algo –un ministro, un juez, un periodista, un tuitero, un presidente gringo, un artista, su exesposa, un tribunal, un ente de control, un video con IA– le decían que no.
Su respuesta ha sido querer imponer sus ideas con la amenaza constante de la movilización en las calles o saltándose las reglas de la democracia que tiene pesos y contrapesos; como las constantes peleas con el Congreso cuando no le aprobaban sus proyectos, sea la reforma a la salud criticada por expertos o un trámite legislativo menor. Hasta en eso habita su doble faceta: graduó a algunos senadores de “hps”, literalmente, por oponerse a la consulta popular, pero al mismo tiempo el Ejecutivo movía mermelada en la Cámara de Representantes con “los de siempre” para hacer aprobar otros proyectos.
“Él siente que todo el mundo lo ha traicionado”, dice un funcionario en Presidencia y agrega: “Alguna vez me dijo que lo primero que hace cualquier persona es pedirle algo y nadie nunca le pregunta cómo está”.
Quizá eso último sea un lamento de cualquier poderoso, pero en Petro hay otra faceta relacionada con el poder, según sus críticos: el cinismo. Dijo, por ejemplo, en su último discurso como mandatario el pasado 20 de julio ante el Congreso que “no hubo estallidos sociales en mi Gobierno. Y por eso cuando hubo conflictividad social y política con la oposición, nadie perdió un ojo, nadie murió. Este Estado no asesinó a nadie, no llevé a nadie a la cárcel”. Pero olvidó mencionar que durante su mandato asesinaron a Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y uno de los líderes de la oposición.
Por eso su viuda, María Claudia Tarazona, le reclamó: “¿Qué tal? Gustavo Petro acaba de decir en su discurso falso y mentiroso, que no murió nadie de la oposición. Como es capaz de decir eso, cuando es cómplice del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el líder de la oposición en Colombia. Sinvergüenza, mentiroso, corrupto”. Tarazona y su familia han dicho que Petro instigó a Uribe Turbay y que es el responsable político de su muerte.
Hay otros ejemplos, pero para solo citar uno más que generó indignación: Petro sugirió que la familia de Kevin Acosta, el niño de siete años con hemofilia que esperaba un medicamento de la Nueva EPS –intervenida por el Gobierno– tuvo responsabilidad en su muerte por permitirle montar en bicicleta. Ese es el retrato del fracaso en su política de salud que se vio reflejado en pérdidas patrimoniales históricas, más de un millón de usuarios desprotegidos y cifras récord en el desabastecimiento de servicios, según un informe reciente de Así Vamos en Salud.
El cinismo tiene otras caras, pero se exacerba con el mal uso del poder. Este diario hizo el recuento de los escándalos del Gobierno Petro y sumaban 90 hasta hace unas semanas; por lo que ha sucedido desde entonces parece que son más de 100.
La gente cercana a Petro que habla bajo reserva dice que él jamás sería capaz de robar ni un solo peso. Y la justicia no ha dicho lo contrario. Pero permitir corrupción a su alrededor también es un tipo de corrupción. Bastaría con mencionar el caso de la UNGRD, un desfalco de 1.27 billones de pesos bajo la administración del confeso corrupto Olmedo López, puesto por la izquierda. Pero también el CNE determinó que su campaña hizo trampa al volarse los topes electorales en 2022.
El poder corrupto se extendió a todos los niveles y casi ninguna cartera se salvó. En este gobierno no se inventó la corrupción, pero tomó la forma de un nuevo poder: el que hace lo contrario a lo que promete. Y, dirían algunos, el que se traiciona a sí mismo.
Sin embargo, el poder de Petro también se vio reflejado en el cambio de discurso. Durante este mandato llegaron a cargos importantes personas que no habían sido siquiera considerados antes en ninguna administración: líderes afro –empezando por la vicepresidenta Francia Márquez–, indígenas, sindicalistas y activistas LGBTI. Aunque la representación no es suficiente en términos simbólicos tuvo otro significado para un país tan diverso. También cambió el discurso sobre los pobres, el énfasis en lo popular y puso en el foco poblaciones históricamente discriminadas. Incluso, motivó la discusión sobre la reforma agraria y la entrega de tierras.
Pero el cómo salió mal. “El poder para qué”, recuerda con frecuencia Petro al liberal Darío Echandía. Y el presidente quiso cambiar varias cosas que funcionaban, como la expedición de los pasaportes, para imponer su forma de hacerlo y resultó mal hecho. Lo mismo le sucedió como alcalde de Bogotá con el modelo de basuras. Cambiarlo todo para que todo siga igual.
Otra cara del poder, aunque curiosa, tiene que ver con la huida. Petro quiso huir –¿de sí mismo? ¿del poder?– durante los cuatro años que gobernó al país. Escoltas de su esquema de protección cuentan a este periódico que en ocasiones, y así lo aceptó públicamente Augusto Rodríguez, el mandatario tomaba otras aeronaves distintas a las de la Fuerza Aéarea Colombiana y que incluso se transportaba en vehículos polarizados con un menor número de escoltas –varios exM-19– para escaparse. Petro ha dicho que esa actitud obedece a sus tiempos de guerrillero cuando tenía que huir porque si lo atrapaban lo torturaban los militares. Y que luego se debió a las amenazas de muerte, varias eran reales y su familia tuvo que exiliarse. Pero ya como presidente, hubo otras que según fuentes de inteligencia no tenían mayor sustento. Petro huía y huye. Y el poder sigue ahí.
El Presidente se fue quedando solo desde antes de ese Consejo de Ministros de febrero de 2025. Los lazos con su círculo familiar venían rotos: ya no convivía con Verónica Alcocer –hasta solo esta semana aceptó que es su exesposa– y vivía en Palacio con Antonella, su hija menor. Además, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos –a quien, dice, no crió– terminó condenado al ostracismo por sus acciones pues le han imputado siete delitos, incluyendo presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y privado, y falso testimonio.
“El poder desbarató a mi familia”, dijo hace unos meses. Pero al mismo tiempo, su novia Vanessa Cortés, conocida como “la mujer de Panamá del vestido azul” se convitió en una empresaria próspera en menos de tres años: creó una empresa que ahora tiene bienes raíces y activos por más de 600 millones, según reveló La Silla Vacía.
La soledad del poder es común en todos los mandatarios, pero Petro encontró refugio en un círculo reducido de personas considerados “yes man”, que le decían que sí a todo. Algunos de ellos, como Armando Benedetti, también tienen una relación tóxica con el poder pero lo necesitan. Una persona de ese círculo le dijo a EL COLOMBIANO para esta crónica que “la revolución es una locura y uno necesita un par de locos para hacerla y él (Petro) supo con qué locos podía contar”. Petro dijo, de hecho, que la mayor virtud de Benedetti es que era “loco” y lo comparó con Jaime Bateman, el líder guerrillero del M-19.
Quizá tenga que ver con los secretos que le guarda Benedetti a Petro. Como contamos hace un año en estas páginas, era Benedetti quien en 2022 le llevaba “mujeres extrañas” a Petro en medio de fiestas que duraban toda la noche, según el coronel (r) William Castellanos, entonces jefe de seguridad del candidato.
En medio de esa “locura”, aún queda un episodio sobre lo que viene con el cambio de gobierno. Conviene recordar una columna de Antonio Caballero publicada en 2008, “jinete de tigre”, que decía que el entonces expresidente Álvaro Uribe era el jinete subido a un tigre que es el poder. “No se puede desmontar, porque en ese mismo instante el tigre se lo come”. Si se bajaba del poder se lo “comían” los suyos sintiéndose traicionados.
Eso le pasa al saliente presidente que ya anunció que será presidente del Pacto Histórico y que se tomará solo unos meses de vacaciones. Lo veremos promoviendo otras teorías conspirativas sobre fraude electoral y movilizando a la gente en las callles desde la red social X. Si se baja se lo comerían los suyos: los Benedettis, Sarabias, Olmedos, Julianas, Roas y la cantidad de cuestionados colaboradores que se aprovecharon del poder.
Como la novela de Eduardo Zalamea Borda, recordaremos a Petro como el presidente que estuvo “cuatro años a bordo de sí mismo” mientras sigue aferrado al tigre.
por Antonio Claros | Jul 30, 2026 | Tribuna de opinion
El Senado de la República aprobó oficialmente el traslado de la sede del Congreso a Santiago de Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la cual se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026.
Esta decisión fue tomada en la sesión del miércoles, 29 de julio, con una votación a favor de 58 senadores contra 30 votos en contra. La proposición fue presentada por el partido Salvación Nacional.
Ya anteriormente el Senado había aprobado que la posesión se realizara en el departamento del Cauca, sin embargo, ante la insistencia de ser en una guarnición militar y debido a cuestiones climáticas, el presidente electo decidió trasladar su ceremonia a la capital valluna.
Con la autorización del Senado y la previa aprobación de la Cámara de Representantes, Abelardo de la Espriella ya tiene luz verde para comenzar su mandato como lo indicó en campaña: fuera del Capitolio Nacional. Por mandato constitucional, era necesario el permiso para trasladar la sede del Legislativo, pues ante este es quien jurará el presidente electo.
¿Cómo será la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali?
La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente para el período 2026-2030 se desarrollará en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali (Arena USC), que tiene capacidad para 2.500 asistentes y cuenta con silletería tipo cine, aire acondicionado, camerinos y tecnología de última generación en sonido, iluminación y pantallas LED.
Aunque desde el equipo de De la Espriella se ha sostenido que se están concretando los últimos detalles para la ceremonia, se espera que el evento comience alrededor de las 3:00 p. m. Ya se ha confirmado la presencia de mandatarios internacionales como Javier Milei, presidente de Argentina; y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. El rey Felipe VI de España también estará presente en la ceremonia.
Para el desarrollo de la ceremonia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció la activación de un dispositivo especial de seguridad que incluye la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y un trabajo coordinado con las autoridades locales, departamentales y nacionales.
por Antonio Claros | Jul 22, 2026 | Tribuna de opinion
La Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades del sector salud diseñar, en un plazo de 60 días, una estrategia para atender el incumplimiento de fallos de tutela por parte de la Nueva EPS, relacionados con la prestación de servicios y entrega de medicamentos a los usuarios de esa entidad.
La decisión fue adoptada al resolver una acción de tutela presentada por Salomé Henao González, exgerente regional noroccidente de la Nueva EPS, quien acumulaba sanciones derivadas de incidentes de desacato por incumplimientos de órdenes judiciales durante su gestión.
Según la Corte, la estrategia deberá ser presentada ante los jueces que han emitido fallos de tutela contra la EPS y declarado desacatos por su incumplimiento. Además, precisó que el plan deberá priorizar la atención de pacientes en grave e inminente riesgo y de quienes hacen parte de grupos de especial protección constitucional.
“Deberá priorizarse el cumplimiento de los servicios de salud, requeridos por pacientes en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la atención de sujetos de especial atención constitucional”, menciona el fallo del alto tribunal.
En el mismo fallo, el alto tribunal amparó los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y la dignidad humana de Henao González, al concluir que las sanciones impuestas en su contra obedecían a una crisis estructural de la entidad y no a una conducta atribuible exclusivamente a la funcionaria, quien además carecía de capacidad para resolverla.
Como consecuencia, la Sala ordenó dejar sin efecto, de manera definitiva, las multas, órdenes de arresto y los procesos de cobro persuasivo y coactivo derivados de los desacatos que se habían impuesto en su contra.
De acuerdo con el expediente, sobre la exdirectiva pesaban decisiones de 481 despachos judiciales que representaban 3.853 días de arresto y multas por más de $9.131 millones.
La decisión también establece que otros ex representantes legales o funcionarios que hayan sido sancionados por desacatos derivados de la misma situación institucional podrán acudir ante los jueces que conocen sus respectivos procesos para exponer que los incumplimientos obedecen a la falla estructural reconocida por la Corte.
En su decisión, el alto tribunal enfatizó que el reconocimiento de esa situación no exonera al Estado de garantizar el derecho fundamental a la salud.
“En últimas, es el Estado interventor, de una entidad que él mismo declaró en crisis funcional y financiera, quien debe asumir las consecuencias institucionales de esa decisión, garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud ordenados por los jueces constitucionales y procurar el cumplimiento de los fallos de tutela, en acatamiento de los mandatos de orden superior derivados de la Constitución Política de 1991”, señaló la Sala.
por Antonio Claros | Jul 16, 2026 | Tribuna de opinion
Un informe técnico de inteligencia elaborado por una entidad del Estado concluyó que, hasta ahora, no existen pruebas que sustenten las denuncias de fraude electoral hechas por el presidente Gustavo Petro tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. El documento, que llegó al despacho del mandatario el pasado 30 de junio, evaluó la información aportada por un presunto hacker citado por el propio jefe de Estado y determinó que esta no permite acreditar una manipulación de los resultados.
De acuerdo con el documento, la persona que acudió a los organismos de inteligencia aseguró haber detectado movimientos irregulares en el software utilizado durante las elecciones y afirmó que sus comunicaciones fueron interceptadas con el programa espía Pegasus. Sin embargo, no entregó las pruebas que dijo estar recopilando y los analistas concluyeron que no había elementos suficientes para respaldar sus afirmaciones.
El presidente también buscó respaldo técnico en otras entidades del Estado con capacidades en ciberseguridad. Una revisión realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tampoco encontró evidencia de una alteración en el conteo de los votos. Otro organismo de inteligencia sí habría detectado una presunta filtración de credenciales de acceso al sistema electoral antes de los comicios, aunque sin hallar indicios de que ello hubiera afectado los resultados.
Pese a esos conceptos técnicos, Petro mantiene su tesis de que hubo fraude electoral. El mandatario anunció que presentará nuevas denuncias penales y sostiene que parte de las presuntas irregularidades se habrían cometido desde Estados Unidos. Además, asegura que existen cerca de 880.000 votos irregulares.
“En el consulado de Los Ángeles no entregaron el escrutinio de claveros en el exterior porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente ni darle la mano el 7 de agosto porque eso es un fraude”, dijo Petro en su último Consejo de Ministros.
Hasta ahora, sin embargo, los informes técnicos conocidos de organismos del propio Estado no han encontrado evidencia que respalde la existencia de un fraude en la elección presidencial.
“Son denuncias penales y de nulidad. Los crímenes se cometieron en Estados Unidos. En el consulado”, añadió el mandatario.
No es la primera vez que una de las pruebas presentadas por el presidente Petro para sustentar su denuncia de fraude electoral termina siendo desvirtuada.
A finales de junio, el mandatario publicó en sus redes sociales una tabla de Excel titulada “Evidencia Mesas”, que presentó como soporte de presuntas irregularidades en 5.300 mesas de votación. Según Petro, el archivo demostraba cambios en el censo electoral que podrían evidenciar anomalías durante las elecciones.
Sin embargo, un análisis posterior puso en duda esa afirmación. El periodista Daniel Coronell reveló que el archivo correspondía a un documento oficial elaborado por la Registraduría, cuya procedencia fue confirmada mediante el análisis de su metadata y por una fuente de la propia entidad.
El documento había sido elaborado por la División Político Electoral (Divipol) y contenía el desglose del censo electoral definitivo, cerrado el 30 de abril de 2026 y presentado ese mismo día a los representantes de los partidos políticos.
La revisión técnica sí encontró un registro de modificación en el archivo, realizado el 26 de mayo. No obstante, la metadata identificó que el usuario responsable de ese cambio era “BASICOS_AUDITORES_PRESIDENTE_2026_V3”, una cuenta que, según la información revelada, no correspondía a un funcionario de la Registraduría.
Ese hallazgo llevó a concluir que la alteración no se habría realizado sobre el documento original custodiado por la autoridad electoral, sino sobre una de las copias digitales entregadas a los delegados de los partidos durante la reunión del 30 de abril.
Además, la ruta de origen registrada en la metadata indicaría que la modificación fue hecha por fuera de los sistemas internos de la Registraduría, por lo que no existirían elementos para afirmar que el documento oficial utilizado durante el proceso electoral hubiera sido alterado.
Desde que perdió las elecciones, el pasado 21 de junio, Petro ha repetido tantas veces como ha querido que se irá el 6 de agosto a las 12 de la noche, cuando termina su mandato. Lo dice, mientras insiste en que hubo fraude electoral.
“Yo termino mi mandato el 6 a las 12. Mucha gente pide que me vuelva dictador, pero yo no voy a poner a los soldados y policías, patrulleros, a los que les elevé el salario, a luchar contra ellos mismos y contra el pueblo, porque habría un estallido social”, sostuvo.
El supuesto fraude electoral es también la razón por la que el presidente asegura que no asistirá el próximo 7 de agosto a la ceremonia de transmisión de mando en la Casa de Nariño. El mandatario sostiene que no puede reconocer como legítimo el resultado de las elecciones.
”Para que la población colombiana sepa por qué estamos diciendo que hubo un fraude. Yo no reconozco a ese presidente y no tengo que darle la mano; eso no me preocupa. Lo único que tengo que cumplir es con mi mandato, que me dio el pueblo, nadie más. No se lo pedí regalado a nadie. Ese no es mi gobierno, porque no fue elegido por el pueblo”, concluyó.
por Antonio Claros | Jul 9, 2026 | Tribuna de opinion
Colombia terminó 2025 como el país con el mayor déficit primario de América Latina. El hecho da cuenta del deterioro de las finanzas públicas que heredará el próximo Gobierno que asumirá la riendas del país el 7 de agosto.
Para contexto, este indicador mide la diferencia entre los ingresos y los gastos de las cuentas estatales, pero excluyendo el pago de intereses de la deuda. Ese hueco pasó de 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a 3,6% en 2025, es decir un repunte de 1,2 puntos porcentuales en tan solo un año.
En plata blanca, el desfase representa un hueco cercano a $66 billones, lo que refleja un mayor desequilibrio entre los recursos que recauda el Estado y el costo de su funcionamiento e inversión pública.
¿Qué explica el deterioro de las finanzas públicas?
Así las cosas, a ojos de los analistas económicos, el panorama de las finanzas públicas es crítico y requiere de decisiones rápidas, de austeridad en el gasto, recortes e, incluso, centros de pensamiento como Anif recomiendan apostar por una reforma tributaria.
En concepto de Luis Fernando Ramírez, profesor e investigador económico, sostuvo que equilibrar las finanzas públicas solo es posible mediante un aumento de los ingresos, una reducción del gasto o una combinación de ambas estrategias.
El académico considera que el actual esquema tributario ha concentrado el esfuerzo fiscal sobre el patrimonio y otros activos, en lugar de gravar actividades que generan valor económico. “Lo que realmente debería gravarse son los flujos dinámicos, básicamente la renta, las transacciones, las operaciones y el comercio internacional, que es donde realmente hay agregación de valor”, señaló.
Ramírez comentó que una reforma tributaria orientada hacia impuestos asociados a las ganancias efectivas de personas y empresas contribuiría a mejorar el recaudo sin depender principalmente de gravámenes sobre los activos.
En materia de gasto público, advirtió que será inevitable realizar ajustes. Según señaló, será necesario revisar la estructura operativa del Estado, el número de entidades y funcionarios, además de identificar focos de despilfarro y problemas en la asignación de recursos públicos.
De hecho, el presidente electo Abelardo de la Espriella contemplaría la fusión de algunos ministerios durante su mandato para reducir el gasto.
Frente a otros países
La premisa de los expertos es que los datos dan cuenta que el problema es tan grave que ya supera a sus pares en la región. La cuestión es que hasta 2021 Colombia registró uno de los menores déficits primarios entre las principales economías de América Latina e, incluso, ocupó esa posición durante cuatro años consecutivos, según datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
En ese periodo, las diferencias frente a países como Brasil obedecían principalmente al mayor pago de intereses de la deuda brasileña, mientras Chile y Perú mantenían déficits fiscales más contenidos.
Sin embargo, la pandemia modificó ese panorama. En 2020 todos los países registraron elevados déficits primarios, pero posteriormente comenzaron a seguir trayectorias diferentes.
Hacia 2023, Chile, Perú y Brasil lograron reducir nuevamente sus déficits primarios, mientras Colombia mantuvo un desbalance significativamente superior al de sus pares regionales.
Hoy, según datos del informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2025, Colombia registra el déficit primario más elevado de Latam
Crecimiento más débil y mayor endeudamiento
El análisis del Observatorio también advierte que Colombia perdió una de las principales fortalezas que durante años justificó un mayor nivel de endeudamiento: crecer por encima del promedio regional.
Entre 2013 y 2019, así como durante la recuperación económica de 2021 y 2022, el país registró un mejor desempeño económico frente a otras economías latinoamericanas. Sin embargo, esa ventaja se ha reducido hasta ubicarse entre los crecimientos más débiles del grupo.
Al mismo tiempo, el nivel de endeudamiento aumentó de forma estructural. Colombia dejó de pertenecer al grupo de países con menor deuda pública y ahora enfrenta una mayor vulnerabilidad frente a cambios en las tasas de interés y en el comportamiento del tipo de cambio.
Concluye que el argumento del Gobierno Petro de justificar un mayor endeudamiento porque impulsaría el crecimiento económico ya no encuentra respaldo en las cifras recientes, pues el país no está creciendo por encima de sus vecinos.
Diego Montañez, analista económico, anotó que a mayo de 2026 la deuda bruta del Gobierno Nacional asciende a $1.169 billones, equivalente a cerca del 61% del PIB, uno de los niveles más elevados registrados para la Nación.
El analista aseguró que el principal desafío no es únicamente el tamaño de la deuda, sino su sostenibilidad. En un contexto de elevados déficits fiscales, un mayor endeudamiento incrementa las necesidades de financiamiento y reduce la capacidad del próximo Gobierno para destinar recursos a inversión pública o al desarrollo de nuevos programas sociales.
A evaluar
Los expertos consultados advierten que el debate fiscal no debería limitarse únicamente al cumplimiento de una meta de déficit. En su lugar, considera que será necesario evaluar de manera conjunta la evolución del crecimiento económico, el endeudamiento y el balance fiscal.
Según el análisis, Colombia enfrenta dos caminos posibles: acercarse a modelos como los de Chile y Perú, caracterizados por déficits más controlados y mayor margen de maniobra fiscal, o continuar aproximándose al escenario de Brasil, donde altos niveles de deuda y déficits persistentes han reducido la capacidad de respuesta frente a choques económicos.
El Observatorio concluye que mantener una combinación de bajo crecimiento, elevada deuda y un déficit superior al de los demás países andinos terminaría obligando a realizar un ajuste fiscal en condiciones más complejas y con menos espacio para implementar políticas económicas.
