por Antonio Claros | May 22, 2024 | Tribuna de opinion
El presidente Gustavo Petro parece que agotó el combustible político para insistir en una salida dialogada con los disidentes del Estado Mayor Central de las FARC que operan en el surocciodente del país.
El intento de toma guerrillera a la estación de Policía de Morales (Cauca) que dejó cuatro muertos –dos policías y dos civiles– sumado a la detonación de una motobomba en Jamundí (Valle) son los hechos que, parece, rebosaron la paciencia del presidente.
“Es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. (…) La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”, dijo Petro cuando conoció la escalada violenta en el suroccidente del país.
El pronunciamiento del jefe de Estado estuvo acompañado con un relevo en la comandancia del Ejército. Sacaron al general Luis Mauricio Ospina para darle entrada al mayor general Luis Emilio Cardozo, un alto mando que el mismo presidente había mandado a retirar.
El Ministerio de Defensa, incluso, reconoció en un comunicado que el enroque en la comandancia ayudará a “fortalecer la seguridad y defensa de la nación”.
La ofensiva militar contra los disidentes del EMC está activa desde el 17 de marzo, cuando el presidente Petro decretó la suspensión regional del cese al fuego en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Desde entonces, la Fuerza Pública ha dado golpes a los ilegales y ha recibido otros.
El 25 de abril, por ejemplo, el Ejército reportó que 15 subversivos fueron abatidos durante un combate en Argelia (Cauca). Sin embargo, los ilegales también han intensificado su accionar criminal con hechos como los registrados en la madrugada de este 20 de mayo en Morales y Jamundí.
“Son permanentes los resultados positivos que se vienen logrando por parte de la Fuerza Pública en contra del autodenominado EMC en Cauca. Su única forma de expresión es recurrir a atentados terroristas, porque no tienen la capacidad para sostener un enfrentamiento con las Fuerzas Militares y de Policía”, señaló el ministro de Defensa, Iván Velásquez en una rueda de prensa.
El último ataque de los disidentes llevó a que se incrementarán los operativos. Durante la noche de ayer, la Tercera División del Ejército reportó confrontaciones contra los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño del EMC en los municipios de Santander de Quilichao y Patía (Cauca).
Durante los combates en Patía, el Ejército reportó la muerte del soldado profesional Pedro Pablo Sánchez. Las consecuencias humanitarias del conflicto en el Cauca no paran
“No se pactará nuevo cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor Central en el suroccidente del país. Los ataques que ha realizado esta organización criminal contra la población civil alejan cualquier posibilidad de cese”, enfatizó el ministro Velásquez.
¿Se agota el combustible de la Paz Total?
El 27 de agosto de 2022, el recién posesionado presidente Petro abrió –durante su visita a Ituango (Antioquia)– la posibilidad de sentarse en varias mesas de diálogos con distintos grupos armados en el país. Era una propuesta esperanzadora y ambiciosa.
Desde entonces han pasado 90 semanas y los avances de diálogo con los distintos grupos criminales parecen estar estancados. Mientras tanto, la propuesta de Paz Total pierde capital político.
“Solo con el EMC hay una acumulación de hechos que han llevado a que el Gobierno tome posturas de mayor rigidez. Se le está acabando la gasolina política para la paz total y va llegando el momento en el que tienen que dar un giro para presentar resultados en la segunda fase del Gobierno”, señaló Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA.
La pérdida de respaldo a la política de paz del Gobierno se notó el pasado 4 de mayo cuando los gobernadores y alcaldes de las capitales solicitaron levantar el cese al fuego con los grupos ilegales.
“Hasta ahora la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de dichas organizaciones ilegales, la instrumentalización de las comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el aumento de economías ilícitas”, se leía en la carta de los mandatarios regionales.
Es que los disidentes del EMC aprovecharon el silencio de los fusiles para extender su presencia territorial y fortalecer sus negocios ilícitos.
“(Han) insistido en la necesidad de tener un cese para poder continuar afianzándose en el aprovechamiento de la minería ilegal y del narcotráfico”, señaló Velásquez.
El senador Ariel Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que el EMC ha movilizado tropas desde el suroccidente hasta los departamentos de Tolima y Huila.
“La recomendación al Gobierno es que revise el cese al fuego con el EMC y debería levantarlo en Huila y Tolima. En general, se debe revisar la negociación con el EMC como un todo. Esa es una confederación y de ahí creo que no va a salir nada”, señaló Ávila.
La opción de la confrontación parece ser la más clara para el Gobierno ante la ausencia de voluntad de paz de los disidentes.
“Solo con el EMC hay una acumulación de hechos que han llevado a que el Gobierno tome posturas de mayor rigidez. Se le está acabando la gasolina política para la paz total y va llegando el momento en el que tienen que dar un giro para presentar resultados en la segunda fase del Gobierno”, señaló Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA.
La pérdida de respaldo a la política de paz del Gobierno se notó el pasado 4 de mayo cuando los gobernadores y alcaldes de las capitales solicitaron levantar el cese al fuego con los grupos ilegales.
“Hasta ahora la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de dichas organizaciones ilegales, la instrumentalización de las comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el aumento de economías ilícitas”, se leía en la carta de los mandatarios regionales.
Es que los disidentes del EMC aprovecharon el silencio de los fusiles para extender su presencia territorial y fortalecer sus negocios ilícitos.
“(Han) insistido en la necesidad de tener un cese para poder continuar afianzándose en el aprovechamiento de la minería ilegal y del narcotráfico”, señaló Velásquez.
El senador Ariel Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que el EMC ha movilizado tropas desde el suroccidente hasta los departamentos de Tolima y Huila.
“La recomendación al Gobierno es que revise el cese al fuego con el EMC y debería levantarlo en Huila y Tolima. En general, se debe revisar la negociación con el EMC como un todo. Esa es una confederación y de ahí creo que no va a salir nada”, señaló Ávila.
La opción de la confrontación parece ser la más clara para el Gobierno ante la ausencia de voluntad de paz de los disidentes.
por Antonio Claros | May 16, 2024 | Tribuna de opinion
No cesa la controversia ni las reacciones tras la determinación de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley que le dio piso al Ministerio de Igualdad y Equidad, advirtiendo que no hubo un correcto análisis de su impacto fiscal. A la espera de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro o de la vicepresidenta Francia Márquez, sus principales escuderos en el Ejecutivo rechazaron este jueves la decisión.
Una de las primeras en cuestionar el fallo fue la exdirectora de Prosperidad Social y hoy superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien sostuvo que la determinación –así como las decisiones sobre decretos de la declaratoria de emergencia en La Guajira–, dejan “una sensación de confusión y contradicción” frente a la jurisprudencia constitucional.
“En uno de los países más desiguales del mundo, la Corte Constitucional decide tumbar el Ministerio de la Igualdad por un vicio de trámite, a pesar de haber sido parte del programa de gobierno que fue elegido democráticamente por los colombianos. Este fallo y el de La Guajira dejan una sensación de confusión y contradicción con lo que alguna vez fue la jurisprudencia constitucional”, reclamó la funcionaria.
En esa misma línea se pronunció el hoy director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar –uno de los más cercanos al presidente Petro–, quien enumeró otras determinaciones judiciales adversas contra el Gobierno, como el decreto que ordenó bajar las tarifas de energía eléctrica, el artículo de la reforma tributaria “que cobraba regalías a hidrocarburos” o las sanciones contra varios funcionarios, así como las curules que ha perdido el Pacto Histórico. “Tumban todo lo que huela a justicia social”, dijo.
Por su parte, el exsenador Alexander López Maya, hoy director de Planeación Nacional y uno de los escuderos de la vicepresidenta, dijo no entender la determinación de la Corte. Por ello, defendió que hubo un “seguimiento irrestricto a la normatividad y reglas de la democracia”. Sin embargo, reclamó que se busca destruir “el propósito de un Gobierno elegido legítimamente con el apoyo y respaldo popular”.
“El Ministerio de la Igualdad y Equidad fue creado por este gobierno del pueblo por y para los jóvenes, las mujeres discriminadas, la población afrodescendiente, raizal y palenquera, para los campesinos y en sí, para darle derechos a un país donde el 36,6 % vive en condiciones de pobreza monetaria. Fue un Ministerio creado para nuestro pueblo colombiano que ha vivido el rigor de la guerra, la desigualdad, la miseria, la corrupción y la falta de oportunidades”, destacó
Según el funcionario, hay quienes “de un solo plumazo” quieren “destruir los sueños de un pueblo” y cuestionó qué camino se debe seguir: “Queda en el corazón, en el alma y en la existencia de cada colombiano y colombiana interpretar la realidad que hoy vivimos en nuestro país. Hoy se quiere de un solo plumazo destruir los sueños de un pueblo que ha sido excluido históricamente por quienes habían gobernado el país anteriormente. Colombia, esta es la realidad de nuestro país, ¿qué camino debemos seguir?”.
Aunque de momento no se conoce el fallo completo, la Corte les dio un plazo al Gobierno Nacional y al Congreso para que corrijan los vicios de trámite. Tendrán que hacerlo en las siguientes dos legislaturas, antes de que termine el año 2026, pues a partir de entonces la citada ley perderá sus efectos.
Según la información preliminar conocida por EL COLOMBIANO, el Congreso, durante los debates del articulado de dicha norma, no llevó a cabo un análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio, conforme a las leyes vigentes sobre el presupuesto.
“Esta omisión violó el artículo 151 de la Constitución, según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas, tales como la Ley 819 de 2003, constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez. Por esta razón, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023”, expresó la Corte en un boletín informativo.
por Antonio Claros | May 8, 2024 | Tribuna de opinion
Desde Barranquilla, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de volver a los secuestros por presuntos incumplimientos del mismo gobierno.
“El secuestro no lleva sino al traqueteo, y eso tenemos que tenerlo claro”, aseguró.
El jefe de Estado criticó la decisión de este grupo armado, al señalar que el camino de la paz no es volver el cuerpo humano como una mercancía, como lo son los secuestros.
“Quienes quieren construir una nueva sociedad, lo primero que tienen que sacar es el ser humano del mercado. No puede ser materia mercantil. Y un secuestro no es más, sino la transacción mercantil del ser humano, cualquiera que sea”, enfatizó.
Por su parte, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, espera que esta decisión sea reevaluada por el ELN.
“Rechazamos esa declaración y deploramos porque eso no contribuye en nada al proceso de negociación. Yo espero que el ELN se eche atrás o no adopte esta decisión”, agregó.
Tras esta decisión en la que también expresaron su rechazo los delegados del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN, se espera que en los próximos días el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, pida al presidente Gustavo Petro que se emita un decreto suspendiendo el cese de fuego con los frentes del ELN que retomen el secuestro.
por Antonio Claros | May 2, 2024 | Tribuna de opinion
El jefe de Estado, Gustavo Petro, anunció desde la Plaza de Bolívar en medio de las marchas del 1 de mayo que desde este jueves se rompen todas las relaciones diplomáticas con Israel. El mandatario aprovechó su alocución para enviar su apoyo a Palestina.
“Hoy la humanidad en todas en las calles está de acuerdo con nosotros: no puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad”, justificó Petro.
“Hoy el mundo quizás podría resumirse en una palabra, “casa”, se llama “Palestina”, se llama los niños y niñas y bebés”, dijo el mandatario en su alocución.
“Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir”, fue la frase con la que Petro enfatizó su apoyo al pueblo palestino.
Se conoció en días pasados, el interés del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con Israel, lo cual ya había manifestado en varias oportunidades, no era solo de palabras.
Según fuentes de inteligencia en Estados Unidos, el gobierno Petro habría adelantado conversaciones con otros países para reemplazar la cooperación y colaboración que históricamente han tenido el gobierno de Israel con Colombia. En el caso de los temas de seguridad, el gobierno habría adelantado conversaciones con Arabia Saudita y en el tema de armas con China. Al parecer, todo va adelantado.
El presidente Petro ha tenido una cercanía con el pueblo de Palestina, empezando a citar por separado el 30 de octubre de 2023 a los embajadores Gali Dagan y Raouf Almalki a la Casa de Nariño con el objetivo de “que abra el camino para dos estados independientes y libres”. Desde entonces, el mandatario insistió en el fin de la guerra, pero a favor de Palestina.
“Quizás fui el único presidente del mundo en denunciar en Naciones Unidas cómo se trataba con hipocresía por parte de los grandes poderes mundiales, la ocupación rusa de Ucrania y la ocupación israelí de Palestina. Propuse dos conferencias internacionales de Paz para resolver ambos conflictos y encontrar la paz”, dijo Petro.
Durante varias intervenciones ante la ONU, el Gobierno de Colombia ha exigido a las partes un alto al fuego durante Ramadán que conduzca a un alto al fuego sostenido, así como la liberación inmediata de todos los rehenes, el acceso sin barreras a ayuda humanitaria, y el reforzamiento de la protección de civiles en toda la Franja de Gaza.
“Confiamos en que la apertura del paso de Erez y el puerto de Ashod para el ingreso de ayuda humanitaria a la población de Gaza, que está sometida a una hambruna catastrófica, así como el fin de la invasión terrestre activa por parte de Israel en el sur de la Franja, sean pasos efectivos que contribuyan al logro de un cese el fuego sostenible y que las negociaciones entre las partes auspiciadas por los gobiernos de Egipto y Qatar logren buenos resultados”, han señalado.
por Antonio Claros | Abr 24, 2024 | Tribuna de opinion
El Senado de la República ha dado luz verde a la reforma pensional, en la noche de este martes 23 de abril, propuesta por el Gobierno Petro. Esta decisión implica que el articulado será debatido ahora en la Cámara de Representantes.
Durante la plenaria, se aprobaron varios artículos controversiales como el funcionamiento del régimen de transición. Según lo aprobado por el Senado, las mujeres que cuenten con 750 semanas de cotización y los hombres con 900 semanas podrían pensionarse bajo las condiciones establecidas en la Ley 100.
De acuerdo con el abogado Kevin Hartmann, experto en temas pensionales, el régimen de transición funciona como una excepción a la nueva ley para aquellos cotizantes próximos a pensionarse. Esto significa que no estarían sujetos a los parámetros de la nueva reforma pensional.
Además, el Senado ha establecido que la reforma entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025, siempre y cuando sea aprobada en su totalidad por el Legislativo.
A pesar de las diferentes propuestas que sugerían los años 2027 y 2026, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha insistido en que el Gobierno estará preparado para que el proyecto pueda comenzar a implementarse a mediados del próximo año.
La jornada estuvo marcada por tensiones entre María José Pizarro, de la mesa directiva del Senado, y congresistas de la Oposición, como Paloma Valencia.
Esto se da en medio de cifras del sistema pensional precarias, por ejemplo, actualmente, solo 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 8 mujeres se pensiona.
les presenta los diferentes artículos cruciales la nueva reforma, aprobada anoche por el Senado:
Régimen de transición: Establecido para aquellos cotizantes cercanos a la edad de pensión, quienes conservarán las reglas del sistema anterior (Ley 100). Para acceder a este beneficio, las mujeres deben tener 750 semanas cotizadas y los hombres 900.
Fecha de entrada en vigencia: Se definió el 1 de julio de 2025 como la fecha inicial para la aplicación de la reforma, siempre y cuando esta sea aprobada en su totalidad por el Congreso.
Pilar solidario: Este pilar busca garantizar una renta básica para la población vulnerable que no logró cumplir con los requisitos para pensionarse.
Montos de cotización: Se fijó una cotización total del 16% del Ingreso Base de Cotización, dividida entre el empleador (75%) y el trabajador (25%). Se mantuvo igual al regimen actual.
Junta directiva de Colpensiones: Se establecieron las reglas para la conformación de la junta directiva de Colpensiones, la entidad encargada de administrar el régimen público de pensiones.
Traslados: Se definió un plazo de dos años a partir de la promulgación de la ley para que las personas con 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 semanas (hombres) y a menos de 10 años de la edad de pensión, puedan trasladarse de régimen si así lo desean.
Polémica por régimen de transición y entrada en vigencia
A Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, no le parece buena noticia tres puntos de la pensional: el umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones, el fondo de ahorro que lo administraría el Banco de la República y la entrada en vigencia del articulado a partir del 1 de julio de 2025.
“No son buenas noticias para el país… Difícil que la Cámara ajuste para bien la reforma que sale del Senado”.
Asimismo, expertos como el abogado Andrés Izquierdo sugieren 2027 como fecha ideal, considerando el tiempo necesario para la implementación y la pedagogía hacia la población. Otros analistas señalaron que el tiempo de respuesta dependerá de la rapidez del Gobierno en regular las disposiciones del Congreso y de la capacidad de Colpensiones para adaptarse al nuevo sistema.
En definitiva, la aprobación del proyecto en el Senado representa un avance, pero aún queda camino por recorrer.
La iniciativa deberá ser debatida y aprobada en la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley. De aprobarse en su totalidad, la reforma pensional colombiana entraría en vigencia el 1 de julio de 2025, marcando un cambio fundamental en el sistema de seguridad social del país.
