por Antonio Claros | Dic 19, 2025 | Tribuna de opinion
La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) confirmó la suspensión definitiva de pagos a 16 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que reclamaban pagos por atenciones a víctimas de accidentes de tránsito que no contaban con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Según la entidad, estas no tenían infraestructura física para prestar esos servicios ni tenían dirección registrada.
sta medida se adopta luego de que hicieran una verificación iniciada en septiembre pasado, en la que la entidad detectó 23 IPS en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca que no tenían dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
Según la Adres, las facturas radicadas por esas 16 IPS superan los $12.260 millones, dinero que no será reconocido ni pagado por incumplir los requisitos legales para reclamar esos recursos. Incluso, afirmó que hará traslado de los hallazgos a la Superintendencia de Salud y a la Fiscalía General de la Nación.
Hay que mencionar que el Soat cubre al conductor, a los ocupantes particulares, a los pasajeros (vehículos de servicio público y a los peatones que queden involucrados en un accidente de tránsito.
En los casos en que el vehículo no tenga ese seguro, el vehículo no sea identificado o se dé a la fuga, la Adres cubre la atención de los heridos a través de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT). Los gastos invertidos en la atención de las víctimas le serán cobrados al propietario del vehículo involucrado.
De las instituciones señaladas por la Administradora, 13 no presentaron recurso de reposición en contra de la decisión (consignada en dos resoluciones), lo cual consolidó la decisión. Entre tanto, ante las tres que sí presentaron se resolvieron a favor de la entidad, pues los hospitales y clínicas no demostraron su habilitación legal.
El listado incluye entidades con sedes reportadas en Cali, Barranquilla, Soledad, Sabanalarga, Baranoa, Malambo, Santa Marta y Fundación, entre otras, cuyas direcciones no cumplían con lo exigido por el sistema de salud para prestar atención a víctimas de siniestros sin el Soat.
La Adres explicó que mantiene en trámite los recursos de reposición de otras siete IPS, cuyos casos aún están en proceso de verificación antes de tomar una decisión definitiva.
Por otro lado, anunció que trasladará los resultados de este proceso —considerado como posibles intentos de fraude contra el sistema— para que los órganos de investigación penal y vigilancia hagan las indagaciones necesarias.
Vale recordar que en 2024 esa entidad suspendió pagos a 52 hospitales y clínicas que presentaron reclamaciones por más de $70.000 millones y en muchos casos se puso en conocimiento de la Fiscalía por supuestas irregularidades similares relacionadas con la inexistencia física de las instituciones reclamantes de recursos.
Las IPS que fueron desvinculadas de los giros de la Adres fueron Grupo Ambulancias J1 S.A.S (Cali, Valle del Cauca), Medic Servicio Médico en Casa S.A.S (Buga, Valle del Cauca), Centro Integral de Salud San Gabriel (Barranquilla, Atlántico), Clínica Moscati (Barranquilla, Atlántico), Gareth Salud IPS S.A.S (Soledad, Atlántico), Salus Integral y Preventiva IPS (Soledad, Atlántico), IPS Jasa Médica S.A.S. (Soledad, Atlántico), IPS Centro Clínico para la Atención Integral S.A.S. (Soledad, Atlántico), IPS Centro de Rehabilitación Arcángeles S.A.S. (Soledad, Atlántico), Nova Salud Integral IPS (Sabanalarga, Atlántico), IPS Solosalud K & S.A.S. (Baranoa, Atlántico), Global Medica S.A.S. (Baranoa, Atlántico), IPS Alma Salud Mía (Malambo, Atlántico), Famica (Santa Marta, Magdalena), Saluvida (Santa Marta, Magdalena) y Rehabilitar de la Costa IPS Ltda. (Fundación, Magdalena).
por Antonio Claros | Dic 10, 2025 | Tribuna de opinion
Nuevamente está en el sonajero el nombre de Laura Gallego Solís tras su aparición en videos en los que planteaba escenarios violentos relacionados con los precandidatos presidenciales Abelardo De La Espriella y Santiago Botero.
La exseñorita Antioquia del Concurso Nacional de Belleza fue protagonista del video en el que preguntaba a los precandidatos a quién “preferían darle una bala”, señalando como posibles objetivos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y al presidente Gustavo Petro.
Lejos de generar cercanía, sus declaraciones provocaron un rechazo en redes sociales, ya que se trataba de una actuación que promueve la violencia contra figuras políticas del país. La inconformidad también surgió porque ella representaba a un departamento que ha sido fuertemente golpeado por el narcotráfico y carteles de Medellín como el de Pablo Escobar, lo que dio paso a que se ganara el apodo de “Miss Bala”.
Laura Gallego Solís va por la Cámara de Representantes
Laura ahora es tema de conversación porque aparece en un listado que la proyecta para dar el salto al Congreso. Y es que figura en una lista abierta como candidata a la Cámara de Representantes por la coalición de Cambio Radical, el Partido de la U, Salvación Nacional y Oxígeno. La exreina aparece en el renglón 106, al igual que Nataly Vélez y Lina García Gañán.
Si bien no hay un pronunciamiento oficial de ella en sus redes sociales, en una entrevista con la periodista Eva Rey afirmó que “varios partidos la han invitado a unirse” a fin de dar el salto al Congreso. Según dijo, entre ellos figuran el Nuevo Liberalismo, el Partido Conservador, el Centro Democrático y el Partido Liberal, que incluso la habrían sondeado para ser cabeza de lista al Senado.
Cabe recordar que, tras el episodio protagonizado por Laura, la organización del certamen aclaró en un comunicado que “el Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad del país. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”.
por Antonio Claros | Dic 3, 2025 | Tribuna de opinion
Catorce días con sus noches pasaron Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja bajo una rudimentaria carpa que hacía las veces de refugio para protegerse de las inclemencias del clima en medio de la nada.
Allí pasaron algunos días sin dormir, encadenados de manos y pies y otros agobiados por la presión psicológica de sus captores, pero pese a la adversidad, los dos jóvenes trataron de mantenerse esperanzados de que iban a salir de allí, no sabían cuándo, pero lo harían.
“Nunca perdimos la esperanza, siempre confiamos en Dios”, dijo el joven Ayala este martes, 2 de diciembre en la tarde, horas después de que el Gaula de la Policía, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Aviación Policial y la Fuerza Aeroespacial Colombiana los rescataran en la vereda Chorritos, zona rural del municipio de La Sierra, Cauca, tras varios días de infiltración en la zona.
Los dos jóvenes permanecían cautivos desde el pasado 18 de noviembre, cuando fueron interceptados por hombres armados en el sector de “El Túnel” sobre la Vía Panamericana en jurisdicción del municipio de Cajibío. Se desplazaban hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira (Valle), para regresar a Villavicencio, su lugar de residencia, tras una presentación en Huisito, Cauca.
Primero se habló de delincuencia común, pero después se supo que el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, los tenía en su poder.
Ayala contó que tras su retención, los hicieron caminar por casi cuatro horas y media para llegar al lugar donde estuvieron detenidos. “Fue horrible. Estábamos descalzos y nos tocó pasarnos de a un zapato entre mi manager Nicolás y yo. Llegamos todos arañados porque nos hicieron pasar por un río, una quebrada, y hubo un momento de una bajada de una montaña”.
Además de las dificultades del terreno, los jóvenes en todo momento temieron por su vida, pues encabezaban la caminata y pensaban que les dispararían por la espalda.
“Íbamos con mucho más miedo porque pensamos que en cualquier momento nos iban a hacer algo a las espaldas porque íbamos muy lejos. Pensábamos que en cualquier momento nos iban a disparar o algo”.
Ya en el lugar, Ayala relató que “no podíamos dormir con miedo a que nos hicieran algo. Ya en la tarde pues nos tocaba hablar porque los días pasaban muy lentos”.
También contó que los amararon con una cadena al pie y durante tres días durmieron “con las manos atadas”. Además, siempre estuvieron custodiados por otros dos hombres armados que los presionaban.
“Siempre nos decían que no nos iban a hacer nada, pero nosotros siempre tuvimos miedo de que nos pasara algo. Algunas veces fueron groseros con palabras, pero siempre nos dijeron que nunca nos iban a hacer algo, aun así nosotros siempre teníamos precaución porque nos portábamos muy juiciosos para que no nos hicieran nada”, dijo Ayala.
Mientras tanto, la familia Ayala recibía llamadas extorsivas en las que les pedían altas sumas de dinero por la liberación de los jóvenes. Giovanny Ayala relató que recibieron varias llamadas, pero solo les dieron validez en el momento en que llamaron al celular del hermano gemelo de Miguel. En esas comunicaciones les exigían 4.500 millones de pesos por los dos hombres, pero luego, en otra llamada, la suma aumentó a $7.500 millones. La familia no entregó el dinero que les pedían.
La liberación, finalmente, se dio este martes, 2 de diciembre, luego varios días de infiltración en la zona.
“Los uniformados ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio, garantizando la liberación de las víctimas y logrando, además, la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro”, explicó el director de la Policía, general William Rincón.
El segundo hombre que los custodiaba resultó herido en el cruce de disparos, pero alcanzó a huir hacia una zona boscosa.
“Sentimos una felicidad inmensa, en serio que no nos la creíamos. Fue algo demasiado loco. Eso no se lo deseamos a nadie, es algo horrible”, concluyó Miguel Ayala, quien junto a Nicolás Pantoja, recuperó la libertad.
por Antonio Claros | Nov 26, 2025 | Tribuna de opinion
La Reforma pensional continúa en vilo. Esto tras la resolución de la Sala Plena de la Corte Constitucional que decidió recusar al magistrado Héctor Carvajal, y luego de que los otros ocho jueces tuvieran un empate en la decisión, el conjuez Carlos Pablo Márquez tiene el veredicto final en caso de continuar la decisión dividida. Lo que genera preocupaciones en torno a cuánto demoraría citar a una nueva Sala Plena y qué pasará con las personas que hasta ahora se han trasladado de fondos de pensiones.
De acuerdo con Jerome Sanabria, experta en Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): “Con la designación del conjuez Márquez a la pensional: declararán vacancia judicial, los magistrados podrán retomar estudiando futuras recusaciones en caso de que las haya y se puede tomar el tiempo que quiera para decidir”.
¿Qué pasará con las personas que ya se trasladaron de fondo de pensiones?
Es decir, llegará el 2026 y los colombianos aún continúan sin saber qué pasará con el futuro de sus pensiones. De otro lado, se debe saber que aquellas personas que se trasladaron, pues aun si se llega a caer la reforma, estos quedarán en firme al hacerse bajo el velo de la legalidad.
Pero Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió en conversación con el programa Mañanas Blu de Blu Radio, que los recientes movimientos de afiliados están encendiendo alarmas en el sector. Solo entre enero y octubre, cerca de 110.000 personas se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones, lo que implicó el movimiento de alrededor de $25 billones. Ante este panorama, el gremio ya envió dos cartas a la Corte Constitucional pidiendo que, sea cual sea el sentido del fallo sobre la reforma pensional, se adopte una modulación que evite efectos financieros inesperados.
Velasco explicó que, “si la Corte termina tumbando la reforma, volvería a regir únicamente la Ley 100, que obliga a que todos los recursos trasladados migren directamente a Colpensiones”. Para Asofondos, esto es especialmente delicado porque Colpensiones funciona como un fondo de reparto, es decir, un mecanismo que no ahorra, sino que utiliza los recursos para pagar las pensiones actuales. Enviar esos $25 billones a esa entidad, advierte, desfinancia las pensiones futuras y aumenta el pasivo pensional del país, tensionando aún más la sostenibilidad fiscal.
Aun así, Velasco aclara que este flujo extraordinario de dinero no pone en riesgo la estabilidad de los fondos privados: sus activos totales superan los $500 billones, por lo que no se trata de un escenario de quiebra, sino de un impacto que preocupa por sus implicaciones a largo plazo.
Pero todo está en veremos: quedará esperar a que pase el tiempo hábil mencionado, que el conjuez Carlos Pablo Márquez se incorpore y, posteriormente se cite de nuevo a Sala Plena para retomar el debate con el conjuez ya integrado.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cuánto podría demorarse la decisión final sobre la reforma pensional?
- No hay un plazo definido. La Corte debe convocar nuevamente a Sala Plena con el conjuez, y puede tomarse semanas o meses.
- ¿Los traslados a Colpensiones pueden reversarse?
- No. Permanecen válidos aunque la reforma sea declarada inconstitucional, porque se hicieron conforme a la ley vigente.
- ¿Por qué preocupa el traslado de $25 billones?
- Porque Colpensiones usa esos recursos para pagar pensiones actuales, lo que aumenta el pasivo pensional y presiona la sostenibilidad fiscal.
por Antonio Claros | Nov 20, 2025 | Tribuna de opinion
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está más cerca de consolidar su poder y manejo sobre la Nueva EPS. La aseguradora con más afiliados del país pasaría a ser de propiedad mayoritaria del Estado después de unos movimientos con las cajas de compensación y el Ministerio de Hacienda. Así quedaría conformado su porcentaje accionario.
Hay que mencionar que actualmente en su participación accionaria (sus dueños) Nueva EPS tiene mayor participación de privados por medio de seis cajas de compensación Familiar, mientras que el Estado tiene menos de la mitad. Esto se ve reflejado en que el Ministerio de Hacienda tiene un 49,9 % de participación y el restante 50,1 % lo tienen las cajas Comfandi, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle, Compensar, Camfam y Colsubsidio.
Según dijo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, llegaron “a un acuerdo con los socios, las cajas de compensación de Nueva EPS” en el que “ellos están de acuerdo en que la EPS se vuelva pública”. Por esa razón, “vamos a tener un poco más de acciones. Ya eso se trabajó con Hacienda porque viene siendo el dueño de los activos y figura como propietario”, agregó en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
Esto significa que la cartera de Hacienda les dio luz verde para que el Estado se convierta en el mayor accionista de Nueva EPS, por medio de un cambio de participación accionaria para que ese ministerio quede con un 51 % de participación.
Esa transferencia de acciones marcaría un giro en la estructura de esa entidad promotora de salud (EPS), que pasaría a operar bajo un modelo en el que el Estado asume el control dominante, pues el nuevo porcentaje de participación le permitiría tomar decisiones de manera unilateral y autónoma.
el Ministerio de Salud y, de paso el Gobierno Petro, puede avanzar hacia un monopolio público del aseguramiento en salud. Lo anterior en razón a que Nueva EPS (que recogió el extinto Instituto de Seguros Sociales) es la aseguradora más grande de Colombia, pues tiene 10,8 millones de afiliados.
Por otro lado, eso también conllevaría un cambio no menor en las responsabilidades que está enfrentando la aseguradora en medio de la medida de intervención forzosa para administrar que tiene desde abril de 2024 por parte de la superintendencia del ramo.
En ese sentido, vale la pena recordar que la EPS está intervenida por incumplir indicadores financieros; en ese sentido, el socio mayoritario tendría la principal responsabilidad de mejorar esas cifras y capitalizar la compañía.
Hay que mencionar que el Gobierno Nacional está implementando algunos puntos de su reforma a la salud con las ocho aseguradoras que están intervenidas, como el giro directo a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que son los pagos a hospitales y clínicas que llegan directamente desde la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres).
La semana pasada, la superintendente de Salud ad hoc, Angie Rodríguez, designó a Luis Óscar Galves Mateus como agente interventor de Nueva EPS. Este cambio lo hizo Rodríguez porque el superintendente Bernardo Camacho debe declararse impedido para las decisiones sobre esa compañía por haber sido su agente interventor entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Cuántos afiliados pasarían a estar bajo aseguramiento público?
10,8 millones de usuarios, lo que convertiría al Estado en el mayor operador del sistema de salud en Colombia.
¿Por qué la Nueva EPS está intervenida?
Por incumplir indicadores financieros clave. Como socio mayoritario, el Gobierno asumiría la responsabilidad de capitalizarla y mejorar su situación.
¿Cuánto control tendrá el Gobierno sobre la Nueva EPS?
Un 51 % de participación, suficiente para tomar decisiones unilaterales y definir el rumbo administrativo y financiero de la aseguradora.
