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Tribuna de opinion 22 Julio 2026

 

La Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades del sector salud diseñar, en un plazo de 60 días, una estrategia para atender el incumplimiento de fallos de tutela por parte de la Nueva EPS, relacionados con la prestación de servicios y entrega de medicamentos a los usuarios de esa entidad.

La decisión fue adoptada al resolver una acción de tutela presentada por Salomé Henao González, exgerente regional noroccidente de la Nueva EPS, quien acumulaba sanciones derivadas de incidentes de desacato por incumplimientos de órdenes judiciales durante su gestión.

Según la Corte, la estrategia deberá ser presentada ante los jueces que han emitido fallos de tutela contra la EPS y declarado desacatos por su incumplimiento. Además, precisó que el plan deberá priorizar la atención de pacientes en grave e inminente riesgo y de quienes hacen parte de grupos de especial protección constitucional.

“Deberá priorizarse el cumplimiento de los servicios de salud, requeridos por pacientes en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la atención de sujetos de especial atención constitucional”, menciona el fallo del alto tribunal.

En el mismo fallo, el alto tribunal amparó los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y la dignidad humana de Henao González, al concluir que las sanciones impuestas en su contra obedecían a una crisis estructural de la entidad y no a una conducta atribuible exclusivamente a la funcionaria, quien además carecía de capacidad para resolverla.

Como consecuencia, la Sala ordenó dejar sin efecto, de manera definitiva, las multas, órdenes de arresto y los procesos de cobro persuasivo y coactivo derivados de los desacatos que se habían impuesto en su contra.

De acuerdo con el expediente, sobre la exdirectiva pesaban decisiones de 481 despachos judiciales que representaban 3.853 días de arresto y multas por más de $9.131 millones.

La decisión también establece que otros ex representantes legales o funcionarios que hayan sido sancionados por desacatos derivados de la misma situación institucional podrán acudir ante los jueces que conocen sus respectivos procesos para exponer que los incumplimientos obedecen a la falla estructural reconocida por la Corte.

En su decisión, el alto tribunal enfatizó que el reconocimiento de esa situación no exonera al Estado de garantizar el derecho fundamental a la salud.

“En últimas, es el Estado interventor, de una entidad que él mismo declaró en crisis funcional y financiera, quien debe asumir las consecuencias institucionales de esa decisión, garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud ordenados por los jueces constitucionales y procurar el cumplimiento de los fallos de tutela, en acatamiento de los mandatos de orden superior derivados de la Constitución Política de 1991”, señaló la Sala.

 

Tribuna de opinion 16 Julio 2026

Un informe técnico de inteligencia elaborado por una entidad del Estado concluyó que, hasta ahora, no existen pruebas que sustenten las denuncias de fraude electoral hechas por el presidente Gustavo Petro tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. El documento, que llegó al despacho del mandatario el pasado 30 de junio, evaluó la información aportada por un presunto hacker citado por el propio jefe de Estado y determinó que esta no permite acreditar una manipulación de los resultados.

De acuerdo con el documento, la persona que acudió a los organismos de inteligencia aseguró haber detectado movimientos irregulares en el software utilizado durante las elecciones y afirmó que sus comunicaciones fueron interceptadas con el programa espía Pegasus. Sin embargo, no entregó las pruebas que dijo estar recopilando y los analistas concluyeron que no había elementos suficientes para respaldar sus afirmaciones.

El presidente también buscó respaldo técnico en otras entidades del Estado con capacidades en ciberseguridad. Una revisión realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tampoco encontró evidencia de una alteración en el conteo de los votos. Otro organismo de inteligencia sí habría detectado una presunta filtración de credenciales de acceso al sistema electoral antes de los comicios, aunque sin hallar indicios de que ello hubiera afectado los resultados.

Pese a esos conceptos técnicos, Petro mantiene su tesis de que hubo fraude electoral. El mandatario anunció que presentará nuevas denuncias penales y sostiene que parte de las presuntas irregularidades se habrían cometido desde Estados Unidos. Además, asegura que existen cerca de 880.000 votos irregulares.

“En el consulado de Los Ángeles no entregaron el escrutinio de claveros en el exterior porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente ni darle la mano el 7 de agosto porque eso es un fraude”, dijo Petro en su último Consejo de Ministros.

Hasta ahora, sin embargo, los informes técnicos conocidos de organismos del propio Estado no han encontrado evidencia que respalde la existencia de un fraude en la elección presidencial.

“Son denuncias penales y de nulidad. Los crímenes se cometieron en Estados Unidos. En el consulado”, añadió el mandatario.

No es la primera vez que una de las pruebas presentadas por el presidente Petro para sustentar su denuncia de fraude electoral termina siendo desvirtuada.

A finales de junio, el mandatario publicó en sus redes sociales una tabla de Excel titulada “Evidencia Mesas”, que presentó como soporte de presuntas irregularidades en 5.300 mesas de votación. Según Petro, el archivo demostraba cambios en el censo electoral que podrían evidenciar anomalías durante las elecciones.

Sin embargo, un análisis posterior puso en duda esa afirmación. El periodista Daniel Coronell reveló que el archivo correspondía a un documento oficial elaborado por la Registraduría, cuya procedencia fue confirmada mediante el análisis de su metadata y por una fuente de la propia entidad.

El documento había sido elaborado por la División Político Electoral (Divipol) y contenía el desglose del censo electoral definitivo, cerrado el 30 de abril de 2026 y presentado ese mismo día a los representantes de los partidos políticos.

La revisión técnica sí encontró un registro de modificación en el archivo, realizado el 26 de mayo. No obstante, la metadata identificó que el usuario responsable de ese cambio era “BASICOS_AUDITORES_PRESIDENTE_2026_V3”, una cuenta que, según la información revelada, no correspondía a un funcionario de la Registraduría.

Ese hallazgo llevó a concluir que la alteración no se habría realizado sobre el documento original custodiado por la autoridad electoral, sino sobre una de las copias digitales entregadas a los delegados de los partidos durante la reunión del 30 de abril.

Además, la ruta de origen registrada en la metadata indicaría que la modificación fue hecha por fuera de los sistemas internos de la Registraduría, por lo que no existirían elementos para afirmar que el documento oficial utilizado durante el proceso electoral hubiera sido alterado.

Desde que perdió las elecciones, el pasado 21 de junio, Petro ha repetido tantas veces como ha querido que se irá el 6 de agosto a las 12 de la noche, cuando termina su mandato. Lo dice, mientras insiste en que hubo fraude electoral.

“Yo termino mi mandato el 6 a las 12. Mucha gente pide que me vuelva dictador, pero yo no voy a poner a los soldados y policías, patrulleros, a los que les elevé el salario, a luchar contra ellos mismos y contra el pueblo, porque habría un estallido social”, sostuvo.

El supuesto fraude electoral es también la razón por la que el presidente asegura que no asistirá el próximo 7 de agosto a la ceremonia de transmisión de mando en la Casa de Nariño. El mandatario sostiene que no puede reconocer como legítimo el resultado de las elecciones.

”Para que la población colombiana sepa por qué estamos diciendo que hubo un fraude. Yo no reconozco a ese presidente y no tengo que darle la mano; eso no me preocupa. Lo único que tengo que cumplir es con mi mandato, que me dio el pueblo, nadie más. No se lo pedí regalado a nadie. Ese no es mi gobierno, porque no fue elegido por el pueblo”, concluyó.

Tribuna de opinion Julio 9 2026

Colombia terminó 2025 como el país con el mayor déficit primario de América Latina. El hecho da cuenta del deterioro de las finanzas públicas que heredará el próximo Gobierno que asumirá la riendas del país el 7 de agosto.

Para contexto, este indicador mide la diferencia entre los ingresos y los gastos de las cuentas estatales, pero excluyendo el pago de intereses de la deuda. Ese hueco pasó de 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a 3,6% en 2025, es decir un repunte de 1,2 puntos porcentuales en tan solo un año.

En plata blanca, el desfase representa un hueco cercano a $66 billones, lo que refleja un mayor desequilibrio entre los recursos que recauda el Estado y el costo de su funcionamiento e inversión pública.

¿Qué explica el deterioro de las finanzas públicas?
Así las cosas, a ojos de los analistas económicos, el panorama de las finanzas públicas es crítico y requiere de decisiones rápidas, de austeridad en el gasto, recortes e, incluso, centros de pensamiento como Anif recomiendan apostar por una reforma tributaria.

En concepto de Luis Fernando Ramírez, profesor e investigador económico, sostuvo que equilibrar las finanzas públicas solo es posible mediante un aumento de los ingresos, una reducción del gasto o una combinación de ambas estrategias.

El académico considera que el actual esquema tributario ha concentrado el esfuerzo fiscal sobre el patrimonio y otros activos, en lugar de gravar actividades que generan valor económico. “Lo que realmente debería gravarse son los flujos dinámicos, básicamente la renta, las transacciones, las operaciones y el comercio internacional, que es donde realmente hay agregación de valor”, señaló.

Ramírez comentó que una reforma tributaria orientada hacia impuestos asociados a las ganancias efectivas de personas y empresas contribuiría a mejorar el recaudo sin depender principalmente de gravámenes sobre los activos.

En materia de gasto público, advirtió que será inevitable realizar ajustes. Según señaló, será necesario revisar la estructura operativa del Estado, el número de entidades y funcionarios, además de identificar focos de despilfarro y problemas en la asignación de recursos públicos.

De hecho, el presidente electo Abelardo de la Espriella contemplaría la fusión de algunos ministerios durante su mandato para reducir el gasto.

Frente a otros países
La premisa de los expertos es que los datos dan cuenta que el problema es tan grave que ya supera a sus pares en la región. La cuestión es que hasta 2021 Colombia registró uno de los menores déficits primarios entre las principales economías de América Latina e, incluso, ocupó esa posición durante cuatro años consecutivos, según datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

En ese periodo, las diferencias frente a países como Brasil obedecían principalmente al mayor pago de intereses de la deuda brasileña, mientras Chile y Perú mantenían déficits fiscales más contenidos.

Sin embargo, la pandemia modificó ese panorama. En 2020 todos los países registraron elevados déficits primarios, pero posteriormente comenzaron a seguir trayectorias diferentes.

Hacia 2023, Chile, Perú y Brasil lograron reducir nuevamente sus déficits primarios, mientras Colombia mantuvo un desbalance significativamente superior al de sus pares regionales.

Hoy, según datos del informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2025, Colombia registra el déficit primario más elevado de Latam

Crecimiento más débil y mayor endeudamiento
El análisis del Observatorio también advierte que Colombia perdió una de las principales fortalezas que durante años justificó un mayor nivel de endeudamiento: crecer por encima del promedio regional.

Entre 2013 y 2019, así como durante la recuperación económica de 2021 y 2022, el país registró un mejor desempeño económico frente a otras economías latinoamericanas. Sin embargo, esa ventaja se ha reducido hasta ubicarse entre los crecimientos más débiles del grupo.

Al mismo tiempo, el nivel de endeudamiento aumentó de forma estructural. Colombia dejó de pertenecer al grupo de países con menor deuda pública y ahora enfrenta una mayor vulnerabilidad frente a cambios en las tasas de interés y en el comportamiento del tipo de cambio.

Concluye que el argumento del Gobierno Petro de justificar un mayor endeudamiento porque impulsaría el crecimiento económico ya no encuentra respaldo en las cifras recientes, pues el país no está creciendo por encima de sus vecinos.

Diego Montañez, analista económico, anotó que a mayo de 2026 la deuda bruta del Gobierno Nacional asciende a $1.169 billones, equivalente a cerca del 61% del PIB, uno de los niveles más elevados registrados para la Nación.

El analista aseguró que el principal desafío no es únicamente el tamaño de la deuda, sino su sostenibilidad. En un contexto de elevados déficits fiscales, un mayor endeudamiento incrementa las necesidades de financiamiento y reduce la capacidad del próximo Gobierno para destinar recursos a inversión pública o al desarrollo de nuevos programas sociales.

A evaluar
Los expertos consultados advierten que el debate fiscal no debería limitarse únicamente al cumplimiento de una meta de déficit. En su lugar, considera que será necesario evaluar de manera conjunta la evolución del crecimiento económico, el endeudamiento y el balance fiscal.

Según el análisis, Colombia enfrenta dos caminos posibles: acercarse a modelos como los de Chile y Perú, caracterizados por déficits más controlados y mayor margen de maniobra fiscal, o continuar aproximándose al escenario de Brasil, donde altos niveles de deuda y déficits persistentes han reducido la capacidad de respuesta frente a choques económicos.

El Observatorio concluye que mantener una combinación de bajo crecimiento, elevada deuda y un déficit superior al de los demás países andinos terminaría obligando a realizar un ajuste fiscal en condiciones más complejas y con menos espacio para implementar políticas económicas.

Tribuna de opinion 3 Julio 2026

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que una de sus primeras medidas económicas será buscar la refinanciación de la deuda pública colombiana para aliviar la presión sobre las finanzas estatales y recuperar la confianza de los mercados.

A través de una publicación en X, De la Espriella aseguró que la deuda neta del país se encuentra en niveles históricamente altos y afirmó que ya dio instrucciones al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, para iniciar una agenda de reuniones en Washington con representantes de la banca internacional y organismos financieros multilaterales.

“La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”, señaló el mandatario que asumirá el próximo 7 de agosto.

Asimismo, indicó que el objetivo de esos acercamientos será negociar mejores plazos y tasas para la deuda pública. Según explicó, la estrategia busca darle “oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro”.

¿Cuál es el reto de la deuda que enfrentará el próximo Gobierno?
La iniciativa se plantea en un escenario en el que las finanzas públicas enfrentarán una fuerte presión durante los próximos años. Según cifras recopiladas por La República, entre 2026 y 2030 el Gobierno deberá atender compromisos por cerca de $716,5 billones, cifra que incluye $442 billones en amortizaciones, $230 billones en intereses de la deuda interna y otros $43,8 billones correspondientes a la deuda externa. Solo en 2026 los vencimientos por amortizaciones llegarán a $135,3 billones; posteriormente se ubicarán en $88,6 billones en 2027, $57,2 billones en 2028, $81,1 billones en 2029 y $79,3 billones en 2030.

Aunque parte de estos compromisos podría reestructurarse mediante operaciones de manejo de deuda para extender los plazos de pago, analistas coinciden en que el margen para hacerlo dependerá de la confianza que genere el programa fiscal de la próxima administración.

¿Por qué refinanciar la deuda es cada vez más complejo?
Más allá del volumen de vencimientos, uno de los mayores desafíos es el incremento en el costo del endeudamiento del Estado. Un informe de la Universidad Eafit señala que Colombia ha sufrido un deterioro sostenido en su calificación crediticia en el Gobierno Petro.

Según ese reporte, Moody’s redujo la calificación del país a Baa3 en junio de 2025. Posteriormente, DBRS la rebajó a BB high en septiembre del mismo año, mientras que Standard & Poor’s realizó dos recortes hasta ubicar la nota en BB- el pasado 8 de abril.

El documento también advierte que el rendimiento de los Títulos de Tesorería (TES) a 10 años en pesos ha superado el 13%, niveles que no se observaban desde hace varios años, mientras la curva de rendimientos permanece invertida, reflejando una elevada prima de riesgo.

Durante 2025 las colocaciones de TES de largo plazo alcanzaron $66 billones, la cifra más alta desde 2009. Además, el servicio total de la deuda podría llegar a un récord de $190 billones en 2026, año en el que únicamente el pago de intereses absorbería uno de cada tres pesos del recaudo tributario.

El análisis académico también alerta sobre un posible “efecto bola de nieve”, en el que la menor confianza de los inversionistas eleva las tasas de interés, incrementa el costo del servicio de la deuda y obliga al Estado a realizar nuevas emisiones de títulos. A esto se suma que Colombia presenta rendimientos superiores a los de otros países de la región: mientras los bonos colombianos a 10 años rondan el 12,71%, México paga cerca del 9%, Perú alrededor del 6% y Chile aproximadamente 5,4%.

El Gobierno ya realizó una operación para aliviar vencimientos
Como parte de la estrategia de manejo de deuda, el Ministerio de Hacienda efectuó recientemente una operación para reducir la presión de los pagos previstos para 2027.

La entidad intercambió TES UVR con vencimientos en 2027 y 2029 por títulos con plazos más largos, que vencen en 2031 y 2061, respectivamente. Con esta operación busca mejorar el perfil de pagos de la deuda y disminuir el riesgo de refinanciación en los próximos años.

Tribuna de opinion 26 Junio 2026

 

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó la disposición de la organización para colaborar con el Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, luego de las elecciones presidenciales celebradas el 21 de junio.

A través de una declaración divulgada por su portavoz, la ONU destacó el desarrollo pacífico de la segunda vuelta, reconoció la participación de los ciudadanos y reiteró su compromiso de continuar apoyando los esfuerzos nacionales en materia de paz, seguridad, desarrollo sostenible y prosperidad.

El pronunciamiento fue conocido el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó la credencial que acredita a De La Espriella como presidente electo de Colombia.

ONU destaca la jornada electoral y hace un llamado al diálogo
Durante una rueda de prensa, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, señaló que Guterres valoró la participación ciudadana y el desarrollo del proceso electoral.

“(Guterres) acoge con satisfacción la amplia participación de los votantes en la segunda vuelta celebrada el 21 de junio, que reafirma la solidez de la democracia colombiana. Reconoce los esfuerzos decididos y coordinados de las autoridades que hicieron posible un proceso seguro y ordenado”, aseguró el portavoz.

La declaración también resalta el trabajo de las autoridades encargadas de la organización y seguridad de la jornada electoral, al considerar que las acciones coordinadas permitieron que el proceso se desarrollara de forma ordenada.

Además, el secretario general hizo un llamado para que las distintas fuerzas políticas continúen trabajando de manera conjunta.

“El secretario general espera que todos los actores políticos trabajen juntos para seguir fortaleciendo la confianza en todo el país”, añadió el portavoz.

Compromiso de cooperación con la administración entrante
En su mensaje, Naciones Unidas reiteró que mantendrá la cooperación histórica con Colombia, basada en el respeto por la soberanía del país, y manifestó su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno y los demás actores involucrados.

“Asimismo, destaca la disposición de las Naciones Unidas para colaborar con la administración entrante y con todos los socios, y para continuar apoyando los esfuerzos liderados a nivel nacional para promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos los colombianos”, concluye el mensaje.

¿Qué dijo la ONU sobre el triunfo de Abelardo De La Espriella?
El secretario general de la ONU, António Guterres, saludó la jornada electoral, destacó la solidez democrática de Colombia y manifestó su total disposición para articular esfuerzos institucionales con el mandatario electo en temas de paz y seguridad.¿Cuándo se celebraron las elecciones presidenciales en Colombia?
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia se llevó a cabo el domingo 21 de junio de 2026, jornada en la que resultó ganador el abogado penalista Abelardo De La Espriella frente al candidato Iván Cepeda.
¿En qué áreas ofrecerá apoyo la ONU al nuevo gobierno colombiano?
Las Naciones Unidas mantendrán la cooperación internacional enfocada en tres pilares fundamentales acordados históricamente: la seguridad nacional, el desarrollo sostenible de las regiones y la prosperidad socioeconómica de la población.