por Antonio Claros | Sep 9, 2026 | Tribuna de opinion
Colombia amaneció hoy bajo una nueva etapa de su política de armas. El presidente Abelardo De la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, con el que levanta la suspensión general del porte de armas de fuego que regía en todo el territorio nacional.
La medida reabre un debate más amplio sobre la llamada justicia por mano propia bajo el contexto de inseguridad urbana y rural que azota a varias regiones del país.
“Me complace firmar este decreto. Por supuesto, los requisitos para portar el arma los requisitos siguen siendo muy estrictos; las personas tienen que reunir unas condiciones físicas, psíquicas y emocionales, no tener antecedentes ni problemas (…) ya era hora de devolverle a nuestros ciudadanos de bien que puedan defenderse”, dijo el mandatario este martes.
El jefe de Estado dijo que entre enero y septiembre de 2026 las autoridades decomisaron unas 15.700 armas de fuego en todo el país, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
La decisión del mandatario pone fin a un modelo de restricción que comenzó en 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que fue prorrogado sucesivamente por las administraciones posteriores.
El Ejecutivo presenta el cambio como un regreso a la eficacia de los permisos individuales y como una herramienta para que quienes están legalmente autorizados puedan ejercer su derecho a la legítima defensa en un escenario marcado por el avance de la delincuencia organizada. Pero la decisión está lejos de ser un asunto meramente administrativo.
Detrás del decreto hay una discusión de fondo sobre el papel del Estado, la seguridad ciudadana y los límites de la defensa individual en una sociedad donde circulan millones de armas. Y ahí comienza la controversia.
Uno de los primeros puntos que el Gobierno ha tenido que aclarar es que levantar la suspensión general del porte no significa que Colombia haya adoptado un modelo de libre adquisición de armas como el que existe en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, país que protege el derecho de los civiles a portar armas a través de la Segunda Enmienda de su Constitución, la cual fue aprobada en 1791, Siglo XVIII.
El Decreto no elimina los controles establecidos por la legislación colombiana ni modifica el monopolio estatal sobre las armas de fuego. El artículo 223 de la Constitución continúa vigente y establece que solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos, mientras que el porte por parte de particulares sigue sometido a autorización estatal.
Quienes ya tienen un permiso de porte vigente no tendrán que solicitar, además, un permiso especial para poder llevar consigo el arma.
Ese requisito adicional, que se había convertido en una pieza habitual del esquema de suspensión general adoptado desde 2014, desaparece con la nueva norma.
Una cosa es tener autorización para portar un arma y otra muy distinta tener autorización únicamente para conservarla en un inmueble. Los permisos de tenencia no quedan cobijados por la medida. Tampoco los salvoconductos vencidos, suspendidos individualmente, cancelados o revocados, ni aquellas armas que tengan medidas judiciales o de decomiso vigentes.
Para quien quiera adquirir un arma por primera vez, tampoco hay un camino nuevo. Continúan vigentes los requisitos previstos en el Decreto Ley 2535 de 1993, es decir, que la adquisición legal de un arma de fuego en Colombia se realiza exclusivamente a través de la Industria Militar (Indumil), previa autorización del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares.
De hecho, tras el anuncio de ayer la página web de Indumil presentó fallas al ser consultada en varios momentos por este diario, aunque expertos no descartan un ataque cibernético. Al cierre de esta edición la entidad no había emitido un pronunciamiento.
El Decreto tampoco no significa libre venta ni que cualquier persona pueda comprar un arma sin controles. Se mantienen las normas vigentes desde hace 33 años que dicen que los ciudadanos interesados deben demostrar idoneidad física y mental, carecer de antecedentes judiciales y pasar evaluaciones rigurosas. La medida permite que vuelvan a operar y tramitarse los permisos de porte bajo la supervisión estricta de las autoridades competentes.
Un modelo conocido
La decisión de De la Espriella también supone un regreso, al menos parcial, a la manera como Colombia administraba las restricciones al porte antes de 2014. Durante años, la prohibición no funcionó como una regla nacional permanente.
El esquema permitía que alcaldes y gobernadores solicitaran a las autoridades militares restricciones temporales al porte en sus territorios, de acuerdo con las circunstancias de seguridad de cada región. La decisión final estaba en manos de los comandantes militares con jurisdicción correspondiente. Ese modelo permitió que las restricciones se aplicaran de manera diferenciada.
Bogotá, por ejemplo, recurrió en distintas ocasiones a prohibiciones temporales durante administraciones como las de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa.
También era habitual que las autoridades adoptaran medidas especiales durante elecciones, festividades y otras fechas consideradas de mayor riesgo.
La lógica era territorial: donde hubiera mayores riesgos, podían establecerse mayores restricciones. Ese esquema comenzó a cambiar en 2014. Durante el gobierno Santos se impuso una suspensión general del porte en todo el país, que posteriormente fue prorrogada por los gobiernos siguientes.
Entre las normas que mantuvieron ese modelo estuvieron el Decreto 2362 de 2018 y, más recientemente, el Decreto 1482 de 2025. Ahora, el péndulo vuelve a moverse. Con el Decreto 1368, el gobierno De la Espriella deroga las disposiciones que sostenían la suspensión general y restablece el funcionamiento ordinario de los permisos de porte que se encuentren vigentes.
por Antonio Claros | Sep 3, 2026 | Tribuna de opinion
El presidente Abelardo de la Espriella informó que el Ejército Nacional neutralizó una “posible acción terrorista del ELN” en Agua Clara, zona rural de Cúcuta. Según comentó, se localizó un vehículo robado que dio positivo para tener material explosivo.
“¡Neutralizamos una posible acción terrorista del ELN en Cúcuta! Esta noche, en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos”, expuso el primer mandatario.
Y agregó que los ocupantes huyeron en moto al darse cuenta de la presencia del Ejército. “Al advertir la presencia de nuestras tropas, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron en una motocicleta. De inmediato se aseguró el sector y se coordinó con la Policía Nacional el ingreso de técnicos antiexplosivos para verificar y neutralizar la amenaza”.
ELN sería el responsable del carro bomba frustrado
Según la información preliminar, expuso el presidente, el ELN sería el “posible responsable”. Ante eso, dijo De la Espriella, “la reacción oportuna de nuestra Fuerza Pública frustró lo que podría tratarse de una acción terrorista con carro bomba y evitó una posible tragedia”.
Finalmente, De la Espriella envió una advertencia a los grupos armados. “A los terroristas se lo advertimos: no vamos a permitir que conviertan a Cúcuta ni a ninguna región de Colombia en escenario para sembrar muerte y terror. Los vamos a perseguir y combatir con toda la fuerza legítima del Estado”.
Atentados terroristas e inseguridad en Norte de Santander
El presidente acaba de estar en Cúcuta tras la explosión de un carrobomba contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, también en Norte de Santander, a las 11:15 p.m. de este lunes 31 de agosto.
Con ese atentado, siete bases de la Policía y el Ejército ha sido blancos de atentados terroristas en las primeras tres semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella, atribuidos por las autoridades al ELN y las disidencias de las Farc.
El estallido dejó un ciudadano muerto, Jhon Endry Sandoval, y once heridos. Entre los lesionados hay dos policías, uno de los cuales sufrió la amputación de un miembro inferior.
¿Qué medidas se tomaron en el Consejo de Seguridad en Cúcuta?
Por esta situación, el jefe de Estado convocó a un consejo de seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública, para analizar las respuestas a lo sucedido y evaluar los daños.
Sin embargo, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, llegó tarde, y el alcalde de Los Patios no llegó, ya que estaba en Bogotá.
Pero De la Espriella se mostró indignado. Incluso, insinuó que en la región habría nexos entre las autoridades y los grupos armados y dijo que volverá en unos días para hacer seguimiento.
“Aquí nadie se acobarda. Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el Gobierno, y no vamos a permitir que mandatarios regionales terminen asociados con esos bandidos. Aquí voy a estar en quince días revisando los avances”, aseguró.
Por su parte, el alcalde dijo que se instaló un Puesto de Mando Unificado y se tomaron decisiones como la declaratoria de emergencia, la relación de víctimas y daños, el manejo de la vía principal, entre otras.
por Antonio Claros | Ago 27, 2026 | Tribuna de opinion
La elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó una fuerte pelea entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico. El representante Duvalier Sánchez cuestionó las críticas del petrismo y aseguró que, a última hora, cambiaron los acuerdos que venían construyendo durante las últimas tres semanas.
“Nos desecharon, hicieron mal las cuentas y no asumen. La prepotencia de una pequeña cúpula del Pacto divide su sector y excluye a los aliados”, aseguró Sánchez.
Esto ante la ola de críticas que recibió un sector de los verdes. Desde el Pacto Histórico, el senador Kevin Gómez llamó “traidores” a quienes terminaron votando por el candidato Gersel Pérez, de Cambio Radical, quien sería ficha de los Char.
El senador explicó que desde hacía cerca de tres semanas congresistas de la Alianza Verde venían trabajando con integrantes del Pacto Histórico, entre ellos Carolina Corcho y otros voceros, para construir una lista alternativa de candidatos al CNE.
En ese proceso, Sánchez propuso a José Salamanca, a quien conoce desde hace 15 años y a quien describió como un experto en derecho electoral y defensor de las campañas de Colombia Humana de 2018 y 2022.
Inicialmente, Salamanca fue inscrito junto con otro candidato, pero este último renunció a su aspiración. Por eso, la bancada mayoritaria del Verde decidió cerrar filas alrededor de Salamanca y presentó su nombre ante el Pacto Histórico.
Según Sánchez, varios congresistas del Pacto expresaron su respaldo a Salamanca y confirmaron que votarían por él. Incluso, afirmó que el expresidente Gustavo Petro habría considerado “muy bien” que un perfil como el suyo llegara al CNE.
Sin embargo, el panorama cambió apenas un día antes de la elección.
“Sintieron que tenían los votos”
“Horas antes de la elección de magistrado del CNE, el Pacto sintió que tenía los votos suficientes para poner o imponer el tercer renglón, cambiando las reglas de juego y excluyéndonos, diciendo que no eran necesarios los votos del Verde, que ellos tenían más de 90 votos”, afirmó.
El congresista insistió en que su molestia no estaba relacionada con la hoja de vida de Guillermo Rivera, candidato de En Marcha, sino con la forma en que se produjo el cambio de respaldo.
Para Sánchez, no tenía sentido que el Pacto terminara priorizando a un candidato de una colectividad con un solo senador, mientras dejaba por fuera a la Alianza Verde, que cuenta con 13 congresistas.
“Una pequeña cúpula, defendiendo intereses personales y no colectivos, decidió imponerse y excluir y cambiar las reglas de juego y dejarnos horas antes en el aire”, dijo.
Ante la ruptura del acuerdo, varios integrantes del Verde terminaron participando en una tercera plancha que favoreció a Cambio Radical; y por ende le dio más respaldo a sectores cercanos al nuevo gobierno.
Sánchez también agradeció a Carolina Corcho, Gloria Flórez y al exministro Guillermo Jaramillo, quienes, según dijo, intentaron hasta el último momento que se respetara el acuerdo alcanzado con el Verde. “Sabían que era un error lo que nos hacían”, agregó.
La votación también dejó en evidencia las divisiones entre los sectores del Partido Verde. Según el registro de la votación, por la plancha “del Gobierno” votaron los senadores Jota Pe Hernández y Andrea Padilla.
Por la plancha del petrismo votaron Ariel Ávila y los representantes Cathy Juvinao, Santiago Osorio y Alejandra Abasolo.
Por la tercera plancha votaron John Amaya, Duvalier Sánchez, Eduardo Enríquez y los representantes Yamit Hurtado, Jaime Raúl Salamanca, Mauricio Toro, Víctor Armero y Diego García.
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Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué dijo Duvalier Sánchez sobre el Pacto Histórico en la elección del CNE?
Duvalier Sánchez criticó al Pacto Histórico por, según su versión, cambiar a última hora los acuerdos alcanzados con la Alianza Verde para la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
¿A quién decidió apoyar el Pacto Histórico para el CNE?
De acuerdo con Sánchez, sectores del Pacto Histórico decidieron respaldar a Guillermo Rivera, candidato de En Marcha, lo que generó el reclamo de la Alianza Verde.
¿Quiénes son los magistrados del CNE elegidos para el periodo 2026-2030?
El Congreso eligió a Nubia Estela Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra, Plinio Alarcón, Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista y Gersel Luis Pérez Altamiranda como los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el periodo 2026-2030. Siete de los nueve quedaron respaldados por sectores de centroderecha y dos —Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista— por el Pacto Histórico.
por Antonio Claros | Ago 19, 2026 | Tribuna de opinion
El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo entregaron este martes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; al procurador Gregorio Eljach; y al contralor saliente, Carlos Rodríguez, un documento que reúne denuncias sobre presuntas irregularidades detectadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Por el momento, Eljach aseguró que la Procuraduría ya tiene varias investigaciones andando: “se abrirán los procesos que se tengan que abrir”, aseguró, explicando que ambos gobiernos, tanto el saliente como el entrante, estuvieron de acuerdo con que sea la entidad la que investigue y tome las decisiones al respecto.
El informe, denominado “Libro de la Verdad”, fue elaborado a partir de los hallazgos recopilados por el equipo de empalme del nuevo Gobierno —aunque el proceso de empalme entre un gobierno y otro no se llevó a cabo—. Según explicó Restrepo, durante el acto realizado en la Fiscalía en Bogotá, se trata de una muestra de más de 80 casos que fueron identificados durante la revisión de diferentes entidades estatales.
Uno de los capítulos está relacionado con el manejo de la deuda pública y las operaciones con títulos de Tesorería (TES). Restrepo cuestionó que se hubiera elevado del 50% al 100% el límite de adjudicación mediante la emisión de estos títulos y señaló que las tasas de colocación se ubicaron entre el 13% y el 15%.
Para el vicepresidente, estas decisiones tendrán efectos sobre las finanzas públicas en los próximos años. “Este es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos”, afirmó, al advertir que una mayor proporción del presupuesto nacional tendría que destinarse al pago de deuda e intereses.
Agregó que, en general, “encontramos nueve patrones de mal manejo en la política pública y en el manejo del Estado”; entre ellos, problemas en contratación, “colapso de la capacidad tecnológica” y “opacidad en la información”, por nombrar algunos.
Otro de los asuntos incluidos en el documento es el manejo de los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De la Espriella aseguró que durante el gobierno anterior se giraron $856.000 millones sin que, según su denuncia, existiera una declaratoria de urgencia manifiesta. Además, afirmó que se perdió el rastro de $1,38 billones.
El informe agrega un dato sobre la ejecución presupuestal de la entidad durante el cuatrienio Petro: de los $15,3 billones asignados, solo se habría ejecutado el 4,3 % del presupuesto.
Posibles líos en contratos
Los casos involucran entidades como el Dapre, Essmar, la ANT, el ICBF, la Cancillería y la ADR. Entre ellos, está uno relacionado con la reforma agraria: se desembolsaron $979.003 millones para adquirir 537 predios, pero solo tres habían sido titularizados a favor de la Nación.
También hay procesos cuestionados como el de la planta desalinizadora de Santa Marta, por cerca de $786.000 millones. En ese caso, el proceso, adelantado por ESSMAR entre el 18 y 19 de junio de 2026, generó dudas por posibles cambios al proyecto, deficiencias en los estudios previos y de mercado y aspectos técnicos que quedarían en manos del futuro contratista.
Por estas razones, el equipo del nuevo gobierno pidió medidas preventivas a la Procuraduría el 25 de julio. Cuatro días después, el organismo solicitó suspender provisionalmente el proceso mientras revisaba sus condiciones.
Otro caso corresponde a Colombia Compra Eficiente, que adelantaba un proceso por cerca de $300.000 millones para servicios de ciberseguridad, aunque en el Secop II figuraba con presupuesto de cero pesos.
El Gobierno también puso bajo la lupa la delimitación del páramo de Santurbán. Restrepo sostuvo que, cuando faltaban pocas semanas para terminar la administración anterior y apenas un día antes del cambio de mando, el Ministerio de Ambiente expidió resoluciones relacionadas con la delimitación de cerca de 29.000 hectáreas del ecosistema.
El Fondo para la Igualdad y la Equidad también aparece entre los casos presentados. De acuerdo con Restrepo, durante el proceso de liquidación se pagaron cerca de $140.000 millones a una misma empresa de servicios temporales, sin que se encontrara suficiente soporte para demostrar que el personal contratado cumpliera con los objetivos establecidos para el fondo. “La Contraloría calificó el riesgo como estado crítico”, dijo el vicepresidente.
El informe también cuestiona actuaciones de la Cancillería. El Gobierno aseguró que, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, esa cartera suscribió 785 contratos por un valor total de $83.000 millones. Adicionalmente, denunció el gasto de unos $8.500 millones en sedes temporales con períodos de funcionamiento de entre 90 y 120 días.
Y es que en materia laboral, De la Espriella denunció la existencia de una “nómina paralela” compuesta por unas 900.000 órdenes de prestación de servicios durante el anterior gobierno. El mandatario calificó esos contratos como “corbatas” y estimó que representaron un pasivo para las finanzas públicas.
La situación del programa Colombia Mayor fue otro de los puntos expuestos. Restrepo afirmó que los recursos destinados a los subsidios para adultos mayores en condición de vulnerabilidad se agotaron en julio de 2026, pese a que habían sido asignados para cubrir todo el año. Según el vicepresidente, tampoco se dejaron mecanismos de contingencia para responder a las coberturas previstas.
De acuerdo con el vicepresidente, el propósito ahora es que la Fiscalía evalúe los elementos entregados y determine cuáles de las denuncias tienen mérito para iniciar investigaciones.
“Su contenido será objeto de valoración técnica y jurídica bajo los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley imponen”, afirmó la fiscal Camargo.
por Antonio Claros | Ago 13, 2026 | Tribuna de opinion
La comunidad internacional ha enviado varios mensajes de solidaridad hacia Colombia luego de que un fuerte sismo despertara y sorprendiera al país durante la mañana de este lunes 10 de agosto.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 7:34 am (hora local) se registró un temblor de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, según el boletín preliminar emitido por la entidad.
El terremoto de este lunes ya deja, además, un saldo preliminar de al menos 100 personas muertas, de acuerdo con los informes preliminares entregados por las autoridades locales y los organismos de socorro, mientras continúan las labores de búsqueda y verificación en las zonas más afectadas.
La tragedia golpeó con mayor fuerza al Eje Cafetero y al occidente del país, donde varias ciudades registraron colapsos estructurales, caída de escombros y graves afectaciones en viviendas e infraestructura pública.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre el fuerte terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes y aseguró que la Administración Trump está monitoreando de cerca la situación y está lista para apoyar al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
“El Gobierno de Trump está monitoreando de cerca el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y está listo para apoyar al pueblo colombiano y a la Administración del presidente @ABDELAESPRIELLA. Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben registrarse en http://STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes sociales de @USEmbassyBogota para obtener la información más reciente”, escribió en su cuenta de X.
Nayib Bukele también expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto y señaló que las autoridades de El Salvador están atentas a las afectaciones ocasionadas por el sismo. El mandatario envió además sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su apoyo a las personas heridas y damnificadas.
”Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles”, dijo.
El Gobierno ecuatoriano también ofreció apoyo inmediato a Colombia tras el terremoto.
El presidente Daniel Noboa anunció que mantiene disponible una unidad USAR conformada por 47 rescatistas, canes entrenados para labores de búsqueda y equipos que le permitirían al personal permanecer operativo durante siete días. La misión sería desplegada hacia Colombia en caso de que las autoridades del país soliciten oficialmente su intervención.
”Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran”, dijo.
En Latinoamérica, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia también extendió un mensaje de condolencias y se puso a disposición de Colombia: ”Bolivia lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas y su solidaridad con las comunidades afectadas”, publicaron.
En esa misma línea se posicionó José Raúl Mulino, presidente de Panamá: ”Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”.
Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú, también se pronunció en su cuenta de X. Allí dijo:
“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”.
Desde el norte de América, México también envió un mensaje de apoyo. “Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al referirse a la situación en Colombia durante su conferencia de prensa matutina.
La mandataria aseguró así que su Gobierno está dispuesto a brindar la asistencia que sea necesaria tras el terremoto que afectó al país.
“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí”, agregó la presidenta.
Desde el exilio, la líder opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje de solidaridad a Colombia y recordó la experiencia reciente de su país frente a los movimientos sísmicos.
“Los venezolanos, que hemos sufrido el impacto devastador de los sismos, acompañamos de corazón a las familias afectadas. Conocemos de primera mano lo vital que resulta la solidaridad internacional ante una tragedia de esta magnitud”, señaló en su cuenta de X.
Incluso, la respuesta llegó desde Europa, donde Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, también ofreció condolencias e instó al mundo a mirar hacia el país:
”Expresamos nuestro completo apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y a todos los impactados por este desastre. Instamos a que todos los que en el mundo puedan apoyar a la gente y países afectados ahora den un paso al frente y ayuden” dijo.
