por Antonio Claros | Jul 25, 2022 | Tribuna de opinion
A $20.514 millones ascienden las sanciones que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Organización Roa Florhuila por “incumplir instrucciones y requerimientos de información”.
La máxima autoridad nacional de competencia señala a la empresa arrocera, cuyo gerente general es Hernando Rodríguez, de “obstruir la visita” de inspección realizada a su planta en Villanueva, Casanare.
La SIC asegura que encontró instrucciones y directrices para “incumplir las órdenes y requerimientos de información efectuados por la autoridad” y que la empresa agroindustrial adujo que “la información no podía ser suministrada sin autorización de sus superiores”. Esto a través de correos electrónicos institucionales.
Concretamente, Roa Florhuila negó la entrega de documentos requeridos por funcionarios de la SIC argumentando que se debía solicitar por escrito. Y según la autoridades, la renuencia de la compañía “provino de instrucciones impartidas por la gerente administrativa y financiera desde la sede administrativa de la empresa en Bogotá. Estas situaciones obstaculizaron injustificadamente el ejercicio de las funciones de la autoridad”.
Las multas incluyen a tres personas naturales: el gerente (Pedro Peña) y el jefe de la planta (Ángel Riveros), y la gerente administrativa y financiera de la organización (Lucy Gallo Losada).
Arroz Florhuila es una empresa colombiana que nació en Campoalegre, Huila, en 1971 con unos inversionistas arroceros. Reconocida por marcas como Arroz Roa, hoy tiene nueve plantas en Campoalegre, Neiva, Espinal, Chicoral, Ibagué, Villavicencio, Granada, Villanueva y Pore, en Casanare.
Previamente, en 2015, la Superindustria ya había multado a la Organización Roa Florhuila. En ese entonces le impuso una sanción por $33.800 millones por violación del régimen de libre competencia. Según la autoridad, influenció los precios de venta de arroz blanco al consumidor final.
por Antonio Claros | Jul 18, 2022 | Tribuna de opinion
Pasar del pánico y la incertidumbre, a las pérdidas millonarias en el gremio de mineros y carboneros, por cuenta del paro de transporte de este mineral que ordenó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado 27 de junio, en Norte de Santander, se convirtió en la mayor preocupación de este sector comercial.
Según se conoció, al menos 12.300 toneladas diarias de carbón se están quedando estancadas en las minas de la región, por el temor que infundieron integrantes de este grupo armado ilegal, que prohibieron el transporte desde las minas hacia los centros de acopio, para que luego sea trasladado a los puertos.
“Muchos mineros siguieron trabajando y acopiando hasta donde pudieron. Otros pararon muchos contratos y solo siguieron con los más importantes. La mayoría incurrió en gastos adicionales acopiando en potreros cercanos a sus minas, para después levantar el carbón y trasladarlo a los acopios.
Esos son gastos que no se contemplan en una operación normal. Esos sobrecostos pueden ser de 15 mil pesos por tonelada, aproximadamente, los cuales no se recuperan”, explicó uno de los afectados.
Los coquizadores (derivado del carbón y de alto costo), también resultaron afectados con el paro que impuso el ELN. Se presume que en Norte de Santander, aproximadamente 900 hornos coquizadores tuvieron que parar la producción. “Prender cada horno cuesta alrededor de 2.5 millones de pesos”, expresó una fuente que prefirió reservar su identidad.
¿Cómo empezó?
Desde el 27 de junio, dos hombres armados con revólver y que se movilizaban en una motocicleta han sido los encargados de infundir el terror entre los conductores de volquetas que se encargan de llevar el carbón desde las minas hasta los centros de acopio de este mineral.
“La orden que les dieron es que no pueden sacar carbón de las minas. Solo permiten el transporte entre los centros de acopio. Además, ordenaron que desde ahora el carbón se debe comprar a $550.000 la tonelada”, dijo uno de los afectados.
Esta situación perjudica enormemente a los carboneros, pues una tonelada del mineral puede llegar a costar $800 mil.
Los autores del hecho, hace diez días, marcaron con grafitis dos volquetas que estaban circulando por el sector Las Cascadas, a pocos kilómetros de la vereda Astilleros, zona rural de El Zulia, con un mensaje que decía “por no hacer caso” y las dejaron estacionadas a un costado de la vía, para que los demás transportadores se percataran de la medida.
Sin embargo, según se conoció, luego de la publicación que hizo este medio, el fin de semana, sobre la orden del paro por el ELN, las volquetas fueron retiradas del lugar.
Hasta el momento, los carboneros no han visto una acción contundente por parte de las autoridades para frenar el accionar del ELN contra este gremio.
por Antonio Claros | Jul 11, 2022 | Tribuna de opinion
El futuro de la exploración petrolera es uno de los temas más espinosos del panorama económico nacional. Un asunto que no parece tener soluciones únicas o fáciles entre las urgencias fiscales y climáticas de Colombia.
Los cambios de gobierno suelen ser momentos que no están exentos de cierto drama. Si bien hay todo un andamiaje institucional para asegurar que el engranaje del Estado se siga moviendo, los cambios incluyen algún grado de incertidumbre y hasta de traumatismo.
Y esto resulta un poco más cierto para el panorama actual colombiano, tanto en lo político como en lo económico. La administración del presidente electo Gustavo Petro llega no solo con grandes expectativas sobre sus hombros, sino también con responsabilidades y proyectos que implicarán algunos quiebres con la popular frase “business as usual”.
por Antonio Claros | Jul 5, 2022 | Tribuna de opinion
El presidente electo, Gustavo Petro, confirmó este martes los nombres de tres mujeres que lo acompañarán en el inicio de su gobierno, a partir del 7 de agosto, al frente de los ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente.
El mandatario electo reveló que la cartera de Salud estará al mando de la médica psiquiatra y politóloga Carolina Corcho, en la de Agricultura estará la economista Cecilia López Montaño, y la de Medio Ambiente la dirigirá la profesional en Ciencia Política, Susana Muhamad.
¿Quiénes son las nuevas ministras?
Carolina Corcho
La nueva ministra de Salud, es médica psiquiatra y politóloga, y hace parte del comité de empalme designado por Petro. Durante la pandemia de la covid-19, Corcho se dio a conocer en la comunidad médica, por su activismo en relación con los trabajadores del sector salud.
Comenzó a hablar ante la opinión pública como vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, uno de los sindicatos que alzó la voz por las condiciones paupérrimas de trabajadores de la salud antes y durante la pandemia. Exigió mejores y más dignos contratos de trabajo y por la falta de elementos de bioseguridad para proteger a quienes estaban atendiendo a los enfermos.
Corcho podría ser uno de los nombramientos de Petro que más fricción podría generar, pues en el sector de la salud se le cuestiona por su iniciativa de acabar con las Entidad Promotoras de Salud (EPS), así como también lo planteó el presidente electo en campaña.
Susana Muhamad
La próxima Ministra de Medio Ambiente fue secretaria de Ambiente de Bogotá en la Alcaldía de Gustavo Petro, donde lideró el Plan de Cambio Climático de la ciudad, la introducción de buses híbridos, la licitación para reemplazar buses de Transmilenio por buses eléctricos, así como la introducción del piloto de taxis eléctricos en la capital del país.
Ha sido parte de Paz a la Calle, la Alianza Colombia Libre de Fracking y consultora en temas ambientales, activista, y facilitadora de procesos participativos. Además, cuando fue secretaria de Ambiente de Bogotá se enfocó en la profundización de la Política de protección de humedales, la creación del Fondo para la gestión del Riesgo y Cambio Climático y el Instituto de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
Cecilia López Montaño
La nueva ministra de Agricultura estudió economía en la Universidad de los Andes e hizo un postgrado en Demografía y otro en Economía de la Educación en el Centro de Estudios educativos de México. Además del español domina los idiomas inglés y francés.
Fue consultora para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Además fue presidente de la Fundación Agenda Colombia y senadora de la República por el Partido Liberal.
López Montaño además ha sido ministra de Agricultura, ministra de Medio Ambiente, Directora de Planeación Nacional. También fue precandidata a la Presidencia de Colombia por el Liberal para las elecciones de 2010.
Estos tres nuevos nombramientos fueron confirmados por Petro en W Radio, después de anunciar en días pasados que Álvaro Leyva será su ministro de Relaciones Exteriores; Patricia Ariza su ministra de Cultura, y José Antonio Ocampo su ministro de Hacienda.
por Antonio Claros | Jun 28, 2022 | Tribuna de opinion
La Personería de Tuluá advirtió que por ahora no han dejado entrar al Ministerio Público a la cárcel de la localidad para verificar la situación de los internos y la identidad de las personas fallecidas tras el monumental incendio que generó una emergencia en la madrugada de este martes 28 de junio. Por el momento se habla de 51 personas muertas y 30 heridas.
“Nosotros estamos presionando para ingresar, para verificar condiciones de las personas que se encuentran dentro del centro penitenciario”, contó Martín Hincapié, personero delegado para los Derechos Humanos de Tuluá. “Lamentablemente, el Inpec ha mantenido un hermetismo y no nos ha permitido el ingreso, a pesar de que somos Ministerio Público”, sostuvo el personero.
Según señaló, es clave que los dejen entrar, sobre todo para verificar el estado de los internos. “No nos han dado ingreso, argumentando que son órdenes del mando superior y que apenas adelanten un proceso de identificación interno nos permitirán ingresar”, agregó el funcionario.
“Aquí hay una congregación de los familiares, que están atentos a dos cuadras del sitio, porque se acordonó la zona”, aseguró. y dijo que hay mucha inquietud, pues no se sabe si realmente los 52 fallecidos se dieron a raíz del incendio.
Los cadáveres de los internos, que supuestamente habrían fallecido durante el incendio siguen dentro de la cárcel. Al respecto, los representantes del Ministerio Público han dicho que el Inpec ha mantenido un “hermetismo”.
De acuerdo con datos que han compartido las autoridades, el hacinamiento en la cárcel de Tuluá era del 17%. Esto implica que en un espacio donde debían estar, por ejemplo, 100 privados de la libertad, tenían recluidos a 117.
