por Antonio Claros | Sep 20, 2025 | Tribuna de opinion

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, ordenó a la Nueva EPS ejecutar un plan intensivo de reuniones con los prestadores de servicios de salud para legalizar con actas a qué facturas se deben aplicar los pagos que han recibido y que hasta ahora figuran en los registros como anticipos sin serlo.
Al respecto, la Supersalud explicó que los hallazgos presentados por la Contraloría General de la Nación sobre esa EPS habían sido identificados previamente por la entidad de vigilancia. Según Rubiano, el problema no es la falta de pago, sino un fallo en el procedimiento administrativo por parte de esa compañía.
El informe de la Contraloría califica como “anticipos” a dineros que, según la superintendecia, son en realidad “pagos a servicios ya prestados” a los que no se les ha asignado una factura específica. “Lo que sí no hizo oportunamente fue aclarar, ante cada pago realizado, a cuáles facturas el prestador debía imputar el valor pagado”, dijo Rubiano García.
En ese sentido, la entidad señaló que la Nueva EPS al no especificar a qué factura correspondía cada desembolso, estos quedaron en un estado contable irregular que la Contraloría denominó anticipo. La solución, asegura, es que la Nueva EPS y cada prestador firmen actas donde acuerden a qué facturas se imputarán dichos pagos y eliminar la figura del “falso anticipo”.
La gerente interventora de esa aseguradora, Gloria Polanía, tiene la orden de finalizar estas rondas con los prestadores en todo el país en “el término de pocas semanas” para definir la aplicación de los pagos.
El superintendente mencionó que la Contraloría omitió en su informe las deficiencias que mantenía la EPS en la integridad de sus sistemas de información. Según él, esta situación dificultaba el seguimiento de los procesos y generaba retrasos, especialmente en el procesamiento y contabilización de las cuentas médicas.
Durante la intervención de la Supersalud que se sugirió a la Nueva EPS implementar sistemas de información más robustos, como el actualmente implementado Factramed, para permitir el correcto reconocimiento contable de las facturas, evitar represamientos y reflejar la verdadera situación financiera de la entidad. En el marco de esta intervención, también se solicitó la contratación de un servicio de auditorías médicas más sólido y en constante interacción con los prestadores.
Finalmente, Rubiano recordó que la intervención “no es un mecanismo caprichoso, todo lo contrario, busca garantizar el buen destino y el uso eficiente de los recursos existentes”.
El pasado 9 de septiembre, la Contraloría alertó sobre una grave situación administrativa y financiera en dicha entidad, tras un operativo de policía judicial que recaudó información de la entidad entre 2022 y el primer semestre de 2025, que puso al descubierto presuntas irregularidades que comprometen su liquidez y sostenibilidad.
El ente de control adelantó la actuación en julio de 2025 para obtener información técnica, administrativa, jurídica y financiera que no estaba disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud, y ante la falta de estados financieros certificados de la EPS.
El análisis preliminar de 4.524 archivos recaudados evidenció falencias en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.
La investigación detectó un crecimiento significativo en los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, lo que representa un aumento del 155%.
por Antonio Claros | Sep 15, 2025 | Tribuna de opinion

Miguel* tiene 12 años y se quedó sin saber la calificación en su tarea de matemáticas. El cuaderno quedó abandonado en una escuela de la subregión de San Juan en Chocó: el niño y su familia tuvieron que salir despavoridos de una guerra que los alcanzó.
“Ha sido traumático —dijo el profesor de la escuela—. A veces los grupos armados llegan a la comunidad y montan retenes cerca a la institución educativa. Acusan a personas de pertenecer al grupo enemigo. Estudiantes, profesores y vecinos hemos tenido que correr. Nos ha tocado presenciar persecuciones y hasta ejecuciones”.
´Lo que ocurre en esa escuela del Chocó no es un hecho aislado. De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), entre enero y junio de 2025 se registraron 52 ataques a la educación en Colombia, un promedio de uno cada tres días.
Las instituciones educativas son espacios seguros y no trincheras para la guerra. Esa es la premisa que los actores armados, parece, olvidaron.
Los ataques fueron documentados en seis departamentos —Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca (ver mapa)— y van desde instalación de minas antipersonales y ocupaciones militares, hasta ataques directos a estudiantes y profesores.
“Muchos de mis alumnos se han ido a otros municipios o departamentos”, dijo el profesor de San Juan y añadió: “La escuela queda vacía y uno siempre se pregunta si volverán”.
El Consejo Noruego documentó la presencia de grupos armados a menos de 200 metros de las escuelas. El riesgo de un enfrentamiento obliga a la suspensión de clases.
–¿Usted habla con sus estudiantes del conflicto armado?
–Esos temas se evitan, no se abordan. En una zona como estas hay que callar o hablar muy bajito porque todo puede ser un riesgo.
Ese miedo cotidiano alimenta la deserción escolar: padres que deciden no enviar a sus hijos, estudiantes que desaparecen del aula tras un desplazamiento forzado o un reclutamiento. El informe del Consejo Noruego advierte que, en muchos casos, las clases se interrumpen por semanas, dejando huellas en el aprendizaje y en la salud mental y física de niños y maestros.
“Cuando niños y niñas son reclutados para unirse a grupos armados, su educación se interrumpe abruptamente. Conocimos un caso donde un padre nos contó que varias veces los actores armados organizados habían entrado a la escuela para hablar con los estudiantes y pedirles sus números de celular”, detalló Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia.
–¿Cómo le fue a Miguel en la tarea?
–Muy bien, sacó 5.0.
La violencia contra las escuelas en otras regiones
Los ataques a la educación –al menos los que pudieron ser documentados – afectaron a 9.436 personas. La mayoría de las víctimas son niños, niñas y adolescentes: 8.752. En Convención, Norte de Santander, una celebración escolar de la Escuela Normal Superior terminó en estampida cuando los estudiantes tuvieron que refugiarse en viviendas y en la Alcaldía en medio de disparos. Ese hecho ocurrió en febrero pasado cuando la guerrilla del ELN decidió hostigar la estación de Policía. Un uniformado resultó herido. La institución educativa recibió disparos que causaron daños en piso, paredes y ventanas.
“A los actores armados —tanto las fuerzas armadas como los grupos armados organizados—, hacemos un llamado urgente para que respeten inequívocamente las escuelas y sus vías de acceso. El compromiso de todas las partes en el conflicto para respetar las escuelas debería ser inquebrantable”, añadió el director Rizzo.
El dolor en el Cauca
Juan Carlos*, profesor en el departamento del Cauca, se levanta todos los días con la esperanza de arrebatarle estudiantes a la guerra. Ya perdió algunas batallas. “Era un muchacho muy respetuoso y noble. Le gustaba el deporte y hacer manualidades. Él me buscó una semana antes de irse. Me dijo: ‘profesor, muchas gracias por todo, me voy’. Y se me fue”, recuerda el profesor Juan Carlos con los ojos inundados. El joven terminó engrosando las filas de uno de los grupos armados ilegales que operan en el departamento. Fue reclutado y murió en combate.
“El desafío ético de nosotros es mostrarle otros caminos a estos muchachos. El día de su velorio entendí por qué se había ido para allá. Vivía en unas condiciones muy paupérrimas. Ver a su mamá en una situación de extrema pobreza lo llevó a tomar esa decisión”, apuntó el profesor Juan Carlos.
El docente dice que ya perdió el miedo o, al menos, aprendió a disimularlo y a mostrarse fuerte ante sus alumnos. Las notas, la presión por sacar un buen resultado en el Icfes son asuntos que pasaron a un segundo plano. Su principal misión es mantener a sus alumnos en las aulas y lejos de los actores armados.
“La escuela en tiempos de guerra se ha convertido en el refugio para que los niños se protejan ante tantos problemas sociales o necesidades. Cuando hay restaurante escolar yo me alegro de que coman lo que más puedan, pero cuando no hay, la situación es más compleja”, dice.
Dentro de sus aulas también se han registrado las contradicciones propias del conflicto. Tuvo estudiantes que en los recreos jugaron fútbol juntos y, después, terminaron en bandos distintos de la guerra. Hay alumnos que terminan en la insurgencia y otros se van a prestar servicio militar con el Ejército.
“Yo a veces me pregunto qué pasará por la cabeza de ellos. Ver que un compañero de clases después termina convertido en un enemigo al que hay que enfrentar”, dice el profesor.
Aunque también hay tiempo para la esperanza. Mientras atendía esta entrevista recibió la visita de una exalumna. Se había graduado como técnica en auxiliar de enfermería, trabajaba para el municipio y dictaba unas charlas de prevención en salud.
“Tenemos otro caso de orgullo. Es una muchacha que está en la Universidad Nacional, Sede Palmira y estudia administración de empresas. Se ganó una beca y en la escuela hicimos una ‘vaca’ para apoyarla económicamente”, subrayó el docente.
En este punto, se hizo un llamado a las autoridades para que protejan las escuelas más allá del control armado en los territorios.
Advirtió que las instituciones civiles deben llegar a los territorios con educación, salud y protección a la niñez.“Deben estar presentes y coordinados, de modo que las niñas, niños y adolescentes puedan estudiar sin miedo y con garantías reales para su futuro”, afirmó Rizzo.
–Profesor Juan Carlos, ¿qué sueña usted para su escuela y sus alumnos?
–Yo sueño con que mis muchachos y mis muchachas, así no sean profesionales, tengan la tranquilidad de vivir en paz. De que la guerra cese, en cualquier forma. Que tengan un futuro diferente al de las generaciones de nosotros. Esa es nuestra meta, esa es nuestra lucha. Tenemos que encontrar los caminos de la paz. Ya no quiero ver más madres llorando a sus hijos.
por Antonio Claros | Sep 3, 2025 | Tribuna de opinion

El presidente Gustavo Petro, en medio de su alocución, explicó que la reforma tributaria busca que “los que se llevan la plata a los paraísos fiscales” contribuyan, mientras que los trabajadores no se verán afectados. La medida incluye impuestos a la renta de la banca y a las generadoras eléctricas, cuya recaudación se usará para “elevar sustancialmente el gasto en educación y salud de la gente más pobre de Colombia”, enfatizó, calificando esto como un paso hacia la igualdad social.
Avances y desempeño educativo
En materia educativa, el presidente resaltó mejoras en el desempeño de la educación pública y privada, citando un aumento de 3.6 puntos en las pruebas Saber 11 respecto a los resultados del gobierno de Iván Duque. Reconoció que las cifras de 2020 se vieron influenciadas por la pandemia, lo que hizo que las pruebas fueran más fáciles.
Además, destacó el incremento del presupuesto en educación preescolar, básica y media, que según sus cifras aumentó un 35%, equivalente a 17,5 billones de pesos adicionales frente al gobierno anterior. Sin embargo, la representante Katherine Miranda recordó que el presupuesto para 2026 presentado por el Ministerio de Hacienda prevé una reducción de 1,4 billones de pesos, equivalente a un recorte del 17,2%.
Durante la alocución, Petro ordenó al Ministerio de Educación investigar el caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años encontrada sin vida tras desaparecer de su colegio en Cajicá. “Hay que investigar. La niña murió ahí, al parecer, y eso significa codicia, en cambio de vida”, afirmó el presidente.
En materia de salud, habló de los datos presentados hace ocho días sobre salud, los cuales fueron cuestionados por expertos por usar cifras absolutas sin ajustar por población y gráficos sin contexto epidemiológico. “Si hubo problemas matemáticos de los cuadros fueron mínimos y no contradicen lo que acabo de decir”, afirmó.
El mandatario aseguró que los números reflejan cómo un sistema preventivo puede detener una epidemia y criticó a la Asociación Epidemiológica por no abordar la prevención de manera integral.
La alocución, que duró 1 hora y 15 minutos, incluyó críticas a la precandidata Claudia López, al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, al exalcalde Enrique Peñalosa y a varios gobernadores. Finalmente, el presidente habló sobre su próxima intervención en Naciones Unidas, donde presentará una propuesta sobre Palestina.
por Antonio Claros | Ago 27, 2025 | Tribuna de opinion

El Ejército le perdió el rastro a dos soldados profesionales: los uniformados completaron tres días desaparecidos después de sostener combates con las disidencias de las Farc en el departamento de Nariño.
Se trata de los soldados Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison García Rodríguez, ambos pertenecen a las tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 5.
La información oficial señala que, en la madrugada de este 24 de agosto, las tropas adelantaron un operativo de control territorial en el corregimiento de Damasco del municipio de Cumbitara. En medio de la operación se registró un enfrentamiento con los disidentes de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.
En medio del intercambio de disparos se produjo la desaparición de los dos uniformados.
“Resultan extraviados en un área de alta complejidad geográfica, los soldados profesionales Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison García Rodríguez”, apuntó el Ejército.
No es para menos, el municipio de Cumbitara está atravesado por el río el Patía y por los filos de la cordillera occidental.
El Ejército mantiene activados los protocolos de búsqueda, seguridad y reacción. Tiene desplegadas en la zona varias unidades de rastreo, reconocimiento y movilidad.
“Estos esfuerzos están siendo apoyados con aeronaves, equipos de comunicaciones y tecnología especializada, con el fin de garantizar la ubicación y recuperación segura de nuestros soldados”, apuntó la fuerza oficial.
“La Tercera División del Ejército Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa, la soberanía y la seguridad de los colombianos, al tiempo que expresa a las familias de los soldados extraviados todo el respaldo institucional y la certeza de que no se escatimarán esfuerzos para su pronta ubicación”, apuntó el comunicado.
por Antonio Claros | Ago 20, 2025 | Tribuna de opinion

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por destinar presuntamente de manera irregular los recursos que hacen parte de la unidad de pago por capitación (UPC).
Según la entidad, Cardona habría autorizado la constitución de un plan de ahorro voluntario, denominado ‘Plan Semilla’, por un valor superior a los $1.000 millones, con cargo a los recursos de la UPC, lo cual no está permitido.
Vale la pena recordar que la UPC es el dinero que el Estado le reconoce a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado para la atención en salud. El valor de ese rubro de determinado por el Ministerio de Salud a final de cada año.
De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, los dineros que fueron utilizados en la vigencia 2020, solo podían destinarse legal y constitucionalmente al aseguramiento en salud.
Sin embargo, Cardona habría autorizado que se manejaran dentro del rubro de gastos administrativos de la aseguradora. Un uso que no está permitido.
Para el ente de control disciplinario, Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Nueva EPS es la aseguradora más grande del país, pues cuenta con 10,8 millones de usuarios, y está intervenida por la Superintendencia de Salud desde abril de 2024.
Por su parte, Cardona emitió un comunicado de prensa en el que responde a esta formulación de cargos. Allí, dijo que “el Plan Semilla consistía en el aporte que hacía la empresa de seis días de salario al colaborador por el ahorro voluntario de doce días que realizaban al año”.
De igual manera, expresó que en Colombia es legal que las empresas otorguen beneficios para los empleados como apoyo a la educación de hijos, subsidios de vivienda, primas extralegales o bonos. “En Nueva EPS, el único beneficio de este tipo era el Plan Semilla”, indicó.
“En 2021, la Contraloría General de la República auditó la vigencia financiera de 2020 y reportó un hallazgo sobre el Plan Semilla. El caso fue trasladado a la Procuraduría”, agregó.
Finalmente, recordó que después de la revisión de los elementos probatorios, mediante auto del 17 de agosto de 2022, la Contraloría delegada para el sector salud ordenó el cierre y archivo de la indagación preliminar.