por Antonio Claros | Mar 26, 2026 | Tribuna de opinion
El Gobierno gastó más de 31 billones de pesos en contratos directos con Asociaciones Público-Populares, una figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, según reveló un diario. Esta figura había sido tumbada por la Corte Constitucional por ir en contra de la transparencia en la contratación pública.
Un derecho de petición de ese diario a Colombia Compra Eficiente mostró que durante este Gobierno se han firmado 80.734 contratos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos, asociaciones comunales y resguardos.
En múltiples ocasiones, estas organizaciones representarían la base política y electoral del Pacto Histórico.
¿Qué había tumbado la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional tumbó los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobados en 2023. Estos señalaban lo siguiente:
“Las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria.
Estos contratos se denominarán Asociaciones Público-Populares y podrán celebrarse para la ejecución de obras o la adquisición de bienes y servicios relacionados con la infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, entre otros”.
El alto tribunal consideró que el Gobierno se extralimitó por agregar un nuevo caso para contratar “a dedo” y sin especificar a quiénes aplicaba la regla. Es decir, la naturaleza de las Asociaciones mencionadas:
“Se consideró que el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”, argumentó la Corte.
¿Cómo se distribuyen los $31 billones en contratos?
A pesar de esto, el gobierno Petro invirtió más de 25 billones de pesos en 55.434 contratos con asociaciones comunales, más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios, más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos, más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos, más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal y más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas.
De los 55.434 contratos celebrados con asociaciones comunales, solo 7.309 (el 13,18%) por 4,7 billones aparecen como terminados. En el caso de los cabildos, 165, por 137.000 millones.
De los consejos comunitarios hay poco más de 1.000, por cerca de 300.000 millones, mientras que de las juntas de acción comunal hay 539 por 22.000 millones. Finalmente, de los cabildos indígenas, solo 48, por 17.000 millones y de los resguardos, 214, por 448.000 millones.
La mayoría de los contratos aparece en estados como “modificado”, “celebrado” y “en ejecución”. Por ello, entidades como la Contraloría han alertado sobre el manejo que han dado estas organizaciones a estos recursos que son billonarios, pero que no se ven materializados en las obras públicas prometidas.
Según un informe del ente de control, la política de Caminos para la Paz que utilizó este tipo de contratación, fracasó. Hasta 2025, de los 33.000 kilómetros de vías rurales o “caminos ancestrales” que prometió el gobierno Petro, apenas se habían construido 2.387 kilómetros: apenas el 7 % del objetivo.
Entidades que han criticado el modelo de contratación
Los reparos ya se habían hecho públicos. Por ejemplo, en 2023, durante la discusión del PND, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Juan Martín Caicedo alertó que este tipo de contratación directa “promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones”.
Para esta organización era incongruente que las asociaciones comunales ejecutaran labores especializadas para las que se requieren profesionales capacitados.
Otra de las alarmas fue sobre la Ley 80 o estatuto de contratación pública para contratar de forma directa. De esa manera se abría la puerta a posibles hechos de corrupción.
A su vez, la CCI advirtió las razones que luego llevarían a la Corte a declarar inconstitucionales los artículos: restricciones a la pluralidad de oferentes y la afectación a la libre competencia en los procesos de contratación.
Según la organización, esto conduciría a la adjudicación de contratos sin estudios ni diseños suficientes, y con el riesgo de que los recursos no alcancen y las obras queden inconclusas o con bajos estándares de calidad.
¿Qué dijo la Procuraduría?
El 13 de mayo de 2025, el procurador general Gregorio Eljach envió su concepto a la Corte y defendió esta forma de contratación al pedir que se declarara su exequibilidad.
La entidad señaló que “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional”, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional.
El Ministerio Público agregó que la contratación directa con Asociaciones Público-Populares, como estaba contemplada en los artículos del PND, estaba debidamente regulada:
“Las disposiciones demandadas permiten la contratación directa en unos casos específicos y bajo unas reglas claras en las que se debe respetar la legislación contractual (Leyes 1150 de 2007 y 80 de 1993)”, se lee en ese concepto.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué son las Asociaciones Público-Populares?
Son esquemas de contratación directa creados en el Plan Nacional de Desarrollo para ejecutar obras con organizaciones comunitarias, sin licitación tradicional.
¿Por qué la Corte Constitucional las declaró inconstitucionales?
Porque permitían contratación directa sin claridad sobre beneficiarios, afectando principios como transparencia, competencia y reserva de ley.
¿Qué entidades han alertado sobre estos contratos?
La Contraloría y la Cámara Colombiana de Infraestructura han advertido riesgos de baja ejecución, falta de capacidad técnica y posibles problemas de corrupción.
por Antonio Claros | Mar 19, 2026 | Tribuna de opinion
En medio de las dificultades que enfrenta el sistema de salud en Colombia, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hizo un llamado directo a los candidatos presidenciales para que presenten propuestas claras y viables que permitan estabilizar el sector, actualmente afectado por problemas financieros y operativos.
A través de una carta abierta, el gremio médico —que agrupa a más de 70 especialidades— expresó su intención de abrir un espacio de diálogo enfocado en soluciones técnicas, dejando de lado intereses políticos o ideológicos. La organización busca que el debate sobre el futuro del sistema de salud se centre en medidas concretas que respondan a la crisis actual y garanticen la continuidad en la atención de los pacientes.
El presidente de la asociación, el médico intensivista Agamenón Quintero, aseguró que el país no requiere una reforma estructural profunda, como se ha planteado en distintos escenarios, sino ajustes urgentes que fortalezcan el modelo existente. En ese sentido, destacó la importancia de preservar la articulación entre los sectores público y privado, considerada uno de los pilares del sistema de salud colombiano.
Entre las principales propuestas del gremio se encuentra el fortalecimiento de la gestión del riesgo financiero, así como una mayor vigilancia sobre el uso de los recursos destinados a la salud. También plantean la creación de un estatuto que regule la contratación del talento humano, con el objetivo de enfrentar la precarización laboral que afecta a médicos y demás profesionales del sector.
Además, la asociación insiste en la necesidad de implementar de manera efectiva un modelo de Atención Primaria en Salud, que permita mejorar el acceso y la prevención de enfermedades. A esto se suma la propuesta de crear centros especializados para el manejo de patologías de alto costo, raras y huérfanas, así como el reconocimiento de la autonomía profesional de los médicos, acompañado de mecanismos de autorregulación.
El llamado también incluye la regulación de los procesos de recertificación médica y el fortalecimiento de la formación de nuevos profesionales, como parte de una estrategia integral orientada a mejorar la calidad del servicio y responder a las demandas crecientes del sistema.
Finalmente, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas reiteraron su disposición para escuchar las propuestas de los aspirantes a la Presidencia, con el fin de construir soluciones conjuntas que permitan garantizar la sostenibilidad, eficiencia y calidad del sistema de salud en Colombia.
por Antonio Claros | Mar 12, 2026 | Tribuna de opinion
El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar de urgencia contra el Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud. Con ese documento pretendían limitar cuántas EPS pueden operar en un municipio según su número de habitantes.
Esa normatividad contemplaba traslados obligatorios masivos de cerca de 6.000.000 de usuarios entre EPS, de los cuales 2.600.000 serían trasladados a la Nueva EPS.
En su decisión, esa instancia judicial señaló que deben abstenerse de materializar las disposiciones contenidas en el decreto que está relacionado con la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, “hasta que se decida de fondo el asunto mediante sentencia”.
Esa institución consideró que existen indicios suficientes de que la norma podría afectar derechos colectivos relacionados con el acceso al servicio de salud, la libre elección de los usuarios y la libre competencia dentro del sistema de aseguramiento. La decisión fue adoptada mediante una medida cautelar dentro de una acción popular que cuestiona el nuevo modelo de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional.
En la providencia se advierte que el decreto reorganiza el aseguramiento en salud bajo criterios poblacionales y territoriales que, en la práctica, podrían reducir la presencia de varias entidades promotoras de salud (EPS) en distintos territorios y concentrar la prestación del servicio en un solo operador. En particular, el tribunal señala que el modelo podría terminar favoreciendo a la Nueva EPS como principal aseguradora en amplias zonas del país.
Según las pruebas presentadas en la demanda, la aplicación del decreto implicaría que en 502 municipios de Colombia la Nueva EPS quedaría como la única entidad autorizada para operar simultáneamente en los regímenes contributivo y subsidiado. Esto ocurriría porque muchos usuarios están afiliados a esa entidad o porque serían trasladados de manera obligatoria tras la revocatoria de autorizaciones de otras EPS en esos territorios.
Para el tribunal, esa situación podría eliminar en la práctica la libertad de elección de los usuarios del sistema de salud, un principio reconocido en la ley colombiana. Antes de la expedición del decreto, en varios de esos municipios existía la presencia de dos, tres o incluso cinco EPS, lo que permitía cierto grado de competencia y decisión por parte de los afiliados.
La providencia advierte que la reorganización podría afectar la estructura competitiva del sistema. Según el análisis judicial, varias aseguradoras perderían autorización para operar en numerosos municipios, lo que reduciría drásticamente su base de afiliados y podría generar tensiones financieras que incluso pondrían en riesgo su viabilidad.
Así mismo, el tribunal manifestó preocupación por la capacidad de la Nueva EPS para asumir un aumento masivo de afiliados. La decisión recuerda que esta entidad se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024 por problemas financieros y fallas en la prestación del servicio, lo que genera dudas sobre su capacidad real para absorber la población que sería trasladada.
La sentencia también cuestiona la solidez técnica del estudio que sirvió de base para la expedición del decreto. Según la corporación judicial, el documento no explica con claridad los criterios utilizados para establecer umbrales de participación territorial de las EPS ni justifica adecuadamente por qué determinados porcentajes de afiliación serían necesarios para la viabilidad de las entidades en cada nivel territorial.
En ese contexto, concluyó que la reorganización del aseguramiento podría generar efectos estructurales sobre el sistema de salud, al concentrar la operación en un número reducido de entidades y, en algunos casos, en una sola. Esto, según la providencia, podría amenazar derechos colectivos como el acceso eficiente y oportuno a los servicios de salud, la salubridad pública, los derechos de los usuarios y la libre competencia.
Por estas razones, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia abstenerse de aplicar las disposiciones del decreto 182 de 2026 mientras se resuelve de fondo la acción popular. La medida busca evitar un posible perjuicio irremediable para los usuarios del sistema y preservar provisionalmente el objeto del proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
¿Lo van cambiar de EPS por el nuevo decreto del Gobierno?
No por ahora. El Tribunal de Antioquia ordenó suspender cualquier traslado masivo derivado del Decreto 182 de 2026. Usted mantiene su afiliación actual hasta que la justicia dicte una sentencia definitiva.
¿Qué es el “enfoque territorial” en salud que propone el Ministerio?
Es un modelo que busca limitar el número de EPS que operan en un municipio según su población. El objetivo del Gobierno es unificar el aseguramiento, pero la justicia considera que esto elimina el derecho a elegir quién presta el servicio.
¿Cómo afecta esta decisión a los habitantes de Antioquia?
Antioquia es la sede de la decisión judicial y uno de los departamentos con mayor diversidad de EPS. El fallo protege la permanencia de estas entidades frente a la intención de centralizar el servicio en la Nueva EPS.
por Antonio Claros | Mar 6, 2026 | Tribuna de opinion
En medio de la crisis financiera que vive el sistema de salud, cuyo presupuesto ha crecido por debajo de la demanda de servicios que hay en el país, se siguen conociendo decisiones presupuestales que han tomado las entidades del sector. Esta vez los reflectores están sobre la superintendencia del ramo.
Una denuncia del representante a la Cámara y candidato al Senado Andrés Forero (Centro Democrático) reveló que los contratos por prestación de servicio en esa entidad se han incrementado en los últimos cuatro años.
Según la información publicada por el congresista, los contratos por orden de prestación de servicios subieron en un 719 % entre 2022 y 2026, es decir, en lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esto quiere decir que en 2022 llegaron 57 contratistas, a quienes se les pagó $4.473 millones; en 2023 llegaron 135, quienes devengaron sueldos de $3.917 millones; en 2024 llegaron 138, que ganaron $7.031 millones; en 2025 se contrataron 311 y en sus sueldos se fueron $12.876 millones.
El incremento más pronunciado se vio en lo que va de 2026, pues se firmaron 467 contratos bajo esa modalidad, que tuvo un pago de $46.703 millones.
Lo preocupante de esta denuncia es la cantidad de contratistas que llegaron a la Superintendencia de Salud en enero de 2026: es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Y, así mismo, la diferencia que hay en comparación con los años anteriores.
Entre el 1 y 30 de enero de 2022 esa entidad firmó 46 contratos por prestación de servicios, que sumaron $4.158 millones; en los mismos días de 2023 se firmaron tres, que juntaron $217 millones; en el mismo rango de fechas de 2024 se celebraron 20, que requirieron un pago de $120 millones, y en los mismos días de 2025 hubo 15 contratistas, que reunieron pagos por $1.355 millones.
Sin embargo, entre el 1 y el 30 de enero de 2026 llegaron 467 contratistas a la Supersalud, cuyos salarios acumularon $46.703 millones.
Esto quiere decir que, comparando 2022 y 2026 (años con Ley de Garantías por elecciones), la cantidad de contratos por prestación de servicios se incrementó en un 915 %, mientras que el dinero público que se usó para pagarlos subió en un 1.022 %.
“Lo de Bernardo Camacho (superintendente) y la Supersalud es obsceno. Su prioridad no es la salud, sino contratar ejércitos electorales. Y en medio del derroche mueren pacientes”, aseguró el congresista Andrés Forero.
por Antonio Claros | Feb 28, 2026 | Tribuna de opinion
Luego de que el Gobierno expidiera un decreto que obliga a transferir millones de usuarios a Nueva EPS, fue radicada ante el Consejo de Estado una solicitud de apertura de incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La acción se conoce en medio de advertencias sobre la capacidad crítica de la entidad, a la que el Gobierno ahora estaría buscando trasladarle de forma obligatoria cerca de 2,6 millones de afiliados en otras EPS.
Según el candidato al Senado por el Centro Democrático, Andrés Forero, la decisión desconocería órdenes del Consejo de Estado. Por ello, anunció que ya solicitó la apertura de un incidente de desacato contra el funcionario y la suspensión del nuevo decreto relacionado con la medida.
En un mensaje que compartió a través de su cuenta en X (antes Twitter), Forero aseguró que ya fue “radicada ante el @consejodeestadola solicitud de apertura de incidente de desacato contra @GA_Jaramillo por reproducir el contenido de un decreto suspendido”.
Además, confirmó que también pidió que se suspendiera de manera provisional el nuevo decreto el 0182. “¡Seguimos defendiendo a los pacientes!”, remató.
Cuestionamientos a decreto del Ministerio de Salud
De acuerdo con la petición, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, habría desconocido la decisión previa del alto tribunal, al expedir esta nueva normativa que, según el recurso presentado, mantiene disposiciones sustancialmente similares a las del decreto suspendido.
Por su parte, Forero cuestionó duramente al ministro de Salud Jaramillo por esta intención de trasladar afiliados a la Nueva EPS.
Forero afirmó que es “inaceptable lo que está haciendo el ministro”, al señalar que, mientras el país lamenta casos como el de Kevin Acosta —menor que falleció por falta de medicamentos para tratar su hemofilia— y el de doña Cecilia —una adulta mayor que murió en un dispensario mientras esperaba medicinas—, ambos afiliados a la Nueva EPS, el jefe de la cartera de Salud ahora buscaría trasladar de forma forzosa cerca de 2,6 millones de personas desde otras EPS que, a su juicio, presentan mejores indicadores.
Esas entidades serían EPS Sura y EPS Sanitas, que, según el congresista, “están funcionando mejor”. Y advirtió que la Nueva EPS “se está cayendo a pedazos”, mientras permanece intervenida por el Gobierno nacional.
Es por ello que redicó este incidente de desacato ante el Consejo de Estado. Forero aseguró que va a “pedir que suspenda este nuevo decreto” y que “el ministro Jaramillo no puede seguir burlándose del Congreso y de la justicia, y no puede seguir burlándose de los pacientes. Esperemos que nuevamente, como sucedió con el decreto 0858, el Consejo de Estado se ponga del lado de los pacientes y suspenda este experimento”.
