por Antonio Claros | Abr 10, 2026 | Tribuna de opinion
Para marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) observó una variación anualizada de 5,56%, dato mayor el 5,09% observado hace un año.
En el último año, presionaron el costo de vida de los colombianos las divisiones de restaurantes y hoteles, salud, educación, bebidas alcohólicas y tabaco, alimentos y bebidas no alcohólicas, y servicios diversos, que se ubicaron por encima del promedio nacional de 5,56%.
La cifra, según el reporte entregado anoche por Piedad Urdinola, directora del Dane, es la más alta en los últimos 18 meses. De esta manera se confirman las observaciones de la mayoría de miembros de la junta directiva del Banco de la República, que tuvo en cuenta esta dinámica para votar a favor de un aumento de la tasa de interés de política monetaria y fijarla en 11,25%.
“Las expectativas de inflación total continúan elevadas y alejadas de la meta”, se lee en la minutas de reunión de junta, publicadas el martes, las cuales no han sido aprobadas por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en un hecho inédito.
Entre tanto, las divisiones de muebles, artículos para el hogar, información y comunicación, transporte, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, prendas de vestir y calzado y recreación y cultura se ubicaron por debajo del promedio nacional.
Por ciudades, Pereira (6,48%), Medellín (6,39%) y Manizales (5,9%) encabezaron el top 3 de las de mayores variaciones del IPC anualizado.
En contraste, Santa Marta (3,58%), Valledupar (3,65%) y Riohacha (3,69%) apreciaron variaciones menores al promedio nacional.
El análisis
Desde la perspectiva de María Alejandra Martínez, jefe de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, el dato de inflación de marzo sorprendió al alza, lo que confirma que la dinámica de precios en Colombia ha entrado en una fase compleja.
“Lejos de consolidar una senda de estabilización, la inflación retoma presiones importantes, particularmente en componentes clave como alimentos y vivienda, que explicaron cerca de dos tercios de la variación mensual”, anotó la analista.
Añadió que las cifras del Dane refuerzan la idea de que la moderación observada previamente fue transitoria. “De cara a los próximos meses, esperamos que la inflación continúe acelerándose en el corto plazo, con la variación anual acercándose al 6% durante el segundo trimestre del año”, añadió.
Igualmente, resaltó que este comportamiento estaría explicado por varios factores concurrentes: el efecto rezagado de la indexación al salario mínimo, que sigue presionando especialmente los servicios (como arriendos y restaurantes); el repunte en alimentos, influenciado por condiciones climáticas adversas; y mayores presiones en regulados, particularmente en electricidad.
“La combinación de estos elementos sugiere que las presiones inflacionarias no solo persisten, sino que podrían ser más duraderas de lo previsto inicialmente”, sugirió Martínez.
Las apreciaciones de la jefa de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores coinciden con la presentación del Dane, en el sentido de que las mayores contribuciones al aumento del IPC corresponde a los gastos de las familias correspondientes a alojamiento y servicios públicos como acueducto, electricidad y gas.
Y si bien, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X ha insistido en que “la inflación reciente en Colombia (controlada además) no responde exclusivamente a un exceso de demanda interna, sino a factores de oferta: choques climáticos, costos importados por las guerras, presión externa sobre combustibles, entre otros”, las explicaciones de la directora del Dane no le conceden del todo la razón.
Urdinola estimó que las contribuciones positivas al IPC en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, para el mes de marzo, obedecieron a las dinámicas apreciadas en servicios como la recolección de basuras, gas, pagos en conjuntos residenciales y electricidad.
En este punto, el analista de coyuntura económica, Alejandro Jaramillo, opinó que el aumento de la inflación corresponde al hecho de que establecer “el bienestar por decreto dura un momento, pero el golpe al bolsillo llega después. Subir salarios sin productividad ni crecimiento real termina encareciendo todo: comida, transporte y servicios. Populismo hoy, costo de vida y endeudamiento mañana”.
Tampoco sale bien librado el análisis del presidente Petro, cuando desde el Dane se indica la variación ascendente que en el último año tienen el IPC de la carne de res, la papa, las frutas frescas, los plátanos, los tomates y la leche.
Dinámica del IPC en marzo
Para el tercer mes de este 2026, el IPC tuvo una variación de 0,78%, mayor al 0,52% reportado en el mismo mes del año anterior.
Ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: información y comunicación (2,96%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%), salud (1,06%), bienes y servicios diversos (0,95%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,90%), recreación y cultura (0,88%), restaurantes y hoteles (0,86%) y por último, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,85%).
El alza de 2,96% reportada para marzo en información y comunicación, fue calificada por la directora del Dane como una sorpresa, pues este fue un rubro que estuvo en negativo durante los últimos 5 meses, pero la actualización de precios de los planes de los diversos operadores disparó el IPC de este servicio.
La inflación para Medellín en marzo se ubicó en 0,97%, presionada por los gastos de los hogares correspondientes a alojamiento, frutas frescas y gas. En contraste, las menores variaciones se vieron en los grupos de combustibles, carne de cerdo y licores como el whisky y el ron.
por Antonio Claros | Mar 31, 2026 | Tribuna de opinion
Con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, este martes la Iglesia Católica –a través de monseñor Héctor Fabio Henao–, elevó un llamado a la reflexión a propósito del arranque de la Semana Santa y la víspera del periodo electoral que definirá al próximo inquilino de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.
Según monseñor, quien también hace las veces de delegado en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las elecciones “van a tener importancia indudablemente significativa”, por lo que instó a que haya compromisos espirituales, pero también democráticos.
“Es un llamado a reflexionar también sobre nuestra responsabilidad ciudadana y nuestra capacidad de volver nuestra espiritualidad práctica en el momento de elegir y en el momento también de saber asumir las responsabilidades propias de nuestra condición de miembros de una sociedad en la cual se ejerce la democracia”, manifestó Henao en diálogo con la emisora Blu Radio.
Monseñor, quien insistió en ejercer el voto de manera consciente, pidió también a hacer frente a líos y problemáticas que perturban la democracia, como la polarización o la violencia.
“La Iglesia ha venido insistiendo, y lo hace particularmente en la Semana Santa, en la necesidad de un cambio radical de actitudes que nos lleva a dejar la violencia y abrazar el camino del diálogo y del entendimiento. En ese sentido, nuestro llamado va a seguir siendo ese, insistiremos en que el camino es el diálogo”, agregó.
Por otro lado, monseñor Henao reivindicó el respeto por la vida y la dignidad de cada persona, teniendo como derrotero el diálogo sobre la violencia.
“Para la Iglesia, es clave insistir en el respeto por la vida de todos los pobladores, no puede ser que nos entendamos a la base de intimidaciones y asesinatos. El respeto por la dignidad de cada persona, lo cual significa que no está dentro de nuestra perspectiva el aceptar que se atropelle la dignidad de las personas, pero también insistir continuamente en la importancia del diálogo como camino e insistir en que todo lo tomemos profundamente en seriedad”, agregó.
Previamente, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), a través de su Departamento de Doctrina, presentó un texto para la meditación del viacrucis en esta Semana Santa 2026. “Es una guía que, bajo el lema ‘Cristo camina hoy con el pueblo colombiano’, propone a las comunidades de fe contemplar la pasión de Jesús desde las realidades concretas del país, marcadas por el sufrimiento, pero también por la esperanza y la posibilidad de transformación”.
El texto alerta por situaciones como la violencia, la pobreza, el desplazamiento, la exclusión y la búsqueda de justicia y paz. “Cristo no es ajeno a la historia de Colombia, sino que camina con su pueblo, carga sus heridas y se hace presente en quienes más sufren”, sostuvo la CEC.
En esa línea, el documento propone una lectura de la realidad nacional, en la que las caídas de Jesús evocan las caídas del país: procesos de paz frustrados, promesas incumplidas y heridas que no terminan de cerrar.
“Sin embargo, lejos de una visión fatalista, el texto insiste en la esperanza. La resurrección, última estación del camino, se presenta como una invitación a creer que la muerte no tiene la última palabra y que es posible construir un futuro distinto”, precisa el texto.
Además, se pide trabajar por la verdad, la reconciliación y la paz incluso en medio de la adversidad. “La resurrección no significa olvidar el dolor, sino creer que la injusticia no es destino”, señala una de las reflexiones finales.
por Antonio Claros | Mar 26, 2026 | Tribuna de opinion
El Gobierno gastó más de 31 billones de pesos en contratos directos con Asociaciones Público-Populares, una figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, según reveló un diario. Esta figura había sido tumbada por la Corte Constitucional por ir en contra de la transparencia en la contratación pública.
Un derecho de petición de ese diario a Colombia Compra Eficiente mostró que durante este Gobierno se han firmado 80.734 contratos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos, asociaciones comunales y resguardos.
En múltiples ocasiones, estas organizaciones representarían la base política y electoral del Pacto Histórico.
¿Qué había tumbado la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional tumbó los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobados en 2023. Estos señalaban lo siguiente:
“Las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria.
Estos contratos se denominarán Asociaciones Público-Populares y podrán celebrarse para la ejecución de obras o la adquisición de bienes y servicios relacionados con la infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, entre otros”.
El alto tribunal consideró que el Gobierno se extralimitó por agregar un nuevo caso para contratar “a dedo” y sin especificar a quiénes aplicaba la regla. Es decir, la naturaleza de las Asociaciones mencionadas:
“Se consideró que el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”, argumentó la Corte.
¿Cómo se distribuyen los $31 billones en contratos?
A pesar de esto, el gobierno Petro invirtió más de 25 billones de pesos en 55.434 contratos con asociaciones comunales, más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios, más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos, más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos, más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal y más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas.
De los 55.434 contratos celebrados con asociaciones comunales, solo 7.309 (el 13,18%) por 4,7 billones aparecen como terminados. En el caso de los cabildos, 165, por 137.000 millones.
De los consejos comunitarios hay poco más de 1.000, por cerca de 300.000 millones, mientras que de las juntas de acción comunal hay 539 por 22.000 millones. Finalmente, de los cabildos indígenas, solo 48, por 17.000 millones y de los resguardos, 214, por 448.000 millones.
La mayoría de los contratos aparece en estados como “modificado”, “celebrado” y “en ejecución”. Por ello, entidades como la Contraloría han alertado sobre el manejo que han dado estas organizaciones a estos recursos que son billonarios, pero que no se ven materializados en las obras públicas prometidas.
Según un informe del ente de control, la política de Caminos para la Paz que utilizó este tipo de contratación, fracasó. Hasta 2025, de los 33.000 kilómetros de vías rurales o “caminos ancestrales” que prometió el gobierno Petro, apenas se habían construido 2.387 kilómetros: apenas el 7 % del objetivo.
Entidades que han criticado el modelo de contratación
Los reparos ya se habían hecho públicos. Por ejemplo, en 2023, durante la discusión del PND, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Juan Martín Caicedo alertó que este tipo de contratación directa “promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones”.
Para esta organización era incongruente que las asociaciones comunales ejecutaran labores especializadas para las que se requieren profesionales capacitados.
Otra de las alarmas fue sobre la Ley 80 o estatuto de contratación pública para contratar de forma directa. De esa manera se abría la puerta a posibles hechos de corrupción.
A su vez, la CCI advirtió las razones que luego llevarían a la Corte a declarar inconstitucionales los artículos: restricciones a la pluralidad de oferentes y la afectación a la libre competencia en los procesos de contratación.
Según la organización, esto conduciría a la adjudicación de contratos sin estudios ni diseños suficientes, y con el riesgo de que los recursos no alcancen y las obras queden inconclusas o con bajos estándares de calidad.
¿Qué dijo la Procuraduría?
El 13 de mayo de 2025, el procurador general Gregorio Eljach envió su concepto a la Corte y defendió esta forma de contratación al pedir que se declarara su exequibilidad.
La entidad señaló que “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional”, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional.
El Ministerio Público agregó que la contratación directa con Asociaciones Público-Populares, como estaba contemplada en los artículos del PND, estaba debidamente regulada:
“Las disposiciones demandadas permiten la contratación directa en unos casos específicos y bajo unas reglas claras en las que se debe respetar la legislación contractual (Leyes 1150 de 2007 y 80 de 1993)”, se lee en ese concepto.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué son las Asociaciones Público-Populares?
Son esquemas de contratación directa creados en el Plan Nacional de Desarrollo para ejecutar obras con organizaciones comunitarias, sin licitación tradicional.
¿Por qué la Corte Constitucional las declaró inconstitucionales?
Porque permitían contratación directa sin claridad sobre beneficiarios, afectando principios como transparencia, competencia y reserva de ley.
¿Qué entidades han alertado sobre estos contratos?
La Contraloría y la Cámara Colombiana de Infraestructura han advertido riesgos de baja ejecución, falta de capacidad técnica y posibles problemas de corrupción.
por Antonio Claros | Mar 19, 2026 | Tribuna de opinion
En medio de las dificultades que enfrenta el sistema de salud en Colombia, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hizo un llamado directo a los candidatos presidenciales para que presenten propuestas claras y viables que permitan estabilizar el sector, actualmente afectado por problemas financieros y operativos.
A través de una carta abierta, el gremio médico —que agrupa a más de 70 especialidades— expresó su intención de abrir un espacio de diálogo enfocado en soluciones técnicas, dejando de lado intereses políticos o ideológicos. La organización busca que el debate sobre el futuro del sistema de salud se centre en medidas concretas que respondan a la crisis actual y garanticen la continuidad en la atención de los pacientes.
El presidente de la asociación, el médico intensivista Agamenón Quintero, aseguró que el país no requiere una reforma estructural profunda, como se ha planteado en distintos escenarios, sino ajustes urgentes que fortalezcan el modelo existente. En ese sentido, destacó la importancia de preservar la articulación entre los sectores público y privado, considerada uno de los pilares del sistema de salud colombiano.
Entre las principales propuestas del gremio se encuentra el fortalecimiento de la gestión del riesgo financiero, así como una mayor vigilancia sobre el uso de los recursos destinados a la salud. También plantean la creación de un estatuto que regule la contratación del talento humano, con el objetivo de enfrentar la precarización laboral que afecta a médicos y demás profesionales del sector.
Además, la asociación insiste en la necesidad de implementar de manera efectiva un modelo de Atención Primaria en Salud, que permita mejorar el acceso y la prevención de enfermedades. A esto se suma la propuesta de crear centros especializados para el manejo de patologías de alto costo, raras y huérfanas, así como el reconocimiento de la autonomía profesional de los médicos, acompañado de mecanismos de autorregulación.
El llamado también incluye la regulación de los procesos de recertificación médica y el fortalecimiento de la formación de nuevos profesionales, como parte de una estrategia integral orientada a mejorar la calidad del servicio y responder a las demandas crecientes del sistema.
Finalmente, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas reiteraron su disposición para escuchar las propuestas de los aspirantes a la Presidencia, con el fin de construir soluciones conjuntas que permitan garantizar la sostenibilidad, eficiencia y calidad del sistema de salud en Colombia.
por Antonio Claros | Mar 12, 2026 | Tribuna de opinion
El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar de urgencia contra el Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud. Con ese documento pretendían limitar cuántas EPS pueden operar en un municipio según su número de habitantes.
Esa normatividad contemplaba traslados obligatorios masivos de cerca de 6.000.000 de usuarios entre EPS, de los cuales 2.600.000 serían trasladados a la Nueva EPS.
En su decisión, esa instancia judicial señaló que deben abstenerse de materializar las disposiciones contenidas en el decreto que está relacionado con la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, “hasta que se decida de fondo el asunto mediante sentencia”.
Esa institución consideró que existen indicios suficientes de que la norma podría afectar derechos colectivos relacionados con el acceso al servicio de salud, la libre elección de los usuarios y la libre competencia dentro del sistema de aseguramiento. La decisión fue adoptada mediante una medida cautelar dentro de una acción popular que cuestiona el nuevo modelo de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional.
En la providencia se advierte que el decreto reorganiza el aseguramiento en salud bajo criterios poblacionales y territoriales que, en la práctica, podrían reducir la presencia de varias entidades promotoras de salud (EPS) en distintos territorios y concentrar la prestación del servicio en un solo operador. En particular, el tribunal señala que el modelo podría terminar favoreciendo a la Nueva EPS como principal aseguradora en amplias zonas del país.
Según las pruebas presentadas en la demanda, la aplicación del decreto implicaría que en 502 municipios de Colombia la Nueva EPS quedaría como la única entidad autorizada para operar simultáneamente en los regímenes contributivo y subsidiado. Esto ocurriría porque muchos usuarios están afiliados a esa entidad o porque serían trasladados de manera obligatoria tras la revocatoria de autorizaciones de otras EPS en esos territorios.
Para el tribunal, esa situación podría eliminar en la práctica la libertad de elección de los usuarios del sistema de salud, un principio reconocido en la ley colombiana. Antes de la expedición del decreto, en varios de esos municipios existía la presencia de dos, tres o incluso cinco EPS, lo que permitía cierto grado de competencia y decisión por parte de los afiliados.
La providencia advierte que la reorganización podría afectar la estructura competitiva del sistema. Según el análisis judicial, varias aseguradoras perderían autorización para operar en numerosos municipios, lo que reduciría drásticamente su base de afiliados y podría generar tensiones financieras que incluso pondrían en riesgo su viabilidad.
Así mismo, el tribunal manifestó preocupación por la capacidad de la Nueva EPS para asumir un aumento masivo de afiliados. La decisión recuerda que esta entidad se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024 por problemas financieros y fallas en la prestación del servicio, lo que genera dudas sobre su capacidad real para absorber la población que sería trasladada.
La sentencia también cuestiona la solidez técnica del estudio que sirvió de base para la expedición del decreto. Según la corporación judicial, el documento no explica con claridad los criterios utilizados para establecer umbrales de participación territorial de las EPS ni justifica adecuadamente por qué determinados porcentajes de afiliación serían necesarios para la viabilidad de las entidades en cada nivel territorial.
En ese contexto, concluyó que la reorganización del aseguramiento podría generar efectos estructurales sobre el sistema de salud, al concentrar la operación en un número reducido de entidades y, en algunos casos, en una sola. Esto, según la providencia, podría amenazar derechos colectivos como el acceso eficiente y oportuno a los servicios de salud, la salubridad pública, los derechos de los usuarios y la libre competencia.
Por estas razones, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia abstenerse de aplicar las disposiciones del decreto 182 de 2026 mientras se resuelve de fondo la acción popular. La medida busca evitar un posible perjuicio irremediable para los usuarios del sistema y preservar provisionalmente el objeto del proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
¿Lo van cambiar de EPS por el nuevo decreto del Gobierno?
No por ahora. El Tribunal de Antioquia ordenó suspender cualquier traslado masivo derivado del Decreto 182 de 2026. Usted mantiene su afiliación actual hasta que la justicia dicte una sentencia definitiva.
¿Qué es el “enfoque territorial” en salud que propone el Ministerio?
Es un modelo que busca limitar el número de EPS que operan en un municipio según su población. El objetivo del Gobierno es unificar el aseguramiento, pero la justicia considera que esto elimina el derecho a elegir quién presta el servicio.
¿Cómo afecta esta decisión a los habitantes de Antioquia?
Antioquia es la sede de la decisión judicial y uno de los departamentos con mayor diversidad de EPS. El fallo protege la permanencia de estas entidades frente a la intención de centralizar el servicio en la Nueva EPS.
