por Antonio Claros | Nov 13, 2024 | Tribuna de opinion
Este miércoles, el presidente Gustavo Petro tiene previsto viajar a Chocó, un departamento que está viviendo los efectos de la fuerte ola invernal que azota al país. Además, esta región está sometida al paro armado de la guerrilla del ELN.
El mandatario se verá con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, quien ha liderado las ayudas en las zonas más afectadas por las lluvias como el Alto Baudó, donde las inundaciones arrasaron varias casas.
En el departamento del Chocó, el más afectado por las lluvias, se han reportado preliminarmente más de 30.000 familias damnificadas y afectaciones en 27 de los 31 municipios del departamento. El gobierno departamental declaró la Calamidad Pública por seis meses y la urgencia manifiesta, con el fin de priorizar la atención a las comunidades damnificadas.
El Gobierno destinó $2.500 millones para atender la emergencia en el departamento respecto necesidades urgentes de la población. Para responder a esta emergencia en el Chocó, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) envió un equipo técnico que se encuentra en Quibdó.
Pero también el Ejecutivo está a la espera de ayuda internacional. Para ello, el canciller Luis Gilberto Murillo, desde la COP29 en Azerbaiyán (donde iba a asistir el presidente Petro) está adelantado todas las gestiones.
El lunes pasado, el presidente Petro hizo la declaración de desastre nacional.
“Esta declaratoria busca facilitar la movilización de recursos necesarios para atender a los damnificados en todo el país y mitigar los efectos negativos de las inundaciones y las sequías”, dijo la Ungrd.
El jueves, el jefe de Estado se trasladará a la Alta Guajira para tomar nota de las emergencias en ese departamento.
por Antonio Claros | Nov 6, 2024 | Tribuna de opinion
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, confirmó este miércoles que el Gobierno de Gustavo Petro formalizó ante Naciones Unidas una solicitud para que se revisen y actualicen las convenciones con las que ese organismo mide la cantidad de hectáreas de coca en Colombia.
Lo anterior, luego de qué días atrás, el primer mandatario reaccionó a un informe de la ONU, en el que se advirtió que la producción de cocaína se había disparado, por lo que Petro instó a revisar la metodología.
“Lo que se planteó durante la reunión es que tenemos que revisar algunos aspectos metodológicos del informe”, declaró en su momento el propio Murillo tras una reunión con el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres. Lo anterior, en el marco de la COP16.
Según explicó en su momento Murillo, “en la metodología hay aspectos que son muy discrecionales. Aunque los cultivos no aumentaron sustancialmente –solo en un 10 %, es decir se mantiene–, las áreas no se expandieron”. Sin embargo, Naciones Unidas calcula que la producción potencial de cocaína pasó de 1.738 toneladas a 2.664 toneladas entre 2022 y 2023.
Este miércoles, el canciller manifestó que “el presidente Gustavo Petro ha solicitado la creación de un panel de expertos que revise estos temas y pueda proponer una actualización de las convenciones. Esta propuesta, que fue hecha en Cali también y que ya hemos formalizado por canales diplomáticos, ha sido de buen recibo por parte del secretario”.
De acuerdo con el canciller, este tipo de discusiones contribuirán a “nutrir las recomendaciones que pueda hacer este panel. Hay muchas posibilidades. La más reciente tiene que ver con biocombustibles”, precisó.
El pasado viernes, Petro planteó la necesidad de replantear la estrategia contra las drogas, tanto en Colombia como en el ámbito global, “de comprobarse que la productividad de la hoja de coca en el país se duplicó, tal como lo sostiene un reciente informe de una Agencia de las Naciones Unidas”, según reportó Presidencia.
“Estamos metidos en algo que no debemos meternos, tenemos que cambiar la estrategia, la táctica, nuestra propia lucha internacional, nuestras relaciones internacionales”, sostuvo Petro en el acto de graduación de 283 subtenientes de la Policía en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander.
El mandatario cuestionó el informe de Naciones Unidas, que señala que productividad de la hoja de coca se duplicó en un año, “eso es lo que me da dudas, porque no he observado ningún cultivo en el mundo que en un año duplique eso, pero solo digo que son dudas, como todo estudio científico, pues hay que examinar”, expresó.
por Antonio Claros | Oct 29, 2024 | Tribuna de opinion
De cada $1.000 que el Gobierno Nacional recauda por concepto de ingresos corrientes, solo $238 se destinan a municipios, distritos y departamentos. Es decir, apenas un 23,8 %. Esa destinación –según analistas–, no solo contribuye al centralismo que persiste en Colombia, sino que explica parte de la desigualdad que se arraiga en ciertos territorios y que, en la mayoría, se traduce en pobreza y violencia.
Por ello, un grupo de congresistas –en cabeza del partido En Marcha, del hoy ministro Juan Fernando Cristo– tramita desde hace varios meses un proyecto de acto legislativo –es decir, que implica modificar la Constitución–, para aumentar las transferencias que desde el Gobierno central se le dan a los territorios a través del Sistema General de Participaciones (SGP).
La reforma llegó ayer a la plenaria del Senado –en el sexto de sus ocho debates– y desató un rifirrafe incluso dentro del Ejecutivo. Por un lado, Cristo defiende la iniciativa y destaca que lo que se busca es “tener un Estado menos obeso, menos grasoso, con menos burocracia”. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegura que la iniciativa no es viable fiscalmente y afectaría las finanzas de la Nación.
La nuez del asunto es el porcentaje que se pretende transferir a los territorios. Inicialmente, el proyecto proponía aumentar la partida de transferencias hasta el 46,5 % en un periodo de 10 años. Sin embargo, en medio de la controversia y las posturas de lado y lado, ayer se acordó un porcentaje que podría viabilizar la reforma: transferir hasta el 39,5 % de forma gradual durante 12 años.
Aunque el proyecto no es de iniciativa del Gobierno, el presidente Gustavo Petro tomó partido y le dio su espaldarazo. El mandatario condicionó su respaldo a la reforma siempre y cuando 1) el aumento sea gradual; 2) se complemente con una ley de competencias para fortalecer la autonomía de los entes territoriales; 3) que se privilegie a “las regiones más excluidas”; 4) que haya más competencias para el manejo de recursos de salud y educación, y 5) que se fortalezca a la ciudadanía para dar trámite a sus necesidades y que la nueva plata no termine en poder de “las mafias locales”.
Con todo, la reforma sigue generando preocupación en un sector de la sociedad. Justo ayer se conoció una carta firmada por una docena de exministros y exviceministros de Hacienda, en la que alertan que la iniciativa conduciría a un sobreendeudamiento de la Nación para cubrir gastos de funcionamiento.
“La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se amenaza de manera grave, puesto que haría imposible cumplir con el ancla de la deuda del 55 % del PIB y podríamos llegar en pocos años al tope de la deuda del 71 % del PIB, establecidos en la ley”, explicaron.
Por su parte, desde la oposición, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) advirtió que en la última década se han transferido $109 billones a los territorios, pero no se han traducido en desarrollo regional. “Se han convertido en mucho efectivo para campañas políticas corruptas”, indicó, asegurando que no solo se necesitaría una reforma tributaria.
Para algunos, aunque es viable la reforma y nadie se opone a la descentralización, primero se debe definir en detalle las nuevas competencias que asumirían los municipios y departamentos, y luego fijar de qué porcentaje será la transferencia. Es decir, invertir el orden de los proyectos. Se prevé que este martes se vote la iniciativa y continúe su tránsito en el Congreso. Ya goza de amplias mayorías, sumado al guiño del Gobierno.
En medio del debate, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, concurrió al Congreso y dio su opinión sobre el proyecto.
El gobernador –quien promueve un referendo para lograr mayor autonomía fiscal–, señaló que la iniciativa implica que el Gobierno central reduzca su tamaño y transferir competencias. “Este acto legislativo allana un terreno y le hace una gran avanzada al referendo”, explicó Rendón.
por Antonio Claros | Oct 21, 2024 | Tribuna de opinion
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios y/o particulares por determinar de distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS) para verificar posibles irregularidades en el uso que se le dio a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos (PM) que fueron girados por la Administradora de Recursos de Salud (Adres) durante la vigencia 2020.
Según explicó la entidad, inició esta actuación disciplinaria luego de recibir traslado de un informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización año 2020 publicado por la Contraloría General de la República.
En ese sentido, la delegada para la Economía y la Hacienda Pública inició actuaciones disciplinarias para identificar el uso y destino que se les habría dado a los dineros que se deben destinar para los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de la UPC —conocidos como Presupuestos Máximos— y a la UPC girados por la ADRES en ese año.
Por otro lado, el Ministerio Público verificará si a las EPS les era aplicable o no el principio de anualidad que rige en materia presupuestal.
La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Cabe recordar que el mencionado informe de la Contraloría fue dado a conocer a principios de agosto y expuso hallazgos fiscales por $6 billones en 24 aseguradoras por “presunta indebida destinación” de los recursos de la UPC en 2020 y por $5,3 billones cuya incidencia fiscal fue objeto de indagación preliminar.
Según el ente de control fiscal, a partir de la información y estados financieros de las aseguradoras, “se identificaron excedentes operacionales por valor de $6,81 billones para el año 2020, $3,68 billones para el año 2021 y $1,08 billones para la vigencia 2022”.
Los resultados que destacó la Contraloría giraron en torno a 61 hallazgos con incidencia administrativa; 37 hallazgos con incidencia fiscal, por cuantía de $6 billones, que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal; 37 hallazgos con presunta incidencia penal y con presunta incidencia disciplinaria; 24 hallazgos para la apertura de Indagaciones Preliminares, por cuantía de $5,3 billones; 37 hallazgos con otras incidencias a las que le dieron traslado a la Superintendencia de Salud, al Archivo General de la Nación, a la Contaduría General de la Nación y a la Procuraduría.
Entre las EPS señaladas en el informe se encuentran Capital Salud, Salud Servicio Occidental de Salud, Famisanar, Nueva EPS, Sura, Sanitas, Aliansalud, Asmet Salud, Emssanar, Capresoca, entre otras.
por Antonio Claros | Oct 9, 2024 | Tribuna de opinion
Las Fuerzas Militares descubrieron una grave situación tras la recuperación de un menor de edad reclutado por disidencias de las extintas Farc en el departamento del Tolima. Los criminales, bajo el mando de alias ‘Miller’, cabecilla de las GAO-r en el norte del Tolima, están reclutando a jóvenes, niños y adolescentes para asignarles la tarea de pilotear drones cargados con explosivos con el objetivo de atacar a la Fuerza Pública.
El ataque más reciente se produjo en la estación de policía del municipio de Anzoátegui, Tolima, donde dos uniformados resultaron heridos. Este atentado fue ejecutado por el menor recuperado, quien afirmó haber sido reclutado de manera forzada y obligado a realizar acciones terroristas.
En la misma operación, se capturó a un disidente encargado del almacenamiento de armas para el Frente 26 de Marzo. Según las Fuerzas Militares, este individuo era responsable de suministrar material bélico a los integrantes de la estructura criminal para perpetrar ataques contra la Fuerza Pública. Además, otros cuatro miembros de la organización se entregaron voluntariamente.
“En este resultado operacional también se destaca la incautación del dron con el que se cometían estos atentados, una pistola, munición y un radio”, informó el Ejército.
El capturado quedó a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; el menor fue entregado a la Defensoría del Pueblo y el Bienestar Familiar, y los cuatro sometidos ante el grupo de atención humanitaria al desmovilizado (GAHD).
“Con este resultado, los soldados de la Sexta Brigada realizan su aporte operacional contra los grupos armados organizados residuales que vienen adelantando extorsiones y afectaciones a la población en el departamento del Tolima”, añaden las autoridades.
por Antonio Claros | Oct 2, 2024 | Tribuna de opinion
Si bien el Gobierno de Gustavo Petro –en cabeza de los ministros Juan Fernando Cristo (Interior) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud)–, lideró un prolongado trabajo de socialización y divulgación del proyecto de reforma a la salud, este martes se instaló una mesa técnica para afinar y precisar los pormenores del proyecto, que ya arrancó su trámite en la Cámara de Representantes.
Según el titular de la cartera política, el objetivo es promover la deliberación entre diferentes sectores frente al proyecto, congregando a expertos y representantes de todos los sectores de la salud. Así las cosas, se tiene previsto que sesione desde este martes hasta el 11 de octubre para buscar consensos alrededor de la reforma.
Justamente, este martes la mesa fue instalada en la Comisión Séptima de la Cámara, donde arrancará su trámite y que acogió a representantes de pacientes, EPS, IPS, trabajadores de la salud y fabricantes de medicamentos.
“El compromiso en torno a la deliberación democrática con distintos actores políticos, económicos y sociales del país se materializa en esta mesa técnica”, explicó Cristo. “Nunca, en 16 años como senador, ni en tres como ministro, había visto una iniciativa como esta, que es novedosa, que es inédita y que permite que todos los actores de salud trabajen con la Comisión de la Cámara y con el Gobierno”, agregó.
Según el funcionario, se trata de una instancia que trabajará durante ocho días con los distintos actores del sistema para “mirar artículo por artículo”, acordar ajustes y consensuar eventuales cambios. Allí tendrían asiento pacientes, EPS, gremios de salud, clínicas, hospitales y trabajadores del sistema. Todo, explicó, con miras a “construir una buena reforma a la salud”.
De acuerdo con Cristo, la mesa técnica no sustituirá las audiencias públicas –“ha habido más de 40”, dijo–, precisando que hay muchos sectores que se quejaban de que en ese tipo de escenarios no se les escuchaba. “Son unas mesas técnicas para escuchar y construir el texto. Seguramente al final habrá alguna audiencia que recoja todas las opiniones”.
Por su parte, el ministro de Salud insistió en que “todos estamos de acuerdo en que necesitamos una reforma. Logramos consenso en la Cámara y estoy seguro de que el Senado nos permitirá plantear una solución a una situación crítica que vive la salud en Colombia”.
La Mesa Técnica estará liderada por los coordinadores ponentes de la Reforma a la Salud, María Eugenia Lopera Monsalve, Alfredo Mondragón Garzón, Camilo Esteban Ávila Morales y Jorge Alexander; y evaluará, entre el 1 y el 11 de octubre, los artículos más importantes del proyecto de ley.
