por Antonio Claros | Abr 29, 2026 | Tribuna de opinion
Ante la ausencia de Iván Cepeda en debates de los medios de comunicación, los candidatos han optado por decirse las cosas por otros medios. En el caso de Cepeda y Paloma Valencia, han tomado el Congreso como un escenario para enfrentarse, pero también por redes sociales o en ruedas de prensa.
Esta vez, la polémica se dio porque, el pasado fin de semana, Valencia propuso al expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa.
La propuesta fue realizada por Valencia en Santa Rosa de Osos, Antioquia, cuando estaba de gira por municipios con el expresidente:
“Yo le tengo una misión a Antioquia. Yo tengo visto un ministro, yo necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática (…)”.
La respuesta de Iván Cepeda y las nuevas cifras de la JEP
Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, respondió a través de sus redes y de unas declaraciones a medios. Esto generó un choque de palabras entre ambos cuando estos también le preguntaron a Valencia por las declaraciones del candidato oficialista.
Cepeda le respondió a Valencia con base en una revelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de este 28 de abril. En una audiencia del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, el magistrado Pedro Díaz informó que el número de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, aumentó de 6.402 a 7.837 casos en el país.
Tras esto, Cepeda hizo referencia a la propuesta de Valencia: “7.837 ‘falsos positivos’ ¿Y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, candidato a Ministro de Defensa?”
Cepeda también dio declaraciones a los medios en el mismo tono: “es una cifra monstruosa que debe sacudir la memoria y la conciencia de Colombia. Y también seguramente pesa sobre la conciencia de quien ha sido postulado para ser, supuestamente, en un gobierno hipotético, ministro de Defensa: el señor Álvaro Uribe Vélez”.
Y agregó: “Yo de una vez señalo, como víctima de la violencia de Estado, que Uribe antes de ser ministro o aspirar a cualquier cargo público debe responder ante la Justicia por los miles de ‘falsos positivos’ que se perpetraron bajo sus dos gobiernos”.
Paloma Valencia contraataca: acusaciones por la “Paz Total”
Más tarde, en otra rueda de prensa, a Paloma Valencia se le preguntó, precisamente, qué pensaba de estas declaraciones de Cepeda, ante lo que respondió hablando de Cepeda:
“El que no puede ser presidente de Colombia es el senador Cepeda, que tiene que responder por (alias) ‘Marlon’, que lo nombraron gestor de paz y cogió la gente del Cauca, los tapó con unas volquetas y los dinamitaron”.
Luego, siguió en la misma línea: “el que no puede ser presidente es Iván Cepeda, que le entregó este país con la ‘paz total’ a los violentos, y hoy tenemos 102 % más de secuestros, 40.000 asesinatos de los cuales 21.000 son jóvenes que mataron los grupos ilegales. Son más de 3 mil que en el gobierno anterior. Y hablemos de los atentados terroristas, que son cifras históricas que han sembrado miedo entre los colombianos”.
La senadora del Centro Democrático finalizó diciendo “Cepeda se ha dedicado a tomarse fotos con los asesinos de Miguel Uribe. Tiene que responderle a la historia de Colombia por ese beneplácito de los violentos, que le ha costado la vida y la seguridad a los colombianos”.
¿Cuál fue la propuesta de Paloma Valencia sobre Álvaro Uribe?
Durante una gira por Santa Rosa de Osos (Antioquia), la senadora Valencia propuso que el expresidente Álvaro Uribe repitiera la política de Seguridad Democrática, pero esta vez desde el cargo de Ministro de Defensa en un eventual gobierno.
¿Qué reveló la JEP sobre los falsos positivos recientemente?
La JEP actualizó la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (Caso 03), pasando de 6.402 a 7.837 casos documentados en Colombia, dato que fue utilizado por Iván Cepeda para cuestionar la propuesta de Valencia.
¿Qué críticas lanzó Paloma Valencia contra Iván Cepeda?
Valencia cuestionó la idoneidad de Cepeda para ser presidente, señalando el aumento del 102% en secuestros bajo la “Paz Total” y recordándole presuntos vínculos con alias ‘Marlon’ y otros grupos ilegales.
por Antonio Claros | Abr 24, 2026 | Tribuna de opinion
Este jueves el Gobierno Nacional expidió el decreto que ordena trasladar $25 billones de fondos de pensiones a Colpensiones, hecho que generó suspicacias durante el Congreso de Asofondos, que se realiza en Cartagena, pues a los empresarios del sector les resultó curioso el timing del Ejecutivo para publicar la norma en medio del evento más importante que reúne a las AFP.
Estos recursos pertenecen a un subfondo de perfil conservador, es decir, es plata del ahorro de personas que están a menos de 10 años de pensionarse o que por incluso ya tienen ese derecho adquirido.
Según Asofondos, cerca del 70% de estos recursos están invertidos en deuda pública (TES), lo cual hace complejo su traslado.
¿Cuándo se pasarán los $25 billones de fondos a Colpensiones?
El nuevo decreto impone una marcha forzada para el traslado de recursos. Para los afiliados activos, las AFP dispondrán de solo 20 días para girar la primera mitad de los fondos y 10 días adicionales para el saldo restante.
En el caso de quienes ya están pensionados, el plazo es aún más corto: 15 días tras la vigencia de la norma.
La meta del Gobierno es solucionar el “descalce” del sistema: evitar que el Estado siga pagando pensiones mientras el ahorro de esos trabajadores permanece invertido en el sector privado.
¿La plata de fondos a Colpensiones se liquida o se traslada?
Miguel Largacha, presidente del fondo de pensiones y cesantías Porvenir explicó, que finalmente los recursos que no tendrán que ser “liquidados” sino “trasladados”.
“La diferencia es que, si yo tengo un título y solo puedo entregar dinero, tengo que salir a venderlo; si lo puedo trasladar es que lo cojo, a precios de mercado, y lo entrego, lo endoso, y no lo liquido”, dijo Largacha.
Según él, se trata de una “enorme diferencia”, en tanto si se tuviese que salir a liquidar $25 billones –la mayoría invertida en deuda pública–, los precios se hubieran caídos de una forma “gigante, dañando los instrumentos de deuda pública y el mercado de deuda que tiene Colombia”.
Con este cambio, simplemente la plata se tendrá que traspasar, lo cual pasará con el 70% de los recursos, mientras que el restante 30% sí deberá liquidarse.
Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, dijo que “a pesar de todas las advertencias jurídicas, el Gobierno firmó el decreto de traslado de recursos pensionales”.
Según el líder de Anif, “estos recursos, que ahora son ahorros de los pensionados, se convertirán en recursos para pagar pensiones y le abrirán espacio fiscal al Gobierno para mayor gasto. La medida no solo va en contravía del marco jurídico, sino del espíritu de la propia reforma pensional del Gobierno, donde estos recursos deben ahorrarse para respaldar el pago futuro de pensiones”.
por Antonio Claros | Abr 16, 2026 | Tribuna de opinion
Nueva EPS, una de las más grandes del país con más de 11 millones de afiliados, duró dos años bajo el control del Gobierno Nacional. Según registros, la deuda creció más del 24% a pesar de que, supuestamente, en manos del Ejecutivo aquel hueco se saldaría. Sin embargo, eso ya no es lo único preocupante.
Según una denuncia de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría, el Gobierno se habría saltado todos los protocolos estipulados en la ley y en el reglamento de la entidad para iniciar una intervención.
La denuncia, revelada por Caracol Radio, la Superintendencia señaló que la superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz María Múnera, ignoró cuatro vitales pasos que estipulaban los conductos regulares antes de iniciar una intervención.
1. No habría contado, ni realizado, ni presentado el informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud.
2. No solicitó el concepto técnico de adopción y seguimiento.
3. No incluyó información complementaria a los dos documentos previamente mencionados en el punto 1 y 2.
4. En la resolución, Múnera habría presentado un informe con inconsistencias relacionadas con el debido proceso y habría afirmado que la Nueva EPS no cumplió con recomendaciones que, según la denuncia de la Superintendencia, ni siquiera le habría dado previamente a la entidad.
Los funcionarios de la Superintendencia también alegaron que hubo una tergiversación de las recomendaciones del Comité de Medidas Especiales ya que, la resolución de intervención a la Nueva EPS afirma que el Comité recomendó la toma de posesión inmediata de la entidad.
Sin embargo, la denuncia señala que en la sesión del 10 de abril ocurrió lo contrario: los miembros del Comité recomendaron por unanimidad no adoptar una nueva medida de intervención forzosa, por lo que se alega que la resolución consignó una versión falsa de los hechos para justificar la decisión.
Lo que habría empezado mal también habría terminado mal. Según la Superintendencia, a inicios de marzo (específicamente el 6) de 2026, le solicitó al Ministerio de Salud que la intervención del Gobierno se prolongara durante otro año más.
La medida pedida no es cualquier cosa: el 3 de abril se vencía el decreto que estableció la prórroga de la intervención del Gobierno, completando dos años frente a la entidad. Aunque el Ministerio debía responder antes del 6 de abril, nunca lo hizo.
Aquel silencio administrativo fue acompañado por una preocupación nacional: si el Gobierno no está a cargo, ¿entonces quién? La respuesta a esa pregunta llegó apenas el 13 de abril. Es decir, 11 millones de usuarios quedaron en un limbo jurídico y administrativo por más de una semana.
Según la denuncia de la Superintendencia, aquella irregularidad habría sido suficiente para que Nueva EPS volviera a quedar en manos de sus dueños.
Sin embargo, el Gobierno publicó una carta en la que, ignorando la cláusula mencionada en la denuncia, nombró a Jorge Iván Ospina (exalcalde de Cali) como nuevo interventor. Además, prorrogó la figura por otro año más.
Aquel punto tendría otra irregularidad: la Superintendencia asegura que Ospina no cumpliría los requisitos para estar al frente de la Nueva EPS.
Denuncian que Jorge Iván Ospina no cumplía con los requisitos para ser interventor de Nueva EPS
Los funcionarios firmantes alegan que el agente especial interventor designado, Jorge Iván Ospina Gómez, no cumpliría con el perfil exigido por la normativa.
En el documento conocido por el medio mencionado destacan que Ospina Gómez no acredita los tres años mínimos de experiencia en niveles directivos o asesores en el sector salud, ni los dos años de experiencia adicional requerida en dichas áreas.
La denuncia también resalta dos puntos en contra del interventor:
1. En la verificación en listas vinculantes y restrictivas, habría sido clasificado con un nivel de riesgo alto, al alcanzar una puntuación de 32 puntos.
2. Aunque Ospina es médico cirujano, este título no es suficiente para cumplir con el manual de funciones del cargo.
La crisis en Nueva EPS, ¿qué está pasando?
Para marzo, había más de 120.000 tutelas contra la entidad que ni siquiera se habían abierto desde la Nueva EPS. Estas hacen parte de las más de 518.000 quejas presentadas en 2025.
En Antioquia, la Secretaría de Salud alertó que en menos de un año los indicadores de cumplimiento (que miden las garantías y el acceso efectivo de sus afiliados a los servicios de salud) de Nueva EPS se desplomaron.
Mientras en 2024, año de la intervención, el cumplimiento estaba en 60%, dicho indicador cayó al 20% el año pasado. Esto quiere decir que, de cada 10 pacientes en el departamento, mientras hace dos años seis lograban acceder a los servicios de salud, el año pasado solamente dos gozaban de ese acceso.
por Antonio Claros | Abr 10, 2026 | Tribuna de opinion
Para marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) observó una variación anualizada de 5,56%, dato mayor el 5,09% observado hace un año.
En el último año, presionaron el costo de vida de los colombianos las divisiones de restaurantes y hoteles, salud, educación, bebidas alcohólicas y tabaco, alimentos y bebidas no alcohólicas, y servicios diversos, que se ubicaron por encima del promedio nacional de 5,56%.
La cifra, según el reporte entregado anoche por Piedad Urdinola, directora del Dane, es la más alta en los últimos 18 meses. De esta manera se confirman las observaciones de la mayoría de miembros de la junta directiva del Banco de la República, que tuvo en cuenta esta dinámica para votar a favor de un aumento de la tasa de interés de política monetaria y fijarla en 11,25%.
“Las expectativas de inflación total continúan elevadas y alejadas de la meta”, se lee en la minutas de reunión de junta, publicadas el martes, las cuales no han sido aprobadas por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en un hecho inédito.
Entre tanto, las divisiones de muebles, artículos para el hogar, información y comunicación, transporte, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, prendas de vestir y calzado y recreación y cultura se ubicaron por debajo del promedio nacional.
Por ciudades, Pereira (6,48%), Medellín (6,39%) y Manizales (5,9%) encabezaron el top 3 de las de mayores variaciones del IPC anualizado.
En contraste, Santa Marta (3,58%), Valledupar (3,65%) y Riohacha (3,69%) apreciaron variaciones menores al promedio nacional.
El análisis
Desde la perspectiva de María Alejandra Martínez, jefe de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, el dato de inflación de marzo sorprendió al alza, lo que confirma que la dinámica de precios en Colombia ha entrado en una fase compleja.
“Lejos de consolidar una senda de estabilización, la inflación retoma presiones importantes, particularmente en componentes clave como alimentos y vivienda, que explicaron cerca de dos tercios de la variación mensual”, anotó la analista.
Añadió que las cifras del Dane refuerzan la idea de que la moderación observada previamente fue transitoria. “De cara a los próximos meses, esperamos que la inflación continúe acelerándose en el corto plazo, con la variación anual acercándose al 6% durante el segundo trimestre del año”, añadió.
Igualmente, resaltó que este comportamiento estaría explicado por varios factores concurrentes: el efecto rezagado de la indexación al salario mínimo, que sigue presionando especialmente los servicios (como arriendos y restaurantes); el repunte en alimentos, influenciado por condiciones climáticas adversas; y mayores presiones en regulados, particularmente en electricidad.
“La combinación de estos elementos sugiere que las presiones inflacionarias no solo persisten, sino que podrían ser más duraderas de lo previsto inicialmente”, sugirió Martínez.
Las apreciaciones de la jefa de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores coinciden con la presentación del Dane, en el sentido de que las mayores contribuciones al aumento del IPC corresponde a los gastos de las familias correspondientes a alojamiento y servicios públicos como acueducto, electricidad y gas.
Y si bien, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X ha insistido en que “la inflación reciente en Colombia (controlada además) no responde exclusivamente a un exceso de demanda interna, sino a factores de oferta: choques climáticos, costos importados por las guerras, presión externa sobre combustibles, entre otros”, las explicaciones de la directora del Dane no le conceden del todo la razón.
Urdinola estimó que las contribuciones positivas al IPC en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, para el mes de marzo, obedecieron a las dinámicas apreciadas en servicios como la recolección de basuras, gas, pagos en conjuntos residenciales y electricidad.
En este punto, el analista de coyuntura económica, Alejandro Jaramillo, opinó que el aumento de la inflación corresponde al hecho de que establecer “el bienestar por decreto dura un momento, pero el golpe al bolsillo llega después. Subir salarios sin productividad ni crecimiento real termina encareciendo todo: comida, transporte y servicios. Populismo hoy, costo de vida y endeudamiento mañana”.
Tampoco sale bien librado el análisis del presidente Petro, cuando desde el Dane se indica la variación ascendente que en el último año tienen el IPC de la carne de res, la papa, las frutas frescas, los plátanos, los tomates y la leche.
Dinámica del IPC en marzo
Para el tercer mes de este 2026, el IPC tuvo una variación de 0,78%, mayor al 0,52% reportado en el mismo mes del año anterior.
Ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: información y comunicación (2,96%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%), salud (1,06%), bienes y servicios diversos (0,95%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,90%), recreación y cultura (0,88%), restaurantes y hoteles (0,86%) y por último, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,85%).
El alza de 2,96% reportada para marzo en información y comunicación, fue calificada por la directora del Dane como una sorpresa, pues este fue un rubro que estuvo en negativo durante los últimos 5 meses, pero la actualización de precios de los planes de los diversos operadores disparó el IPC de este servicio.
La inflación para Medellín en marzo se ubicó en 0,97%, presionada por los gastos de los hogares correspondientes a alojamiento, frutas frescas y gas. En contraste, las menores variaciones se vieron en los grupos de combustibles, carne de cerdo y licores como el whisky y el ron.
por Antonio Claros | Mar 31, 2026 | Tribuna de opinion
Con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, este martes la Iglesia Católica –a través de monseñor Héctor Fabio Henao–, elevó un llamado a la reflexión a propósito del arranque de la Semana Santa y la víspera del periodo electoral que definirá al próximo inquilino de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.
Según monseñor, quien también hace las veces de delegado en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las elecciones “van a tener importancia indudablemente significativa”, por lo que instó a que haya compromisos espirituales, pero también democráticos.
“Es un llamado a reflexionar también sobre nuestra responsabilidad ciudadana y nuestra capacidad de volver nuestra espiritualidad práctica en el momento de elegir y en el momento también de saber asumir las responsabilidades propias de nuestra condición de miembros de una sociedad en la cual se ejerce la democracia”, manifestó Henao en diálogo con la emisora Blu Radio.
Monseñor, quien insistió en ejercer el voto de manera consciente, pidió también a hacer frente a líos y problemáticas que perturban la democracia, como la polarización o la violencia.
“La Iglesia ha venido insistiendo, y lo hace particularmente en la Semana Santa, en la necesidad de un cambio radical de actitudes que nos lleva a dejar la violencia y abrazar el camino del diálogo y del entendimiento. En ese sentido, nuestro llamado va a seguir siendo ese, insistiremos en que el camino es el diálogo”, agregó.
Por otro lado, monseñor Henao reivindicó el respeto por la vida y la dignidad de cada persona, teniendo como derrotero el diálogo sobre la violencia.
“Para la Iglesia, es clave insistir en el respeto por la vida de todos los pobladores, no puede ser que nos entendamos a la base de intimidaciones y asesinatos. El respeto por la dignidad de cada persona, lo cual significa que no está dentro de nuestra perspectiva el aceptar que se atropelle la dignidad de las personas, pero también insistir continuamente en la importancia del diálogo como camino e insistir en que todo lo tomemos profundamente en seriedad”, agregó.
Previamente, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), a través de su Departamento de Doctrina, presentó un texto para la meditación del viacrucis en esta Semana Santa 2026. “Es una guía que, bajo el lema ‘Cristo camina hoy con el pueblo colombiano’, propone a las comunidades de fe contemplar la pasión de Jesús desde las realidades concretas del país, marcadas por el sufrimiento, pero también por la esperanza y la posibilidad de transformación”.
El texto alerta por situaciones como la violencia, la pobreza, el desplazamiento, la exclusión y la búsqueda de justicia y paz. “Cristo no es ajeno a la historia de Colombia, sino que camina con su pueblo, carga sus heridas y se hace presente en quienes más sufren”, sostuvo la CEC.
En esa línea, el documento propone una lectura de la realidad nacional, en la que las caídas de Jesús evocan las caídas del país: procesos de paz frustrados, promesas incumplidas y heridas que no terminan de cerrar.
“Sin embargo, lejos de una visión fatalista, el texto insiste en la esperanza. La resurrección, última estación del camino, se presenta como una invitación a creer que la muerte no tiene la última palabra y que es posible construir un futuro distinto”, precisa el texto.
Además, se pide trabajar por la verdad, la reconciliación y la paz incluso en medio de la adversidad. “La resurrección no significa olvidar el dolor, sino creer que la injusticia no es destino”, señala una de las reflexiones finales.
por Antonio Claros | Mar 26, 2026 | Tribuna de opinion
El Gobierno gastó más de 31 billones de pesos en contratos directos con Asociaciones Público-Populares, una figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, según reveló un diario. Esta figura había sido tumbada por la Corte Constitucional por ir en contra de la transparencia en la contratación pública.
Un derecho de petición de ese diario a Colombia Compra Eficiente mostró que durante este Gobierno se han firmado 80.734 contratos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos, asociaciones comunales y resguardos.
En múltiples ocasiones, estas organizaciones representarían la base política y electoral del Pacto Histórico.
¿Qué había tumbado la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional tumbó los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobados en 2023. Estos señalaban lo siguiente:
“Las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria.
Estos contratos se denominarán Asociaciones Público-Populares y podrán celebrarse para la ejecución de obras o la adquisición de bienes y servicios relacionados con la infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, entre otros”.
El alto tribunal consideró que el Gobierno se extralimitó por agregar un nuevo caso para contratar “a dedo” y sin especificar a quiénes aplicaba la regla. Es decir, la naturaleza de las Asociaciones mencionadas:
“Se consideró que el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”, argumentó la Corte.
¿Cómo se distribuyen los $31 billones en contratos?
A pesar de esto, el gobierno Petro invirtió más de 25 billones de pesos en 55.434 contratos con asociaciones comunales, más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios, más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos, más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos, más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal y más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas.
De los 55.434 contratos celebrados con asociaciones comunales, solo 7.309 (el 13,18%) por 4,7 billones aparecen como terminados. En el caso de los cabildos, 165, por 137.000 millones.
De los consejos comunitarios hay poco más de 1.000, por cerca de 300.000 millones, mientras que de las juntas de acción comunal hay 539 por 22.000 millones. Finalmente, de los cabildos indígenas, solo 48, por 17.000 millones y de los resguardos, 214, por 448.000 millones.
La mayoría de los contratos aparece en estados como “modificado”, “celebrado” y “en ejecución”. Por ello, entidades como la Contraloría han alertado sobre el manejo que han dado estas organizaciones a estos recursos que son billonarios, pero que no se ven materializados en las obras públicas prometidas.
Según un informe del ente de control, la política de Caminos para la Paz que utilizó este tipo de contratación, fracasó. Hasta 2025, de los 33.000 kilómetros de vías rurales o “caminos ancestrales” que prometió el gobierno Petro, apenas se habían construido 2.387 kilómetros: apenas el 7 % del objetivo.
Entidades que han criticado el modelo de contratación
Los reparos ya se habían hecho públicos. Por ejemplo, en 2023, durante la discusión del PND, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Juan Martín Caicedo alertó que este tipo de contratación directa “promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones”.
Para esta organización era incongruente que las asociaciones comunales ejecutaran labores especializadas para las que se requieren profesionales capacitados.
Otra de las alarmas fue sobre la Ley 80 o estatuto de contratación pública para contratar de forma directa. De esa manera se abría la puerta a posibles hechos de corrupción.
A su vez, la CCI advirtió las razones que luego llevarían a la Corte a declarar inconstitucionales los artículos: restricciones a la pluralidad de oferentes y la afectación a la libre competencia en los procesos de contratación.
Según la organización, esto conduciría a la adjudicación de contratos sin estudios ni diseños suficientes, y con el riesgo de que los recursos no alcancen y las obras queden inconclusas o con bajos estándares de calidad.
¿Qué dijo la Procuraduría?
El 13 de mayo de 2025, el procurador general Gregorio Eljach envió su concepto a la Corte y defendió esta forma de contratación al pedir que se declarara su exequibilidad.
La entidad señaló que “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional”, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional.
El Ministerio Público agregó que la contratación directa con Asociaciones Público-Populares, como estaba contemplada en los artículos del PND, estaba debidamente regulada:
“Las disposiciones demandadas permiten la contratación directa en unos casos específicos y bajo unas reglas claras en las que se debe respetar la legislación contractual (Leyes 1150 de 2007 y 80 de 1993)”, se lee en ese concepto.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué son las Asociaciones Público-Populares?
Son esquemas de contratación directa creados en el Plan Nacional de Desarrollo para ejecutar obras con organizaciones comunitarias, sin licitación tradicional.
¿Por qué la Corte Constitucional las declaró inconstitucionales?
Porque permitían contratación directa sin claridad sobre beneficiarios, afectando principios como transparencia, competencia y reserva de ley.
¿Qué entidades han alertado sobre estos contratos?
La Contraloría y la Cámara Colombiana de Infraestructura han advertido riesgos de baja ejecución, falta de capacidad técnica y posibles problemas de corrupción.
