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Tribuna de opinión 23 Enero 2025

El Gobierno Nacional tiene todo listo para expedir este miércoles, 22 de enero, el decreto de conmoción interior en la región del Catatumbo, que lleva seis días sumida en una grave crisis humanitaria debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las antiguas Farc.

Esta medida permitirá al Ejecutivo adoptar acciones urgentes para restablecer el orden público en la zona.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó en entrevista con Blu Radio que se descartó declarar la emergencia económica, como venía evaluándolo el Gobierno desde hace varios días.

“El Gobierno ha tomado la decisión de que por el momento no es necesario el estado de emergencia económica, social y ambiental. Bajo el amparo del decreto de conmoción interior se pueden expedir y tomar las decisiones que consideramos se necesitan para restablecer esa normalidad en el Catatumbo. Luego, se descarta la emergencia económica y social por el momento”, reveló el funcionario.

Añadió que en el transcurso del día se emitirá el decreto de conmoción interior con medidas relacionadas con la acción de las Fuerzas Militares y de Policía, la atención humanitaria y la puesta en marcha del llamado “Pacto por el Catatumbo”, una iniciativa que involucra a los municipios de esta región y a la Gobernación de Norte de Santander.

“Con los decretos tomamos las medidas que consideramos son absolutamente indispensables y necesarias para restablecer la normalidad desde el punto de vista de seguridad, la normalidad y para avanzar en la intervención integral del territorio del Catatumbo desde el punto de vista social y económico”, aseguró.

En ese sentido, explicó el ministro, los decretos abarcan tres frentes puntuales: “De carácter de seguridad, fortalecimiento de equipamiento militar, de presencia de la fuerza pública, restricciones obviamente para retomar el control del Catatumbo; en segundo lugar, las medidas de carácter humanitario para atender a las víctimas del desplazamiento forzado y en tercer lugar, todo un paquete de medidas que nos va a permitir financiar el pacto por el Catatumbo que ya estaba a punto de suscribirse por parte del presidente de la república con los alcaldes del Catatumbo” agregó.

La conmoción interior tiene unas consecuencias jurídicas directas de gran calado: el presidente asume unas facultades extraordinarias como la posibilidad de promulgar decretos con fuerza de ley sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, las decisiones que tome, tendrán control de la Corte Constitucional, incluso la de la declaratoria de la conmoción.

En la historia reciente se ha declarado siete veces la conmoción interior en los gobiernos de Gaviria, Samper y Uribe. Ahora, Gustavo Petro, también se suma a la lista al declarar el octavo estado de conmoción por la batalla armada que se está dando entre el ELN y las disidencias de las Farc en la zona de frontera con Venezuela, con graves afectaciones para la población civil.

Justamente, en su más reciente informe, la Defensoría del Pueblo confirmó que ya son más de 32 mil desplazados a causa de los enfrentamientos. Lo grave es que los municipios de la región del Catatumbo, así como la ciudad de Cúcuta, superaron su capacidad para atender a los afectados.

Tribuna de opinión 13 Enero 2025

Comenzó el año preelectoral. Ya no solo es la frase “ojo con el 26” que se repite en los pasillos del poder sino “ojo con el 25”, pues es decisivo. El presidente Gustavo Petro anunció que se reunirá con su gabinete este 13 y 14 de enero para definir la hoja de ruta de los últimos 19 meses de su administración. Pero más que eso, en concreto, se decidirá quiénes van a ser precandidatos presidenciales y quiénes se quedan para integrar las listas a Cámara y Senado del Pacto Histórico.

Las modificaciones responden a dos factores principales: las aspiraciones de algunos funcionarios que el Presidente considera que tienen posibilidades de competir y el desgaste o inconformidad que afecta a otros. Entre los posibles movimientos figuran ministros, directores de departamentos y embajadores.

Este año marca el comienzo del llamado ‘partidor’ presidencial, un periodo clave en el que se empezará a consolidar el grupo de candidatos para las elecciones de 2026. En este contexto, se prevé que varios integrantes del Gobierno presenten su renuncia en las próximas semanas, cumpliendo con la exigencia legal de dejar sus cargos en el Ejecutivo al menos un año antes de los comicios, si planean postularse.

¿Cuáles ministros saldrían?
Uno de los cambios más probables es el del canciller Luis Gilberto Murillo, cuyas aspiraciones presidenciales son evidentes. Murillo, quien fue candidato en las pasadas elecciones y luego fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, ha tenido claros distanciamientos con Petro, especialmente en lo referido a Venezuela. “Hubo una reunión hace una semana en la que (Laura) Sarabia y Murillo le pidieron al Presidente que se pronunciara rápidamente sobre la situación de los excesos cometidos por Maduro”, le dijo a este diario una fuente enterada.

La postura de Murillo frente al régimen de Nicolás Maduro ha sido notablemente más firme que la del Presidente, lo que ha marcado diferencias significativas. Sin embargo, sería una baja importante para el gobierno de Petro, considerando que se trata de uno de los ministros con mayor aprobación, según varias encuestas recientes.

En el remezón también se incluiría a Gustavo Bolívar, cuya eventual salida de la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha sido interpretada como una estrategia política del petrismo para posicionarlo como el candidato con mayores posibilidades de dar continuidad al gobierno de izquierda. Así lo reflejan las encuestas de finales del año pasado que son, de todos modos, una fotografía prematura del escenario electoral. Algunos analistas aseguran que la elección de alguien como Bolívar, amigo cercano de Petro, responde a la necesidad de presentar un candidato “digerible”, gracias a su personalidad franca y accesible, que conecta fácilmente con la ciudadanía a través de las redes sociales.

Así mismo, en la puerta de salida también estaría la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a quien sectores cercanos al Gobierno consideran una figura clave para continuar el legado de Petro por otros cuatro años. Algunos, incluso, la ven como la Claudia Sheinbaum del petrismo que podría recibir el poder como hizo la presidente mexicana de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, aunque es una funcionaria destacada, no tiene el suficiente reconocimiento e impacto mediático, a pesar de haber liderado la COP16, el evento de biodiversidad realizado en Cali hace pocos meses. Por eso, el escenario más probable, según fuentes, es que lidere la lista del Pacto Histórico al Senado que volvería a ser “cremallera” (hombre y mujer intercalados).

Otros leales al petrismo podrían estar considerando aspirar a cargos de elección popular, lo que implicaría renunciar a sus funciones y maquinarias políticas en sus carteras. Entre ellos se encuentra el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, no obstante, ha afirmado que por ahora no tiene planes de presentar su renuncia, pero suena para llegar al Congreso.

“Renuncio solo ante el Presidente, soy un leal servidor de esta causa, me declaro petrista ‘pura sangre’. El Presidente me puso una labor muy importante y aquí estaré hasta que él lo considere, espero que sea hasta el último día, es decir, el 6 de agosto de 2026”, dijo cuando fue indagado sobre su eventual salida del ministerio.

Al igual que Jaramillo, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, también dejaría su cargo. Se dice, además, que Camacho sería uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de la actual senadora María José Pizarro, con quien mantiene una relación cercana, pues fue su asesor durante su período como representante a la Cámara.

En cuanto a Laura Sarabia, considerada la persona más cercana al presidente Petro, bastante se ha hablado sobre su posible salida debido a desacuerdos con otros miembros del gabinete e incluso con el propio mandatario. Sin embargo, no está claro si Petro estaría dispuesto a prescindir de ella. Existe la posibilidad de que ella permanezca en el Gobierno llegando a la Cancillería, en caso de concretarse la salida de Murillo.

Y finalmente, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, que desde que llegó al gabinete a mediados del año pasado ya está pensando en ser candidato, según congresistas.

Los embajadores
Entre los embajadores cuya salida ya se anticipa se encuentra Roy Barreras, actual embajador en el Reino Unido, quien desempeñó un papel clave en la elección de Petro como Presidente y mantiene aspiraciones presidenciales de larga data. También figuran Camilo Romero, embajador en Argentina; León Fredy Muñoz, excongresista y dirigente muy cercano a Petro, quien ocupa el cargo de embajador en Nicaragua, y Guillermo Rivera, embajador en Brasil, menos cercano a Petro.

A diferencia de todos los nombres anteriores, hay precandidatos del petrismo que no deben renunciar a sus cargos porque son congresistas. Es el caso de la senadora María José Pizarro y Martha Peralta. Otros que están por fuera del Gobierno, como la exministra de Salud, Carolina Corcho, también quieren entrar a competir.

Difícilmente, según análisis y encuestas, el presidente Gustavo Petro podrá hacer elegir a un sucesor o sucesora de su línea política. Pero será clave en una eventual segunda vuelta.

Tribuna de opinión 7 Enero 2025

Hay un nuevo round entre el presidente de Colombia y el alcalde de Medellín. El mandatario Gustavo Petro publicó un trino en su cuenta de X (antes Twitter) arremetiendo en contra de las declaraciones que Federico Gutiérrez hizo recientemente sobre la situación económica de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y una posible crisis energética a nivel nacional.

“Al alcalde Federico Gutiérrez se le olvida que la opción tarifaria la creó el expresidente Duque, como una deuda de los usuarios a las empresas de energía. La Nación no es titular de esa deuda”, escribió el Presidente en la red social.

En el trino, Petro se refirió a las declaraciones que hizo Gutiérrez el 4 de enero en una entrevista.

En esa conversación, el alcalde aseguró que el Gobierno no ha girado a tiempo el dinero correspondiente a los subsidios de energía que reciben los estratos más bajos. “Solo por subsidios de tarifa de energía a los estratos 1, 2 y 3 a todo el grupo EPM, la deuda que se tiene es de 2.1 billones de pesos desde el año pasado”, afirmó “Fico”.

Uno de los puntos que mencionó Gutiérrez para resaltar la gravedad del asunto es el apagón ocurrido el 2 de enero en Puerto Carreño, Vichada. El municipio ubicado al sur del departamento se quedó sin luz debido a la falta de pago del Gobierno del subsidio a los recibos de energía eléctrica.

Varios de los gremios del sector energético del país le solicitaron al Gobierno recientemente en un comunicado el pago urgente de los subsidios a las comercializadoras de energía, los cuales son cubiertos en un 20% por los estratos 5 y 6 y el 80% restante le corresponde asumirlo al Estado.

El alcalde de Medellín le respondió en X a Petro, recordando estos saldos pendientes y asegurando que está situación podría llegar a desencadenar una crisis energética en todo el territorio nacional.

 

Tribuna de opinión 27 Diciembre 2024

La procuradora delegada en asuntos de salud, Diana Ojeda, envió un oficio al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en donde pide transparencia frente a los procedimientos que se adelantan para fijar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente al 2025.

Según destacó el documento, la Procuraduría expresó su preocupación por conseguir un valor suficiente para atender las necesidades de los colombianos y colombianas y no agravar la crisis actual del sistema.

“Este debe incorporar elementos actuariales ajustados a los cambios demográficos y epidemiológicos, utilizando datos representativos reportados por todas las EPS, además de incorporar correctamente ajustes por inflación y frecuencia”, declaró la Procuraduría en un comunicado.

En ese sentido, el ente de control pidió al Ministerio entregar la documentación y los nombres de funcionarios que conforman y participan en las sesiones en donde se están concertando el valor de la UPC, esto con el fin de garantizar la transparencia de los procesos.

“Las medidas adoptadas por el Ministerio a su cargo han venido generando una crisis financiera y humanitaria que afectan la garantía de los derechos fundamentales a la salud de los colombianos, motivo por el cual, se le insta a cumplir por la normatividad vigente que resuelva la difícil situación que enfrenta el sistema y una de estas soluciones es determinar un cálculo suficiente de la UPC que atienda las estudios de los diferentes expertos en la materia y permita superar esta grave situación”, concluyó la Procuraduría.

Vale la pena recordar que la suficiencia de la UPC ha sido tema de debate entre el Gobierno Nacional y las EPS. El primero insiste, por medio del ministro Jaramillo y el presidente Petro, que la plata les alcanza y sugieren que si no es así, es por alguna razón delictiva o de corrupción.

Entre tanto, las aseguradoras han presentado cifras e informes que muestran que la siniestralidad que alcanzan, en algunos casos, llega hasta el 108 %. Es decir, que de cada $100 que reciben se gastan $108 en la atención en salud, por lo cual tienen que recurrir a su patrimonio para cubrir ese excedente.

El Ministerio de Salud tiene hasta el 31 de diciembre para publicar la resolución que establece de cuánto será el incremento de esa prima, sobre la cual hay expectativa en todos los actores del sector salud, al punto que organizaciones de pacientes alertan que si no se incrementa lo suficiente les espera un futuro de enfermedad y muerte en 2025.

 

Tribuna de opinión 21 Diciembre 2024

A través de una carta, el exjefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, le solicitó al presidente Gustavo Petro ser gestor de paz.

“Señor presidente, pienso que nunca estuvieron dadas las condiciones para solicitarle a usted respetuosamente que considere la posibilidad de que yo sea avalado como un nuevo gestor de paz”, dice la carta del exnarcotraficante enviada al presidente a través del director del DPS, Gustavo Bolívar.

Cabe recordar que Rodríguez Orejuela fue extraditado en 2005 a Estados Unidos y cumple una pena de 30 años de prisión en una cárcel de Filadelfia, mientras que su hermano Gilberto falleció en el 2022 en una cárcel de ese mismo país.

En su misiva, recordó que durante varios años enfrentó una guerra a muerte con los que califica “pioneros del narcoterrorismo”, siendo utilizados por “nuestros aliados políticos de turno en pactos de deslealtad”.

Pide este beneficio a cambio de “contar la verdad de esa época oscura de nuestra historia que ha sido permeada y empañada por la cultura de la corrupción que dirigió los destinos de nuestro país por más de 40 años”.

Señala Rodríguez Orejuela que en su proceso no hubo segundas oportunidades, por lo cual señala que “solo quiero contar mi verdad sin odios ni revanchas y así poder alcanzar el perdón divino”.

El exnarco sostiene en la carta que mientras algunos se “ungían como patrones del mal”, pero que él tenía una filosofía orientada sin terrorismo, pero si a generar empleo, beneficiar al trabajador, pagar impuestos y mejorar la calidad de vida, “lo que me permite afirmar que se cometieron muchos errores, pero también tuvimos algunos aciertos”, dice.

En la carta enviada al presidente, el exjefe del cartel del Cali asegura que es difícil lograr ‘la paz total’, pero que por su experiencia en el conflicto armado, le pide considerar su postulación como gestor de paz y las distintas propuestas para luchar contra el narcotráfico y la corrupción.

Uno de los primeros en reaccionar a la propuesta fue el expresidente Andrés Pastrana, quien dijo que “Ojalá Miguel Rodríguez Orejuela cuente todos los detalles de su manguala con Ernesto Samper y sus socios de campaña en 1994 para robarme la presidencia de Colombia. Lo que lleva años anunciando”.

Por su parte, la actual directora de la Agencia para la Reincorporación, Alejandra Miller, aseguró que el país se sorprendería por los nombres que Rodríguez Orejuela salpicaría en sus relatos.

“Miguel Rodríguez le contó a la Comisión de la Verdad información muy valiosa sobre la extensa financiación del cartel de Cali a políticos de todos los partidos. ¡Se sorprendería el país con los nombres que escuchamos!”, señaló.

 

Tribuna de opinión 11 Diciembre 2024

Por considerar que podría interferir en la investigación y su normal desarrollo, la delegada de la Procuraduría General solicitó a una jueza de Bogotá imponer medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

“Esta comisión del Ministerio Público solicita que se conceda la petición de la Fiscalía General respecto a la medida de aseguramiento (…). Teniendo en cuenta las condiciones de Sandra Ortiz, se cumple específicamente el requisito de influencia en el Ejecutivo y en la administración de justicia”, explicó la delegada.

La solicitud fue respaldada por las demás partes intervinientes, a excepción de la defensa, que advirtió posibles improvisaciones por parte del ente investigador.

Este miércoles, el juzgado definirá si impone o no la medida de aseguramiento contra la exfuncionaria, quien previamente fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Ortiz no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Por su parte, el abogado defensor acusó a la Fiscalía de actuar de manera irregular al presionar a su clienta mediante un principio de oportunidad a cambio de que aceptara los cargos.

“Esto es un claro mensaje de presión hacia mi representada. Es ilógico que una persona que se le hace un primer arraigo se le hagan tres posteriores sin ninguna justificación. Cuando los investigadores de la Fiscalía se desplazaron a la casa de Sandra Ortiz, ella les indicó que si quería les entregaba el pasaporte para demostrarles que ella no se iba a volar, pero no, fue una escena de llanto, entre el asedio, la coacción, el escándalo. Los investigadores irrumpieron delante de todos los vecinos, solo para volver a tomar huellas cuando eso ya lo habían hecho”, detalló el abogado.

Sandra Ortiz ha reiterado su inocencia y anunció que próximamente revelará los nombres de funcionarios que, según ella, estarían traicionando al presidente Gustavo Petro.