por Antonio Claros | Jun 20, 2025 | Tribuna de opinion
Al mismo tiempo que la Fiscalía daba a conocer la captura del cuarto implicado en el ataque sicarial contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, el ente acusador reveló que el arma de fuego –que sigue en cadena de custodia– con la que el menor de 15 años le disparó al político el pasado 7 de junio fue modificada.
De acuerdo con el informe de balística que hace parte de la investigación, la pistola Glock 9 milímetros que accionó el menor de edad contra la humanidad del político cuando se dirigía a un grupo de seguidores en un parque del barrio Modelia, en Bogotá, fue modificada para que disparara en ráfaga.
Además, los investigadores determinaron que los casquillos de bala recolectados en el parque El Golfito, en la escena del ataque sicarial, estaban recubiertos con bronce y latón, para que su impacto fuera más letal y así causar la muerte inmediata del congresista.
El diario El Tiempo, que tuvo acceso a los resultados del informe balístico, señala que en el parque fueron recolectadas por lo menos una docena de vainillas de bala que habrían sido accionadas de dos armas diferentes.
Los resultados del cotejo de las vainillas, señaló el medio, permitieron establecer que seis de estas vainillas coinciden con la pistola marca Glock 9 milímetros, que le fue hallada al menor sicario.
La pistola Glock 9 milímetros es un arma con cargador para seis disparos continuos y, de acuerdo con Indumil, dispone de una empuñadura adaptable al tamaño de cualquier mano.
El arma con la que se cometió el ataque es fabricada en Austria y tiene capacidad para impactar objetivos que están hasta a 45 metros de distancia. De acuerdo con expertos en armas, este modelo de pistola es escasa en el mercado negro colombiano y cuestan entre 15 y 20 millones de pesos.
El pasado 9 de junio, el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, reveló que el arma fue comprada de forma legal en Mesa, Arizona, Estados Unidos, 6 de agosto de 2020.
“Estamos verificando cómo ingresó esa arma a Colombia. Sabemos su procedencia, pero no tenemos aún claridad sobre la ruta de tráfico que la trajo al país. Esa es una de las líneas de investigación más importantes que estamos desarrollando desde el momento del atentado”, explicó el general Triana en su momento.
La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EE. UU. verificó que la Glock fue adquirida por un hombre identificado como Charles Joe Anderson, quien la habría obtenido en un almacén llamado ‘Aji Port’.
Volviendo al informe de balística, este también arrojó que los seis casquillos restantes provienen de una pistola de marca Jericho, que no coincidiría, hasta ahora, con las armas con las que respondieron los hombres que hacen parte del esquema de seguridad del político.
por Antonio Claros | Jun 13, 2025 | Tribuna de opinion
Cumplida casi una semana del atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay, este viernes los demás precandidatos del Centro Democrático confirmaron que congelarán sus campañas en solidaridad con el congresista.
A través de un comunicado firmado por los senadores María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia, los precandidatos confirman que harán un alto en materia electoral. Según explicaron, se trata de una pausa “transitoria” buscando unidad.
“En solidaridad con nuestro compañero Miguel Uribe, quien hoy lucha por su vida y por Colombia, los demás precandidatos presidenciales del Centro Democrático hemos decidido hacer un alto proselitista. Esta pausa es transitoria y responde al profundo sentido de respeto y unidad que hoy nos convoca por la salud y vida de Miguel”, argumentaron.
Sin embargo, los aspirantes precisaron que no se trata de un paso atrás. “Seguimos firmes en la convicción de defender a Colombia y en nuestro legítimo deseo de liderarla”, explicaron.
“No puede pasar que atentan contra uno de nosotros y seguimos buscando votos como si no pasara nada. Los políticos no son desechables. Toda Colombia tiene que empezar a no normalizar la violencia”.
En estos términos –de forma vehemente e instando a sentar otro precedente en la política electoral colombiana–, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia había hecho un angustioso clamor a los demás aspirantes a llegar a la Casa de Nariño para que, sin distingo de su corriente política, congelen la campaña y pongan un alto al proselitismo electoral.
Lo anterior, ante la crisis institucional y el ambiente de zozobra que persiste en el país por cuenta del atentado que tiene entre la vida y la muerte al también precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado durante un evento de campaña el pasado sábado en el occidente de Bogotá.
“Este país tiene que hacer una pausa de siquiera una semana, un tiempo prudente, porque no podemos seguir como si las cosas no pasaran. Hechos graves están pasando en Colombia. Hay un ataque a la institucionalidad y hay además un atentado contra un político colombiano, el primero de nuestra generación. A eso súmele más de 19 atentados en el suroccidente del país.
El exsenador David Luna –quien también está en búsqueda de firmas–, afirmó que desde el pasado domingo suspendió temporalmente todas las actividades proselitistas “en solidaridad con Miguel Uribe y su familia. Pero también lo hago con el ánimo de pedir unión en torno a la defensa de la democracia”.
El mensaje también caló entre sectores afines al Gobierno. El exsenador y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar –hoy por hoy uno de los favoritos en las encuestas–, le reafirmó que “paré agenda, paré actividad política. Propuse que fuera por 15 días, pero si toca alargarlo, lo hacemos. Es injusto que mientras este hombre se está debatiendo entre la vida y la muerte, los demás estemos tratando de pescar votos en río revuelto, algunos aprovechándose de la tragedia”.
por Antonio Claros | Jun 7, 2025 | Tribuna de opinion
La senadora Angélica Lozano, una de las abanderadas de la reforma laboral que aterriza en último debate en la plenaria, se refirió este viernes a la propuesta que lanzó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dejó entrever que el Gobierno estaría dispuesto a no convocar por decreto su consulta popular si el Senado acoge el mismo texto de la reforma que fue aprobado en Cámara.
“No es sensato”, dijo la congresista, quien señaló que acoger el texto de la otra plenaria podría llevar a repetir el supuesto vicio de la reforma pensional, que terminó demandada ante la Corte Constitucional.
Lozano, que además le recordó a Benedetti que el Congreso es bicameral y no unicameral, destacó que el 80 % del texto aprobado en Senado y que discutirá desde el lunes la plenaria es igual al de Cámara. “Las diferencias de fondo, legítimas en democracia, se resuelven a voto limpio”, señaló la senadora.
El ministro respondió a la declaración de Lozano y al mostrarse de acuerdo, indicó que “solo es una propuesta para que haya una verdadera reforma laboral”.
Previamente, Benedetti sorprendió al ponerle una condición al Senado para evitar la consulta popular que promueve el Gobierno Nacional y que podría ser convocada por decreto, como anunció esta semana el presidente Gustavo Petro.
Según la tesis del ministro, el Ejecutivo estaría dispuesto a cesar en la convocatoria siempre y cuando el Senado acoja en último debate el mismo texto de la reforma laboral que fue aprobado y concertado en la Cámara de Representantes.
“Si en el Senado se aprobara lo que viene concertado de Cámara, que es un esfuerzo de la plenaria de la Cámara, uno podría pensar que no sería necesaria la consulta”, declaró Benedetti, señalando que ese texto fue “concertado con los empresarios, con la clase obrera, con los sindicatos, profesores y con los campesinos”.
El ministro advirtió que, si bien es ese sería un “futuro hipotético”, lo ideal es que el Senado acoja al menos el 80 % del texto aprobado en Cámara y que se elimine tajantemente la contratación por horas. “Hay que hacer unos ajustes pequeños que no creo que sean punto honor para las mayorías en el Senado de la República”.
No obstante, Benedetti arreció en que el eventual decreto estaría motivado por los supuestos vicios en la votación de la consulta en el Senado, “el fraude, la trampa, etcétera”. El ministro agregó que el decreto será remitido a la Corte Constitucional.
Además, indicó que la Registraduría no se podría oponer a la convocatoria a los comicios. “Sería un desacato a un decreto presidencial. El registrador no está en posición de estar valorando si se pueden o no se pueden hacer elecciones, debe aplicar el decreto”.
por Antonio Claros | May 30, 2025 | Tribuna de opinion
La última perla con la que salió el Gobierno del presidente Gustavo Petro en cuanto al manejo del sector salud fue incluir cuatro preguntas sobre el sistema en la nueva consulta popular que radicó —por interpuesta persona: el ministro Guillermo Jaramillo— ante el Senado esta semana. Entre tanto, cientos de miles de pacientes y usuarios siguen padeciendo demoras en la prestación de servicios y el número de tutelas que se presentan ante los jueces buscando proteger ese derecho aumentaron exponencialmente en el último año.
Hay que recordar que esas preguntas abordan la compra y producción de medicamentos, el futuro y transformación de las entidades promotoras de salud (EPS), el cambio de enfoque en el modelo de atención y el régimen laboral de los profesionales del sector.
En el medio, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza dio a conocer unas cifras que dan muestra de las dificultades que están teniendo los pacientes para ir al médico, hacerse una operación o reclamar sus medicamentos. Si bien a primera vista lo segundo no tendría nada que ver con lo primero, hay una relación de causalidad entre ambos hechos, que deja al descubierto que las acciones e inacciones del Gobierno están impactando de manera negativa el sistema de salud.
Savia Salud encabeza
En primer lugar, los datos expuestos por Pedraza señalan que en siete EPS que actualmente están bajo intervención forzosa administrativa de la Superintendencia de Salud se han incrementado el número de pretensiones en tutelas entre 2023 y 2024 (ver gráfico arriba). Aquí vale la pena explicar que las cifras corresponden al número de solicitudes y no al de tutelas, pues en una misma tutela se pueden pedir una o varias solicitudes.
En 2024, según información de la Corte Constitucional, hubo 220.729 pretensiones mediante este recurso judicial presentadas contra esas aseguradoras. Están distribuidas de la siguiente manera: Nueva EPS con 100.902; Savia Salud con 33.817; Sanitas con 33.055; Emssanar con 18.510; Asmet Salud con 16.500; Famisanar con 16.306, y Servicio Occidental de Salud (SOS) con 1.639.
Esa evidente disparidad, sin embargo, debe ponerse en contexto: es por la diferencia poblacional entre estas. Por ejemplo, Nueva EPS tiene 10,8 millones de afiliados, mientras que Savia Salud, Sanitas y Asmet Salud tienen 1,6 millones, 5,6 millones y 1,8 millones, respectivamente.
Es por eso que la mejor forma de medir los datos es mediante la tasa, que en este caso es el número de pretensiones por cada 10.000 afiliados, para que haya un rasero equitativo de medición.
Así las cosas, queda que en 2024 la EPS intervenida que mayor tasa de pretensiones en tutelas presentó fue Savia Salud con 201, y le siguen Emssanar con 110; Asmet Salud con 105; Nueva EPS con 87; Famisanar con 59; Sanitas con 57 y Servicio Occidental de Salud (SOS) con 22.
Lo anterior deja ver un hecho particular: las tres con mayor tasa de pretensiones en tutela tienen en su mayoría a afiliados del régimen subsidiado, es decir, las personas que no son cotizantes al sistema porque no tienen empleo formal y su atención en salud la cubre el Estado. En el caso de Savia Salud, tiene 1,5 millones de afiliados en ese régimen; Asmet Salud, 1,5 millones, y Emssanar a todos.
Para el investigador en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, “las tutelas están ligadas a la posibilidad de acceder a abogados o mecanismos para presentarlas; por lo cual, que en EPS del régimen subsidiado están creciendo podría indicar que hay más necesidades en salud por cumplir en las personas de bajos ingresos”.
O también que haya habido más acceso y conocimiento de este mecanismo “por acción de organizaciones sociales o de instituciones públicas, como la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales o distritales”. En todo caso, concluye que “implica una mayor exigencia por parte de usuarios que normalmente no utilizan ese mecanismo y se traduce en más conocimiento jurídico de los afiliados”
Incremento año a año
Las cifras de la Corte Constitucional, entregadas a Jennifer Pedraza mediante un derecho de petición, muestran la evolución de las tutelas entre 2021 y 2024. Lo primero que se observa es que, si bien el cambio al paso de los años tuvo tendencia al incremento (salvo Asmet Salud), de 2023 a 2024 —año en que se dieron o continuaron las intervenciones de la Supersalud— se dio una subida más fuerte.
En 2021, contra Savia Salud se presentaron 38 pretensiones en acciones de tutelas por cada 10.000 usuarios; seguida por Nueva EPS, contra la que se interpusieron 26; Asmet Salud, que tuvo 24; Emssanar, que registró 21; Famisanar, 11; Sanitas y Servicio Occidental de Salud (SOS), con tres.
Para 2022, la tasa de pretensiones lo lideró Savia Salud, con 75; y le siguieron Emssanar con 60; Nueva EPS con 47; Asmet Salud con 47; Sanitas con 29; Famisanar con 21, y Servicio Occidental de Salud (SOS) con 6.
Posteriormente, en 2023, Savia Salud estuvo a la cabeza con 126 y detrás Asmet Salud con 119; Emssanar con 80; Nueva EPS con 62; Sanitas con 48; Famisanar con 38 y Servicio Occidental de Salud (SOS) con 15.
En 2024, finalmente, hubo una tasa de 201 pretensiones contra Savia Salud, de 110 contra Emssanar, de 105 contra Asmet Salud, de 87 contra Nueva EPS, de 59 contra Famisanar, de 57 contra Sanitas y de 22 contra Servicio Occidental de Salud (SOS).
por Antonio Claros | May 23, 2025 | Tribuna de opinion
Venezuela vivirá este fin de semana una tensa jornada electoral en la que se elegirán gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y representantes a los Consejos Legislativos Estaduales. El ambiente ya genera gran expectativa, marcado por el control del régimen, las medidas preventivas de seguridad y el llamado de sectores de la oposición a boicotear las elecciones mediante la abstención.
En medio de este panorama, una de las medidas más recientes anunciadas por las autoridades venezolanas es el cierre de los pasos fronterizos con Colombia. Según informó Migración Colombia, el gobierno del país vecino notificó que la frontera estará cerrada desde las 12:01 a. m. del viernes 23 de mayo hasta las 11:59 p. m. del lunes 26 de mayo, como parte de las acciones de seguridad en el marco de los comicios.
“Frente a esta medida, Migración Colombia reitera su compromiso con el país, a fin de garantizar el control migratorio, la seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con la normatividad vigente y los acuerdos internacionales”, señaló la entidad en un comunicado.
Así mismo, Migración precisó que continuará operando con normalidad en sus puntos de atención durante el periodo de cierre, respetando los principios de soberanía, cooperación binacional y derechos humanos.
Según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, más de 21 millones de ciudadanos están habilitados para votar en 15.736 centros de votación distribuidos en todo el país. A pesar del llamado oficialista a participar masivamente en los comicios, diversos sectores opositores han calificado la jornada como ilegítima y han instado a los ciudadanos a no acudir a las urnas, denunciando falta de garantías democráticas.
por Antonio Claros | May 13, 2025 | Tribuna de opinion
Un militar muerto y varios pasajeros en estado de pánico dejó un ataque terrorista en una carretera del departamento de Caquetá, en el que unos delincuentes incineraron un bus de servicio público.
De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el incidente se presentó a las 6:00 p.m. de este lunes, en la vía que comunica a los municipios de San Vicente del Caguán con Puerto Rico.
Por allí se movilizaba un bus de la empresa Cootranscaquetá Ltda., cuyo destino era la ciudad de Bogotá, con escala en Florencia, cuando fue interceptado por desconocidos a bordo de motocicletas.
Obligaron al conductor a detenerse, bajaron a los pasajeros intimidándolos con armas de fuego, y después procedieron a esparcirle gasolina e incendiar el vehículo.
En circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, dentro del automotor quedó un pasajero, el cual murió calcinado por las llamas.
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, se pronunció este martes sobre lo sucedido. Dijo en una entrevista radial que la víctima “al parecer es un militar que estaba de permiso visitando su familia y desafortunadamente fue incinerado”.
Añadió que los principales sospechosos del crimen son integrantes del frente Iván Díaz de la disidencia de las Farc que comanda alias Calarcá en ese departamento.
De manera extraoficial, fuentes de la zona le manifestaron a este diario que la víctima al parecer es el sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros Maigual, quien prestaba su servicio en un batallón de Arauca.
Al momento de los hechos, se encontraba de permiso, pues había ido a visitar a su esposa, otra militar que labora en un batallón de Caquetá. Luego de pasar un tiempo con ella, el suboficial estaba en camino de regreso a Bogotá, para desde allí hacer la conexión hacia Arauca.
Sobre la manera en que falleció hay dos hipótesis, según fuentes militares: la primera es que le dispararon y después lo quemaron dentro del automotor; la segunda, al parecer difundida por los propios disidentes, es que la víctima se ocultó en el baño del bus y no alcanzó a salir cuando se propagó el fuego.
De confirmarse la autoría de la organización criminal de “Calarcá”, este sería el segundo acto terrorista con el que esa agrupación viola el cese el fuego instaurado por el Gobierno Nacional en el marco de la mesa de conversaciones de paz.
El anterior incidente ocurrió el 27 de abril de 2025, en el sector rural Guanapalo, en el departamento de Guaviare, donde fueron emboscados y asesinados siete militares y seis quedaron heridos.
El crimen fue perpetrado por delincuentes del bloque Jorge Briceño, adscritos al Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) que comanda “Calarcá”, quien aseguró que se trató de una confusión, ya que creyeron –presuntamente– que se trataba de enemigos de las disidencias de “Iván Mordisco”.
