por Antonio Claros | Feb 6, 2025 | Tribuna de opinion
El gobierno de Donald Trump eliminó oficialmente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los miles venezolanos que les permitía permanecer en Estados Unidos. Esta extensión de protección expirará oficialmente el 7 de abril de 2025, según la orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense, manifestó que el “TPS ha permitido que una población significativa de extranjeros inadmisibles o ilegales sin un camino hacia un estatus migratorio legal se establezca en el interior de Estados Unidos”.
Del mismo modo, afirmó que las “grandes cantidades han resultado en dificultades asociadas en las comunidades locales”, pero que en esos mismos sectores “los recursos locales han sido inadecuados para satisfacer las demandas causadas por el aumento en el número de inmigrantes”.
El expresidente Joe Biden había extendido el TPS por otros 18 meses poco antes del regreso al poder de Trump, quien prometió efectuar deportaciones masivas de migrantes.
El TPS se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición “extraordinaria”. Trump intentó eliminar el programa en su primer gobierno, pero fue impedido por motivos legales.
El gobierno de Biden amplió el TPS para cubrir a más de un millón de personas de El Salvador, Sudán, Ucrania, Venezuela y otros países, permitiéndoles permanecer legalmente en Estados Unidos.
En el primer día de su segundo gobierno, Trump emitió una orden ejecutiva para revisar las designaciones de TPS. Según el Pew Research Center, hasta marzo de 2024 había 1,2 millones de personas elegibles para el TPS o ya beneficiadas con el programa, siendo los venezolanos el grupo más grande.
Maduro inició en enero su tercer período como presidente de Venezuela. Estados Unidos no reconoce la victoria electoral del mandatario chavista y ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por su arresto bajo cargos de narcotráfico.
por Antonio Claros | Ene 29, 2025 | Tribuna de opinion
Solo el año pasado Estados Unidos devolvió a 14.200 colombianos indocumentados que querían vivir la promesa del “sueño americano”, muchos de ellos estaban esperando que se les acogiera como asilados, una táctica que se ha vuelto costumbre. Entre ellos estaba un hombre al que llamaremos Alberto, quien se adelantó a su familia y vendió algunas pertenencias para ajustar los casi 15 millones de pesos que le cobraba un hombre mexicano para pasarlo por “el hueco”.
Alberto era un hombre ni tan pobre ni tan rico, un hombre de clase media que hacía esfuerzos para llegar a fin de mes, padre de unos hijos talentosos que competían en un deporte con miras a convertirse en profesionales. Sin embargo, en algún momento sintió que esos sueños podían tener mayor vocación de realidad en Estados Unidos, por eso viajó a finales de 2023 y fue devuelto a mediados del año pasado.
El caso de Alberto es apenas uno de los cientos de miles dramas familiares detrás de bambalinas de la crisis diplomática que provocó el presidente Gustavo Petro al negar este domingo el aterrizaje de un avión con deportados de Estados Unidos. La crisis ha dejado al descubierto un impresionante fenómeno de cientos de miles de colombianos que quieren entrar de manera ilegal a Estados Unidos. En 2021, detuvieron a 6.700 colombianos en la frontera, y apenas dos años después, para 2023, fueron 170.000.
Detrás de está migración, de quienes no se van por el Darién sino que llegan en avión a México, y buscan o cruzar la frontera o entregarse a las autoridades migratorias para pedir asilo, más allá de las ilusiones se mueve un jugoso negocio: a cada migrante le cuesta por lo menos US$10.000 para llegar allá. Dinero que pierden una vez los deportan.
Luego de 20 horas, la crisis se resolvió, el gobierno de Colombia aceptó que siguieran llegando deportados de Estados Unidos a nuestro país, pero ofreció traerlos en el avión presidencial.
Es decir —tema ya harto mencionado—, el presidente Gustavo Petro puso al país a las puertas de una debacle económica por una práctica que se está realizando desde el gobierno de Joe Biden, contra el que no protestó seguramente porque este era del partido Demócrata —la izquierda estadounidense—. Sin embargo, la pelea de redes sociales que inició Petro terminó en que ahora el país está pagando la deportación de los colombianos, un gasto para el que la Casa de Nariño no estaba preparado y que le aprieta aún más una billetera que no aguanta mucho más.
Los datos del Departamento de Defensa, para 2022, hablan de un costo promedio por hora de vuelo, para este tipo de aviones, de entre US$68,000 y US$71,000. Con base en estas cifras, un vuelo de 12 horas, contando ida y regreso, costaría entre $816,000 y $852,000, es decir, alrededor de 4.000 millones de pesos colombianos.
También vale recordar cifras de colombianos deportados desde Estados Unidos a Colombia. Al final del primer gobierno de Donald Trump, fueron expulsados del país norteamericano 2.089 nacionales por haber ingresado de manera ilegal: 1.158 en 2019 y 931 en 2020. Posteriormente, en el gobierno de Joe Bien, la cifra creció exponencialmente: en 2022 se deportaron 3.753 ciudadanos, en 2023 se deportaron 9.866 y en 2024 la cifra llegó a 14.268.
De acuerdo con datos de la organización Witness at the Border (Testigo en la Frontera), entre 2020 y 2024 (fin del primer gobierno de Trump y todo el gobierno de Biden) Colombia recibió 475 vuelos de deportación de inmigrantes. Los países que en esos años recibieron más vuelos de expulsados de Estados Unidos han sido Guatemala (1.778), Honduras (1.419), México (759), El Salvador (616), Colombia (475), Ecuador (407) y Haití (337). En promedio, en el país llegaron 95 vuelos de deportados al año.
Las rutas del migrante
Volvamos con la historia de Gustavo. Para lograr su paso por el hueco tuvo que endeudarse con agencia de viajes y llegar a Ciudad México, luego cruzó ese país hasta Tijuana y entonces atravesó la frontera con un “coyote” —personas que pasan a migrantes de las maneras más riesgosas a Estados Unidos— y pudo estar en ese país casi un año.
Una historia muy distinta a la de Alexander, un ingeniero que trabajaba en el Metro de Medellín y quien ganaba unos 4 millones de pesos; se gastó 10.000 dólares viajando hasta Ciudad Juarez y luego a Nuevo México, donde estuvo detenido durante doce días y regresado a Colombia con una mano adelante y otra atrás.
Cuando llegan a México, los migrantes que van por tierra en el periplo que atraviesa por Centroamérica, suelen tomar tres rutas: la de la Costa Pacífica tiene estaciones en las ciudades de Tapachula, Arriaga, Ixtepec, Ciudad de México, Guadalajara, Altar, Nogales, Mexicali y Tijuana, de acuerdo con el rastro de las autoridades de ese país.
La ruta de la costa opuesta, en límites con el Golfo de México, pasa por Tenosique, Córdoba, Tula, San Luis Potosí, Monterrey, Reinosa y Nuevo Laredo.
Y la más peligrosa es la que va por el centro del país, que pasa por Tula, Torreón y Ciudad Juárez, con el propósito de atravesar la línea limítrofe en El Paso, Texas. Esta es la que más proclive a secuestros por parte de los carteles narcotraficantes.
Una de las colombianas que llegó deportadas de Estados Unidos este martes, contó que durante su viaje por suelo mexicano abordó un tren de carga como “polizón”. Se trata de una famosa máquina conocida como “la Bestia”, que va del sur al norte de México transportando mercancía.
Los migrantes lo abordan en movimiento, arriesgando sus vidas para ahorrar dinero de transporte. Luego tienen que saltar a tierra en Ciudad Juárez o Nuevo Laredo, para seguir a pie por un sendero desértico.
Dependiendo del punto de origen, y de si viaja con un grupo familiar, un migrante ilegal puede gastar en su viaje entre 2.000 y 20.000 dólares.
Según un informe revelado en 2024 por la Red de Activistas Ciudadanos por los DD.HH. (REDAC), una ong de origen venezolano, “los precios se han incrementado con la misma rapidez que ha aumentado la demanda de migrantes en tratar de llegar la frontera sur de EE.UU. Un viaje que antes costaba 3.000 dólares y 5.000 dólares, actualmente cuesta entre 7.000 y 15.000 dólares e incluso más”.
Desagregando la tarifa, la entidad detalló que “el paso en lancha por el mar Caribe desde Necoclí hasta Capurganá cuesta entre 310 y 350 dólares por persona”; los guías en el Tapón del Darién cobran de 70 a 550 dólares, según la necesidad; el bus de Panamá a Costa Rica sale en unos 40 dólares; un viaje clandestino por mar desde el archipiélago de San Andrés hasta Nicaragua, vale de 2.000 a 3.000 dólares.
“Algunos migrantes que han sido secuestrado señalan que les han pedido hasta 5.000 dólares como rescate, sino corren el riesgo de ser asesinados o explotados en la trata de personas”, reportó la ONG.
La Policía de Colombia ha indicado en varias oportunidades que algunos de los migrantes son obligados a transportar bultos de cocaína de hasta 20 kilos por la selva, corriendo el riesgo de que otros traficantes los maten para quitarles la mercancía.
Los negocios en Medellín
Los coyotes han sido creativos a la hora de conseguir nuevos clientes y rutas. Tienen planes de todos los precios: desde el más básico que incluye la llegada terrestre hasta Necoclí y después todos los horrores de cruzar una selva a pie, hasta opciones VIP en aviones privados y embarcaciones cómodas hasta Panamá. O al menos, eso es lo que les ofrecen para poder cobrarles millonadas. Saben que después, cuando estén metidos entre costales en una embarcación de carga y no en el yate que les ofrecieron, no tienen a quien reclamarle. Así le pasó a Jorge Andrés y a su hijo Jorgito, a quienes hace un tiempo les cobraron más de $1.000 dólares a cada uno, por llevarlos hasta Estados Unidos con salida desde el aeropuerto Olaya Herrera y escala en Panamá.
“La instrucción del coyote con el que hablamos en Medellín era que siempre viajáramos de noche, que si nos paraban dijéramos que estábamos de vacaciones aunque en realidad queríamos pasar a Estados Unidos; que podía ocurrir que los carteles de narcotraficantes o los grupos armados nos pararan y que, en ese caso, lo llamáramos a él, que él tenía contactos y sabría qué hacer”, recuerda Julián, que hace un par de años salió rumbo a Estados Unidos con su hermano, cada uno con al menos $1.500 dólares escondidos y en las medias y en los calzoncillos para cuando algo saliera mal.
El tour que les vendieron incluía pasaje en avión a Ciudad de México, donde debían hacerse pasar como turistas. De allí viajaron ocho horas en bus hasta Tijuana. Una vez allá, tuvieron que subir una escalera para pasar el primer muro que se encontraron en la frontera. Nada de eso estaba previsto cuando les vendieron el plan en Medellín. Luego, debieron entregarse a las autoridades fronterizas, que finalmente los dejaron pasar.
Pero esa suerte es la excepción. A mediados del año pasado, Michel Andrea Agudelo, una joven de 22 años, salió de Medellín rumbo a Estados Unidos también a través de México. Iba acompañada o asistida, como casi todos, por un coyote que contrató desde aquí. En la noche del pasado 29 de junio le mandó el último mensaje a Liliana, su madre: “Los amo”, escribió por WhatsApp. Después de eso, fueron 25 días sin tener noticias de ella, hasta que unos familiares se encontraron con la noticia en internet: estaba muerta y el cuerpo lo tenían las autoridades del estado de Baja California, en México. Medios mexicanos reportaron que Michel fue encontrada por un habitante del municipio fronterizo de Jacumé, una zona que “explotan” los coyotes para llevar migrantes a Estados Unidos por unos 1.000 dólares.
La nota criminal decía que la joven no tenía heridas o lesiones que sugiriera que había sido una muerte violenta. La encontraron boca abajo, tenía un pantalón con franjas blancas, tenis del mismo color y una camiseta negra estampada. Decía el informe que la causa de la muerte fue un infarto. El coyote solo dijo que la llevó hasta una patrulla en la frontera con vida. El proceso para repatriar un cuerpo desde la frontera es casi tan traumático y sin duda más costoso que llegar hasta allá.
por Antonio Claros | Ene 23, 2025 | Tribuna de opinion
El Gobierno Nacional tiene todo listo para expedir este miércoles, 22 de enero, el decreto de conmoción interior en la región del Catatumbo, que lleva seis días sumida en una grave crisis humanitaria debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las antiguas Farc.
Esta medida permitirá al Ejecutivo adoptar acciones urgentes para restablecer el orden público en la zona.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó en entrevista con Blu Radio que se descartó declarar la emergencia económica, como venía evaluándolo el Gobierno desde hace varios días.
“El Gobierno ha tomado la decisión de que por el momento no es necesario el estado de emergencia económica, social y ambiental. Bajo el amparo del decreto de conmoción interior se pueden expedir y tomar las decisiones que consideramos se necesitan para restablecer esa normalidad en el Catatumbo. Luego, se descarta la emergencia económica y social por el momento”, reveló el funcionario.
Añadió que en el transcurso del día se emitirá el decreto de conmoción interior con medidas relacionadas con la acción de las Fuerzas Militares y de Policía, la atención humanitaria y la puesta en marcha del llamado “Pacto por el Catatumbo”, una iniciativa que involucra a los municipios de esta región y a la Gobernación de Norte de Santander.
“Con los decretos tomamos las medidas que consideramos son absolutamente indispensables y necesarias para restablecer la normalidad desde el punto de vista de seguridad, la normalidad y para avanzar en la intervención integral del territorio del Catatumbo desde el punto de vista social y económico”, aseguró.
En ese sentido, explicó el ministro, los decretos abarcan tres frentes puntuales: “De carácter de seguridad, fortalecimiento de equipamiento militar, de presencia de la fuerza pública, restricciones obviamente para retomar el control del Catatumbo; en segundo lugar, las medidas de carácter humanitario para atender a las víctimas del desplazamiento forzado y en tercer lugar, todo un paquete de medidas que nos va a permitir financiar el pacto por el Catatumbo que ya estaba a punto de suscribirse por parte del presidente de la república con los alcaldes del Catatumbo” agregó.
La conmoción interior tiene unas consecuencias jurídicas directas de gran calado: el presidente asume unas facultades extraordinarias como la posibilidad de promulgar decretos con fuerza de ley sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, las decisiones que tome, tendrán control de la Corte Constitucional, incluso la de la declaratoria de la conmoción.
En la historia reciente se ha declarado siete veces la conmoción interior en los gobiernos de Gaviria, Samper y Uribe. Ahora, Gustavo Petro, también se suma a la lista al declarar el octavo estado de conmoción por la batalla armada que se está dando entre el ELN y las disidencias de las Farc en la zona de frontera con Venezuela, con graves afectaciones para la población civil.
Justamente, en su más reciente informe, la Defensoría del Pueblo confirmó que ya son más de 32 mil desplazados a causa de los enfrentamientos. Lo grave es que los municipios de la región del Catatumbo, así como la ciudad de Cúcuta, superaron su capacidad para atender a los afectados.
por Antonio Claros | Ene 13, 2025 | Tribuna de opinion
Comenzó el año preelectoral. Ya no solo es la frase “ojo con el 26” que se repite en los pasillos del poder sino “ojo con el 25”, pues es decisivo. El presidente Gustavo Petro anunció que se reunirá con su gabinete este 13 y 14 de enero para definir la hoja de ruta de los últimos 19 meses de su administración. Pero más que eso, en concreto, se decidirá quiénes van a ser precandidatos presidenciales y quiénes se quedan para integrar las listas a Cámara y Senado del Pacto Histórico.
Las modificaciones responden a dos factores principales: las aspiraciones de algunos funcionarios que el Presidente considera que tienen posibilidades de competir y el desgaste o inconformidad que afecta a otros. Entre los posibles movimientos figuran ministros, directores de departamentos y embajadores.
Este año marca el comienzo del llamado ‘partidor’ presidencial, un periodo clave en el que se empezará a consolidar el grupo de candidatos para las elecciones de 2026. En este contexto, se prevé que varios integrantes del Gobierno presenten su renuncia en las próximas semanas, cumpliendo con la exigencia legal de dejar sus cargos en el Ejecutivo al menos un año antes de los comicios, si planean postularse.
¿Cuáles ministros saldrían?
Uno de los cambios más probables es el del canciller Luis Gilberto Murillo, cuyas aspiraciones presidenciales son evidentes. Murillo, quien fue candidato en las pasadas elecciones y luego fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, ha tenido claros distanciamientos con Petro, especialmente en lo referido a Venezuela. “Hubo una reunión hace una semana en la que (Laura) Sarabia y Murillo le pidieron al Presidente que se pronunciara rápidamente sobre la situación de los excesos cometidos por Maduro”, le dijo a este diario una fuente enterada.
La postura de Murillo frente al régimen de Nicolás Maduro ha sido notablemente más firme que la del Presidente, lo que ha marcado diferencias significativas. Sin embargo, sería una baja importante para el gobierno de Petro, considerando que se trata de uno de los ministros con mayor aprobación, según varias encuestas recientes.
En el remezón también se incluiría a Gustavo Bolívar, cuya eventual salida de la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha sido interpretada como una estrategia política del petrismo para posicionarlo como el candidato con mayores posibilidades de dar continuidad al gobierno de izquierda. Así lo reflejan las encuestas de finales del año pasado que son, de todos modos, una fotografía prematura del escenario electoral. Algunos analistas aseguran que la elección de alguien como Bolívar, amigo cercano de Petro, responde a la necesidad de presentar un candidato “digerible”, gracias a su personalidad franca y accesible, que conecta fácilmente con la ciudadanía a través de las redes sociales.
Así mismo, en la puerta de salida también estaría la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a quien sectores cercanos al Gobierno consideran una figura clave para continuar el legado de Petro por otros cuatro años. Algunos, incluso, la ven como la Claudia Sheinbaum del petrismo que podría recibir el poder como hizo la presidente mexicana de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, aunque es una funcionaria destacada, no tiene el suficiente reconocimiento e impacto mediático, a pesar de haber liderado la COP16, el evento de biodiversidad realizado en Cali hace pocos meses. Por eso, el escenario más probable, según fuentes, es que lidere la lista del Pacto Histórico al Senado que volvería a ser “cremallera” (hombre y mujer intercalados).
Otros leales al petrismo podrían estar considerando aspirar a cargos de elección popular, lo que implicaría renunciar a sus funciones y maquinarias políticas en sus carteras. Entre ellos se encuentra el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, no obstante, ha afirmado que por ahora no tiene planes de presentar su renuncia, pero suena para llegar al Congreso.
“Renuncio solo ante el Presidente, soy un leal servidor de esta causa, me declaro petrista ‘pura sangre’. El Presidente me puso una labor muy importante y aquí estaré hasta que él lo considere, espero que sea hasta el último día, es decir, el 6 de agosto de 2026”, dijo cuando fue indagado sobre su eventual salida del ministerio.
Al igual que Jaramillo, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, también dejaría su cargo. Se dice, además, que Camacho sería uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de la actual senadora María José Pizarro, con quien mantiene una relación cercana, pues fue su asesor durante su período como representante a la Cámara.
En cuanto a Laura Sarabia, considerada la persona más cercana al presidente Petro, bastante se ha hablado sobre su posible salida debido a desacuerdos con otros miembros del gabinete e incluso con el propio mandatario. Sin embargo, no está claro si Petro estaría dispuesto a prescindir de ella. Existe la posibilidad de que ella permanezca en el Gobierno llegando a la Cancillería, en caso de concretarse la salida de Murillo.
Y finalmente, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, que desde que llegó al gabinete a mediados del año pasado ya está pensando en ser candidato, según congresistas.
Los embajadores
Entre los embajadores cuya salida ya se anticipa se encuentra Roy Barreras, actual embajador en el Reino Unido, quien desempeñó un papel clave en la elección de Petro como Presidente y mantiene aspiraciones presidenciales de larga data. También figuran Camilo Romero, embajador en Argentina; León Fredy Muñoz, excongresista y dirigente muy cercano a Petro, quien ocupa el cargo de embajador en Nicaragua, y Guillermo Rivera, embajador en Brasil, menos cercano a Petro.
A diferencia de todos los nombres anteriores, hay precandidatos del petrismo que no deben renunciar a sus cargos porque son congresistas. Es el caso de la senadora María José Pizarro y Martha Peralta. Otros que están por fuera del Gobierno, como la exministra de Salud, Carolina Corcho, también quieren entrar a competir.
Difícilmente, según análisis y encuestas, el presidente Gustavo Petro podrá hacer elegir a un sucesor o sucesora de su línea política. Pero será clave en una eventual segunda vuelta.
por Antonio Claros | Ene 7, 2025 | Tribuna de opinion
Hay un nuevo round entre el presidente de Colombia y el alcalde de Medellín. El mandatario Gustavo Petro publicó un trino en su cuenta de X (antes Twitter) arremetiendo en contra de las declaraciones que Federico Gutiérrez hizo recientemente sobre la situación económica de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y una posible crisis energética a nivel nacional.
“Al alcalde Federico Gutiérrez se le olvida que la opción tarifaria la creó el expresidente Duque, como una deuda de los usuarios a las empresas de energía. La Nación no es titular de esa deuda”, escribió el Presidente en la red social.
En el trino, Petro se refirió a las declaraciones que hizo Gutiérrez el 4 de enero en una entrevista.
En esa conversación, el alcalde aseguró que el Gobierno no ha girado a tiempo el dinero correspondiente a los subsidios de energía que reciben los estratos más bajos. “Solo por subsidios de tarifa de energía a los estratos 1, 2 y 3 a todo el grupo EPM, la deuda que se tiene es de 2.1 billones de pesos desde el año pasado”, afirmó “Fico”.
Uno de los puntos que mencionó Gutiérrez para resaltar la gravedad del asunto es el apagón ocurrido el 2 de enero en Puerto Carreño, Vichada. El municipio ubicado al sur del departamento se quedó sin luz debido a la falta de pago del Gobierno del subsidio a los recibos de energía eléctrica.
Varios de los gremios del sector energético del país le solicitaron al Gobierno recientemente en un comunicado el pago urgente de los subsidios a las comercializadoras de energía, los cuales son cubiertos en un 20% por los estratos 5 y 6 y el 80% restante le corresponde asumirlo al Estado.
El alcalde de Medellín le respondió en X a Petro, recordando estos saldos pendientes y asegurando que está situación podría llegar a desencadenar una crisis energética en todo el territorio nacional.
por Antonio Claros | Dic 27, 2024 | Tribuna de opinion
La procuradora delegada en asuntos de salud, Diana Ojeda, envió un oficio al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en donde pide transparencia frente a los procedimientos que se adelantan para fijar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente al 2025.
Según destacó el documento, la Procuraduría expresó su preocupación por conseguir un valor suficiente para atender las necesidades de los colombianos y colombianas y no agravar la crisis actual del sistema.
“Este debe incorporar elementos actuariales ajustados a los cambios demográficos y epidemiológicos, utilizando datos representativos reportados por todas las EPS, además de incorporar correctamente ajustes por inflación y frecuencia”, declaró la Procuraduría en un comunicado.
En ese sentido, el ente de control pidió al Ministerio entregar la documentación y los nombres de funcionarios que conforman y participan en las sesiones en donde se están concertando el valor de la UPC, esto con el fin de garantizar la transparencia de los procesos.
“Las medidas adoptadas por el Ministerio a su cargo han venido generando una crisis financiera y humanitaria que afectan la garantía de los derechos fundamentales a la salud de los colombianos, motivo por el cual, se le insta a cumplir por la normatividad vigente que resuelva la difícil situación que enfrenta el sistema y una de estas soluciones es determinar un cálculo suficiente de la UPC que atienda las estudios de los diferentes expertos en la materia y permita superar esta grave situación”, concluyó la Procuraduría.
Vale la pena recordar que la suficiencia de la UPC ha sido tema de debate entre el Gobierno Nacional y las EPS. El primero insiste, por medio del ministro Jaramillo y el presidente Petro, que la plata les alcanza y sugieren que si no es así, es por alguna razón delictiva o de corrupción.
Entre tanto, las aseguradoras han presentado cifras e informes que muestran que la siniestralidad que alcanzan, en algunos casos, llega hasta el 108 %. Es decir, que de cada $100 que reciben se gastan $108 en la atención en salud, por lo cual tienen que recurrir a su patrimonio para cubrir ese excedente.
El Ministerio de Salud tiene hasta el 31 de diciembre para publicar la resolución que establece de cuánto será el incremento de esa prima, sobre la cual hay expectativa en todos los actores del sector salud, al punto que organizaciones de pacientes alertan que si no se incrementa lo suficiente les espera un futuro de enfermedad y muerte en 2025.
