por Antonio Claros | Jun 6, 2024 | Tribuna de opinion
Sneyder Pinilla y Olmedo López volvieron a agitar la conversación sobre los hechos de corrupción en el mega escándalo de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). El primero llegó con un chaleco antibalas por encima de su traje a la Corte Suprema de Justicia en un voluminoso esquema de seguridad y al lado de su abogado, el exfiscal condenado Luis Gustavo Moreno. El segundo estuvo nueve horas declarando en la Fiscalía, a la que por fin le entregó las pruebas documentales que tiene para acompañar sus dichos. El abogado de López, José Luis Moreno y hermanastro del anterior, dijo que su cliente entregó 200 folios entre los que se encuentran chats, pruebas de georeferenciación, trazabilidad de dinero, documentos de reuniones y otros elementos.
Ambos se ratificaron en sus señalamientos contra los congresistas que han mencionado hasta ahora y aseguraron que también aportarán estas pruebas a la Corte en las próximas semanas. Lo que se viene para congresistas, ministros y altos funcionarios tras esta primera colaboración podría no tener revés.
Aunque Pinilla y López tuvieron el mismo día una agenda de declaraciones paralela, hubo una frase del exsubdirector de la UNGRD que también se convierte en un punto de giro en la historia.
“Hoy vengo a cumplirle la cita a la justicia, no me estoy escondiendo absolutamente de nadie y vuelvo a pedirle perdón al país, a mi familia, mis padres, mis hijos y mi hogar, porque lo que hicimos estuvo mal. Hice parte de una estructura criminal, en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Acuérdese doctor Andrés, cuando se lo entregué directamente en su apartamento en Montería. Y al doctor Iván Name, a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz. Dos días doctora, dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas. Yo no estoy en ningún tape y tape. Y fui el primero en levantar la mano. Si no es porque yo levanto la mano, absolutamente nadie estaría involucrado en este proceso. Por eso quiero que sepan que voy a hacer la reparación económica y voy a entregar absolutamente todo con lo que me he quedado”, señaló.
Esa fue su declaración inicial. Pero al salir de la Corte, y aclararle al magistrado investigador de la Sala de Instrucción que su compromiso inicial es con la Fiscalía, tal como lo hizo López la semana pasada, Pinilla dio una frase sobre su exjefe que denota una división de ambos y que podría también significar una competencia en la estrategia legal de los hermanos Moreno.
“Estamos inmersos en un principio de oportunidad. La diligencia se aplazó para el día 5 de julio a las 9 e la mañana (sic). Ese día esperaremos ya tener finiquitado el principio de oportunidad y daré todas las pruebas y el testimonio completo de lo que sucedió. El doctor Calle, el doctor Iván Name, la doctora Sandra Ortiz y el doctor Olmedo López van a tener mucho que explicarle al país”, agregó.
Hasta ahora no era claro que hubiese una distancia entre Pinilla y López. Es cierto que el primero que salió a los medios a hablar y entregó chats sobre sus conversaciones con congresistas fue Sneyder Pinilla, oriundo de Sabana de Torres (Santander), y en donde varios de los recursos millonarios de la UNGRD fueron a parar. Pinilla fue el que acataba las órdenes de López, quien a su vez las recibía de un supuesto cónclave compuesto por altos funcionarios en los que estarían el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, según dijo el propio Olmedo, faltando dos nombres más por ser expuestos.
Pero la frase de Pinilla revelaría que este también podría convertirse en un testigo contra su exjefe, de quien tendría información más allá de lo que conoce la opinión pública. El ministro Velasco dijo a medios que López, a quien se refirió como “el raterito de la UNGRD”, deberá explicar contratos millonarios para los jagüeyes (unos pozos de agua artesanales) en La Uribia, La Guajira, además de los carrotanques.
López, por su parte permaneció en silencio y con las manos atrás en su recorrido por el búnker de la Fiscalía, a pesar de las incisivas preguntas de los periodistas. Se le vio calmado y su permanencia en el ente acusador fue de casi 10 horas. Con esa primera colaboración, la Fiscalía deberá definir si le otorga a ambos el principio de oportunidad y empieza la investigación independiente con el fin de corroborar los hechos y avanzar en otras definiciones.
Aunque el escándalo promete un impacto más grande del que ha tenido hasta ahora para el Gobierno, la única cabeza que ha cobrado para el Ejecutivo es la de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones.Las pruebas de Olmedo LópezLópez entregó un portafolio con pruebas en donde se encuentran los nombres de otros altos funcionarios, ministros y congresistas en el mega escándalo de corrupción que, según su versión a los medios de comunicación, es de alrededor de 380.000 millones de pesos.
Los nombres que fueron ratificados en las acusaciones son los de Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes e Iván Name, presidente del Senado, quien, a pesar de los señalamientos, acaba de tener una audiencia con el Papa Francisco en Roma. La otra expuesta a quien el presidente sí le pidió la renuncia fue la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, del Partido Verde y cercana a Carlos Ramón González y a Name. Según la versión de Pinilla, la supuesta entrega de 3.000 millones de pesos a la exconsejera se tardó dos días y él mismo la realizó.
por Antonio Claros | May 29, 2024 | Tribuna de opinion
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) expresó su “profunda preocupación” por la crisis actual que afectan a los pacientes con enfermedades huérfanas en el país.
En un comunicado de prensa, la federación señaló que la situación “obedece a la insuficiencia de los recursos necesarios para responder adecuadamente a las demandas del sistema de salud”. Sobre esto, señalan que la deuda acumulada asciende a $1,5 billones.
Sobre la decisión de Sura de solicitarle a la Superintendencia de Salud su desmonte progresivo para salir del sistema, Foceor señala que es la EPS que más afiliados con enfermedades raras tiene en el país, “con aproximadamente el 21 % de las personas que viven con estas condiciones”.
Al respecto, el gremio sostuvo que esto “genera una gran preocupación e incertidumbre en 18.010 personas que viven con enfermedades raras y sus familias” y advirtió que los efectos del anuncio “pone en riesgo el manejo integral y multidisciplinario de sus condiciones, así como sus vidas, en caso de no darse una transición adecuada y sin interrupciones en sus tratamientos”.
Por otro lado, Fecoer expresó que la preocupación de estos pacientes se suma a la de otras 39.064 afiliadas a siete EPS que fueron intervenidas por el Gobierno. Nueva EPS, que tiene 13.087; Sanitas, que tiene 13.383; Servicio Occidental de Salud (SOS), que tiene 2.751; Famisanar, que tiene 4.752; Emssanar, que tiene 1.475; Asmet Salud, que tiene 1.801; Savia Salud, que tiene 1.815, y Compensar con 5.819.
“La combinación de estas situaciones crea un panorama crítico para más de 57.074 pacientes, quienes dependen de una atención médica continua y especializada”, dice el comunicado de Fecoer.
Entre tanto, recordó que la Federación Colombiana de Enfermedades Raras “ha trabajado de forma estructurada y unificada en las necesidades de los afectados” por esas dolencias en el “contexto social, político y económico colombiano”.
El pronunciamiento de Fecoer añadió que “es imperativo que el Gobierno nacional emprenda acciones inmediatas y genere consensos con todos los actores del sector para garantizar la suficiencia de recursos para el sistema de salud, el giro oportuno de los mismos y la puesta en marcha de estrategias innovadoras de financiamiento”.
Finalmente, exhortó a las autoridades y actores del sistema de salud a actuar con celeridad y responsabilidad, “entendiendo que detrás de cada cifra hay vidas humanas que dependen de sus decisiones”.
por Antonio Claros | May 22, 2024 | Tribuna de opinion
El presidente Gustavo Petro parece que agotó el combustible político para insistir en una salida dialogada con los disidentes del Estado Mayor Central de las FARC que operan en el surocciodente del país.
El intento de toma guerrillera a la estación de Policía de Morales (Cauca) que dejó cuatro muertos –dos policías y dos civiles– sumado a la detonación de una motobomba en Jamundí (Valle) son los hechos que, parece, rebosaron la paciencia del presidente.
“Es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. (…) La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”, dijo Petro cuando conoció la escalada violenta en el suroccidente del país.
El pronunciamiento del jefe de Estado estuvo acompañado con un relevo en la comandancia del Ejército. Sacaron al general Luis Mauricio Ospina para darle entrada al mayor general Luis Emilio Cardozo, un alto mando que el mismo presidente había mandado a retirar.
El Ministerio de Defensa, incluso, reconoció en un comunicado que el enroque en la comandancia ayudará a “fortalecer la seguridad y defensa de la nación”.
La ofensiva militar contra los disidentes del EMC está activa desde el 17 de marzo, cuando el presidente Petro decretó la suspensión regional del cese al fuego en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Desde entonces, la Fuerza Pública ha dado golpes a los ilegales y ha recibido otros.
El 25 de abril, por ejemplo, el Ejército reportó que 15 subversivos fueron abatidos durante un combate en Argelia (Cauca). Sin embargo, los ilegales también han intensificado su accionar criminal con hechos como los registrados en la madrugada de este 20 de mayo en Morales y Jamundí.
“Son permanentes los resultados positivos que se vienen logrando por parte de la Fuerza Pública en contra del autodenominado EMC en Cauca. Su única forma de expresión es recurrir a atentados terroristas, porque no tienen la capacidad para sostener un enfrentamiento con las Fuerzas Militares y de Policía”, señaló el ministro de Defensa, Iván Velásquez en una rueda de prensa.
El último ataque de los disidentes llevó a que se incrementarán los operativos. Durante la noche de ayer, la Tercera División del Ejército reportó confrontaciones contra los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño del EMC en los municipios de Santander de Quilichao y Patía (Cauca).
Durante los combates en Patía, el Ejército reportó la muerte del soldado profesional Pedro Pablo Sánchez. Las consecuencias humanitarias del conflicto en el Cauca no paran
“No se pactará nuevo cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor Central en el suroccidente del país. Los ataques que ha realizado esta organización criminal contra la población civil alejan cualquier posibilidad de cese”, enfatizó el ministro Velásquez.
¿Se agota el combustible de la Paz Total?
El 27 de agosto de 2022, el recién posesionado presidente Petro abrió –durante su visita a Ituango (Antioquia)– la posibilidad de sentarse en varias mesas de diálogos con distintos grupos armados en el país. Era una propuesta esperanzadora y ambiciosa.
Desde entonces han pasado 90 semanas y los avances de diálogo con los distintos grupos criminales parecen estar estancados. Mientras tanto, la propuesta de Paz Total pierde capital político.
“Solo con el EMC hay una acumulación de hechos que han llevado a que el Gobierno tome posturas de mayor rigidez. Se le está acabando la gasolina política para la paz total y va llegando el momento en el que tienen que dar un giro para presentar resultados en la segunda fase del Gobierno”, señaló Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA.
La pérdida de respaldo a la política de paz del Gobierno se notó el pasado 4 de mayo cuando los gobernadores y alcaldes de las capitales solicitaron levantar el cese al fuego con los grupos ilegales.
“Hasta ahora la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de dichas organizaciones ilegales, la instrumentalización de las comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el aumento de economías ilícitas”, se leía en la carta de los mandatarios regionales.
Es que los disidentes del EMC aprovecharon el silencio de los fusiles para extender su presencia territorial y fortalecer sus negocios ilícitos.
“(Han) insistido en la necesidad de tener un cese para poder continuar afianzándose en el aprovechamiento de la minería ilegal y del narcotráfico”, señaló Velásquez.
El senador Ariel Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que el EMC ha movilizado tropas desde el suroccidente hasta los departamentos de Tolima y Huila.
“La recomendación al Gobierno es que revise el cese al fuego con el EMC y debería levantarlo en Huila y Tolima. En general, se debe revisar la negociación con el EMC como un todo. Esa es una confederación y de ahí creo que no va a salir nada”, señaló Ávila.
La opción de la confrontación parece ser la más clara para el Gobierno ante la ausencia de voluntad de paz de los disidentes.
“Solo con el EMC hay una acumulación de hechos que han llevado a que el Gobierno tome posturas de mayor rigidez. Se le está acabando la gasolina política para la paz total y va llegando el momento en el que tienen que dar un giro para presentar resultados en la segunda fase del Gobierno”, señaló Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA.
La pérdida de respaldo a la política de paz del Gobierno se notó el pasado 4 de mayo cuando los gobernadores y alcaldes de las capitales solicitaron levantar el cese al fuego con los grupos ilegales.
“Hasta ahora la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de dichas organizaciones ilegales, la instrumentalización de las comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el aumento de economías ilícitas”, se leía en la carta de los mandatarios regionales.
Es que los disidentes del EMC aprovecharon el silencio de los fusiles para extender su presencia territorial y fortalecer sus negocios ilícitos.
“(Han) insistido en la necesidad de tener un cese para poder continuar afianzándose en el aprovechamiento de la minería ilegal y del narcotráfico”, señaló Velásquez.
El senador Ariel Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que el EMC ha movilizado tropas desde el suroccidente hasta los departamentos de Tolima y Huila.
“La recomendación al Gobierno es que revise el cese al fuego con el EMC y debería levantarlo en Huila y Tolima. En general, se debe revisar la negociación con el EMC como un todo. Esa es una confederación y de ahí creo que no va a salir nada”, señaló Ávila.
La opción de la confrontación parece ser la más clara para el Gobierno ante la ausencia de voluntad de paz de los disidentes.
por Antonio Claros | May 16, 2024 | Tribuna de opinion
No cesa la controversia ni las reacciones tras la determinación de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley que le dio piso al Ministerio de Igualdad y Equidad, advirtiendo que no hubo un correcto análisis de su impacto fiscal. A la espera de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro o de la vicepresidenta Francia Márquez, sus principales escuderos en el Ejecutivo rechazaron este jueves la decisión.
Una de las primeras en cuestionar el fallo fue la exdirectora de Prosperidad Social y hoy superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien sostuvo que la determinación –así como las decisiones sobre decretos de la declaratoria de emergencia en La Guajira–, dejan “una sensación de confusión y contradicción” frente a la jurisprudencia constitucional.
“En uno de los países más desiguales del mundo, la Corte Constitucional decide tumbar el Ministerio de la Igualdad por un vicio de trámite, a pesar de haber sido parte del programa de gobierno que fue elegido democráticamente por los colombianos. Este fallo y el de La Guajira dejan una sensación de confusión y contradicción con lo que alguna vez fue la jurisprudencia constitucional”, reclamó la funcionaria.
En esa misma línea se pronunció el hoy director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar –uno de los más cercanos al presidente Petro–, quien enumeró otras determinaciones judiciales adversas contra el Gobierno, como el decreto que ordenó bajar las tarifas de energía eléctrica, el artículo de la reforma tributaria “que cobraba regalías a hidrocarburos” o las sanciones contra varios funcionarios, así como las curules que ha perdido el Pacto Histórico. “Tumban todo lo que huela a justicia social”, dijo.
Por su parte, el exsenador Alexander López Maya, hoy director de Planeación Nacional y uno de los escuderos de la vicepresidenta, dijo no entender la determinación de la Corte. Por ello, defendió que hubo un “seguimiento irrestricto a la normatividad y reglas de la democracia”. Sin embargo, reclamó que se busca destruir “el propósito de un Gobierno elegido legítimamente con el apoyo y respaldo popular”.
“El Ministerio de la Igualdad y Equidad fue creado por este gobierno del pueblo por y para los jóvenes, las mujeres discriminadas, la población afrodescendiente, raizal y palenquera, para los campesinos y en sí, para darle derechos a un país donde el 36,6 % vive en condiciones de pobreza monetaria. Fue un Ministerio creado para nuestro pueblo colombiano que ha vivido el rigor de la guerra, la desigualdad, la miseria, la corrupción y la falta de oportunidades”, destacó
Según el funcionario, hay quienes “de un solo plumazo” quieren “destruir los sueños de un pueblo” y cuestionó qué camino se debe seguir: “Queda en el corazón, en el alma y en la existencia de cada colombiano y colombiana interpretar la realidad que hoy vivimos en nuestro país. Hoy se quiere de un solo plumazo destruir los sueños de un pueblo que ha sido excluido históricamente por quienes habían gobernado el país anteriormente. Colombia, esta es la realidad de nuestro país, ¿qué camino debemos seguir?”.
Aunque de momento no se conoce el fallo completo, la Corte les dio un plazo al Gobierno Nacional y al Congreso para que corrijan los vicios de trámite. Tendrán que hacerlo en las siguientes dos legislaturas, antes de que termine el año 2026, pues a partir de entonces la citada ley perderá sus efectos.
Según la información preliminar conocida por EL COLOMBIANO, el Congreso, durante los debates del articulado de dicha norma, no llevó a cabo un análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio, conforme a las leyes vigentes sobre el presupuesto.
“Esta omisión violó el artículo 151 de la Constitución, según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas, tales como la Ley 819 de 2003, constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez. Por esta razón, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023”, expresó la Corte en un boletín informativo.
por Antonio Claros | May 8, 2024 | Tribuna de opinion
Desde Barranquilla, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de volver a los secuestros por presuntos incumplimientos del mismo gobierno.
“El secuestro no lleva sino al traqueteo, y eso tenemos que tenerlo claro”, aseguró.
El jefe de Estado criticó la decisión de este grupo armado, al señalar que el camino de la paz no es volver el cuerpo humano como una mercancía, como lo son los secuestros.
“Quienes quieren construir una nueva sociedad, lo primero que tienen que sacar es el ser humano del mercado. No puede ser materia mercantil. Y un secuestro no es más, sino la transacción mercantil del ser humano, cualquiera que sea”, enfatizó.
Por su parte, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, espera que esta decisión sea reevaluada por el ELN.
“Rechazamos esa declaración y deploramos porque eso no contribuye en nada al proceso de negociación. Yo espero que el ELN se eche atrás o no adopte esta decisión”, agregó.
Tras esta decisión en la que también expresaron su rechazo los delegados del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN, se espera que en los próximos días el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, pida al presidente Gustavo Petro que se emita un decreto suspendiendo el cese de fuego con los frentes del ELN que retomen el secuestro.
por Antonio Claros | May 2, 2024 | Tribuna de opinion
El jefe de Estado, Gustavo Petro, anunció desde la Plaza de Bolívar en medio de las marchas del 1 de mayo que desde este jueves se rompen todas las relaciones diplomáticas con Israel. El mandatario aprovechó su alocución para enviar su apoyo a Palestina.
“Hoy la humanidad en todas en las calles está de acuerdo con nosotros: no puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad”, justificó Petro.
“Hoy el mundo quizás podría resumirse en una palabra, “casa”, se llama “Palestina”, se llama los niños y niñas y bebés”, dijo el mandatario en su alocución.
“Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir”, fue la frase con la que Petro enfatizó su apoyo al pueblo palestino.
Se conoció en días pasados, el interés del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con Israel, lo cual ya había manifestado en varias oportunidades, no era solo de palabras.
Según fuentes de inteligencia en Estados Unidos, el gobierno Petro habría adelantado conversaciones con otros países para reemplazar la cooperación y colaboración que históricamente han tenido el gobierno de Israel con Colombia. En el caso de los temas de seguridad, el gobierno habría adelantado conversaciones con Arabia Saudita y en el tema de armas con China. Al parecer, todo va adelantado.
El presidente Petro ha tenido una cercanía con el pueblo de Palestina, empezando a citar por separado el 30 de octubre de 2023 a los embajadores Gali Dagan y Raouf Almalki a la Casa de Nariño con el objetivo de “que abra el camino para dos estados independientes y libres”. Desde entonces, el mandatario insistió en el fin de la guerra, pero a favor de Palestina.
“Quizás fui el único presidente del mundo en denunciar en Naciones Unidas cómo se trataba con hipocresía por parte de los grandes poderes mundiales, la ocupación rusa de Ucrania y la ocupación israelí de Palestina. Propuse dos conferencias internacionales de Paz para resolver ambos conflictos y encontrar la paz”, dijo Petro.
Durante varias intervenciones ante la ONU, el Gobierno de Colombia ha exigido a las partes un alto al fuego durante Ramadán que conduzca a un alto al fuego sostenido, así como la liberación inmediata de todos los rehenes, el acceso sin barreras a ayuda humanitaria, y el reforzamiento de la protección de civiles en toda la Franja de Gaza.
“Confiamos en que la apertura del paso de Erez y el puerto de Ashod para el ingreso de ayuda humanitaria a la población de Gaza, que está sometida a una hambruna catastrófica, así como el fin de la invasión terrestre activa por parte de Israel en el sur de la Franja, sean pasos efectivos que contribuyan al logro de un cese el fuego sostenible y que las negociaciones entre las partes auspiciadas por los gobiernos de Egipto y Qatar logren buenos resultados”, han señalado.
